Elias Rodriguez Heras

Expediente 347/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
347/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Elias Rodriguez Heras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de cuenta, firmado electrónicamente por ********************, en su carácter de autorizado del quejoso ********************, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente expediente; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del escrito de expresión de agravios a este expediente, distribúyanse las otras entre las demás partes, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítanse estos autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, con residencia en la ciudad de Oaxaca, para la sustanciación del recurso. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 347/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diez de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal,********************por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados del Agente Municipal y Síndica Municipal de Santa Catarina Cuanana, Santiago Yosondúa, Tlaxiaco, Oaxaca, que estima violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 4º, párrafo VI, 14, 16, 17, 22 y 27, párrafos VI y V, de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Admisión de demanda. En proveído de once de abril de dos mil veintitrés, este juzgado federal radicó la demanda de amparo con el número 347/2023, y previno a la parte quejosa para que la aclarara; lo que cumplió mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, y en auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, desechó la demanda de amparo respecto del acto reclamado de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básico, con sede en Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, y la admitió por las restantes autoridades, a quienes solicitó su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; tomando en consideración que los actos se atribuyen a autoridades residentes dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)", es necesario delimitar los actos combatidos que se desprenden de la demanda. En ese sentido, se advierte que********************reclama del Agente Municipal y de la Síndica Municipal, ambos de Santa Catarina Cuanana, Santiago Yosondúa, Tlaxiaco, Oaxaca: La multa de veinte mil pesos moneda nacional, impuesta en Asamblea General de Ciudadanos de esa comunidad, celebrada el ocho de enero de dos mil veintitrés, por no cumplir su cargo de miembro del Consejo Electoral. El corte del suministro de agua potable en su domicilio ubicado en el paraje Las Trojas, de Santa Catarina Cuanana, Santiago Yosondúa, Tlaxiaco, Oaxaca. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Síndica Municipal de Santa Catarina Cuanana, Santiago Yosondúa, Tlaxiaco, Oaxaca, no rindió informe justificado, no obstante haber sido emplazada al presente juicio de amparo, el once de mayo de dos mil veintitrés, como se demuestra con la copia certificada del acuse de recibo glosado en foja ciento treinta del expediente físico; sin embargo, no ha lugar a presumir ciertos los actos que se le atribuyen, de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, pues el propio quejoso en su escrito aclaratorio de demanda, manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el quince de marzo de dos mil veintidós, aproximadamente a las seis horas con treinta minutos, el Agente Municipal, acompañado de un grupo de personas, escalaron el poste de luz y realizó el corte de la energía eléctrica que abastece su domicilio, posteriormente, a las diez horas de ese mismo día, se presentó el comité del agua de esa población y realizaron el corte de servicio de agua potable que abastece su domicilio; esto es, no atribuye a la Síndica Municipal responsable la materialización de los aludidos actos reclamados. Aunado a que de las documentales que anexó el Agente Municipal de Santa Catarina Cuanana, Santiago Yosondúa, Tlaxiaco, Oaxaca, se demuestra que en Asambleas Comunales de esa población, celebradas el veintiuno de enero de dos mil veintitrés, y doce de marzo de dos mil veintitrés, se acordó, en la primera, la imposición de la multa de veinte mil pesos a********************y en la segunda, que se suspendieran a********************los servicios de agua potable y energía eléctrica en su domicilio; y las actas respectivas fueron firmadas por el Agente Municipal, y el Presidente, Secretario, Primero y Segundo Escrutadores de la Mesa de Debates de esa Asamblea; sin que en ellas interviniera la Síndico Municipal. Por tanto, tampoco ordenó esos actos la aludida autoridad responsable. De ahí que no existen los actos que se atribuyen a la Síndica Municipal de Santa Catarina Cuanana, Santiago Yosondúa, Tlaxiaco, Oaxaca; por consiguiente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Agente Municipal de Santa Catarina Cuanana, Santiago Yosondúa, Tlaxiaco, Oaxaca, al rendir su informe justificado manifestó