Elisa Pérez del Real

Expediente 339/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
339/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Elisa Pérez del Real

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, de conformidad con lo establecido en artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Valoración del cuaderno incidental En cuanto al incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión provisional y la definitiva el incidente de suspensión original es destruible, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora bien, toda vez que en el presente expediente, existen documentos originales, indíquese a la parte actora que cuenta con un plazo de noventa días computados a partir del día siguiente al en que quede legalmente notificada del presente proveído, para acudir a este órgano jurisdiccional a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo, éste documento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese por lista electrónica a las partes, personalmente a la parte quejosa, y, por oficio a las autoridades responsables y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 339/2023-I, promovido por *******, y Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común, de los Juzgados de Distrito, en esta Ciudad, y turnado a este Juzgado el mismo día, *******, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Secretario de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, Aduana de Ciudad Juárez (en su denominación correcta) y Actuante adscrito a la Aduana de Ciudad Juárez, *******, de quienes reclamó: IV. ACTO RECLAMADO: De las autoridades ordenadoras reclamo la ilegalidad de la acta de embargo precautorio sobre el vehículo que es de mi propiedad y posesión que cuenta con las siguientes características; Vehículo marca *******, tipo *******, modelo ******* y con número de serie *******. De las autoridades ejecutoras reclamo el cumplimiento y ejecución del acto reclamado. Segundo. Tramitación de la demanda. Previa aclaración, por auto de once de abril de dos mil veintitrés, la demanda de amparo se registró con el número 339/2023-I-2, se solicitó a la autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diferida tuvo verificativo de acuerdo al acta que antecede Tercero. Derechos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclama un procedimiento administrativo que se tramita en el territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados a las autoridades responsables. Del análisis de la demanda y de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la parte quejosa reclama la ilegalidad de la acta de embargo precautorio respecto del vehículo que refiere es de su propiedad y posesión, marca *******, tipo *******, modelo ******* y número de serie *******. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, negó categóricamente el acto atribuido por la parte quejosa, sin que ésta haya aportado medio de convicción efectivo alguno a fin de desvirtuarlo. En virtud de lo anterior, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo respecto de los actos reclamados a tal autoridad responsable, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.). IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.). Cuarto. Existencia del acto reclamado. El Titular de la Aduana de Ciudad Juárez, aceptó la existencia del acto atribuido por la quejosa, esto es, que efectivamente se realizó el embargo precautorio en relación al vehículo marca *******, tipo *******, modelo *******y número de serie *******, sin embargo, el procedimiento administrativo en materia aduanera fue instruido en contra de Rafael Espinoza Morales, tal y como se asentó en el acta de hechos número *******, el trece de septiembre de dos mil veintidós, remitiendo para acreditar su dicho copia certificada del cuadernillo que conforma el acta de inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número *******. Misma consideración debe hacerse respecto de la autoridad responsable Actuante adscrito a la Aduana de Ciudad Juárez, *******, quien fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante que fue debidamente notificado para ello, tal y como se desprende de la constancia de notificación que obra a foja 54 del sumario, por lo que, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como cierto el acto que se le atribuye, lo que se corrobora con la documental enviada por la Aduana de Juárez. Las constancias remitidas por la autoridad responsable, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Quinto.- Improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice así: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Este juzgado advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en razón de que los actos reclamados no afectan el interés jurídico de la quejosa. Dicho precepto y fracción disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] Esta causal, tiene su fundamento en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que contiene el principio de "instancia de parte agraviada" en el juicio de amparo, pues en lo que interesa, establece: 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] Asimismo, el artículo 6º del ordenamiento legal en cita, a la letra establece: 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. [.] Del contenido de los artículos transcritos, se advierte que los juicios de amparo sólo pueden ser promovidos por las partes a quienes perjudique directamente la ley o el acto reclamado, es decir, que constituye un requisito de procedibilidad para el estudio de su constitucionalidad, que el acto reclamado