Elibeth González Mora
Expediente 10/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Elibeth González Mora
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. 2. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto que desecho de plano la demanda que dio origen al presente juicio, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional emite la siguiente determinación: 1. Recepción y registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Elibeth González Mora, por propio derecho; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 10/2023. 2. Se desecha demanda. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 107, 113, y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Elibeth González Mora, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Tal como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, de la lectura íntegra del escrito de demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama: La omisión en el cumplimiento del laudo dentro del expediente ordinario laboral 54/2017. En ese sentido, la demanda se analizará en forma separada por una parte, por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, y otra por el resto de las autoridades señaladas como responsables. En ese sentido, por lo que hace al acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, y 217 de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." En este contexto, resulta necesario reiterar que el acto reclamado consiste, en esencia, en la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, de cumplimentar el laudo dictado dentro del juicio ordinario laboral 54/2017, lo que se traduce en la omisión genérica de ejecutar dicho laudo, porque la parte quejosa no precisó el acto o actos concretos que el Tribunal responsable excluyó realizar. Esto, pues en el capítulo de acto reclamado de la demanda de amparo, la promovente únicamente precisa lo siguiente: ".se reclama la omisión de acordar la ejecución del Laudo dictado en el expediente Ordinario Laboral 54/2017.". Mientras, en su apartado de antecedentes únicamente manifestó: ".No obstante el deber legal que tienen de cumplir desde luego con lo ordenado en el Laudo, las Autoridades señaladas como Responsables han sido omisas en el cumplimiento de sus obligaciones legales y, por lo tanto, después de más de 4 años aproximadamente el Laudo dictado en el expediente 54/2017 ni se cumple ni se ejecuta.". En este orden de ideas, para que una omisión se considere concreta es necesaria la existencia de: a) Una causa generadora de un acto de autoridad, que se traduce en la existencia de un acto del gobernado o resolución de autoridad, que constriña a la responsable a emitir un acto en consecuencia. b) Un deber específico de autoridad, que significa la existencia de una norma general o una resolución de autoridad, que obliga a la responsable a emitir un acto particularizado en correspondencia con la causa generadora; y, c) La omisión de cumplir con ese deber específico dentro de los términos señalados por la propia normatividad. En este sentido, debe decirse que el artículo 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, que establece que la obligación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y dictar las medidas procedentes, deberá ser con la previa petición del ejecutante. Por tanto, como en el caso se reclama la omisión genérica encaminada a la ejecución del laudo, el juicio de amparo es improcedente, conforme a las jurisprudencias que enseguida se citan y transcriben. Ciertamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que cuando se reclama en amparo indirecto, genéricamente, la omisión de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo deviene improcedente, porque el acto reclamado resulta jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante. Resulta aplicable la jurisprudencia que a la letra dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Asimismo, apoya lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecuciónforzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Por esas razones no puede constreñirse a la responsable para que de manera genérica, mediante la promoción del amparo se ordene proveer lo conducente de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo. Apoya de lo anterior, la jurisprudencia que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." Sin que sea obstáculo para la anterior determinación el hecho de que la quejosa atribuye una omisión específica a la Secretaría de Educación en el Estado, Subsecretario de Educación Básica, Dirección de Gestión de Personal y Nóminas, Enlace Jurídico y Jefe de Normatividad, todos de la Secretaría de Educación en el Estado; sin embargo, éstas no tienen la calidad de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo, como se verá a continuación. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal, por lo que hace a las autoridades responsables Secretaría de Educación del Estado, Subsecretario de Educación Básica, Dirección de gestión de Personal y Nóminas, Enlace Jurídico y Jefe de Normatividad, todos de la Secretaría de Educación en el Estado. Lo anterior es así, dado que en el caso concreto, contario a lo que expone la parte quejosa, las autoridades que fueron señaladas como responsables no tienen ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como es de verse, los elementos referidos en los anteriores incisos, no se satisfacen para tener como autoridad responsable a las señaladas, para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa. Ello es así, tomando en cuenta que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a la relación laboral que existe entre patrón-trabajador, y cualquier hecho suscitado no genera que se transforme en una de supra a subordinación. Se afirma lo anterior, pues las autoridades señaladas como responsables al omitir realizar el pago del laudo dictado en el juicio de origen, actúan en el ámbito laboral que rige a la parte quejosa; por lo tanto, se sitúan en el mismo plano que los gobernados. En efecto, de lo expuesto por la parte quejosa en su escrito de demanda, se desprende que mantuvo una relación laboral con la Secretaría de Educación Pública en el Estado, por la que le demandó el pago de diversas prestaciones laborales; procedimiento en el cual resultó condenada la aludida Secretaría. Es decir, el acto que controvierte la parte peticionaria de amparo es consecuencia de la relación laboral que mantuvo con las responsables. Luego, es evidente que la actuación impugnada no reviste el carácter de acto de autoridad, toda vez que la autoridad responsable en este caso, no se ubica en una posición de supra a subordinación con la quejosa, pues la omisión reclamada deriva de la relación de trabajo que los une. Por ende, las omisiones o decisiones que se adopten en las instituciones oficiales, que tengan vinculación con el desempeño de las labores de sus trabajadores, no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como hechos o actos derivados de la relación laboral, en donde la respectiva institución actúa como patrón frente a sus empleados. Por tanto, si los actos reclamados son consecuencia del nexo laboral, entonces carecen de las particularidades para ser calificados como actos de autoridad. Ilustra la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." Así, resulta que el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir los actos que aquí se reclaman, en virtud que la inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, tramitable ante las autoridades de trabajo competentes, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre ella y la autoridad que señala como responsable, revistiendo en tales circunstancias el carácter de actos meramente entre particulares. Por lo que, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia citadas, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. 3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tales efectos a las personas que menciona; en el entendido que ********************y ********************gozarán de las facultades que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 5. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA SEIS DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, seis de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional emite la siguiente determinación: 1. Recepción y registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Elibeth González Mora, por propio derecho; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 10/2023. 2. Se desecha demanda. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 107, 113, y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Elibeth González Mora, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Tal como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, de la lectura íntegra del escrito de demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama: La omisión en el cumplimiento del laudo dentro del expediente ordinario laboral 54/2017. En ese sentido, la demanda se analizará en forma separada por una parte, por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, y otra por el resto de las autoridades señaladas como responsables. En ese sentido, por lo que hace al acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, y 217 de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." En este contexto, resulta necesario reiterar que el acto reclamado consiste, en esencia, en la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, de cumplimentar el laudo dictado dentro del juicio ordinario laboral 54/2017, lo que se traduce en la omisión genérica de ejecutar dicho laudo, porque la parte quejosa no precisó el acto o actos concretos que el Tribunal responsable excluyó realizar. Esto, pues en el capítulo de acto reclamado de la demanda de amparo, la promovente únicamente precisa lo siguiente: ".se reclama la omisión de acordar la ejecución del Laudo dictado en el expediente Ordinario Laboral 54/2017.". Mientras, en su apartado de antecedentes únicamente manifestó: ".No obstante el deber legal que tienen de cumplir desde luego con lo ordenado en el Laudo, las Autoridades señaladas como Responsables han sido omisas en el cumplimiento de sus obligaciones legales y, por lo tanto, después de más de 4 años aproximadamente el Laudo dictado en el expediente 54/2017 ni se cumple ni se ejecuta.". En este orden de ideas, para que una omisión se considere concreta es necesaria la existencia de: a) Una causa generadora de un acto de autoridad, que se traduce en la existencia de un acto del gobernado o resolución de autoridad, que constriña a la responsable a emitir un acto en consecuencia. b) Un deber específico de autoridad, que significa la existencia de una norma general o una resolución de autoridad, que obliga a la