que esa población tiene un régimen de gobierno de usos y costumbres, siendo el mayor órgano de representación la Asamblea de ciudadanos, representada por la Agencia Municipal, quien nombró a********************como representante del Consejo Electoral Municipal para renovar autoridades para la administración de los años dos mil veintitrés a dos mil veinticinco; por lo que al incumplir con su encargo se le impuso multa. Ahora bien, de las documentales que anexó, se demuestra que en Asambleas Comunales de esa población, celebradas el veintiuno de enero de dos mil veintitrés, y doce de marzo de dos mil veintitrés, se acordó, en la primera la imposición de la multa de veinte mil pesos a********************y en la segunda, que se suspendieran a********************entre otros, el servicio de agua potable en su domicilio, derivado del no pago de la aludida multa; y las actas respectivas fueron firmadas por el Agente Municipal, entre otros miembros de la Mesa de Debates de esa Asamblea. De lo que deriva la existencia de los actos reclamados. QUINTO. Causas de Improcedencia. Antes de estudiar la materia de fondo de la litis constitucional, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que de advertir que se actualiza una causa de improcedencia que impida la resolución de la contienda en el fondo, se debe sobreseer; tópico que es de obligado examen lo invoquen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, este Juzgado Federal considera que respecto del acto reclamado consistente en: La multa de veinte mil pesos moneda nacional, impuesta al quejoso en Asamblea General de Ciudadanos de Santa Catarina Cuanana, Santiago Yosondúa, Tlaxiaco, Oaxaca, celebrada el ocho de enero de dos mil veintitrés, por no cumplir su cargo de miembro del Consejo Electoral. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." Es así, porque de las documentales que ofreció el Agente Municipal de Santa Catarina Cuanana, Santiago Yosondúa, Tlaxiaco, Oaxaca, se demuestra que en Acta de Asamblea General de Ciudadanos de la mencionada Comunidad, celebrada el ocho de enero de dos mil veintitrés, se abordó el tema de la multa impuesta a********************por no cumplir su cargo de Miembro del Consejo Electoral que se le había otorgado; de igual forma, en Asamblea General celebrada el veintiuno de enero de dos mil veintitrés, en el punto cuarto del orden del día, se acordó que********************debería pagar la multa de veinte mil pesos, por no cumplir con su nombramiento como representante electoral y se le otorgó el plazo de ocho días para pagarla (foja 65), y en la lista de asistentes a esa asamblea se encuentra ******************** (foja 70); posteriormente, en Acta de Asamblea Ciudadana, de doce de marzo de dos mil veintitrés, en el punto ocho del orden del día, se asentó que el Agente Municipal preguntó cuáles serían las resultas del asunto de********************quien no ha pagado su sanción, y la asamblea acordó que de continuar en su negativa de pagar, se le suspenderían los servicios de agua potable y energía eléctrica. Y en la lista de asistentes a esa asamblea se encuentra ******************** (fojas 85, 86 y 91). Lo que se corrobora con la propia manifestación del quejoso, bajo protesta de decir verdad, en su demanda de amparo, en el apartado de "hechos", puntos cuatro y cinco, en que refiere textualmente lo siguiente: "[.] 4. [.] tomé la decisión de salir a trabajar, y cuando regreso a mi comunidad en el mes de noviembre del mismo año, me encontré con la triste realidad que ya me habían impuesto una multa de $20,000 pesos, así como me avisan que estaba privado de mis derechos y de no poder dar mi opinión en las asambleas. 5. En el mes de enero de dos mil veintitrés, cuando entraron las nuevas autoridades representadas por Miguel Soria López, de igual manera me vuelve a decir que tenía una multa y me dio un plazo de ocho días para poder pagar la cantidad de $20,000 pesos, a lo que yo al no estar de acuerdo con esa multa decidí no darla, además de que mis condiciones económicas no me lo permitían." De lo que deriva, que al menos, desde el veintiuno de enero de dos mil veintitrés, el quejoso tuvo conocimiento de la multa de veinte mil pesos que reclama. Por tanto, consintió tácitamente esa multa, porque el plazo de quince días hábiles con que contaba el quejoso para promover la demanda de ahora, en su contra, transcurrió con evidente exceso al plazo legal de quince días que tiene para promoverlo, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que la demanda que dio origen al presente juicio de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el diez de abril de dos mil veintitrés. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. SEXTO. Análisis de fondo del asunto. La parte quejosa aduce que el acto reclamado del Agente Municipal de Santa Catarina Cuanana, Santiago Yosondúa, Tlaxiaco, Oaxaca, consistente en el corte del suministro de agua potable en su domicilio ubicado en el paraje Las Trojas, de Santa Catarina Cuanana, Santiago Yosondúa, Tlaxiaco, Oaxaca, es violatorio de su derecho humano contenido en los artículos 1º y 4º constitucionales, porque él, al igual que toda persona, tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible, el cual es garantizado por el Estado, a través de las entidades federativas y los municipios. Es fundado el concepto de violación. Primero importa destacar que el párrafo segundo, del artículo 14, y párrafo primero, del artículo 16, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". De acuerdo con la garantía de legalidad tutelada por el párrafo transcrito del artículo 16 de la Constitución General, debe decirse que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Ahora bien, las condiciones de todo acto de molestia, son tres, a saber: 1) Que se exprese por escrito; 2) Que provenga de autoridad competente; y, 3) Que en el documento escrito en el que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Como puede advertirse, la primera condición que debe satisfacer el acto de autoridad es que debe constar por escrito, la cual es un elemento esencial para que pueda haber certeza sobre la existencia del acto que se emite y para que el particular afectado pueda conocer con precisión de qué autoridad proviene, cuál es su contenido y las consecuencias jurídicas de éste. La segunda condición es que debe ser dictado por autoridad competente, lo que en materia administrativa es un requisito esencial para la eficacia jurídica del acto. Por último, la tercera condición se refiere a la fundamentación y motivación de los actos de autoridad; al respecto la jurisprudencia número 204, publicada en página ciento sesenta y seis, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Séptima Época, Segunda Sala, con registro digital 238212, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En el caso que nos ocupa, como ya se precisó, es fundado el concepto de violación expresado por el quejoso, pues es evidente la inconstitucionalidad del acto reclamado consistente en: el acuerdo de privarlo del servicio público de agua potable, que tiene respecto del inmueble ubicado en el paraje Las Trojas, de Santa Catarina Cuanana, Santiago Yosondúa, Tlaxiaco, Oaxaca. Ya que dicho inmueble cuya posesión detenta, como lo acredita el quejoso con la copia certificada del Acta de Posesión, de trece de enero de dos mil veintidós, emitida por los Integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia de Santa Catarina Cuanana, Santiago Yosondúa, Tlaxiaco, Oaxaca; es respecto del cual se ordenó y materializó la cancelación total del servicio de agua potable, el quince de marzo de dos mil veintitrés. Si bien consta en Acta de Asamblea de Ciudadanos que el doce de marzo de dos mil veintitrés, acordaron suspender el servicio de agua potable en el domicilio del quejoso, como consecuencia a su no pago de la multa de veinte mil pesos; lo cierto es, que dicho acto es en sí mismo arbitrario, pues aun cuando la Asamblea Comunal es la máxima autoridad en esa comunidad, ello no le atribuye realizar actos violatorios de derechos humanos, como lo es derecho fundamental del agua, pues en el supuesto de ordenar la suspensión del suministro de agua potable, siempre debe otorgarse el mínimo vital señalado por la Organización Mundial de la Salud, al ser ese derecho humano indispensable para vivir y para realizar otros derechos humanos. Luego, el acto aquí reclamado y su ejecución, es inconstitucional en sí mismo, en virtud de que, como ya se vio, se realizó contraviniendo la tutela de los derechos humanos contenidos en el artículo 16 constitucional, como lo es que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; pues como se desprende de la transcripción del acta de asamblea de doce de marzo de dos mil veintitrés, de antecedentes, la actuación reclamada no se basa en fundamento legal alguno. Si bien, de conformidad con el artículo 2º de la Constitución General de la República, es un derecho fundamental de las comunidades indígenas, aplicar sus propios sistemas normativos internos en la regulación y solución de sus conflictos internos; ello debe realizarse, sujetándose a los principios generales de la Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad de las personas. Lo que en el caso concreto, no acontece. Además de que el Agente Municipal responsable, no demostró que en esa comunidad exista un sistema normativo preestablecido de justicia aplicable al respecto, conforme al cual se acordara la suspensión del suministro de agua potable en el domicilio del quejoso. Por tanto, su determinación de sancionarlo con la suspensión total del servicio público de agua potable, es contraria al derecho humano contenido en el artículo 4º constitucional, que establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible. En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por********************para que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Agente Municipal de Santa Catarina