Eliasu Baca Jacquez
Expediente 85/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 85/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Eliasu Baca Jacquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de enero de dos mil veintidós. Testimonio de la revisión Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente de esta ciudad, a través del cual remite el original del juicio de amparo 85/2020-I-1, así como testimonio de la ejecutoria dictada en sesión de trece de enero de dos mil veintidós, en los autos del amparo en revisión administrativo 63/2021, de su índice, de cuyos puntos resolutivos se desprende lo siguiente: [.] PRIMERO. Quedan firmes los sobreseimientos decretados por la Juez de Distrito referidos en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Se confirma la sentencia recurrida en su parte impugnada. TERCERO. Se sobresee el juicio de amparo, respecto del acto reclamado consistente en el artículo 28 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, atribuido al Congreso del Estado de Chihuahua. CUARTO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******* respecto de las disposiciones que regulan el mecanismo para la determinación del impuesto predial para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte, para el Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. [.] Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, notifíquese a las partes la ejecutoria de referencia y con transcripción del presente proveído acúsese el recibo de estilo, por intercomunicación. Causa ejecutoria la sentencia En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de abril de dos mil veintiuno. Acuse de recibo Súmese a los autos el oficio de cuenta, para que conste como legalmente corresponda, atento a su contenido, el Actuario Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, hace partícipe a este juzgado el proveído de siete de abril de dos mil veintiuno, a través del cual, acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 85/2020, así como del escrito de expresión de agravios del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa *******. Asimismo, informa que se admitió a trámite el referido recurso interpuesto en contra de la sentencia dictada en los autos del juicio de amparo 85/2020, el cual se registró en el referido tribunal bajo el consecutivo 63/2021, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 91, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Recurso de revisión Súmese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito presentado por la parte quejosa *******, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia que se firmó el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en autos del juicio de amparo 85/2020-I-1, en la que se resolvió por una parte sobreseer y por la otra negar el amparo y la protección de la justicia federal a la accionante del amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes del presente recurso de revisión y de la sentencia, dentro del plazo de tres días remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo 85/2020-I-1, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer. Con fundamento en el artículo 88, del ordenamiento legal antes invocado, se ordena la distribución de las copias del medio de impugnación, entre las partes. Acceso expediente electrónico Se autoriza el acceso al expediente electrónico al tribunal que conozca del recurso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que tal vinculación le permita substanciar la revisión interpuesta, de conformidad con lo establecido en el ordinal 73, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 85/2020-I-1, promovido por ******* contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades. Resultando PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, remitido el mismo día a este Juzgado de Distrito, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso, Gobernador Constitucional y Secretario General de Gobierno, los tres del Estado de Chihuahua, así como del Ayuntamiento, Tesorero, Director de Catastro y Jefe del Departamento de Valuación de la Dirección de Catastro, estos últimos del Municipio de Juárez, Chihuahua, de quienes reclamó, en esencia, el sistema normativo que prevé y determina el cálculo del impuesto predial, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en el Municipio de Juárez, Chihuahua. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de once de febrero de dos mil veinte, se registró la demanda bajo el consecutivo 85/2020-I-1, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia administrativa en el que se reclaman normas que con motivo de su aplicación causan perjuicio a la parte quejosa dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esa forma se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama: 1. Del Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación y expedición de: a) El decreto 406/08 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado número 102, el veinte de diciembre de dos mil ocho, mediante el cual se reformaron el artículo 3 fracciones V, XIV, XVI, XIX, XXIII, XXIV y XXV; así como, los ordinales 21, 23, 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua. b) El decreto LXV/RFCLC/0266/2017 I P.E., mediante el cual se reforman disposiciones de la Constitución Política, así como diversas Leyes y Códigos, todos del Estado de Chihuahua, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 15, el veintidós de febrero de dos mil diecisiete. c) El decreto número LXVI/APLIM/0549/2019 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de diciembre de dos mil diecinueve, por el cual se aprobó la Ley de Ingresos para el Municipio de Juárez, Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, específicamente los artículos 9, 11, inciso b), 17 al 26, así como los transitorios del segundo al cuarto. d) El decreto LXVI/APTVV/0478/2019 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, por el que se aprobó la tabla de valores unitarios del suelo y construcciones propuesta por el Municipio de Juárez, Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veinte. e) Los numerales 45 al 154 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. f) Los dispositivos 1 al 32, especialmente el artículo 3º, en todas sus fracciones, de las que se destacan XX y XXI de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua. 2. Del Gobernador del Estado de Chihuahua y del Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua la promulgación y publicación de los decretos descritos. 3. Del Ayuntamiento, Tesorero, Director de Catastro y Jefe del Departamento de Valuación de la Dirección de Catastro, todos del municipio de Juárez, Chihuahua, la aplicación de los ordenamientos legales reclamados que se traduce en el cobro del impuesto predial. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, con registro 181810, del tenor: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos consistentes en la aplicación de los decretos en cita que se traduce en el cobro por concepto de predial; por lo que, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Al rendir informe justificado, el Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua en representación del Ayuntamiento negó el acto que se le reclamó consistente en la aplicación del decreto reclamado. De modo que no es cierta la aplicación, con apoyo en la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por su parte, el Tesorero, Director de Catastro y Jefe del Departamento de Valuación de la Dirección de Catastro, todos del municipio de Juárez, Chihuahua, indicaron que son parcialmente ciertos los actos reclamados consistentes en la ampliación de los decretos. Lo anterior, pues señalaron que el diecisiete de enero de dos mil veinte, se recibió en las cajas de la Tesorería municipal el pago espontáneo del impuesto predial del ejercicio fiscal dos mil veinte, respecto del inmueble ubicado en ******* en esta ciudad. Las autoridades aceptan la certeza del acto, empero también hacen manifestaciones en torno a su inexistencia, resultando aplicable, la tesis aislada VII.1o.C.4 K que sustentó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, Materia Común, visible en la página 433, registro 198320, del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis. El acto concreto de aplicación de una ley, no sólo lo constituye el proveniente de la autoridad, sino que puede provenir del particular que actúa por mandato expreso de la ley, en esta hipótesis se reputa como tercero auxiliar de la administración pública, o bien, del propio agraviado, cuando en acatamiento a lo establecido en la norma reclamada, la cumple sin que la autoridad, en ejercicio de sus facultades de imperio, lo conmine a ello. En autos consta el certificado de ingresos ******* relativo al pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veinte, expedido a nombre de la quejosa ******* por un monto de $******* (*******. Documental a la que se le reconoce valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, al haber sido expedido por la Tesorería Municipal, adquiere la calidad de documento público. De dicho documento, se advierte que no existió, por parte de las autoridades responsables municipales, la aplicación de los ordenamientos legales reclamados, a través del cobro del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veinte, pues de su contenido no se aprecia que el pago se haya efectuado en acatamiento a una orden de dichas autoridades, sino que la quejosa realizó los pagos descritos de manera espontánea. Además, se suma lo manifestado por la parte quejosa en su demanda, pues, bajo protesta de decir verdad, indicó haber efectuado el pago por sí misma y no en virtud de algún requerimiento de pago, derivado de algún procedimiento administrativo de cobro coactivo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.153/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 171860, publicada en la página 367, del Tomo XXVI, agosto de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Asimismo, es aplicable al caso, por analogía, la tesis 1673 emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 902346, consultable en la página 1167, del Tomo I, materia Constitucional, sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, que indica: LEYES, AMPARO CONTRA. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. La existencia de un acto de autoridad no puede lógicamente hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; de modo que la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con lo cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que les atribuyó a las autoridades ejecutoras. Si bien la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, esto no quiere decir que tal cumplimiento de la norma por el particular deba serle atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el término de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en la hipótesis prevista por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio ante la inexistencia de los actos reclamados consistentes en la aplicación del decreto y cobro por concepto de impuesto predial, que se imputan al Ayuntamiento, Tesorero, Director de Catastro y Jefe del Departamento de Valuación de la Dirección de Catastro, todos del municipio de Juárez, Chihuahua. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las normas que en esta vía se reclaman resultan ciertas. Ello, pues expresamente, en el informe justificado el Congreso del Estado de Chihuahua aceptó la existencia de los actos que le fueron reclamados consistentes en la aprobación y expedición de los ordenamientos legales tildados de inconstitucionales; mientras que el Gobernador del Estado de Chihuahua y el Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua indicaron que es cierta su promulgación y publicación. De manera que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se tiene por acreditada la existencia de los procesos legislativos reclamados por la parte quejosa. Además, la certeza deriva no sólo del hecho de que así lo hayan reconocido las autoridades responsables que rindieron sus informes justificados, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los ordenamientos relativos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por el artículo 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no son objeto de prueba, pues basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo. Es aplicable al caso la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de dos mil, página 260, con registro 191452, que estatuye: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, página 15, con registro 233090, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. QUINTO. Análisis de las causas de improcedencia. La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, la cual motiva que el juzgador federal no dirima la controversia planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de la norma impugnada, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre las causas de improcedencia que se estiman actualizadas y aquella que se hizo valer. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En principio, se analizan las causas de improcedencia que se actualizan en este asunto. I. Improcedencia del juicio de amparo respecto de la promulgación y la orden de publicación de las normas impugnadas. Respecto del actos reclamados al Gobernador del Estado de Chihuahua y el Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua consistente en la promulgación y publicación de los Decretos tildados de inconstitucionales, respectivamente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [...] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [...] Del primero de los preceptos invocados, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, diversa de las descritas en su numeral 61; mientras que, del segundo precepto, se advierte que cuando se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando la parte quejosa impugne tales actos por vicios propios. En el caso, la parte quejosa reclama de las autoridades citadas la promulgación y la publicación de los Decretos que tilda de inconstitucionales, descritos en el considerando segundo, que prevén y determinan el mecanismo fiscal para el cálculo del impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal dos mil veinte, en el Municipio de Juárez, Chihuahua; sin embargo, su impugnación no se realizó por vicios propios, es decir, con motivo de la intervención individual de tales autoridades en el proceso legislativo que permitieron la promulgación y la publicación de tales ordenamientos legales. De ahí que, en relación con la promulgación y publicación de los Decretos reclamados, atribuidos al Gobernador del Estado de Chihuahua y al Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis aislada I.7o.A.374 A, que sustentó Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXI, mayo de 2005, materia administrativa, página 1411, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se creó o reformó una ley, señalando como autoridad responsable a una secretaría de Estado, a la cual atribuyó la falta de refrendo respectivo, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta omisiva vulnera algún precepto constitucional; o en su defecto, que el decreto respectivo debió ser refrendado por el órgano del Estado al que se le imputa la omisión, y no por autoridad diversa, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, debe declararse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en lo que a tal acto y autoridad se refiere, sin que tengan aplicación los diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, en el sentido que de proceder los argumentos de inconstitucionalidad de fondo de una ley, también debe concederse el amparo contra su promulgación, refrendo y publicación; lo anterior tomando en consideración que si el acto reclamado se hizo consistir en la no participación del procedimiento legislativo, consecuentemente, se debieron formular conceptos de violación específicos e independientes de las cuestiones de fondo propuestas. II. Improcedencia del juicio de amparo respecto del artículo 28 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua. En relación con el artículo 28 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, que la parte quejosa impugna en los conceptos de violación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 107, fracción I, segunda parte, interpretado contrario sensu, que a la letra estatuyen: 61. El juicio de Amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso. [...] Conforme al segundo de dichos numerales, el juicio de amparo indirecto es procedente contra normas generales que causen un perjuicio al quejoso con motivo del primer acto de aplicación. En el caso, la parte quejosa reclama las normas señaladas en el considerando segundo de esta sentencia, que en conjunto prevén el cálculo del impuesto predial, con motivo del que afirma que constituye el primer acto de aplicación; al respecto, al relatar los antecedentes del acto reclamado, señaló lo siguiente: [.] De conformidad con el dispositivo 108 fracción I de la Ley de Amparo, Bajo protesta de decir verdad, a continuación, manifiesto cuales son los hechos y abstenciones que me constan y constituyen los antecedentes de los actos reclamados y fundamentos de los conceptos de violación: HECHOS: 1. La suscrita quejosa soy propietaria y me encuentro en plena posesión jurídica, física y material, del bien inmueble descrito a continuación. El lote ubicado en *******, el cual se encuentra inscrito en el registro público de la propiedad del Distrito Bravos con clave catastral ******* 2. Es el caso que el día 17 de enero cubrí el pago del impuesto predial correspondiente al año 2020, relativa a la cuenta catastral asignada al predio de mi propiedad, según certificado de ingresos ******* expedido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Chihuahua, por la cantidad de $******* (*******). Ahora bien, se estima que la normatividad fiscal tributaria relativa al impuesto predial para el ejercicio fiscal 2020, trasgrede las garantías constitucionales precisadas, causándome agravio personal directo que afecta severamente mi esfera jurídica, de ahí el interés jurídico que se tiene para esta vía constitucional. Es evidente que la parte quejosa tiene interés jurídico para promover la presente demanda de amparo en virtud de que actuó en mi carácter de sujeto pasivo de la contribución, pues se actualiza, al realizar el sujeto de este impuesto, precisamente la propiedad de predios urbanos, suburbanos y rústicos, como es el caso que nos ocupa; razón por la que se alega la inconstitucional de los preceptos legales que en esta vía combaten, en los cuales se tiene el contenido de la normatividad fiscal tributaria en la que sostiene el impuesto predial, citando los siguientes conceptos de violación: [.] Sin embargo, con relación al artículo 28 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, no se advierte que se haya materializado acto alguno, es decir, que se haya concretado la hipótesis ahí prevista, pues dicho numeral dispone: 28. Los predios a los cuales ya se hubiese fijado un valor catastral, serán revaluados en los siguientes casos: De manera general y anualmente al inicio del ejercicio, aplicando las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, que apruebe el Congreso del Estado, para el ejercicio de que se trate. I. De manera general y anualmente al inicio del ejercicio, aplicando las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, que apruebe el Congreso del Estado, para el ejercicio de que se trate. II. Cuando el predio sufra un cambio físico o de urbanización que afecte su valor; Para efectos de lo establecido en la fracción II de este Artículo, se entiende por cambio físico, la alteración de las características físicas de un predio como: construcciones, reconstrucciones, remodelaciones, ampliaciones, demoliciones parciales o totales, o cualesquiera otra que afecte el valor del predio; y por cambio de urbanización, la modificación de las obras y demás servicios públicos municipales que afectan el valor del predio. Es decir, que dicha norma se refiere a la "reevaluación de predios" en dos casos, el primero, de forma general y anualmente al inicio de cada ejercicio fiscal; y, el segundo, cuando el predio sufra algún cambio físico o de urbanización. En el caso, no se advierte de constancia alguna que demuestre que los bienes inmuebles de que se trata hayan sufrido tal revaluación, ni la parte quejosa especificó que se hubiera presentado esa revaluación o que sus inmuebles hubieran sido sujetos a algún cambio físico o de urbanización, ni tal circunstancia se desprende del primer acto de aplicación a partir del cual se promovió este asunto. Por lo tanto, al no haberse concretado ningún acto de aplicación en relación con el artículo 28, fracción II, de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, se actualiza la causal de improcedencia de referencia y lo procedente es, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer este juicio en relación con dicho artículo 28 de la mencionada norma. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia 4/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 103, del Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, de febrero de mil novecientos noventa y nueve, que estatuye: LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. III. Improcedencia del juicio de amparo respecto de normas por las que no se formularon conceptos de violación. En otro contexto, la parte quejosa señaló, de manera general, que impugnaba el contenido de los artículos 148 y 149 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; así como, el decreto mediante el cual se reforman disposiciones de la Constitución Política, así como diversas Leyes y Códigos, todos del Estado de Chihuahua, en materia de desindexación del salario mínimo y; el artículo 9, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil veinte, del municipio de Juárez, Chihuahua. Ello, al señalar en el capítulo respectivo, en forma abstracta, que resultan inconstitucionales en lo que atañe a la determinación del impuesto predial a cargo de los contribuyentes. Cierto es que, respecto del juicio de amparo que se promueve en contra de las citadas disposiciones normativas, se actualiza la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación de los artículos 61, fracción XXIII, en vinculación con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación. De la interpretación de los preceptos transcritos se deduce que uno de los requisitos de la demanda de amparo es la expresión de los conceptos de violación. Desde tal perspectiva, salvo aquellos casos en que opere la suplencia de la queja deficiente, cuando la parte quejosa no formule conceptos de violación para combatir la ley o acto reclamados, el juicio de amparo será improcedente, porque no se puede juzgar sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad sin la existencia de argumentos, a través de los que se expongan los elementos mínimos, sobre las razones particulares por las que se estima que un acto o ley es contrario a la Constitución General de la República. La parte quejosa señaló de manera dogmática el cúmulo las normas precisadas en líneas precedentes; sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que no expuso razonadamente por qué estima inconstitucionales tales preceptos de manera aislada, dado que si bien se encuentran vinculados con definiciones del mecanismo tributario que se impugna en esta instancia, lo cierto es que los conceptos de violación realmente se encuentran encaminados a controvertir diversas disposiciones en lo individual y los citados en líneas precedentes únicamente brindan un contexto del contenido realmente impugnado, pero que no impugna en su redacción o contenido formal. En efecto, por cuanto hace al artículo 148 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, la parte accionante únicamente indica que, aquel estipula la determinación de la base tributaria para establecer el valor catastral de los predios o propiedades objeto del tributo. Mientras que, en lo relativo al artículo 9, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil veinte, del municipio de Juárez, Chihuahua, la accionante se limitó a señalar que el citado numeral pretende coartar su derecho de acceso a la justicia, condicionando los estímulos previsto en dicha ley al no ejercicio de este derecho fundamental; lo que no constituye un verdadero concepto de violación. Como se ve, las alegaciones de la parte quejosa carecen de las razones que ayuden a evidenciar que son inconstitucionales como dogmáticamente lo arguye. Así, aun cuando se permite que los quejosos solamente expresen la causa de pedir, ello de manera alguna implica que se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurre. Lo que no se colma como puede advertirse del párrafo anterior. Lo anterior se corrobora con lo expresado en la jurisprudencia 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de dos mil dos, Materia Común, visible en la página 61, con registro 185425, de rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Entonces, queda evidenciado que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que se deduce del artículo 61, fracción XXIII, vinculado con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la ley de la materia. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 169, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, octava época, tomo VI, Parte SCJN, materia común, página 114, con registro 394125, del tenor siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo. En congruencia con todo lo anterior lo procedente en este caso es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en los términos del artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo, al menos los que nos ocupan. Por su aplicación, es de citarse la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, visible en la página ochenta y ocho, cuyos rubro y texto son los que siguen: SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan. También es aplicable la tesis quinientos nueve, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, consultable en la página trescientos treinta y cinco del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Con esto concluye el examen emprendido en torno a la improcedencia de este juicio, por lo cual, se analizará la causa hecha valer por las autoridades en el presente amparo que se estima infundada. IV. Improcedencia del juicio de amparo relativo al principio de definitividad. El Gobernador del Estado de Chihuahua y el Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua invocaron la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al estimar, de manera sustancial, que la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad antes de acudir a este juicio de amparo. La causa de improcedencia alegada es infundada. Con el propósito de evidenciar lo anterior, conviene precisar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.] Dicha norma prevé el principio de definitividad que opera en el juicio de amparo, conforme al cual este medio extraordinario de defensa sólo será procedente, cuando previamente a su promoción, se hayan agotado los recursos o medios de defensa establecidos en las leyes que rigen los actos reclamados, en virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados. Sin embargo, con relación al principio de definitividad, la primera parte del párrafo tercero, de la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.] Esto es, cuando contra el primer acto de aplicación de una norma de carácter general proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar, desde luego, la ley, a través del juicio de amparo. Lo anterior es así, pues a través del juicio de amparo se podrá analizar la constitucionalidad de la disposición de observancia general, para lo cual el juzgador deberá estudiar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado. Por lo tanto, no se está en el caso de agotar recurso ordinario alguno, dado que, a través de este juicio de amparo, se combate la constitucionalidad de disposiciones de observancia general, cuya trascendencia a la esfera jurídica del gobernado y generación de un perjuicio en su esfera jurídica, será materia del estudio de fondo, en el considerando correspondiente. En esas condiciones, la causal de improcedencia invocada por las citadas autoridades responsables se desestima por infundada. Apoya lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia 351, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, séptima época, tomo I, materia constitucional, página 405, registro 900351, del tenor siguiente: LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. CUANDO OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. De acuerdo con el criterio flexible y equitativo del tercer párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, adicionado por el Decreto de 3 de enero de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de treinta de abril del mismo año, en vigor a los ciento ochenta días siguientes al de su publicación (28 de octubre de 1968), si contra el primer acto de aplicación de la ley combatida procede algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar, desde luego, la ley a través del juicio de amparo. Sin embargo, si el interesado opta por el recurso o medio de defensa legal, y si ese recurso o medio de defensa legal es procedente, opera el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, quedando obligado el interesado a recorrer, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses. En las relatadas condiciones, al no existir otra causa que hayan hecho valer las partes o alguna cuya actualización se advierta de oficio, se procede enseguida a analizar la constitucionalidad de los artículos impugnados, al tenor de los motivos de inconformidad hechos valer en la demanda de amparo. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los motivos de inconformidad que la parte quejosa hace valer en su primer concepto de violación resultan infundados. La inconforme estima que las normas que por esta vía combate, en su conjunto transgreden en su perjuicio el principio de legalidad tributaria en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde su punto de vista, el principio de legalidad tributaria implica que la propia ley que establece la obligación contributiva también debe precisar en la misma los elementos, como son: los sujetos activos y pasivos, el objeto de ella, la base, la cuota o tarifa, el periodo o fecha de pago, forma de pago, las exenciones, formas de extinción de la obligación, autoridad ante quien debe cubrirse el tributo, la determinación y la exigibilidad de éste, los medios de defensa legal. Ello, porque estima que sólo cumpliendo con ello se da certidumbre a la obligación fiscal, así como un firme respeto a los derechos de los particulares frente al poder público. Insiste, que respecto del impuesto predial, la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, deben estar consignados de manera expresa en la ley, de modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactores ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular; sino que, el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado y que a la autoridad no le quede más que aplicar las disposiciones generales de observancia dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Así, la quejosa considera que al no estar definido en la ley cómo habrá de obtenerse el valor catastral, el cual es la base gravable del impuesto predial, se le deja en estado de indefensión, ya que no es posible conocer los factores de incremento o demerito que deben considerarse para modificar los elementos que constituyen el valor catastral, sea el valor del terreno de la construcción o ambos. La peticionaria del amparo indica que, no estar definido ni en la Ley de Catastro, así como tampoco en la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones cuales deben considerarse urbanos, suburbanos y rústicos, y si los valores unitarios que ahí se señalan se fijan en metro cuadrado o hectárea, por lo que se deja en manos de la autoridad la fijación de dicha unidad medida, ni tampoco establece los parámetros que debe observar la autoridad para clasificar y/o sectorizar los tipos de construcciones y los asentamientos en los cuales se encuentran lo que genera incertidumbre e inseguridad jurídica al contribuyente. Así, la accionante concluye que se le deja en estado de grave vulnerabilidad como causante del impuesto predial, ya que permite en primera instancia que la asignación y actualización de los valores catastrales, con independencia de valores unitarios fijados en la multicitada tabla, puedan modificarse por las autoridades dejando así en manos de la autoridad exactora su determinación, dándoles la posibilidad de actualizar de manera arbitraria dichos valores, dejándome en un completo estado de desconocimiento sobre la manera precisa en que se debe contribuir para el sostenimiento de los gastos públicos; pues en cualquier momento, la base de tributación puede ser modificada al arbitrio de las autoridades administrativas. Los reseñados motivos de inconformidad resultan infundados, como a continuación se evidenciará. Aspectos generales del tributo impugnado A efecto de evidenciar el anterior aserto y como cuestión previa al análisis de los conceptos de violación reseñados, es necesario establecer que las diversas tesis y jurisprudencias emitidas por los órganos del Poder Judicial de la Federación permiten concluir que el tributo es una prestación patrimonial de carácter coactivo y a título definitivo, que de manera unilateral fija el Estado a cargo de las personas que realizan determinada conducta lícita, definida legalmente mediante una hipótesis jurídica o de hecho que es reflejo de capacidad económica y cuyo destino es financiar el gasto público. Así, la contribución se configura por elementos cualitativos y elementos cuantitativos, relacionados lógicamente. Los primeros son: 1) el hecho imponible y 2) el sujeto pasivo; calificados así por la doctrina en atención a que acotan o definen el campo de aplicación de cada contribución. Junto a estos elementos cualitativos existen otros denominados mesurables o cuantitativos, pues tienen como objeto fijar los parámetros para determinar el monto de la deuda tributaria para cada caso concreto, siendo: a) la base imponible y b) el tipo, tasa o tarifa aplicable a la base. Ahora, el hecho imponible es la hipótesis jurídica o de hecho que el legislador establece como causa generadora del tributo, es decir, el conjunto de presupuestos abstractos contenidos en una ley, de cuya concreta existencia derivan determinadas consecuencias jurídicas, principalmente, la obligación tributaria. En otras palabras, el hecho imponible se constituye por las situaciones jurídicas o de facto previstas por el legislador en la ley cuya actualización causa la contribución relativa. Además, la creación del hecho imponible es, por excelencia, la forma por la cual se ejerce la potestad tributaria del Estado, por lo que la delimitación de su estructura queda al total arbitrio del legislador, siempre y cuando respete los principios constitucionales relativos. Por tales razones, el titular de la potestad tributaria normativa puede tipificar en la ley, como hecho imponible, cualquier manifestación de riqueza, es decir, todo acto, situación, calidad o hecho lícitos, siempre y cuando respete, entre otras exigencias, la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, que implica la necesidad de que aquéllos han de revestir, explícita o implícitamente, naturaleza económica. Al respecto, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: 31. Son obligaciones de los mexicanos: [.] IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De conformidad con el precepto transcrito, toda contribución debe: 1) estar contenida en un ordenamiento legal de carácter general y abstracto, 2) ser proporcional y equitativa y 3) estar destinada al pago de los gastos públicos; además, debe consignar en la ley, los elementos esenciales de la misma, que son el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, para no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, de manera que, a la autoridad no le quede más que aplicar las disposiciones relativas tal como fueron dictadas, con anterioridad al caso concreto de cada causante, y el sujeto pasivo pueda conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió las jurisprudencias 243 y 252, publicadas en la Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, visibles en las páginas 243 y 297, respectivamente, en las que se consideró: IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos "contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes", no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, esté establecido por ley; segundo, sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida. IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el período que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan solo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles. De conformidad con tales criterios, el respeto al derecho fundamental del gobernado sobre la legalidad tributaria de sus impuestos exige que la carga impositiva esté prevista en una ley, porque: * Los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, deben estar consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras. * Se debe impedir el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular. * Además, el particular debe conocer, en todo momento, la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador, y no otro órgano, quien precise los elementos del tributo. Tratándose del impuesto predial es oportuno establecer que, por su naturaleza, constituye una contribución cuyo objeto grava la riqueza manifestada por la propiedad de inmuebles, consistentes en suelo y construcciones adheridas a él, por lo que dicha contribución encuadra en la clasificación de los denominados "impuestos reales". La estructura normativa que regula la integración de sus elementos no se encuentra exclusivamente en la legislación ordinaria, sino que además tiene fundamento en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal que dispone: 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: [.] IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a). Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. [.] Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. [.] Conforme al precepto transcrito, la integración y libre administración de la hacienda de los municipios, se conforma entre otros ingresos, de las percepciones obtenidas por las contribuciones que los Estados impongan a la propiedad inmobiliaria, entre las cuales destaca el impuesto predial. Asimismo, el referido precepto dispone que los ayuntamientos en el ámbito de su competencia propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Cabe señalar que las Tablas de Valores Unitarios a las que hace referencia el precepto mencionado, revisten una importancia fundamental en la integración de los elementos que conforman el impuesto predial ya que impactan la base gravable de la contribución, por lo que las normas que contengan dichas tablas deben respetar los principios constitucionales de justicia tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Al tratarse de una contribución que grava la riqueza manifestada por la adquisición de inmuebles que consistan en el suelo, así como de las construcciones que le son adheridas, el impuesto predial refleja en su base gravable una cuantificación numérica, que es la expresión de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, la cual se aprecia atendiendo a las características del bien inmueble de que se trate, lo que se concreta por medio del establecimiento de las referidas Tablas de Valores Unitarios. Determinado lo anterior, se tiene que el artículo 11, inciso b), de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Juárez, Chihuahua, dispone: 11. La Hacienda Pública del Municipio de Juárez percibirá los ingresos provenientes de los siguientes impuestos: [.] b) Predial. Son objeto de este impuesto los predios a que se refiere el artículo 145 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. [.] Para el cálculo, determinación, cobro y demás disposiciones inherentes al impuesto predial, será aplicable lo establecido en el Capítulo III, Sección I, Sección II y Sección IV, del Título Tercero del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, así como lo establecido en la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua. En ese sentido, los artículos 145, 146, fracción I, 148 y 149 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua preceptúan lo siguiente: CAPÍTULO III. El Impuesto Predial Sección I. OBJETO, SUJETO Y DOMICILIO 145. Es objeto de este impuesto: I. La propiedad o posesión de predios urbanos, suburbanos y rústicos; II. La propiedad o posesión de las construcciones permanentes ubicadas en los predios, señalados en la fracción anterior; y III. Los predios propiedad de la Federación, Estados o Municipios que estén en poder de instituciones descentralizadas, con personalidad jurídica y patrimonio propios, o de particulares, por contratos, concesiones, permisos o por cualquier otro título, para uso, goce o explotación. 146. Son sujetos de este impuesto: I. Con responsabilidad directa: a) Los propietarios y poseedores de predios urbanos, suburbanos y rústicos; [.] SECCIÓN II. DE LA BASE Y TASA 148. La base del impuesto es el valor catastral del inmueble, determinado por lo dispuesto en la Ley de Catastro del Estado, debiendo reflejar el valor de mercado de las propiedades. 149. El impuesto se determinará anualmente, conforme a las siguientes tarifas: I.-Predios urbanos. LÍMITES DE RANGO DE LA BASE DEL IMPUESTO (Valor catastral en moneda nacional) TASA DE RANGO (Aplicable sobre la porción del valor de la base que exceda del límite inferior del rango de que se trate) CUOTA FIJA EN MONEDA NACIONAL (Suma fija a pagar) 0 2 al millar 0 183,240 3 al millar 366.48 366,480 4 al millar 916.2 641,340 5 al millar 2,015.64 1,282,680 6 al millar 5,222.34 (VALOR CATASTRAL - LÍMITE MENOR MÁS PRÓXIMO EN MONEDA NACIONAL) * TASA DE RANGO + CUOTA FIJA EN MONEDA NACIONAL= IMPUESTO PREDIAL DIRECTO ANUAL. El Impuesto Predial se calculará con el siguiente procedimiento aritmético: Al resultado de la diferencia del valor catastral del predio y el límite de rango menor más próximo en moneda nacional, se le aplicará la tasa correspondiente al excedente de ese límite inferior y se le adicionará la cuota fija del mismo rango, en moneda nacional. II.- Para los predios rústicos la tasa de 2 al millar. III.- Para fundos mineros la tasa de 5 al millar. El impuesto neto a pagar nunca será inferior al equivalente a dos Unidades de Medida y Actualización. Por último, los artículos 21, 22, 23 y 24 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, que la parte quejosa tildó de inconstitucionales en sus conceptos de violación, incluyendo el numeral 25, que contemplan el sistema normativo que establece el cálculo del impuesto predial respectivo, disponen lo siguiente: de la elaboración y actualización de tablas de valores unitarios de suelo, construcción y la valuación de los predios 21. Las Tablas de Valores Unitarios de suelo y construcción deberán reflejar el valor de mercado. Para la determinación de las zonas homogéneas de valor y de los valores unitarios de terreno por zona y por vialidad, el territorio de los municipios se dividirá en áreas con características homogéneas. Para la definición de las áreas homogéneas se tomará en consideración lo dispuesto por los planes y programas de desarrollo urbano y rural que tengan efectos sobre el territorio; la existencia, disponibilidad y características del equipamiento y servicios públicos, así como el tipo de construcción y demás factores que incrementen o demeriten el valor de las zonas y predios. Cuando la disponibilidad y calidad de los servicios públicos, el uso de suelo, infraestructura urbana y equipamiento, nivel socioeconómico de la población, tipo y calidad de las construcciones; sean similares dentro de una circunscripción territorial, se constituye en una zona homogénea de valor y se le asignará un valor unitario de suelo. Las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción deberán delimitar con precisión el área que comprenda cada zona homogénea de valor. Dentro de la zona homogénea de valor pueden existir franjas, denominadas corredores de valor que por sus características dan lugar a que los inmuebles colindantes, puedan tener un valor unitario de suelo diferente a la propia zona homogénea. Para determinar un corredor de valor se considerarán: las condiciones y factores que puedan modificar el valor de la franja, respecto del que corresponda a la zona homogénea. Para la determinación de los valores unitarios de suelo y construcción, los predios se clasificarán en urbanos, suburbanos y rústicos. Las construcciones se clasificarán de acuerdo a su vocación o uso preponderante en: Habitacionales, comerciales e industriales; éstas a su vez se clasificarán de acuerdo a su tipología de construcción y a su estado de conservación, las cuales se establecerán en la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción. Las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción deberán contener los factores de incremento y demérito que serán aplicables en el procedimiento valuatorio. Los valores unitarios de suelo en la zona urbana y suburbana se fijarán por metro cuadrado y en zona rústica por hectárea. Las bases generales y sistemas para la clasificación y valuación de las zonas, predios, construcciones, así como la aplicación de factores de incremento y demérito para la determinación de valores unitarios, se establecerán de conformidad con lo dispuesto por esta Ley. 22. De conformidad con la presente ley y las normas técnicas aplicables, los Ayuntamientos, enviarán anualmente al H. Congreso del Estado, a más tardar el treinta y uno de octubre, para su aprobación y posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado, las Tablas de Valores Unitarios para Suelo y Construcción, que servirán para determinar los valores Catastrales y serán la base para el cálculo de los impuestos que graven la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal siguiente. En caso de no cumplirse con oportunidad, lo previsto en este artículo, las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas para el año en curso continuarán vigentes para el ejercicio fiscal siguiente, en caso de omisión por parte de los Ayuntamientos de presentarlas en los términos del párrafo anterior, sin perjuicio de la aplicación de sanciones que correspondan por el incumplimiento conforme a los artículos 23, 27, 30 y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. 