Elio Ruben Ruíz Sánchez

Expediente 917/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
917/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
20/02/2018

Partes del expediente

  • Elio Ruben Ruíz Sánchez y Otros.
  • Elio Ruben Ruíz Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia en que se sobreseyó, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por ende, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa y se sobreseyó, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, no tiene valor jurídico, no constan documentos originales y no hubo oposición a la publicación de datos personales, así como que es susceptible de destrucción. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de depuración. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 917/2017-IV. RESULTANDO PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Ciudad Juárez, el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, turnado a este Juzgado el mismo día, ***************, promovió juicio de amparo contra los actos y autoridades siguientes: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- a).- SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS RECAUDACIÓN DE RENTAS EN ESTA CIUDAD, en su carácter de ordenadora, con domicilio conocido en esta ciudad. b).- JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, el LIC. *************** derivada de la causa penal 1033/15, en su carácter de ordenadora, con domicilio conocido en esta ciudad. c).- MINISTRO EJECUTOR FISCAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS RECAUDACIÓN DE RENTAS EN ESTA CIUDAD, en su carácter de ejecutora, con domicilio conocido en esta ciudad. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, señalo como actos reclamados a las Autoridades en su carácter de Ordenadora y Ejecutora lo siguiente: a).- El cobro inconstitucional de una multa penal impuesta por un juez de control dentro de la causa penal 1033/15, por la cantidad de $4,002.00 (CUATRO MIL DOS PESOS 00/100 M.N.). b).- La imposición de una multa penal, sin APERCIBIRME, PREVENIRME Y/O ADVERTIRME que en caso de no comparecer en la hora y fecha a la celebración de esa audiencia intermedia, sería multado en dicha audiencia, es por ello que reclamo la CANCELACIÓN DE ESTA MULTA PENAL que me fue impuesta. Así como también se reclama que dicha multa es demasiado excesiva, NO es la adecuada, NO es congruente, NO es proporcional, no se me dijo las circunstancias que motivaron y justificaron el monto tan elevado de la multa penal, es decir, las circunstancias que dieron origen a ese monto, no se me desglosaron, no se me dijo si esas circunstancias están plenamente probadas con datos objetivos, si esas circunstancias están plenamente fundadas y motivadas. NO se me notificó personalmente la existencia de dicha multa, para así poder defenderme y rebatir los hechos y poder justificarme de las circunstancias que dieron origen a esa multa. c).- De la Ejecutora se reclama, la ejecución de los actos reclamados a la Ordenadora que tienen como fin cobro de dicha multa penal. SEGUNDO. Derechos que el quejoso estima vulnerados. El quejoso señala como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite de la demanda. En auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete (foja 10), se admitió a trámite la demanda de amparo, quedando registrada bajo el expediente 917/2017-IV, se requirió a las autoridades responsables para que rindieran sus informes justificados, se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede, quedando los autos en estado de dictar sentencia, que es lo que ahora se hace. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues los actos reclamados tienen su ejecución dentro del territorio donde este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: Del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: La imposición de una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalentes a $4,002.00 (cuatro mil dos pesos moneda nacional 00/100), en diligencia de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, celebrada en la causa penal 1033/2015, en la cual se llevaría a cabo la audiencia intermedia. Del Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina de Recaudación de Rentas del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez: El cobro de la multa impuesta por el Juez de Control responsable. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado (foja 17), manifestó que es cierto el acto reclamado. Asimismo, remitió certificación del extracto que estimó conducente, de las audiencias de veintiuno de agosto y cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, celebradas dentro de la causa penal 1033/2015, de los que se desprende que, en la primera de ellas, señaló las once horas con quince minutos del cuatro de septiembre del año señalado, para llevar a cabo la audiencia intermedia y de conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, tuvo por notificados de ello, entre otras partes, al defensor particular ***************, aquí quejoso; mientras que, del segundo, se desprende que no fue posible llevar a cabo la audiencia intermedia, pues entre otras partes, el defensor particular, aquí quejoso, no compareció. Medios de prueba que conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, cuentan con valor probatorio pleno, pues su contenido fue extraído y certificado respecto de las audiencias llevadas a cabo en las fechas señaladas, por un servidor público en ejercicio de sus funciones, dotado de fe pública, como lo es el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. Por