Elio Rubén Ruíz Sánchez
Expediente 719/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 719/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 02/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Elio Rubén Ruíz Sánchez
- Elio Rubén Ruíz Sánchez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE FECHA DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: SENTENCIA Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo********************/2017-IV. RESULTANDO PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Ciudad Juárez, el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, turnado a este Juzgado el mismo día, ********************, promovió juicio de amparo contra los actos y autoridades siguientes: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- a).- SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS RECAUDACIÓN DE RENTAS EN ESTA CIUDAD, en su carácter de ordenadora, con domicilio conocido en esta ciudad. b).- JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, el LIC. ************ derivada de la causa penal ********************/17, en su carácter de ordenadora, con domicilio conocido en esta ciudad. c).- MINISTRO EJECUTOR FISCAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS RECAUDACIÓN DE RENTAS EN ESTA CIUDAD, en su carácter de ejecutora, con domicilio conocido en esta ciudad. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. Señalo como acto reclamado a las Autoridades en su carácter de Ordenadora y Ejecutora lo siguiente: a).- El cobro inconstitucional de una multa penal impuesta por un juez de control dentro de la causa penal ********************/17, por la cantidad de $15,098.00 (QUINCE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.). b).- La imposición de una multa penal, sin haberme notificado personalmente la hora y fecha de la celebración de esa audiencia intermedia mediante el personal idóneo de ese H. Tribunal de Garantía. c).- La imposición de una multa penal, sin PREVENIRME Y/O ADVERTIRME que en caso de no comparecer en la hora y fecha a la celebración de esa audiencia intermedia, será multado en dicha audiencia, es por ello, que reclamo la CANCELACIÓN DE ESTA MULTA PENAL que me fue impuesta. Así como también, se reclama que dicha multa es demasiado excesiva, NO es la adecuada, NO es congruente, NO es proporcional, no se me dijo las circunstancias que motivaron y justificaron el monto tan elevado de la multa penal, es decir, las circunstancias que dieron origen a ese monto, no se me desglosaron, no se me dijo si esas circunstancias están plenamente probadas con datos objetivos, si esas circunstancias están plenamente fundadas y motivadas. NO se me notificó personalmente la existencia de dicha multa, para así poder defenderme y rebatir los hechos y poder justificarme de las circunstancias que dieron origen a esa multa. c).- De la Ejecutora se reclama, la ejecución de los actos reclamados a la Ordenadora que tienen como fin cobro de dicha multa penal. SEGUNDO. Derechos que el quejoso estima vulnerados. El quejoso señala como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite de la demanda. En auto de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete (foja 12), se admitió a trámite la demanda de amparo, quedando registrada bajo el expediente********************/2017-IV, se requirió a las autoridades responsables para que rindieran sus informes justificados, se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede, quedando los autos en estado de dictar sentencia, que es lo que ahora se hace. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues los actos reclamados tienen su ejecución dentro del territorio donde este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: Del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: La imposición de una multa de doscientas unidades de medida y actualización, equivalentes a $15,098.00 (quince mil noventa y ocho pesos moneda nacional 00/100), en diligencia de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, celebrada en la causa penal ********************/2015, en la cual se llevaría a cabo la audiencia intermedia. Del Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina de Recaudación de Rentas del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez: El cobro de la multa impuesta por el Juez de Control responsable. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado (foja 32), manifestó que es cierto el acto reclamado. Posteriormente, en oficio de quince de noviembre de dos mil diecisiete, remitió videograbación certificada de las audiencias de nueve y dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, celebradas dentro de la causa penal ********************/2015, de las que se advierte que, en la primera de ellas, que se señalaron las once horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de mayo del año señalado, para llevar a cabo la audiencia intermedia, se ordenó la citación del defensor particular ********************, aquí quejoso y se le apercibió de que en caso de no asistir, se le aplicaría una multa equivalente a doscientas unidades de medida y actualización; mientras que, de la segunda, se desprende que no fue posible llevar a cabo la audiencia intermedia, pues entre otras partes, el defensor particular, aquí quejoso, no compareció, a pesar de que fue citado (fojas 62 a 66), razón por la cual se le hizo efectivo el apercibimiento señalado y se le impuso una multa equivalente a doscientas unidades de medida y actualización. Medios de prueba que conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, cuentan con valor probatorio pleno, pues su contenido fue extraído y certificado respecto de las audiencias llevadas a cabo en las fechas señaladas, por un servidor público en ejercicio de sus funciones, dotado de fe pública, como lo es el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. Por su parte, el Jefe del Departamento Jurídico Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, en representación del Titular de dicha Secretaría (foja 25) y el Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina de Recaudación de Rentas del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez, (foja 21), en sus informes justificados, manifestaron que es cierto el acto que se les reclama, consistente en el cobro de la multa impuesta al quejoso por el Juez de Control responsable, para lo cual, se inició el procedimiento administrativo de ejecución correspondiente. Así pues, se tienen como ciertos los actos reclamados. Cobra aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 2000, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación que expresa el quejoso, corresponde analizar si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispuesto por el numeral 62 del propio ordenamiento legal. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia número II.1o. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Conforme a dicho numeral, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Esto es, en ese supuesto, el quejoso deberá agotar, antes de acudir al juicio de amparo, el medio de defensa ordinario que la ley del procedimiento prevea, lo que se conoce como principio de definitividad, el cual, conforme al propio numeral que lo contiene, tiene algunas excepciones: Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando se trate de órdenes de aprehensión o reaprehensión, providencias precautorias, medidas cautelares restrictivas de la libertad, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, Cuando se trate de personas extrañas al procedimiento, y Cuando se trate de auto de vinculación a proceso. Asimismo, el citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la materia, en su último párrafo, establece un supuesto en el cual el quejoso puede optar por agotar el recurso ordinario o acudir directamente al juicio de amparo: Cuando la procedencia del medio de defensa ordinario se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Indicado lo anterior, se tiene que los artículos 399, fracción I, 411 y 412, primer párrafo, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, disponen lo siguiente: Artículo 399. Reglas generales. Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. En el proceso penal sólo se admitirán los siguientes recursos, según corresponda: Revocación; Artículo 411. Procedencia. El recurso de revocación procederá solamente contra las resoluciones que resuelvan sin sustanciación un trámite del proceso, a fin de que el mismo juzgador que las dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Artículo 412. Trámite. La revocación de las resoluciones pronunciadas durante audiencias orales deberá promoverse tan pronto se dictaren y sólo serán admisibles cuando no hubieren sido precedidas de debate. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato, y de la misma manera se pronunciará el fallo. La primera de las citadas normas, prevé el recurso de revocación; el cual, conforme a la segunda de ellas, procede contra resoluciones que resuelvan sin sustanciación un trámite del proceso, a fin de que el propio juzgador que las dictó, las examine nuevamente y dicte la resolución que corresponda; cuya tramitación se prevé en el último de dichos numerales. Así pues, el quejoso debió hacer valer en el recurso de revocación descrito, antes de acudir al juicio de amparo. Se afirma lo anterior, pues el quejoso no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es ninguno de los descritos por los incisos a), b) y d), de dicho numeral, ni el quejoso es tercero extraño dentro del proceso penal del que derivan los actos reclamados. Por lo tanto, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, conforme al artículo 65, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclamaron al Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina de Recaudación de Rentas del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez, pues no se les atribuyeron vicios propios. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por ********************, en relación con los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado *************, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la Secretaria *************, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy dos de febrero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. La Secretaria del Juzgado, Yazmín Meraz Rivera, da fe de que las constancias y la presente sentencia coinciden fiel y exactamente con los archivos digitales que se ingresan al expediente electrónico; asimismo, que se giraron los oficios , al tenor de la minuta que se agrega. Doy fe. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ************, hasta el día de hoy, dos de febrero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que para el día de hoy se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, de autos se desprende que el doce de septiembre del año que transcurre (foja 38), se tuvo por recibido el informe justificado rendido, entre otros, por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en el que adjuntó en disco compacto la videograbación en la que se hizo constar que fue diferida la audiencia intermedia, relativa a la causa penal *******, así como su correspondiente transcripción en copia certificada. No obstante lo anterior, también se estiman necesarias para la resolución del presente asunto, las videograbaciones certificadas de las audiencias mediantes las cuales se fijaron, anteriormente, fecha y hora para la celebración de la audiencia intermedia, así como la constancia certificada de las citaciones a las mismas, que se le practicaron al quejoso. Por lo que, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la ley de amparo, se requiere al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, para dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, remita las constancias indicadas en el párrafo que antecede. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo dentro del plazo concedido para tal efecto, de conformidad con el artículo 260, fracción II, en relación con el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional ($7,549.00). Finalmente, para dar margen a lo anterior, se señalan las nueve horas con veinte minutos del ocho de diciembre de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que el día de hoy se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, el que suscribe, Secretario Encargado del Despacho por licencia del titular, no está facultado para fallar en definitiva el presente asunto, según lo establece el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en lo que aquí interesa, establece: Artículo 43. Cuando un juez de distrito falte por un término menor a quince días al despacho del juzgado, el secretario respectivo practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. (.) Por tanto, se difiere la audiencia que habría de celebrarse en esta fecha y se señalan las nueve horas con treinta minutos del siete de noviembre de dos mil diecisiete, para su verificativo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, con apoyo en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que con esta fecha se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, el doce de los actuales, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por el Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, Notificador y Ministro Ejecutor Fiscal adscrito a la Recaudación de Rentas en el Municipio de Juárez, Chihuahua y Juez de Control del Distrito Judicial Bravos; por lo que, de dicha fecha a la actual, no han transcurrido los ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional, para que, las partes, tengan cabal conocimiento de dichos informes y puedan ofrecer pruebas y formular alegatos conforme a sus intereses convengan. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y se señalan las nueve horas con veinte minutos del tres de octubre de dos mil diecisiete, para dar margen a lo anterior. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia número P./J. 54/2000, sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia Tesis: 2a./J. 21/2008, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 253/2007-SS, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, y la cual es visible en la página 590 del Tomo XXVII, febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. - En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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