23. Para determinar el valor catastral de los predios, se aplicarán los valores unitarios aprobados, de acuerdo con la siguiente fórmula: VCAT = VT + VC Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: VCAT = Valor Catastral VT = Valor del Terreno VC = Valor de la Construcción El valor del terreno de un inmueble se obtiene de multiplicar su superficie por el valor unitario de suelo, contenido en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas para el Municipio en el cual se encuentra ubicado el predio, de acuerdo con la fórmula siguiente: VT = ST x VUS Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: VT = Valor de Terreno ST = Superficie del Terreno VUS = Valor Unitario del Suelo Correspondiente a la zona homogénea o corredor de valor donde se ubica el inmueble. En su caso, deberá considerarse los factores de incremento y demérito, previstos en las tablas, según las características del suelo, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda. El valor de construcción de un inmueble, se obtiene de multiplicar la superficie construida, por el valor unitario de construcción para cada tipo de edificación, contenido en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas para el Municipio en el cual se encuentra ubicado el predio, más el valor de las instalaciones especiales permanentes, de acuerdo con la fórmula siguiente: VC = SC x VUC + VIE Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: VC = Valor de la Construcción SC = Superficie de la Construcción VUC = Valor Unitario de la Construcción VIE = Valor de las Instalaciones Especiales Según las características del predio deberán aplicarse, en su caso, los factores de incremento y demérito, previstos en las tablas, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda. Para los inmuebles que estén sujetos al régimen de propiedad en condominio, la valuación deberá hacerse respecto a cada unidad privativa, incluyendo la parte proporcional indivisa de los bienes comunes. 24. El valor catastral será el que resulte de sumar el valor del terreno y el de la construcción, obtenidos conforme lo señala el artículo anterior. 25. La asignación y actualización del valor catastral de inmuebles se efectuará por los Municipios, conforme a las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción y con apoyo en la Información resultante de los siguientes procedimientos: I. Por declaración del contribuyente, sujeta a la aprobación de la autoridad municipal; II. Por avalúo directo realizado por un perito valuador debidamente registrado o autorizado ante el Departamento Estatal de Profesiones. III. Valuación directa en base a la información recabada por la Autoridad Catastral Municipal, mediante inspección física, estudios técnicos directos o por medios indirectos como la fotogrametría, aerofotogrametría e imagen satelital. IV. Con base en la documentación oficial que emitan las Autoridades Catastrales, tomando en consideración la información proporcionada al catastro por los propietarios o poseedores de predios, o con base en los registros de información con que cuenten las mismas Autoridades. De los numerales transcritos se deduce que la autoridad legislativa estatal estableció los mecanismos para la determinación de la base gravable del impuesto predial, consistente ésta, según el artículo 148 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en el valor catastral del inmueble, el cual debe de reflejar, además, el valor de mercado de las propiedades. Al respecto, el artículo 23 de la Ley de Catastro, dispone que para determinar el valor catastral de los predios, se aplicarán los valores unitarios aprobados, de acuerdo con la fórmula VCAT = VT + VC, lo cual implica que el valor catastral será igual a la suma del valor del terreno (VT) y el valor de la construcción (VC). La legislación estatal contempla un mecanismo específico para la determinación del valor de terreno o suelo y uno distinto e independiente para la fijación del valor de la construcción, cuyo sistema de cálculo se analizará por separado en los siguientes párrafos. Ahora, respecto de las Tablas de Valores Unitarios a las que hace referencia la legislación impugnada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destaca los aspectos jurídicos siguientes: 1. Las Tablas de Valores Unitarios del impuesto predial revisten una importancia fundamental en la integración de los elementos que lo conforman, ya que impactan sobre la base gravable de la contribución. 2. Las normas que contengan las citadas Tablas de Valores Unitarios deben respetar los principios constitucionales de justicia tributaria, previstos en el artículo 31, fracción IV, constitucional. 3. La base gravable representa una cuantificación numérica, que es expresión de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, y que se aprecia atendiendo a las características del bien inmueble de que se trate, lo cual se concreta en las denominadas Tablas de Valores Unitarios. 4. Los criterios para clasificar un bien inmueble, deben encontrarse establecidos en la ley, pues en su defecto, quedan al arbitrio de la autoridad, quebrantando el principio de legalidad tributaria, al permitir un margen de arbitrariedad a favor de la autoridad en lo relativo a la base gravable del impuesto. 5. Cuando no se establecen los parámetros que debe observar la autoridad administrativa, para clasificar determinado bien en su categoría, se genera incertidumbre e inseguridad jurídica al contribuyente, provocando que uno de los elementos de la contribución pueda ser elegido discrecionalmente por la autoridad. Ahora, el Decreto LXVI/APTVV/0478/2019 I P.O., mediante el cual se aprobaron las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, que servirán de base para la determinación del valor catastral y el cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria, durante el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, en el Municipio de Juárez, Chihuahua, establece, en lo que interesa, lo siguiente: ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, propuestas por el H. Ayuntamiento de Juárez, mismas que servirán de base para la determinación del valor catastral y el cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria, durante el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, las cuales se anexan al presente Decreto y pasan a formar parte del mismo. ARTÍCULO SEGUNDO. En su caso, aquellos Municipios que así lo hayan determinado y en los términos autorizados, se faculta, así mismo, para efecto del cálculo del Impuesto Predial para el Ejercicio Fiscal 2020, utilizar el mismo valor base que sirvió para el cálculo del citado impuesto al 31 de diciembre de 2018 o 2019, según corresponda. ARTÍCULO TERCERO.- De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, a partir del 1° de enero del año 2020, deberá actualizarse el valor de cada una de las cuentas del padrón catastral con base en las Tablas autorizadas, sujetándose a las reglas establecidas en la referida Ley y este Decreto. ARTÍCULO CUARTO.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, no será aplicable lo dispuesto por el artículo 152 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. Ahora, de las Tablas de Valores para el Municipio de Juárez, Chihuahua, vigentes en el ejercicio fiscal dos mil veinte, se advierte que fueron diseñadas para determinar el valor de la construcción, así como del suelo en que se edifican, bajo los siguientes parámetros. APARTADO A. ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE CONSTRUCCIÓN En un primer aspecto, es necesario emprender el análisis relativo a la constitucionalidad de las Tablas de Valores Unitarios de Construcción, al respecto es oportuno precisar que el valor de construcción de un inmueble, se obtiene de multiplicar la superficie construida, por el valor unitario de construcción para cada tipo de edificación, contenido en las Tablas de Valores Unitarios de Construcción aprobadas para el Municipio en el cual se encuentra ubicado el predio, más el valor de las instalaciones especiales permanentes, de acuerdo con la fórmula siguiente: VC = SC x VUC + VIE, donde: VC = Valor de la Construcción SC = Superficie de la Construcción VUC = Valor Unitario de la Construcción (contenido en las Tablas de Valores Unitarios) VIE = Valor de las Instalaciones Especiales Asimismo, es necesario considerar que la legislación estatal clasifica los bienes inmuebles de acuerdo con el USO en: habitacional, comercial e industrial. A su vez, los USOS descritos se subclasificaron en diversas Tipologías: la habitacional subclasificada en: popular, económico, medio, bueno, lujo y superlujo; la comercial, se subclasificó en económico, medio y bueno; y, la industrial, en ligero y mediano. En este tema, el artículo 3° de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua define lo que debe entenderse por las clasificaciones de construcción de acuerdo con el uso y tipología, en los términos siguientes: 3. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: I. Catastro Municipal: El censo técnico analítico de los predios, ubicados en el territorio de los Municipios que conforma su sistema de información catastral, para fines fiscales, jurídicos, administrativos, geográficos, estadísticos, socioeconómicos y de planeación; II. Catastro Estatal: El Sistema de Información Catastral del Estado de Chihuahua, que se sustenta y actualiza con los catastros municipales para fines jurídicos, administrativos, geográficos, estadísticos, socioeconómicos y de planeación; III. Cédula Catastral: El documento oficial que contiene la información general de un predio; IV. Centro de Población: Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven a su expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos centros, así como las que por resolución de la autoridad competente se provean para la fundación de los mismos; V. Construcción: La edificación de cualquier tipo, los equipos e instalaciones especiales adheridos de manera permanente al predio, clasificándose de la siguiente forma: CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES. Es la agrupación e identificación de las construcciones de acuerdo a la tipología y el uso de las mismas. USO.- Corresponde al aprovechamiento genérico que tiene el inmueble y se clasifica en: Habitacional, comercial e Industrial. HABITACIONAL.- Se refiere a las construcciones en donde habitualmente residen, individual o colectivamente, las personas y comprende todo tipo de vivienda. COMERCIAL.- Se refiere a las edificaciones destinadas a la compraventa o intercambio de artículos de consumo y servicios. INDUSTRIAL.- Se refiere a cualquier construcción destinada a la fabricación o transformación de productos de utilidad concreta. TIPOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN. Corresponde a la clasificación de la construcción dependiendo de las características que la constituyen, las cuales son: HABITACIONAL POPULAR.- Vivienda con características constructivas mínimas, entre las que se pueden considerar: cuartos de usos múltiples sin diferenciación, servicios mínimos incompletos; muros sin refuerzo, techos de lámina galvanizada, techos con estructura de madera terrados, techos de madera, pisos de concreto o terrados, instalaciones eléctricas e hidráulicas visibles. HABITACIONAL ECONÓMICO.- Vivienda con características constructivas de calidad económica, entre las que se pueden considerar: proyecto básico definido, sin diseño estructural profesional. Espacios con alguna diferenciación, servicios mínimos completos, generalmente un baño, y con procedimientos formales de construcción; aplanados de mezcla o yeso, ventanería metálica, techos de concreto armado o lámina galvanizada, con claros no mayores de 3.5 metros, pisos de concreto con acabado pulido, o losetas vinílicas, algunas instalaciones completas visibles (hidráulica, eléctrica, sanitaria y gas). HABITACIONAL MEDIO.- Vivienda con características constructivas de calidad media, entre las que se pueden considerar: espacios diferenciados por uso, servicios completos, con baño, muros con acabados aparentes, pintura, losetas de cerámica en cocina y baños, ventanería metálica, perfil tubular y aluminio sencillo, techos de concreto armado con claros no mayores a 4.0 metros, pisos recubiertos con losetas de vinil, cerámica, alfombra o piso laminado, instalaciones completas ocultas. HABITACIONAL BUENO.- Vivienda con características entre las que se pueden considerar: acabados de buena calidad, proyecto funcional individualizado, con espacios totalmente diferenciados, servicios completos; dos baños, cuartos de servicio, acabados de mezcla, yeso y texturizados, pinturas de buena calidad o tapiz, ventanería de perfil de aluminio, ventanería integrada a la construcción, techos de concreto armado, acero o mixtos, con claros mayores a 4.0 metros, pisos de primera calidad, mármol, losetas de cerámica, alfombra o duelas, aire acondicionado o calefacción. HABITACIONAL DE LUJO.- Residencias con características constructivas entre las que se puedan considerar: acabados de muy buena calidad, diseños arquitectónicos y de ingeniería, con espacios amplios caracterizados y ambientados con áreas complementarias a las funciones principales. De uno hasta cuatro baños, con vestidor y closet integrado en una o más recamaras, acabado en muros de yeso, texturizados o recubiertos con maderas finas, ventanería de aluminio anodizado y maderas finas con vidrios dobles y especiales, techo de concreto armado, estructuras de soporte diseñadas específicamente para el proyecto, pisos de losetas de cerámica, mármol, alfombra, parquet de madera o duelas, instalaciones de confort y sistema de riego. HABITACIONES DE SUPERLUJO.- Son las que cuentan con las características de la habitacional de lujo y además constituida por estancia, comedor, antecomedor, cocina, cuarto de estudio, cuatro recamaras o más, con baño, y alcoba definida con baño, baño independiente pudiendo ser colectivo, cuarto de servicio con baño, oficina, área de lavandería, cochera techada cuando menos para tres o más vehículos, alberca, sala de juegos y todas las que cuenten con más de 600 metros de construcción de uso habitacional. COMERCIAL ECONÓMICO.- Construcción básica con características de baja calidad entre las que se pueden considerar: servicios complementarios, ocasionalmente forman parte de un uso mixto (vivienda y comercio), acabado en muros mezcla o yeso, ventanería metálica tubular, techo de lámina o de concreto armado, con claros de hasta 4.0 metros, pisos de concreto con acabado pulido, o losetas de vinil o de mosaico, instalaciones básicas ocultas y semiocultas (eléctricas e hidrosanitarias), complementos de calidad media (carpintería, herrerías, etc.). COMERCIAL MEDIO.