perjudique en forma personal y directa a la parte quejosa, de tal forma que sólo podrá analizarse el fondo del asunto, si se satisface el requisito previo del acreditamiento del perjuicio. Al respecto cabe decirse que los tribunales de la Federación han estimado qué debe entenderse por interés jurídico en el amparo, según se advierte de la jurisprudencia visible en el Semanario judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIIIDiciembre, Tesis: VI. 3o. J/26, Página: 117, cuyo rubro y contenido son: INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías. Asimismo, en la jurisprudencia 854, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, a foja 582, que a la letra dice: INTERÉS JURIDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. Ahora bien, la parte quejosa señala como actos reclamados, la ilegalidad del embargo precautorio respecto del vehículo que refiere es de su propiedad marca *******, tipo *******, modelo ******* y número de serie *******, así como la falta de notificación del procedimiento instruido por parte de la Aduana de Ciudad Juárez; pues considera que la ejecución del acto vulnera sus derechos fundamentales. Ahora bien, en el capítulo de antecedentes de la demanda bajo protesta de decir verdad manifestó lo siguiente: 1.- En mi carácter de quejosa manifiesto bajo protesta de decir verdad que soy propietaria del vehículo marca *******, tipo *******, modelo ******* y con número de serie *******. 2.- El día 09 de marzo del año en curso la presente quejosa tuvo conocimiento que el C. *******, personal actuante adscrito a la Aduana de Ciudad Juárez, había embargado el vehículo antes descrito y que es de mi propiedad. Y que lo había embargado a través de un acta de hechos o acta de embargo, porque supuestamente mi pareja actual quien iba conduciendo el vehículo de mi propiedad marca *******, tipo *******, modelo ******* y con número de serie *******, había incumplido con la ley y que por eso tenían que embargarle el vehículo ya señalado. 3.- Lo anterior lo supe a raíz de que me comento mi pareja lo sucedido ya que yo me encontraba fuera de la ciudad ya que también soy ciudadana americana, sin embargo hasta la fecha no me has (sic) notificado sobre algún proceso oh (sic) el porque el supuesto embargo precautorio sobre el vehículo que es de mi propiedad por parte de la Aduana de Ciudad Juárez, situación que me deja en estado de indefensión y desconocimiento, pues en primer lugar desconozco porque el embargo de mi vehículo ya que como mencione nunca he recibido notificación, explicación motivada y fundamentada sobre dicho embargo y tampoco he sido oída y vencida en algún proceso legal en el cual me pueda enterar y defender sobre el acto realizado por la Aduana de Ciudad Juárez, situación que me deja en un estado de indefensión e incertidumbre jurídica o legal sobre lo sucedido, razón por la cual acudo ante su señoría para solicitar la protección federal. [.] Para acreditar su interés jurídico la quejosa en este juicio de amparo exhibió: Copia simple del pasaporte con número *******, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a nombre de la quejosa *******. Copia simple de Acta de Hechos número *******, de fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, de la cual se desprende que se trata de un vehículo marca *******, Tipo *******, Serie *******, línea *******, Modelo *******, Placas *******, color *******, Estado Texas. Copia simple de un recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de Manuela del Real. Copia simple de la constancia de la Clave Única de Registro de Población a nombre de la quejosa. Documento en idioma inglés, del cual no se desprende el nombre de la quejosa. Escrito signado por ******* del cual se desprende que refiere ser propietario y/o poseedor del vehículo marca *******, Tipo *******, Serie *******, línea *******, Modelo *******, Placas *******, color *******, Estado Texas, dirigido al administrador local de la aduana de Ciudad Juárez y/o Jefe de Departamento de la Aduana de Ciudad Juárez. Documentales que cuentan con valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los numerales 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°. Sin embargo, las documentales de referencia resultan legalmente insuficientes para acreditar el interés jurídico de la promovente de amparo para defender el vehículo de que se trata, en atención a las siguientes consideraciones: En el caso, la quejosa se ostenta como tercero extraña al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número *******, instaurado contra *******, dada la falta de emplazamiento a ese controvertido. En ese sentido, el supuesto básico de procedencia del juicio de garantías es que se acredite un derecho legítimamente tutelado, esto es, la legítima posesión del inmueble o mueble materia de la litis con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias, y así la afectación a su esfera jurídica con la emisión del acto que se reclama y su ejecución. Esto es así, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido dicho criterio, de manera que la promovente debe tener una base objetiva que fundada y razonablemente produzca convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión, porque la tenencia que se protege mediante el juicio de amparo es la que se funda precisamente en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia P./J.I/2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, página 5, correspondiente a la Novena Época, cuyo rubro y contenido son: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. En ese