Cuanana, Santiago Yosondúa, Tlaxiaco, Oaxaca, como representante de la Asamblea de Ciudadanos de esa comunidad, realice lo siguiente: Ordene dejar sin efecto la orden de suspensión total del suministro de agua potable en el domicilio del quejoso. De forma inmediata, reconecte el servicio suspendido de agua potable en el domicilio del quejoso y proporcione un mínimo de cincuenta litros de agua por día, por persona que habite en el mismo; para ello, debe adoptar las providencias necesarias para constituirse en el domicilio del quejoso y constatar el número de habitantes de la casa habitación respectiva. Lo que deberá hacer constar mediante acta circunstanciada de tales hechos. Por lo expuesto y fundado en los artículos 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 347/2023, promovido por********************en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a********************contra el acto reclamado de la autoridad, precisados en el considerando sexto, para los efectos establecidos en la parte final del último considerando de esta sentencia. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de julio de dos mil veintitrés. Se tiene por no presentado escrito. Vista la certificación que antecede, se advierte que, transcurrió el plazo de tres días concedido al quejoso Elías Rodríguez Heras, en auto de siete de julio del año en curso, a fin de que reconociera la firma que calza en su escrito presentado ante este Juzgado el seis de julio de dos mil veintitrés con folio de registro 9641, por medio del cual, pretendía ampliar su demanda de amparo, sin que a la fecha lo haya realizado, pese a haber sido notificado vía electrónica el diez de julio siguiente; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y, se tiene por no presentado el escrito de ampliación de demanda. NOTIFÍQUESE; VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintitrés. Se requiere reconocimiento de firmas. Agréguese el escrito presuntamente firmado por Elías Rodríguez Heras, en su carácter de parte quejosa, por medio del cual, pretende ampliar su demanda de amparo, por los actos y autoridades que refiere; sin embargo, del ocurso de cuenta y demás documentales existentes en este juicio de amparo, se advierte que, sin ser perito en la materia, la firma que los calza, difieren notablemente con la asentada por la misma persona en su demanda de amparo. Por lo que, a efecto de acordar sobre su contenido, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a efecto de tener certeza sobre la voluntad del citado promovente, requiérasele para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos su legal notificación, comparezca debidamente identificado al despacho de este juzgado para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste sí reconoce como suya la firma que calza el ocurso de cuenta; apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el mismo. A modo de evidenciar la diferencia de referencia, se inserta las imágenes de las firmas que calzan tanto la demanda inicial de amparo, como la del escrito de cuenta. Asimismo, de las diversas documentales que existen en este expediente se advierte que las firmas plasmadas con anterioridad, no coinciden con las anteriores, por tal motivo se insertan las siguientes: Escrito con folio de recepción 5094, recibido en este Juzgado el veinte de abril de dos mil veintitrés. Tiene aplicación la jurisprudencia número 202, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 -2000, Tomo VI, Octava Época, visible en la página 165, de rubro y extracto: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. - Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." En el entendido de que, si después de reconocer como propia la firma a ratificar, se advierte que la que plasme en la diligencia de ratificación correspondiente, es notoriamente diferente con las plasmadas con anterioridad, se podrá hacer uso de la facultad que tiene el suscrito para ordenar el desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, de conformidad con el criterio sostenido por la Segunda Sala en la Tesis 2a./J.59/2017 (10), visible en la página mil doscientos treinta y cuatro, Tomo II correspondiente al mes de Junio de dos mil diecisiete, materia (s): Constitucional, Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPÍA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada." Además, se hace saber tanto a la directa quejosa, como a sus autorizados, sobre los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece que las personas que actúan en ese sentido, son castigadas por la ley con pena privativa de libertad. Diferimiento de la audiencia constitucional. En esas condiciones, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por tanto, se difiere y, en su lugar, se señalas las diez horas con quince minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, para su celebración. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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