- Locales comerciales y tiendas departamentales con características y acabados de calidad media estandarizada, proyecto funcional y espacio reservado para cajones de estacionamiento. Acabados en muros yeso y texturizados, ventanería de aluminio, techo de concreto armado con claros mayores de 4.0 metros, pudiendo considerar nave industrial, pisos de concreto con acabado pulido, losetas de vinil, ocasionalmente losetas de cerámica, instalaciones básicas ocultas y semiocultas (eléctricas e hidrosanitarias), complementos de buena calidad (herrería, carpintería y vidriería). COMERCIAL BUENO.- Locales y centros comerciales especializados con características constructivas y acabaos de muy buena calidad, proyecto funcional ocupando espacios exclusivos, áreas de estacionamientos, circulación peatonal y áreas jardinadas. Acabados en muros yeso o texturizados, ventanería de aluminio anodizado, techumbres de lámina sobre armaduras de acero estructural y techos de concreto armado con claros hasta de 10.0 metros, pudiendo considerar nave industrial, pisos de losetas de cerámica, mármol, duelas, instalaciones básicas (eléctricas e hidrosanitarias), en general ocultas, instalaciones especiales (aire acondicionado, calefacción, alarma, pararrayos, hidroneumático), complementos de buena calidad, sobre diseño o de importación. INDUSTRIAL LIGERO.- Edificaciones con características constructivas básicas de calidad intermedia, proyectos repetitivos normalmente sin divisiones internas, acabados en muros aparentes y de mezcla, ventanería metálica perfil tubular, techumbres de lámina o asbesto sobre armaduras ligeras de acero estructural, ocasionalmente de madera claros hasta 6.00 metros, pudiendo considerar nave industrial, pisos de concretos reforzado acabado pulido, instalaciones con servicios básicos (eléctricos e hidrosanitarios) ocultos o semiocultos, complementos de calidad media estandarizada (herrería, carpintería, vidriería, etc.), áreas de estacionamiento y andenes de carga. INDUSTRIAL MEDIANO.- Construcciones con características especializadas de calidad intermedia, con proyectos repetitivos normalmente sin divisiones internas, con oficinas, áreas recreativas y áreas verdes. Acabados en muros aparentes, mezcla, yeso y ocasionalmente texturizados, ventanería metálica de perfiles tubular o de aluminio, techumbres de lámina galvanizada o asbesto sobre armaduras, pudiendo considerar nave industrial, pisos de concreto reforzado, acabado pulido, recubiertos con cerámica u otros elementos de soporte industrial de rodamiento, plantas de tratamientos de aguas residuales para reutilizar en sistemas de riego, instalaciones deportivas y recreativas. Estas a su vez se podrán subclasificar, de acuerdo al estado de conservación o las condiciones en las que se encuentren, conforme a las constancias que obren en los archivos de los catastros municipales, estableciéndose en las tablas de cada municipio dichas subclasificaciones. CLASE.- Es el grupo al que pertenece un tipo de construcción de acuerdo a su estado de conservación; VI. Construcción permanente: La que está adherida a un predio de manera fija, en condiciones tales que no pueda separarse del suelo sin deterioro de la propia construcción o del predio, o aquella que considerándose provisional tenga un uso de carácter permanente; VII. Construcción provisional: La que por su estructura puede ser desmontable sin deterioro del predio ni de sí misma, adquiriendo el carácter de permanente al año de su instalación; VIII. Construcción ruinosa: La que por su deterioro físico no pueda tener un uso normal o constituya un riesgo de seguridad para la población; IX. Instalaciones especiales: Aquellas que complementan en servicios y funcionamiento a un inmueble; X. Límite de Centro de Población: La línea que envuelve las áreas que conforman un centro de población; XI. Predio: a) El terreno urbano, suburbano o rústico, con o sin construcciones, cuyos linderos forman un polígono sin solución de continuidad; b) Cada una de las unidades que integran un condominio; XII. Predio edificado: El que tenga construcción permanente; XIII. Predio no edificado: Predios urbanos sin construcción, a excepción de: a) Los inmuebles que se ubiquen en las zonas designadas para la protección ecológica; b) Las áreas verdes y espacios abiertos de uso público; c) Aquellos que de acuerdo con el plan Director Urbano o la autoridad competente se declaren como zonas de reserva para uso habitacional; d) Los campos deportivos o recreativos funcionando como tales; e) Los estacionamientos públicos debidamente autorizados y en operación; f) Los que por su topografía extremadamente accidentada tengan un aprovechamiento restringido, y g) Las superficies dedicadas primordialmente a explotación agropecuaria; XIV. Predio ocioso: Aquel que encontrándose dentro o fuera del límite del centro de población tenga un uso o aprovechamiento distinto al que señala el Plan Director Urbano o la autoridad competente; XV. Predio rústico: El que se encuentre ubicado fuera del límite del centro de población, y su destino sea de producción agropecuaria, forestal, frutícola, minera o actividades equiparables; XVI. Predio urbano: a) El que se encuentre ubicado dentro de los límites de algún centro de población; y b) Los que encontrándose fuera de los límites de algún centro de población, por su uso de suelo y que cuente con más de dos servicios. XVII. Predio Suburbano: Los bienes inmuebles ubicados fuera de los perímetros de las poblaciones, con valores de mercado intermedios entre los urbanos y los rústicos, determinados por su proximidad a las poblaciones en proceso de crecimiento, aun cuando estén destinados a la explotación agrícola, pecuaria o industrial rural. Quedarán también comprendidos dentro de esta clasificación, los predios destinados a fraccionamientos denominados "campestres" o "granjas", o cualquier otro que sea fraccionado o lotificado y, en general, todas aquellas zonas fuera de los perímetros poblacionales donde se presten los servicios municipales de agua potable y energía eléctrica como máximo. XVIII. Sistema de Información Catastral. Elemento fundamental de validación e información jurídica, social y económica respecto a las características y valoración de la propiedad inmobiliaria en el territorio estatal, con sus consiguientes efectos informativos, fiscales, administrativas y civiles; XIX. Valor de Mercado. Es la determinación valorativa en unidades monetarias de un predio, atendiendo a sus elementos cualitativos y cuantitativos a una fecha determinada. XX. Valor Unitario. El determinado por unidad de medida en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas por el H. Congreso del Estado. XXI. Valor Unitario. El que fija la autoridad catastral municipal por unidad de superficie; XXII. Sistema de Información Catastral. Conjunto de procesos y datos, respecto a las características y valoración de la propiedad inmobiliaria, que deberán instrumentar los catastros municipales y concentrar en el catastro estatal. XXIII. Sector Catastral. La división geográfica que establece la autoridad catastral municipal con respecto de su territorio y que agrupa a un número determinado de predios en función de su ubicación. XXIV. Zona Homogénea de valor. Es una fracción de sector catastral, sector catastral completo o varios sectores catastrales, delimitado por una poligonal plasmada en cartografía municipal que tengan características similares, tales como infraestructura, servicios, topografía y cualquier otro elemento relacionado que incida en el valor de la zona homogénea. XXV. Valuación Directa. Es el procedimiento utilizado por la Autoridad Catastral Municipal para determinar el valor catastral de un predio con base a la información y a los elementos técnicos con que cuente. [.] Por su parte, la Tabla de Valores Unitarios de Construcción para el ejercicio fiscal dos mil veinte del Municipio de Juárez, Chihuahua, es del siguiente contenido: MUNICIPIO DE JUÁREZ TABLA DE VALORES UNITARIOS POR M2 DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO A SU USO Y TIPOLOGÍA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 USO TIPOLOGÍA CLAVE DE VALUACIÓN VALOR UNITARIO M2 HABITACIONAL HABITACIONAL POPULAR 1-1-1-1 $1,562.00 HABITACIONAL ECONÓMICO 1-1-2-1 $2,376.00 HABITACIONAL MEDIO 1-1-3-1 $3,745.00 HABITACIONAL BUENO 1-1-4-1 $5,655.00 HABITACIONAL DE LUJO 1-1-5-1 $7,895.00 HABITACIONAL DE SUPERLUJO 1-1-6-1 $10,000.00 COMERCIAL COMERCIAL ECONÓMICO 1-2-1-1 $2,500.00 COMERCIAL MEDIO 1-2-2-1 $3,800.00 COMERCIAL BUENO 1-2-3-1 $5,700.00 INDUSTRIAL INDUSTRIAL LIGERO 1-3-2-1 $4,490.00 INDUSTRIAL MEDIANO 1-3-4-1 $4,600.00 De todo lo anterior, se deduce que la legislación catastral estableció que la Clasificación de las Construcciones debe entenderse como la agrupación e identificación de éstas de acuerdo con la tipología y el uso de aquéllas. Asimismo, se precisa que el Uso corresponde al aprovechamiento genérico que tiene el inmueble y se clasifica en: habitacional, comercial e Industrial. Tipologías Por otro lado, la legislación define la Tipología como la clasificación de la construcción edificada en el predio de que se trate, dependiendo de las características que la constituyen. De esta manera, la legislación estableció que las Tipologías del Uso Habitacional son popular, económico, medio, bueno, lujo y superlujo; las Tipologías del Uso Comercial se dividen en: económico, medio y bueno; y, finalmente, las Tipologías del Uso Industrial, se clasifican en ligero y mediano. Esas clasificaciones se encuentran establecidas y definidas en la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua que fue expedida con anterioridad a la entrada en vigor de la Tabla de Valores Unitarios por M2 de Construcción de acuerdo con su uso y tipología para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Tales circunstancias permiten concluir que si la Legislación catastral sí define las tipologías de los usos habitacional (en popular, económico, medio, bueno, lujo y superlujo), comercial (en económico, medio y bueno) e Industrial (en ligero y mediano), no se trastoca el principio de reserva de ley, en las bases que, para su cálculo, se encuentran definidas en la Tabla de Valores Unitarios por M2 de Construcción reclamadas. En efecto, contra lo sostenido por la parte quejosa, en torno al establecimiento de las tipologías, se respeta el principio de reserva de ley que rige en materia de contribuciones, debido a que su definición por el órgano legislativo, en una ley formal y materialmente constituida, genera certidumbre al sujeto del impuesto predial, pues la Ley de Catastro establece con claridad cuáles son los conceptos y parámetros destacados en párrafos que anteceden; y de esta manera, la determinación de los procedimientos para fijar las bases para el cobro del impuesto predial, en congruencia con lo que señalan el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en su capítulo tercero, sección segunda, artículos 148 y 149, los cuales fijan los elementos fundamentales como son la base y tasa, y determina que el impuesto predial se calculará con el procedimiento aritmético ahí señalado; en unión con lo establecido en la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua que se complementa con las referidas Tablas de Valores, las cuales, como se vio, contienen los elementos descritos en las legislaciones en cita, de forma congruente con las disposiciones legales aplicables para establecer la base del impuesto predial en el Municipio de Juárez, Chihuahua, en cumplimiento al referido principio de legalidad tributaria. Valor de mercado Asimismo, adversamente a lo que refiere la parte quejosa, en lo relativo a la determinación del valor de construcción, no lesiona sus derechos lo que argumenta en torno a que la legislación establece que la BASE del impuesto predial deba fijarse sobre la base del valor del mercado de la propiedad. En efecto, de acuerdo con el decreto que reformó el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, las Legislaturas Locales deben adoptar las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad. En efecto, del párrafo tercero de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforma y adiciona ese precepto constitucional, se advierte que el impuesto predial es concebido constitucionalmente como un impuesto de naturaleza real cuya base de cálculo debe ser el valor unitario de los predios y de las construcciones. El citado artículo transitorio dispone que el predial se configura como un tributo en el que los principios de proporcionalidad y equidad tributarias se proyectan fundamentalmente sobre el proceso de determinación de los valores unitarios del suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, los cuales deben ser equiparables a los valores de mercado y a las tasas aplicables para dicho cobro; de ahí que dicho proceso de determinación y adecuación de los valores unitarios y de las tasas aplicables deban realizarlo las Legislaturas de los Estados en coordinación con los Municipios, lo cual es congruente con la reserva constitucional a las haciendas municipales de los recursos derivados de las construcciones sobre la propiedad inmobiliaria, así como de aquellas que tengan como base el cambio de valor de los inmuebles. De esta forma, el valor catastral que sirve de base para el cálculo del impuesto predial debe establecerse, necesariamente, en función del valor de mercado de los inmuebles, el cual puede obtenerse mediante la aplicación de los valores unitarios, o bien, a través de cualquier otro método o sistema que estime pertinente el legislador ordinario. Apoya las anteriores consideraciones, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 123/2004, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, de Diciembre de 2004, materias constitucional y administrativa, página 1125, del siguiente contenido: PREDIAL MUNICIPAL. LA REGULACIÓN DE LA MECÁNICA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO DEBE TOMAR EN CUENTA EN LO FUNDAMENTAL, EL VALOR DE LOS INMUEBLES. Del párrafo tercero de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforma y adiciona ese precepto constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, se advierte que el impuesto predial es concebido constitucionalmente como un impuesto de naturaleza real cuya base de cálculo debe ser el valor unitario de los predios y de las construcciones. Ahora bien, el citado artículo transitorio dispone que el predial se configura como un tributo en el que los principios de proporcionalidad y equidad tributarias se proyectan fundamentalmente sobre el proceso de determinación de los valores unitarios del suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, los cuales deben ser equiparables a los valores de mercado y a las tasas aplicables para dicho cobro; de ahí que dicho proceso de determinación y adecuación de los valores unitarios y de las tasas aplicables deban realizarlo las Legislaturas de los Estados en coordinación con los Municipios, lo cual es congruente con la reserva constitucional a las haciendas municipales de los recursos derivados de las construcciones sobre la propiedad inmobiliaria, así como de aquellas que tengan como base el cambio de valor de los inmuebles. Sobre tales reflexiones, debe decirse que si el artículo 148 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua establece que la base del impuesto es el valor catastral del inmueble, determinado por lo dispuesto en la Ley de Catastro del Estado, debiendo reflejar el valor de mercado de las propiedades y