Elías Martínez Pérez
Expediente 691/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 691/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Elías Martínez Pérez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso d) (aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la Secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Elías Martínez Pérez, en su carácter de defensor particular de Jesús Antonio Ríos Ruiz, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 691/2022. Desechamiento. Ahora bien, la demanda de amparo debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Es así, pues del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que los actos que reclama el promovente, esencialmente consisten en lo siguiente: Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Doce, del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado, la omisión de dictar acuerdo respecto del escrito (sic) de seis de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado, en el cual esta última autoridad le solicitó copia cotejada de la carpeta de investigación 3590/FVCE/OAXACA/2021. Del Juez de Control del Circuito de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, la celebración de la audiencia intermedia en la causa penal 458/2021, señalada para las catorce horas del dieciséis de junio de dos mil veintidós. En primer término, en relación al acto controvertido al Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Doce, del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado, consistente en la omisión de dictar acuerdo al escrito (sic) de seis de agosto de dos mil veintiuno, de su similar de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, de la ley en cita, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". (.) "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". La hipótesis legal invocada encuentra su origen en lo establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el cual, el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 6º, de la Ley de Amparo. Por tanto, para que un gobernado se encuentre legitimado para solicitar el amparo de la justicia federal, cuando aduzca ser titular de un derecho subjetivo, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho que haya sido infringido por un acto de autoridad. Establecido lo anterior, se advierte que el acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Doce, del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado, consiste en la omisión de dictar acuerdo respecto del oficio de seis de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado, en el cual, esta última autoridad solicitó copia cotejada de la carpeta de investigación 3590/FVCE/OAXACA/2021. Luego, dicho acto no es susceptible de ser combatido a través del juicio de amparo biinstancial, como se pretende, puesto que la solicitud de copias fue formulada por el Ministerio Público aquí señalado como tercero interesado, y no directamente por la parte quejosa, por lo que se trata de una petición formulada entre entes del estado ubicados en un mismo plano de igualdad. Por tanto, la omisión reclamada requiere forzosamente de la intervención del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado (señalado como tercero interesado), quien a través de su imperio legal debe emplear cualquiera de los medios de apremio previstos en el numeral 104, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para obligar al Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Doce, del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado, la remisión de las copias cotejadas de la carpeta de investigación 3590/FVCE/OAXACA/2021. El numeral citado señala lo siguiente: "Artículo 104. Imposición de medios de apremio El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones: I. El Ministerio Público contará con las siguientes medidas de apremio: a) Amonestación; b) Multa de veinte a mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso; c) Auxilio de la fuerza pública, o d) Arresto hasta por treinta y seis horas; ." Por ello, el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado (señalado como tercero interesado) cuenta con el imperio legal para hacer cumplir su mandamiento a través de la imposición de los medios de apremio, puesto que ello no es potestativo para las personas o autoridades a quienes se dirige, y es éste quien debe hacer directamente el requerimiento a su homólogo para el envío de las copias solicitadas. Lo anterior encuentra sustento, por identidad jurídica, en la jurisprudencia I.6º.C. J/18 visible en la página 687 del Tomo X, Agosto de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y texto: "MEDIOS DE APREMIO. SU FINALIDAD CONSISTE EN HACER CUMPLIR LAS DETERMINACIONES DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debe destacarse que los medios de apremio que regula dicho numeral, tienen como finalidad conseguir el cumplimiento de las determinaciones que dicten los Jueces, obligando a las personas a través de tales medios a que los acaten; pero para ello se requiere en primer lugar que se dé la existencia previa del apercibimiento respectivo; en segundo término que conste en forma indubitable que a quien se pretenda imponer la medida correspondiente, conozca a qué se expone en caso de desacato o resistencia a lo que ordena la autoridad judicial; y, en tercer lugar, que la persona a quien se imponga la sanción, sea la que efectivamente se haya opuesto a la diligencia u orden de que se trate y no persona distinta." Así como la diversa tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 492, del Tomo XXXII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "MEDIOS DE APREMIO. La facultad que tienen los Jueces para usar de medidas de apremio a fin de hacer cumplir sus determinaciones, no significa que sea potestativo para ellos el mandar o no, que se cumplan sus determinaciones; lo que es potestativo es la elección de la medida de apremio más adecuada para el caso, y la negativa a dictar esas medidas, cuando se desobedezcan sus mandamientos y las soliciten los interesados en su cumplimiento, constituye una violación de garantías." En segundo término, respecto del acto reclamado atribuido al Juez de Control del Circuito de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, consistente en la celebración de la audiencia intermedia en la causa penal 458/2021, señalada para las catorce horas del dieciséis de junio de dos mil veintidós. Dicho acto no constituye un acto de imposible reparación, para efectos del juicio de amparo. En efecto, en relación a dicho acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado este último en sentido contrario, de la ley en cita, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." El segundo de los numerales establece que por actos cuyos efectos son de imposible reparación se entiende a aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, mediante una fórmula legal, el legislador secundario estableció que para ser calificados como irreparables, los actos en juicio necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. En la ejecutoria que dio vida a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte analizó los antecedentes legislativos relacionados con la procedencia del amparo indirecto y estimó que éstos evidenciaron la necesidad de abreviar el procedimiento, ante la demanda social de eliminar la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, lo que constituye un obstáculo para la pronta impartición de justicia, al ser un hecho notorio que la sustanciación y resolución de este medio de control en muchas ocasiones propiciaba el alargamiento de los juicios naturales. Siguiendo esos conceptos, debe concluirse que el citado acto reclamado por la parte quejosa, sólo produce efecto formales o intraprocesales que no afecta en grado predominante o superior a las partes, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse al obtener sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, en cuyo caso, quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios causados con el acto reclamado; y en el supuesto de no ser así, el impetrante estará en aptitud de impugnar tal decisión como violación procesal a través del juicio de amparo directo, en términos del numeral 172 de la ley de la materia. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias números 244 y 232, visibles a fojas 164 y 157 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dicen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.". En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6 y 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, con apoyo en el artículo 113, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda constitucional. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones la casa ubicada en el Kilómetro trece punto cinco, de la carretera Oaxaca a Puerto Ángel, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca (restaurante La Flor del Paraíso), y como autorizados únicamente para esos efectos a Margarita Maribel Saldívar Espinoza, Orlando Etelberto Santos López y Perla Mariel Martínez Saldívar, por así indicarlo expresamente, además que no acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado, pues no proporcionan su número de cédula profesional o de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Así también, con apoyo en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene proporcionando el correo electrónico eliasmtzoax@hotmail.com, y el número telefónico 951 316 0914, para mantener el contacto respectivo en casos necesarios. Exhortación a tramitar juicio en línea. Ahora, en atención al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, publicado el 31 de julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del 3 de agosto de 2020, se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual deberá proporcionar el nombre de usuario con que se encuentra registrado en el citado portal. Asimismo, se exhorta a la parte quejosa, dada la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19, para que, solicite además del acceso al expediente electrónico, la práctica de notificaciones electrónicas, con su nombre de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, a efecto de continuar con el trámite de este asunto en "Línea". Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Engrose de constancias. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino (siete horas con cuarenta y cinco minutos a catorce horas con cuarenta y cinco minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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