contexto, resulta inconcuso que la quejosa necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo a la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al juez los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Ahora bien, aduce la quejosa que es propietaria del vehículo que defiende en esta vía; sin embargo, esta juzgadora considera que la garante no demuestra tener un derecho legítimamente tutelado por la ley respecto del mismo, toda vez que al ser el acto reclamado en el presente amparo lo actuado en el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número *******, instaurado contra *******; vehículo respecto del cual, la quejosa argumenta tener la posesión y ser propietaria; todo ello, derivado de la falta de emplazamiento al procedimiento administrativo, es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la propiedad que aduce tener, pero no se demostró ese extremo, es decir, no se aportaron elementos de prueba que justifiquen la propiedad que dice detentar, por lo cual, resulta inconcuso, que no acredita la afectación a su esfera jurídica con los actos que reclama en el presente juicio de garantías, al no encontrarse legitimada para promover la acción de amparo, por no haber demostrado contar con la propiedad o en su caso la posesión que tutela el artículo 14 constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, página 1676, correspondiente a la Novena Época, con rubro y texto que a la letra dicen: POSESIÓN QUE AMPARA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. No es el simple hecho de la ocupación, sin título alguno en el que pueda apoyarse, la que tutela y protege el juicio constitucional, puesto que no basta la circunstancia de encontrarse una persona detentando un bien inmueble para presumir que por sí sola tiene la posesión, si no se allega para su fundamento algún título que conduzca a la protección constitucional del derecho de posesión correspondiente. Así, a reserva de que ante las autoridades comunes se dilucide si el derecho a la posesión que emana de un título es legítimo o no, el juicio de garantías, salvaguarda inquebrantable de respeto e inviolabilidad de los derechos del hombre, no puede proteger la simple ocupación sin título, porque esta detentación no debe estimarse como posesión. En esa virtud, por falta de ese interés que la ley protege, no puede estimarse que los actos que reclama la quejosa puedan afectarle, ni causarle perjuicios, en virtud que los documentos con los que pretende acreditar la propiedad del vehículo que defiende y a su vez su interés jurídico, no se encuentran a su nombre, y algunos se encuentran redactados en un idioma distinto del castellano. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada XV.1o.21 C emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, que se publicó en el visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, página 431, con registro 200916, del rubro y texto: DOCUMENTOS PÚBLICOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO. PARA QUE TENGAN VALIDEZ EN EL PAÍS REQUIEREN DE LA "APOSTILLA" QUE EXIGE LA CONVENCIÓN PROMULGADA EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA CATORCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. La sola traducción del documento público proveniente del extranjero, es insuficiente para darle valor probatorio, pues si bien es cierto que fue derogado el artículo 131 del Código Federal de Procedimientos Civiles que exigía su legalización por la Secretaría de Relaciones Exteriores, no menos cierto resulta que en el Diario Oficial de la Federación de fecha catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco se publicó la "Convención por la que se suprime el requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros", aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la cual en su artículo 1o., establece cuáles son considerados documentos públicos y en el artículo 2o., dispone: "Cada Estado contratante eximirá de legalización a los documentos a los que se aplique la presente Convención y que deban ser presentados en su territorio. La legalización, en el sentido de la presente Convención, sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente." En su artículo 3o., prevé: "La única formalidad que pueda exigirse para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esté revestido, será la fijación de la apostilla descrita en el artículo 4o., expedida por la autoridad competente del Estado del que dimane el documento. Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o usos en vigor en el Estado en que el documento deba surtir efecto, o bien un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o dispensen de legalización al propio documento." Atento a lo anterior, en nuestro sistema, para certificar la autenticidad de un documento público proveniente del extranjero, se requiere de la fijación de la "apostilla" descrita en el artículo 4o. de la referida Convención, pues no existe precepto que rechace, simplifique o dispense de legalización al propio documento. Tampoco es óbice que en su escrito constitucional, la peticionaria del amparo haya narrado, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, pues ello no acredita su interés jurídico, en la medida en que era necesario que aportara pruebas fehacientes en ese sentido, según así fue razonado. Lo que encuentra sustento jurídico, en la jurisprudencia 3a./J. 27/90, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 207221, inscrita a foja 229, tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés. Corolario a lo anterior, es indiscutible que la quejosa no