esta última legislación en su artículo 21 estatuye que las Tablas de Valores Unitarios de suelo y construcción deberán reflejar el valor de mercado en la mecánica para calcular la base del impuesto predial, ello respeta el principio de proporcionalidad tributaria, pues tales disposiciones encuentran su justificación precisamente en la necesidad de establecer un método que proporcione una base real para determinar el valor catastral de un inmueble sobre el que recae el tributo, en la especie, el valor comercial en determinado tiempo, el cual se establece en función directa con la oferta y la demanda de los inmuebles que existan en el mercado. En ese sentido, la fijación de la base del tributo sobre la consideración del valor del mercado de un inmueble no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, en virtud de que su justificación obedece a la necesidad de establecer los mecanismos necesarios que permitan conocer el valor real en el mercado de los bienes, de modo que dicho parámetro se justifica en la medida en que se adecua sobre un elemento objetivo que constituye un indicador de la riqueza plasmada con la propiedad de un bien inmueble y que se ve manifestada a través de su valor comercial. Sobre estas bases, el mecanismo establecido en la legislación estatal para fijar que la base tributaria para determinar el impuesto predial, en lo relativo a su fijación a partir de un valor comercial en el establecimiento de las tablas respectivas, no implica violación al principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ello atiende a parámetros objetivos que permiten tener un referente actualizado que refleje la riqueza del contribuyente, lo que no implica que se desatienda la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del impuesto predial, pues ésta se mide en función del valor catastral de los inmuebles, el cual, por disposición constitucional, debe aproximarse al valor de mercado, esto es, atender principalmente al tipo de uso (habitacional o comercial), a la infraestructura urbana y a la actividad comercial que prevalece en la zona donde se ubica el inmueble de que se trate, así como a la dinámica inmobiliaria (oferta y demanda); de ahí que, en este aspecto, devienen infundados los conceptos de violación esgrimidos en torno al factor vinculado con el valor comercial del inmueble base del tributo. Es aplicable analógicamente, la jurisprudencia 2a./J. 128/2005, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Octubre de 2005, materia administrativa, página 709, del contenido siguiente: CATASTRO. EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 115 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999. El citado precepto legal establece que el valor catastral que resulte del procedimiento previsto en el artículo 17 de dicha Ley, es el equiparable al valor de mercado para todos los efectos legales. Ahora bien, del análisis armónico de dichas disposiciones se advierte que prevén un mecanismo que permite que el valor catastral de los inmuebles no quede estancado, pues se calcula con base en las tablas de los valores unitarios aprobados por el Congreso Local, tal como lo establece el artículo quinto transitorio del Decreto que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, el artículo 18 del ordenamiento indicado no transgrede el citado precepto transitorio, ya que para el cálculo del valor catastral se atiende a los valores de mercado o comerciales. Factores de incremento o demérito De la misma manera, es infundado lo que aduce la parte quejosa en lo relativo a que el artículo 23 de la Ley de Catastro no define en qué consisten o cuáles son los factores de incremento o demérito, ni ello se advierte de la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones. En efecto, carece de fundamento lo aducido por la quejosa, toda vez que la legislación estatal, así como las tablas de valores que son impugnadas sí establecen en qué consisten y cuáles son los factores de incremento que se deben tomar en consideración para realizar la determinación del valor catastral respectivo. Al respecto es necesario señalar que el artículo 21 de la Ley de Catastro sí define que las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción deberán contener los factores de incremento y demérito que serán aplicables en el procedimiento valuatorio. Asimismo, indica que las bases generales y sistemas para la clasificación y valuación de las zonas, predios, construcciones, así como la aplicación de factores de incremento y demérito para la determinación de valores unitarios, deben ser establecidas de conformidad con lo dispuesto por esa Ley. En el mismo sentido, el artículo 23 de la citada codificación establece que, para determinar el valor catastral de los predios, se deben aplicar los valores unitarios respectivos, de acuerdo con la fórmula que señala para determinar el valor de construcción y, en su caso, se deberán considerar los factores de incremento y demérito, previstos en las tablas, según las características del suelo, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda. Asimismo, respecto del valor de terreno, el citado precepto apunta que, según las características del predio deberán aplicarse los factores de incremento y demérito, previstos en las tablas, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda, en su caso. Finalmente, las apuntadas tablas de valores establecen en su publicación oficial que la tabla de depreciación a que se refiere la legislación estatal tiene como base la aplicación del método de Ross Heidecke y, al respecto, refiere que dicho mecanismo ha sido diseñado exclusivamente para calcular la depreciación en la valoración de construcciones, teniendo como ventaja sobre otros métodos, la consideración del estado de conservación de las mismas; permitiendo calcular una depreciación más acorde con la realidad. De igual forma, el legislador señaló que el método que se comenta es exclusivo para la valoración de construcciones e incluye dos aspectos fundamentales que son la depreciación por edad y el estado de conservación; la manera en que se considera la depreciación de un inmueble, así como la forma en que se puede considerar la conservación de un inmueble; por último, también señala la manera en que se pueden clasificar las definiciones de los estados de conservación de forma gradual. Luego, si se considera que la tabla de valores unitarios citada, constituye formal y materialmente un acto legislativo y no una decisión arbitraria y unilateral de la autoridad administrativa, pues el artículo 22 de la Ley de Catastro de la entidad establece que de conformidad con ésta y con las normas técnicas aplicables, los Ayuntamientos enviarán anualmente al Congreso, a más tardar el treinta y uno de octubre, para su aprobación y posterior publicación en el medio oficial de difusión mencionado, las tablas de valores unitarios para suelo y construcción que servirán para determinar los valores catastrales y serán la base para el cálculo de los impuestos que graven la propiedad inmobiliaria, como lo es el predial, durante el ejercicio fiscal siguiente; que en caso de no cumplirse con oportunidad lo señalado, las tablas referidas aprobadas para el año en curso continuarán vigentes para el siguiente; de ahí que, una vez presentada ante el Congreso la propuesta correspondiente, discutida y aprobada por ese órgano legislativo, entonces se cumple con el principio de legalidad tributaria, pues en ese momento se erige como un acto formal y materialmente legislativo; de ahí que, adversamente a lo que refiere la parte quejosa, la legislación aplicable sí establece los factores de depreciación que deben ser aplicados a los valores unitarios de suelo y construcción, en la lista de factores de depreciación por estado de conservación y edad para obtener el valor neto de reposición, que se publicó en el Periódico Oficial del Estado. Cobra aplicación, la tesis aislada XVII.2o.P.A.36 A (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 60, de Noviembre de 2018, Tomo III, materias constitucional y administrativa, página 2304, del siguiente tenor: PREDIAL. LA TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, QUE SIRVE DE BASE PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO, ES UN ACTO FORMAL Y MATERIALMENTE LEGISLATIVO. La tabla de valores unitarios citada, publicada en el Periódico Oficial local el 24 de diciembre de 2016, constituye formal y materialmente un acto legislativo y no una decisión arbitraria y unilateral de la autoridad administrativa, pues el artículo 22 de la Ley de Catastro de la entidad establece que de conformidad con ésta y con las normas técnicas aplicables, los Ayuntamientos enviarán anualmente al Congreso, a más tardar el treinta y uno de octubre, para su aprobación y posterior publicación en el medio oficial de difusión mencionado, las tablas de valores unitarios para suelo y construcción que servirán para determinar los valores catastrales y serán la base para el cálculo de los impuestos que graven la propiedad inmobiliaria, como lo es el predial, durante el ejercicio fiscal siguiente; que en caso de no cumplirse con oportunidad lo señalado, las tablas referidas aprobadas para el año en curso continuarán vigentes para el siguiente; de ahí que, una vez presentada ante el Congreso la propuesta correspondiente, discutida y aprobada por ese órgano legislativo, entonces se cumple con el principio de legalidad tributaria, pues en ese momento se erige como un acto formal y materialmente legislativo. Aunado a lo anterior, la Ley catastral es la que establece la posibilidad de que se contemplen en las tablas de valores unitarios de suelo y construcción los incrementos o deméritos que, en su caso, resulten aplicables y el hecho de que la referida legislación no entre en detalles sobre la manera en que se proceda a su determinación, ello obedece a que se está en presencia de un fenómeno dinámico que implica que la fijación de las tablas de valores den una razonable certeza o justificación racional para evitar arbitrariedades en contra de los gobernados; de ahí que, atendiendo al principio de reserva relativa que rige en materia de legalidad tributaria, la remisión que se hace a las tablas de valores para que fije el procedimiento al que deba sujetarse para la elaboración de las mencionadas tablas, en los aspectos relacionados con incrementos y factores de depreciación, se estima constitucional, pues no puede considerarse como una deslegalización de la materia reservada, toda vez que se trata de un aspecto claramente subordinado a la ley y no se trata de una regulación independiente, con lo que se evita que la autoridad administrativa a su arbitrio fije el valor de las bases para determinar el valor del inmueble objeto del tributo, sino que atiende a los parámetros objetivos establecidos en la legislación que regula el establecimiento de las apuntadas tablas. Apoya las anteriores consideraciones, por las razones que informa, la tesis P. CXLIX/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, de Noviembre de 1997, materias administrativa y constitucional, página 74, del siguiente contenido: CATASTRO. LOS ARTÍCULOS 30 Y 55 DE LA LEY CORRESPONDIENTE DEL ESTADO DE SINALOA, ASÍ COMO EL 18 DE SU REGLAMENTO, NO SON VIOLATORIOS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. La interpretación armónica del artículo 51 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, así como de los inmersos en la Ley de Catastro de ese Estado, pone de manifiesto que los artículos 30 y 55 de ésta no son violatorios del principio de legalidad previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional. El primero de ellos establece, como base para la determinación del impuesto predial en tratándose de predios rústicos o fincas urbanas, el valor catastral determinado conforme a la Ley de Catastro. A su vez, en los artículos 30 y 55 de esta ley se faculta al Instituto Catastral de dicha entidad para que, a través del implemento de las tablas de valores unitarios, obtenga el avalúo de los inmuebles practicado por peritos, también autorizados por el instituto, y determine así el valor catastral. Si bien de tales artículos se desprende que una autoridad administrativa, como lo es el Instituto Catastral, determinará el valor catastral, tal determinación no la hace a su arbitrio, sino de acuerdo con los lineamientos previstos en la propia ley, especialmente en los artículos 6o., 26, 30, 31, 32, 33, 34, 50, 52, 54 y 55, entre otros, de los que se desprende que la ley define diversos conceptos, señala los pasos que deben darse, los índices a que hay que atender e incluso prevé un recurso a favor del contribuyente que no esté de acuerdo con la valuación. Es decir, en la ley se dan los lineamientos que debe seguir el Instituto Catastral al realizar los estudios técnicos para determinar la propuesta de valores unitarios. Si el legislador no entra en detalles, ello obedece a que se está en presencia de un fenómeno dinámico que requiere de un cuerpo especializado que tenga experiencia en esas materias, quien al emitir las tablas de valores fija índices que dan una razonable certeza o justificación racional para evitar arbitrariedades en contra de los gobernados. De ahí que, atendiendo al principio de reserva relativa que rige en materia de legalidad tributaria, la remisión que se hace al artículo 18 del reglamento para que fije el procedimiento al que dicho instituto deba sujetarse para la elaboración de las mencionadas tablas, no pueda considerarse como una deslegalización de la materia reservada, toda vez que el procedimiento establecido en el reglamento está claramente subordinado a la ley, y no se trata de una regulación independiente, con lo que se evita que la autoridad administrativa a su arbitrio fije el valor de las bases para determinar el valor del inmueble objeto del tributo. Sobre la base de las reseñadas premisas, resulta infundado lo que se arguye en torno a que no está definido en la ley cómo habrá de obtenerse el valor catastral, pues contra lo alegado, quien resuelve considera que el legislador sí estableció las bases legales para estar en condiciones de determinar los factores de incremento o demérito que deben considerarse para modificar los elementos que constituyen el valor catastral, para el valor de la construcción de los inmuebles objeto del tributo. Este juzgado no soslaya que las referidas tablas de valores no señalan cuáles son los factores de incremento para el presente ejercicio fiscal; sin embargo, esa omisión no depara perjuicio a la parte quejosa, porque la propia legislación estatal señala que esos factores son eventuales y no necesariamente deben ser materia de incremento cada año y, en el particular, no se advierte que en el presente año se incrementaran los valores respectivos, toda vez que los que se tomaron en consideración para el ejercicio fiscal inmediato anterior, respecto de las aludidas tablas de valor de construcción, expresan las mismas cantidades que se encontraban determinadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior; de ahí que, la omisión apuntada, no trascienda a la esfera jurídica de la quejosa. Asimismo, adversamente a lo que afirma la parte quejosa, quien resuelve no advierte ambigüedad en la redacción del artículo 23 de la Ley de Catastro, pues es claro al disponer que para determinar el valor catastral de los predios, se aplicarán los valores unitarios aprobados, de acuerdo con la fórmula VCAT = VT + VC, lo cual implica que el valor catastral será igual a la suma del valor del terreno (VT) y el valor de la construcción (VC), pues ese precepto sí señala cuáles son los elementos objetivos a partir de los cuales se debe fijar el valor del impuesto de que se trata. No se advierte actuación discrecional de la autoridad administrativa De igual forma, carece de sustento lo aducido en torno a que la legislación deja a los contribuyentes en estado de indefensión, porque permite que la asignación y actualización de los valores catastrales pueda modificarse por las autoridades dejando así en manos de la autoridad exactora su determinación, con independencia de los valores unitarios fijados en la multicitada Tabla, lo que considera da la posibilidad de actualizar de manera arbitraria dichos valores, dejándose a los contribuyentes en estado de desconocimiento sobre la manera en que se debe contribuir para el sostenimiento del gasto público, pues en cualquier momento, la base de tributación puede ser modificada al arbitrio de las autoridades administrativas. También es infundado lo que se aduce en torno a que la legislación catastral omite establecer cómo lo dispuesto en los planes y programas de desarrollo urbano y rural inciden en la determinación de los valores que se deberán ingresar a los inmuebles, para determinar la base gravable del impuesto. Al igual que lo anterior, carece de razón jurídica lo aducido en torno a que la tarifa con la cual se determina el valor catastral de inmuebles no indica el procedimiento específico para fijar tales valores; es decir, la ley catastral no establece los mecanismos que los ayuntamientos habrán de seguir para fijar los valores unitarios por metro cuadrado de terreno y de construcción. En efecto, son infundados los argumentos reseñados, porque como se analizó en líneas previas, es incorrecto considerar que la cantidad que se aplica a la base del impuesto conforme a la mecánica estipulada en los preceptos anteriores quede a discreción de la autoridad administrativa. En efecto, el valor catastral es la base gravable del impuesto predial y es la consecuencia de un proceso técnico de valoración que tome en cuenta las características intrínsecas del inmueble, así como las extrínsecas del mismo; en cambio, el valor de mercado es el resultado homologado de una investigación de mercado de bienes comparables al del estudio, donde imperan condiciones justas y equitativas entre la oferta y la demanda, lo que a la postre se traduce en un valor comercial, entendiéndose por éste la cantidad expresada en términos monetarios, mediante la cual se intercambiaría un bien en el mercado corriente de bienes entre un comprador y un vendedor que actúan sin presiones ni ventajas entre uno y otro, en un mercado abierto y competido, en las circunstancias prevalecientes a la fecha del avalúo y en un plazo razonable de exposición. Así se advierte del criterio sustentado en la tesis IV.2o.A.61 A, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, de Enero de 2004, materia administrativa, página 1530, que establece: IMPUESTO PREDIAL. DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR CATASTRAL Y EL VALOR DE MERCADO, CUYA EQUIPARACIÓN ESTÁ REGULADA EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL CATASTRO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, VIGENTE EN EL AÑO DOS MIL DOS. La Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León prevé en su artículo 21 bis-7 que: 'La base del impuesto será el valor catastral del inmueble, el cual será determinado conforme al procedimiento previsto en la Ley del Catastro. ...', en tanto que el artículo 17 de la Ley del Catastro vigente para el año dos mil dos, establece que: 'El valor catastral se obtendrá al aplicar para cada predio la operación aritmética consistente en multiplicar el número de unidades de suelo con las que cuenta el predio, por el valor unitario de suelo que le corresponda de entre los decretados por el Congreso del Estado; adicionado con el producto que resulte de multiplicar las unidades de construcción con las que cuente el predio, por el valor unitario de construcción que le corresponda de entre los decretados por el Congreso. ...'. De la interpretación sistemática de ambos numerales se desprende que el valor catastral es la base gravable del impuesto predial y es la consecuencia de un proceso técnico de valoración que tome en cuenta las características intrínsecas del inmueble, así como las extrínsecas del mismo; en cambio, el valor de mercado es el resultado homologado de una investigación de mercado de bienes comparables al del estudio, donde imperan condiciones justas y equitativas entre la oferta y la demanda, lo que a la postre se traduce en un valor comercial, entendiéndose por éste la cantidad expresada en términos monetarios, mediante la cual se intercambiaría un bien en el mercado corriente de bienes entre un comprador y un vendedor que actúan sin presiones ni ventajas entre uno y otro, en un mercado abierto y competido, en las circunstancias prevalecientes a la fecha del avalúo y en un plazo razonable de exposición. Luego, es patente que la diferencia entre estos dos tipos de valores estriba en que mientras el valor catastral constituye un valor administrativo que sirve de base para determinar el impuesto predial, y se considera como indicador de la riqueza de los habitantes de un inmueble, el valor de mercado o comercial equivale al promedio ponderado del valor físico y del valor por capitalización de rentas. De acuerdo con lo expuesto, los valores unitarios de construcción que sirven de base para calcular el valor catastral del inmueble, en tanto deben ser equiparables a su valor de mercado, se determinan atendiendo principalmente, al tipo de uso (habitacional o comercial), servicios públicos y actividad comercial que prevalece en la zona donde se ubica el inmueble de que se trata, así como a la dinámica inmobiliaria (oferta-demanda) y, por ende, debe estimarse que el legislador válidamente puede considerar dichos factores para actualizar los valores unitarios del suelo, tal como aconteció en el caso que nos ocupa, lo cual contrariamente a lo que se aduce en los conceptos de violación, no causa perjuicio a la parte solicitante del amparo. En ese sentido, resulta aplicable, en lo conducente, el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 123/2004, consultable en la página 1125, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, de Diciembre de 2004, materias constitucional y administrativa, que dispone: PREDIAL MUNICIPAL. LA REGULACIÓN DE LA MECÁNICA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO DEBE TOMAR EN CUENTA EN LO FUNDAMENTAL, EL VALOR DE LOS INMUEBLES. Del párrafo tercero de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforma y adiciona ese precepto constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, se advierte que el impuesto predial es concebido constitucionalmente como un impuesto de naturaleza real cuya base de cálculo debe ser el valor unitario de los predios y de las construcciones. Ahora bien, el citado artículo transitorio dispone que el predial se configura como un tributo en el que los principios de proporcionalidad y equidad tributarias se proyectan fundamentalmente sobre el proceso de determinación de los valores unitarios del suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, los cuales deben ser equiparables a los valores de mercado y a las tasas aplicables para dicho cobro; de ahí que dicho proceso de determinación y adecuación de los valores unitarios y de las tasas aplicables deban realizarlo las Legislaturas de los Estados en coordinación con los Municipios, lo cual es congruente con la reserva constitucional a las haciendas municipales de los recursos derivados de las construcciones sobre la propiedad inmobiliaria, así como de aquellas que tengan como base el cambio de valor de los inmuebles. Más aún, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la facultad otorgada a la autoridad administrativa para obtener un valor que incide en la base del impuesto, no implica una violación al principio de legalidad tributaria, cuando -como en el caso- tal actividad se realiza por un órgano técnico con base en los datos observados a lo largo del tiempo y mediante un análisis comparativo, así como con la aplicación del método Ross Heidecke, en las tablas de valores respectivas, lo cual es acorde con lo que se indicó en la jurisprudencia 2a./J.155/2006, consultable en la página 196, tomo XXIV, noviembre de 2006, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: LEGALIDAD TRIBUTARIA. SU ALCANCE CUANDO EL LEGISLADOR FACULTA A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA ESTABLECER EL VALOR DE UN FACTOR DE ACTUALIZACIÓN QUE INCIDE EN EL MONTO DE LA BASE GRAVABLE O EN LA CUANTÍA DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ACCESORIA. Para verificar el apego al principio de legalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los actos formal y materialmente legislativos en los que se faculta a una autoridad administrativa para establecer el valor de un factor que incide en el monto de la base gravable o tiene algún efecto sobre una obligación tributaria accesoria, pero constituye un parámetro que debe tomarse en cuenta por todos los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto normativo, resulta relevante distinguir si la actividad encomendada a quien la aplica, se limita a recabar un dato que deriva del mercado, o bien constituye un valor que por la naturaleza del fenómeno a cuantificar implica, necesariamente, que un órgano técnico con base en los datos observados a lo largo del tiempo, y del análisis comparativo que realice de éstos, obtenga el valor que trasciende al monto de la respectiva obligación tributaria. En el primer supuesto, si la ley únicamente dispone que ese valor o precio debe tomarse en cuenta para efectos tributarios, sin precisar el mecanismo que seguirá para conocerlo, ello no implica dejar al arbitrio de la autoridad la fijación del monto correspondiente, pues al señalar que debe considerarse el valor que las fuerzas del mercado fijan en un momento específico a un determinado bien o a un indicador económico, la actividad técnica de la autoridad administrativa se limita a capturarlo de la realidad económica, lo que no significa comparar datos observados en diversos momentos, sino simplemente acudir a lo que en un momento dado revela el mercado, por lo que no queda al arbitrio de órganos ajenos al Poder Legislativo la determinación de los elementos que trascienden al monto de las cargas tributarias de los gobernados, pues será la realidad económica que se ordena valorar y no la voluntad de las autoridades administrativas la que determine la afectación patrimonial que una contribución o una obligación tributaria accesoria representa para los gobernados, sin desconocer que el órgano técnico competente puede incurrir en una aplicación incorrecta de la ley por una apreciación equivocada de esa realidad. En cambio, en el segundo supuesto, como sucede por ejemplo con el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, sí es necesario que el legislador prevea qué procedimiento debe seguir el órgano técnico para obtener dicho valor, pues éste deriva de comparar el movimiento de los precios a lo largo del tiempo y para obtenerlo no basta con levantar datos del mercado relativos a un mismo momento, sino que se comparan diversos valores (precios del mes base y del mes al que se refiere el Índice), y es la necesidad de acotar el arbitrio para realizar tal comparación, en aras de respetar el principio de legalidad tributaria, lo que torna indispensable prever en un acto formal y materialmente legislativo el procedimiento al cual debe sujetarse el órgano técnico que lleve a cabo la cuantificación y comparación de los valores observados en diversos momentos, de manera que se impida su actuación arbitraria y, además, se genere certidumbre a los gobernados sobre los factores que inciden en la cuantía de sus cargas tributarias. Predios urbanos, suburbanos y rústicos En otro orden, la parte quejosa también señala que la ley no define qué debe entenderse por predios urbanos, suburbanos y rústicos. Lo alegado en esos términos deviene infundado, toda vez que la ley catastral sí define lo que debe entenderse por predios urbanos, suburbanos y rústicos. Con el propósito de evidenciar el anterior aserto, es conveniente señalar que el artículo 3, fracciones XI, X, XI, XII, XIII y XIV, de la Ley de Catastro, sobre el tema impugnado, establece lo siguiente: 3. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: [.] XI. Predio: a) El terreno urbano, suburbano o rústico, con o sin construcciones, cuyos linderos forman un polígono sin solución de continuidad; b) Cada una de las unidades que integran un condominio; XII. Predio edificado: El que tenga construcción permanente; XIII. Predio no edificado: Predios urbanos sin construcción, a excepción de: a) Los inmuebles que se ubiquen en las zonas designadas para la protección ecológica; b) Las áreas verdes y espacios abiertos de uso público; c) Aquellos que de acuerdo con el plan Director Urbano o la autoridad competente se declaren como zonas de reserva para uso habitacional; d) Los campos deportivos o recreativos funcionando como tales; e) Los estacionamientos públicos debidamente autorizados y en operación; f) Los que por su topografía extremadamente accidentada tengan un aprovechamiento restringido, y g) Las superficies dedicadas primordialmente a explotación agropecuaria; XIV. Predio ocioso: Aquel que encontrándose dentro o fuera del límite del centro de población tenga un uso o aprovechamiento distinto al que señala el Plan Director Urbano o la autoridad competente; XV. Predio rústico: El que se encuentre ubicado fuera del límite del centro de población, y su destino sea de producción agropecuaria, forestal, frutícola, minera o actividades equiparables; XVI. Predio urbano: a) El que se encuentre ubicado dentro de los límites de algún centro de población; y b) Los que encontrándose fuera de los límites de algún centro de población, por su uso de suelo y que cuente con más de dos servicios. XVII. Predio Suburbano: Los bienes inmuebles ubicados fuera de los perímetros de las poblaciones, con valores de mercado intermedios entre los urbanos y los rústicos, determinados por su proximidad a las poblaciones en proceso de crecimiento, aun cuando estén destinados a la explotación agrícola, pecuaria o industrial rural. Quedarán también comprendidos dentro de esta clasificación, los predios destinados a fraccionamientos denominados "campestres" o "granjas", o cualquier otro que sea fraccionado o lotificado y, en general, todas aquellas zonas fuera de los perímetros poblacionales donde se presten los servicios municipales de agua potable y energía eléctrica como máximo. [.] Como se advierte de esta transcripción, adversamente a lo que sostiene el solicitante del amparo, la legislación catastral sí define lo que debe entenderse por predios urbanos, suburbanos y rústicos y, al efecto señala que el predio es el terreno urbano, suburbano o rústico, con o sin construcciones, cuyos linderos forman un polígono sin solución de continuidad; así como cada una de las unidades que integran un condominio. Asimismo, define que el predio urbano es el que se encuentre ubicado dentro de los límites de algún centro de población; y los que, encontrándose fuera de