su parte, el Jefe del Departamento Jurídico Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, en representación del Titular de dicha Secretaría y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina de Recaudación de Rentas del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez, en su informe justificado (foja 28), manifestó que es cierto el acto que se les reclama, consistente en el cobro de la multa impuesta al quejoso por el Juez de Control responsable, para lo cual, inició procedimiento administrativo de ejecución. Así pues, se tienen como ciertos los actos reclamados. Cobra aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 2000, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación que expresa el quejoso, corresponde analizar si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispuesto por el numeral 62 del propio ordenamiento legal. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia número II.1o. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, aduce, en su informe justificado, que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues el quejoso debió interponer en contra del acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo, el recurso de revocación previsto en el artículo 399, fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Conforme a dicho numeral, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Esto es, en ese supuesto, el quejoso deberá agotar, antes de acudir al juicio de amparo, el medio de defensa ordinario que la ley del procedimiento prevea, lo que se conoce como principio de definitividad, el cual, conforme al propio numeral que lo contiene, tiene algunas excepciones: Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando se trate de órdenes de aprehensión o reaprehensión, providencias precautorias, medidas cautelares restrictivas de la libertad, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, Cuando se trate de personas extrañas al procedimiento, y Cuando se trate de auto de vinculación a proceso. Asimismo, el citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la materia, en su último párrafo, establece un supuesto en el cual el quejoso puede optar por agotar el recurso ordinario o acudir directamente al juicio de amparo: Cuando la procedencia del medio de defensa ordinario se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Indicado lo anterior, se tiene que los artículos 399, fracción I, 411 y 412, primer párrafo, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, disponen lo siguiente: Artículo 399. Reglas generales. Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. En el proceso penal sólo se admitirán los siguientes recursos, según corresponda: Revocación; Artículo 411. Procedencia. El recurso de revocación procederá solamente contra las resoluciones que resuelvan sin sustanciación un trámite del proceso, a fin de que el mismo juzgador que las dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Artículo 412. Trámite. La revocación de las resoluciones pronunciadas durante audiencias orales deberá promoverse tan pronto se dictaren y sólo serán admisibles cuando no hubieren sido precedidas de debate. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato, y de la misma manera se pronunciará el fallo. La primera de las citadas normas, prevé el recurso de revocación; el cual, conforme a la segunda de ellas, procede contra resoluciones que resuelvan sin sustanciación un trámite del proceso, a fin de que el propio juzgador que las dictó, las examine nuevamente y dicte la resolución que corresponda; cuya tramitación se prevé en el último de dichos numerales. Así pues, el quejoso debió hacer valer en el recurso de revocación descrito, antes de acudir al juicio de amparo. Se afirma lo anterior, pues el quejoso no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no es ninguno de los descritos por los incisos a), b) y d), de dicho numeral, ni el quejoso es tercero extraño dentro del proceso penal del que derivan los actos reclamados. Por lo tanto, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, conforme al artículo 65, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclamaron al Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina de Recaudación de Rentas del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez, pues no se les atribuyeron vicios propios. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por ***************, en relación con los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.*

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de enero de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexos remitidos por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en alcance al informe con justificación, y dese con su contenido vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de noviembre de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Organiza del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada ********, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado remitido por el Jefe del Departamento Jurídico Fiscal, en representación de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y Ministro Ejecutor Fiscal adscrito a la Recaudación de Rentas en el Municipio de Juárez; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se tienen como delegados de tal autoridad, a los profesionales propuestos, y como domicilio, el indicado, de conformidad con los numerales 9 y 28 de la ley de la materia. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.

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