acredita que es titular de algún derecho sobre el vehículo marca *******, Tipo *******, Serie *******, línea *******, Modelo *******, Placas *******, color *******, Estado Texas, que pretende defender en esta vía, así como que de las constancias remitidas se advierte que el procedimiento de origen se inició en contra de Rafael Espinoza Morales; por tanto, no justifica que el acto que reclama lesione sus intereses jurídicos en su persona o en su patrimonio. Es aplicable, la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2423, del Tomo LXII, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: POSESION, CUAL ES LA QUE AMPARA EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. El simple hecho de la ocupación no se encuentra tutelado por el juicio constitucional, en virtud de que la circunstancia de encontrarse a una persona en casa, no puede hacer presumir por sí sola, que tiene la posesión, si no se alegó por ella título alguno, pues constituyendo la posesión una manifestación social del derecho de propiedad, para ser protegido por el juicio de amparo, debe fundarse en algún título bueno o malo, a reserva de que ante las autoridades comunes, se dilucide si el derecho a la posesión que emana de ese título, es o no, legítimo: pero mediante el recurso extraordinario no puede protegerse al simple aceptante sin título alguno en que pueda apoyarse el hecho de la posesión, ya que sería absurdo que el propio recurso, por excelencia consagrado institucionalmente, como garantía inquebrantable de respeto e inviolabilidad para los derechos del hombre, pudiera servir de defensa en el torpe sostenimiento de posesiones ilegítimas y aun delictuosas, posesiones cuya legalidad pretende probarse por medio de testigos ineficaces. En ese orden, es evidente que la peticionaria no satisface lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley de Amparo, lo que provoca que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la propia ley, debido a que los actos aquí combatidos no trascienden a su esfera jurídica de tal forma que le causen un perjuicio personal y directo en sus derechos legítimamente tutelados. En las relacionadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia que se analiza, procede el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Al resultar improcedente la acción de garantías y ante el sobreseimiento decretado, este juzgador se encuentra legalmente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 1027, visible en la página 707 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, por las razones precisadas en los considerandos tercero y cuatro de la presente determinación. Notifíquese por lista electrónica, a través de juicio en línea a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado de autos y de la certificación que antecede, se advierte que existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional programada para el día de hoy, en virtud de que el informe justificado rendido por el Titular de la Aduana de Ciudad Juárez, con sede en Chihuahua de la Agencia Nacional de Aduanas de México, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto es, no se presentó con los ocho días de anticipación a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las once horas con treinta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo a lo anterior, dadas las razones expresadas la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, Materia Común, que se consulta en la página 151, con registro 170081, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial. Notificación por lista electrónica a las autoridades responsables Los acuerdos de trámite de menor trascendencia se notificaran por lista a las partes, entre ellas a la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado, rendido por el Titular de la Aduana de Ciudad Juárez, con sede en Chihuahua de la Agencia Nacional de Aduanas de México, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación legal de la Autoridad demandada; en atención a su contenido, de conformidad con los artículos 117 y 119, de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de las documentales que lo acompañan, dese vista a las partes a fin de que estén en posibilidad de realizar las manifestaciones legales que a su interés convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Delegados y domicilio Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante designando como delegados a las personas que indica en su informe y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa. Pruebas La autoridad responsable ofrece como pruebas de su parte la documental que indica y anexa a su informe, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza. En la inteligencia que la instrumental de actuaciones se constituye con las constancias que obran en el sumario; mientras que la presuncional legal y humana es la consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva; probanzas que de cualquier forma el juzgador tomará en consideración al emitir la resolución correspondiente, pues no tienen entidad propia, al ser medios de convicción que se obtienen del seguimiento del juicio respectivo. Sin perjuicio de hacer relación de éstas en la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Causas de sobreseimiento Por otro lado, respecto a las causas de sobreseimiento que hace valer la autoridad oficiante, se proveerá lo conducente al momento de resolver el fallo definitivo. Notifíquese por lista electrónica a las partes y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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