los límites de algún centro de población, por su uso de suelo y que cuente con más de dos servicios. De igual manera define que los predios suburbanos son los que se encuentran ubicados fuera de los perímetros de las poblaciones, con valores de mercado intermedios entre los urbanos y los rústicos, determinados por su proximidad a las poblaciones en proceso de crecimiento, aun cuando estuvieran destinados a la explotación agrícola, pecuaria o industrial rural. Asimismo, consideró que también se consideran bajo esa denominación, los que están destinados a fraccionamientos denominados "campestres" o "granjas", o cualquier otro que sea fraccionado o lotificado y, en general, todas aquellas zonas fuera de los perímetros poblacionales donde se presten los servicios municipales de agua potable y energía eléctrica como máximo. Finalmente, la citada normatividad define al predio rústico como aquel que se encuentra ubicado fuera del límite del centro de población, y su destino sea de producción agropecuaria, forestal, frutícola, minera o actividades equiparables. De esta manera, adversamente a lo que señala la parte quejosa, la legislación sí define lo que debe entenderse por los conceptos de predios urbanos, suburbanos y rústicos; asimismo, establece elementos descriptivos, a partir de los cuales el contribuyente puede estar en condiciones de conocer objetivamente la naturaleza del predio del cual es causante del tributo, en ese sentido, en el aspecto impugnado, la legislación catastral sí brinda al sujeto pasivo del tributo los elementos para estar en condiciones de conocer cuáles son los mecanismos tomados en consideración por la autoridad recaudadora para definir el predio que tiene en propiedad; por ende, deviene infundado lo aducido en este aspecto. Por todo lo anterior, es inconcuso que como las normas reclamadas no son contrarias al principio de legalidad tributaria y, por ende, son infundados los motivos de disenso que se contestan en torno a la determinación del valor de construcción con el que se fija la base del impuesto predial en el ejercicio fiscal dos mil veinte. Apoya las anteriores consideraciones, por igualdad de contenido en las normas que interpreta, la tesis XVII.2o.8 A (10a.), aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, de agosto de 2020, Tomo VI, materias constitucional y administrativa, página 6255, del siguiente tenor: TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA (EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE), APROBADAS MEDIANTE DECRETO No. LXVI/APTVV/0108/2018 I P.O. NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, AL CONTENER UN APARTADO NOVEDOSO DENOMINADO "DEFINICIONES", QUE ESPECIFICA LOS CRITERIOS A TOMAR EN CUENTA PARA EL EFECTO DE CLASIFICAR LOS BIENES INMUEBLES CONFORME A SU TIPOLOGÍA. Conforme al antepenúltimo párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, las cuales revisten una importancia fundamental en la integración de los elementos que conforman el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, ya que impactan la base gravable de la contribución, por lo que las normas que contengan dichas tablas deben respetar los principios de justicia tributaria contenidos en el numeral 31, fracción IV, constitucional. En ese sentido, si las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve del Municipio de Juárez, contenidas en el decreto No. LXVI/APTVV/0108/2018 I P.O., cuentan con un apartado novedoso denominado "definiciones", en el que se especifican los criterios que debe tomar en cuenta la autoridad administrativa para el efecto de clasificar determinado bien acorde a su tipología, es evidente que no existe incertidumbre e inseguridad jurídica que afecte en ese sentido al gobernado, pues con ello las autoridades encargadas de cobrar el impuesto predial no podrán actuar discrecionalmente; de ahí que no violen el principio de legalidad tributaria. Máxime que las tablas aludidas son claras al indicar que se podrá acudir a la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, en específico a su artículo 3, cuando exista duda en ese sentido. APARTADO B. ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE TERRENO De la misma manera, es infundado lo que aduce la parte quejosa en lo relativo a que las "Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción", no hablan de la "determinación de zonas homogéneas de valor", así como tampoco dicho concepto resulta ser abstracto, impreciso e incierto; de igual forma, que la ley no establece las bases o parámetros que habrán de tomarse en cuenta para concluir que un inmueble se encuentra en un corredor de valor. En efecto, carece de fundamento lo aducido por la quejosa, toda vez que en las tablas de valores que son impugnadas sí se encuentran determinadas las zonas homogéneas de valor, así como se encuentra qué debe entenderse por una zona homogénea de valor; asimismo, se establecen los parámetros que habrán de tomarse en cuenta para determinar que un inmueble se encuentra en un corredor de valor. Lo anterior es así, ya que para obtener el valor del terreno de un inmueble, de conformidad con el citado artículo 23 de la Ley de Catastro de Chihuahua, deberá multiplicarse su superficie por el valor unitario del suelo que se contiene en las Tablas de Valores de Suelo aprobadas para el Municipio, en el cual se encuentra ubicado el predio, de acuerdo con la fórmula siguiente: VT = ST x VUS, donde: VT = Valor del Terreno ST = Superficie del Terreno VUS = Valor Unitario del Suelo Correspondiente a la zona homogénea o corredor de valor donde se ubica el inmueble. En este sentido, el artículo 21 del mismo ordenamiento legal -que forma parte del mismo esquema tributario aplicado a la quejosa- establece que las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, deben reflejar el valor de mercado. Asimismo, se tiene que, en el Anexo de la Tabla de Valores Unitarios para el suelo y construcción, se especifican los parámetros para clasificar un inmueble en un corredor de valor, que al mismo tiempo correctamente está ubicado en una zona homogénea, como así se señala en la sentencia recurrida. En efecto, para empezar en la aludida Tabla de Valores define lo que debe entenderse por suelo y terreno, así como la clasificación de este último. De igual forma, señala que el valor unitario es el determinado por unidad de medida en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas por el Congreso del Estado. Por otra parte, define que el sector catastral, es la división geográfica que establece la autoridad catastral municipal con respecto de su territorio y que agrupa a un número determinado de predios en función de su ubicación, y que la zona homogénea de valor, es una fracción de sector catastral, sector catastral completo o varios sectores catastrales, delimitado por una poligonal plasmada en cartografía municipal que tengan características similares, tales como infraestructura, servicios, topografía y cualquier otro elemento relacionado que incida en el valor de la zona homogénea, y al efecto, describe los elementos para la clasificación de 35 zonas homogéneas. En ese sentido, los elementos plasmados en la Tabla de Valores para los inmuebles ubicados en determinada zona homogénea, son el número de la zona, el número de sector, la colonia o fraccionamiento, el número de manzana, y el valor por metro cuadrado que le corresponde, de acuerdo a los anteriores elementos o factores, como a manera de ejemplo se visualiza la tabla siguiente: De igual forma, en lo que interesa la Tabla de Valores Unitario en comento, describe que un corredor de valor, es un tramo o toda una vialidad de una calle, avenida, boulevard, calzada, camino, carretera o andador urbano dentro de los límites de la ciudad, que por su mayor actividad comercial, industrial o de servicios, repercute en un mayor valor unitario de suelo por metro cuadrado de los predios colindantes con éste, independientemente de su acceso o entrada principal, así como la zona homogénea en la que se encuentre ubicado. Al respecto, como ya quedó asentado al principio de este apartado, para obtener el valor del terreno de un inmueble, de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Catastro de Chihuahua, deberá multiplicarse su superficie por el valor unitario del suelo que se contiene en las Tablas de Valores de Suelo aprobadas para el Municipio, en el cual se encuentra ubicado el predio, de acuerdo con la fórmula siguiente: VT = ST x VUS, donde: VT = Valor del Terreno, ST = Superficie del Terreno y VUS= Valor Unitario del Suelo Correspondiente a la zona homogénea o corredor de valor donde se ubica el inmueble. De manera que para obtener el valor del terreno correspondiente, se debe tomar en cuenta su superficie y el valor unitario del suelo correspondiente, ya sea de la zona homogénea, o bien del corredor de valor si el inmueble se ubica en uno de ellos, de los cuales ya se han descrito sus características; en ese tenor, en la Tabla de Valores en comento se ubican esos corredores, se indican las calles, avenidas, boulevares o calzadas principales, y las calles donde inician y concluyen esos corredores de valor, y se indica el valor unitario por metro cuadrado del inmueble según su ubicación, como se visualiza en la tabla siguiente: Lo anterior evidencia, que no se deja al arbitrio de la autoridad recaudadora, algún elemento para calcular el valor unitario del suelo en relación con un corredor de valor, puesto que se clasifican diversos corredores de valor, y como ya se dijo, se señalan los elementos que deben tomarse en cuenta para su clasificación, al margen de que estén clasificados en una zona homogénea, pues a partir de ahí se da la ubicación de aquéllos inmuebles que se encuentren en un corredor de valor. Es oportuno destacar que los Municipios deberán realizar una investigación con la participación de peritos valuadores autorizados, a fin de obtener el Estudio Integral de Valores de Mercado y, con base en ello, elaborarán las tablas de valores que someterán a la consideración del Congreso del Estado en el mes de octubre de cada año. Por su parte, el reglamento prevé la existencia de un Comité de Apoyo Técnico al Catastro, quien, según su artículo 3, tendrá por objeto brindar información, asesoría y consulta a las autoridades municipales en materia catastral; además, de su artículo 17 destaca que para el cumplimiento de los objetivos señalados en la Ley de Catastro y en ese mismo reglamento, las autoridades catastrales (siendo el referido Comité una de ellas), en el ámbito de su competencia, ejecutarán en forma enunciativa y no limitativa diversas operaciones, de entre las que destacan, la elaboración de tablas de valores y planos de zonas homogéneas de valor. En ese sentido, si los Ayuntamientos, a fin de obtener el Estudio Integral de Valores de Mercado, pueden auxiliarse en ese grupo de expertos, para que con base en sus opiniones realicen una propuesta de las tablas de valores, logrando así cuantificar los valores unitarios de referencia, acorde al valor de mercado correspondiente, tal y como lo prevé el artículo 21 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, es lógico pensar que si el legislador no detalló en la Ley de Catastro cómo debe calcularse el valor unitario de construcción y de suelo por metro cuadrado, obedece a que se está en presencia de un fenómeno dinámico que requiere de un cuerpo especializado que tenga experiencia en esas materias, quien al emitir las tablas de valores deberá fijar índices que den una razonable certeza o justificación racional para evitar arbitrariedades en contra de los gobernados, lo que no transgrede el principio de reserva de ley. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis XVII.2o.9 A (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 77, agosto de dos mil veinte, tomo VI, página 6267, registro 2021945, que dice lo siguiente: VALOR UNITARIO DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN. EL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CATASTRO DEL MISMO ESTADO, FACULTAN A UN GRUPO DE EXPERTOS DENOMINADO "COMITÉ DE APOYO TÉCNICO AL CATASTRO", PARA QUE PROPONGAN ANUALMENTE LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN, POR LO QUE, AL ESTAR REGULADAS TALES ATRIBUCIONES, SUS DETERMINACIONES SIRVEN DE SUSTENTO PARA CUANTIFICAR LOS VALORES UNITARIOS Y SU OBTENCIÓN. El artículo cuarto transitorio del decreto No. 112-04 1 P.O., por medio del cual se reformaron y adicionaron diversos artículos de la primera legislación en cita, establece que todos los Municipios deberán realizar una investigación con la participación de peritos valuadores autorizados, a fin de obtener el Estudio Integral de Valores de Mercado y, con base en ello, elaborarán las tablas de valores que someterán a la consideración del Congreso del Estado en el mes de octubre de cada año. Por su parte, el referido reglamento prevé la existencia de un Comité de Apoyo Técnico al Catastro, quien, según su artículo 3, tendrá por objeto brindar información, asesoría y consulta a las autoridades municipales en materia catastral; además, de su artículo 17 destaca que para el cumplimiento de los objetivos señalados en la Ley de Catastro y en ese mismo reglamento, las autoridades catastrales (siendo el referido Comité una de ellas), en el ámbito de su competencia, ejecutarán en forma enunciativa y no limitativa diversas operaciones, de entre las que destacan, la elaboración de tablas de valores y planos de zonas homogéneas de valor. En ese sentido, si los Ayuntamientos, a fin de obtener el Estudio Integral de Valores de Mercado, pueden auxiliarse en ese grupo de expertos, para que con base en sus opiniones realicen una propuesta de las tablas de valores, logrando así cuantificar los valores unitarios de referencia, acorde al valor de mercado correspondiente, tal y como lo prevé el artículo 21 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, es lógico pensar que si el legislador no detalló en la Ley de Catastro cómo debe calcularse el valor unitario de construcción y de suelo por metro cuadrado, obedece a que se está en presencia de un fenómeno dinámico que requiere de un cuerpo especializado que tenga experiencia en esas materias, quien al emitir las tablas de valores deberá fijar índices que den una razonable certeza o justificación racional para evitar arbitrariedades en contra de los gobernados, lo que no transgrede el principio de reserva de ley. En tales condiciones, al resultar infundados los motivos de inconformidad hechos valer por la parte quejosa, lo procedente, es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada por la parte quejosa. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 85/2020-I-1, en términos de lo analizado en los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******* por los motivos expuestos en el considerando último de esta resolución. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, a través de oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Elías David Valenzuela Grijalva y Otros.596/2019
- Elías David Valenzuela Grijalva y Otros.351/2017
- Elías David Valenzuela Grijalva y Otros.457/2021
- Elías David Valenzuela Grijalva355/2017
- Elias Escamilla Ángel446/2022
- Elías Vázquez Villa y Otros.65/2017
- Eliazar Solís Domínguez650/2016
- Eliel Salomón Sillas Salgado285/2017
- Elier Escalona Enrique1085/2022
- Eliezer Giralt Brito y Otros.110/2021
- Elio Ruben Ruíz Sánchez917/2017
- Elio Rubén Ruíz Sánchez719/2017