responsable a emitir un acto particularizado en correspondencia con la causa generadora; y, c) La omisión de cumplir con ese deber específico dentro de los términos señalados por la propia normatividad. En este sentido, debe decirse que el artículo 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, que establece que la obligación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y dictar las medidas procedentes, deberá ser con la previa petición del ejecutante. Por tanto, como en el caso se reclama la omisión genérica encaminada a la ejecución del laudo, el juicio de amparo es improcedente, conforme a las jurisprudencias que enseguida se citan y transcriben. Ciertamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que cuando se reclama en amparo indirecto, genéricamente, la omisión de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo deviene improcedente, porque el acto reclamado resulta jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante. Resulta aplicable la jurisprudencia que a la letra dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Asimismo, apoya lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecuciónforzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Por esas razones no puede constreñirse a la responsable para que de manera genérica, mediante la promoción del amparo se ordene proveer lo conducente de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo. Apoya de lo anterior, la jurisprudencia que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." Sin que sea obstáculo para la anterior determinación el hecho de que la quejosa atribuye una omisión específica a la Secretaría de Educación en el Estado, Subsecretario de Educación Básica, Dirección de Gestión de Personal y Nóminas, Enlace Jurídico y Jefe de Normatividad, todos de la Secretaría de Educación en el Estado; sin embargo, éstas no tienen la calidad de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo, como se verá a continuación. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal, por lo que hace a las autoridades responsables Secretaría de Educación del Estado, Subsecretario de Educación Básica, Dirección de gestión de Personal y Nóminas, Enlace Jurídico y Jefe de Normatividad, todos de la Secretaría de Educación en el Estado. Lo anterior es así, dado que en el caso concreto, contario a lo que expone la parte quejosa, las autoridades que fueron señaladas como responsables no tienen ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como es de verse, los elementos referidos en los anteriores incisos, no se satisfacen para tener como autoridad responsable a las señaladas, para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa. Ello es así, tomando en cuenta que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a la relación laboral que existe entre patrón-trabajador, y cualquier hecho suscitado no genera que se transforme en una de supra a subordinación. Se afirma lo anterior, pues las autoridades señaladas como responsables al omitir realizar el pago del laudo dictado en el juicio de origen, actúan en el ámbito laboral que rige a la parte quejosa; por lo tanto, se sitúan en el mismo plano que los gobernados. En efecto, de lo expuesto por la parte quejosa en su escrito de demanda, se desprende que mantuvo una relación laboral con la Secretaría de Educación Pública en el Estado, por la que le demandó el pago de diversas prestaciones laborales; procedimiento en el cual resultó condenada la aludida Secretaría. Es decir, el acto que controvierte la parte peticionaria de amparo es consecuencia de la relación laboral que mantuvo con las responsables. Luego, es evidente que la actuación impugnada no reviste el carácter de acto de autoridad, toda vez que la autoridad responsable en este caso, no se ubica en una posición de supra a subordinación con la quejosa, pues la omisión reclamada deriva de la relación de trabajo que los une. Por ende, las omisiones o decisiones que se adopten en las instituciones oficiales, que tengan vinculación con el desempeño de las labores de sus trabajadores, no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como hechos o actos derivados de la relación laboral, en donde la respectiva institución actúa como patrón frente a sus empleados. Por tanto, si los actos reclamados son consecuencia del nexo laboral, entonces carecen de las particularidades para ser calificados como actos de autoridad. Ilustra la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." Así, resulta que el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir los actos que aquí se reclaman, en virtud que la inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, tramitable ante las autoridades de trabajo competentes, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre ella y la autoridad que señala como responsable, revistiendo en tales circunstancias el carácter de actos meramente entre particulares. Por lo que, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia citadas, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. 3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tales efectos a las personas que menciona; en el entendido que ********************y ********************gozarán de las facultades que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 5. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
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