Eliasid Nery Perez Morales

Expediente 803/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
803/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
06/12/2017

Partes del expediente

  • Eliasid Nery Perez Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad; en atención a su contenido y como lo solicita, remítasele copia certificada de la demanda de garantías, del auto de desechamiento dictado el diez de agosto de dos mil diecisiete y del diverso de treinta y uno de octubre del presente año, donde se ordenó el archivo del presente expediente; lo anterior, para los efectos a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, al que acompaña copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de queja número 245/2017, promovido por********************, en contra del auto de diez de agosto del año en curso y devuelve el testimonio de constancias remitidas en apoyo al informe justificado rendido; acúsese recibo de estilo; sin que haya lugar a glosar el cuadernillo de referencia, toda vez que las constancias que lo conforman, obran en autos. Toda vez que dicho Tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto, confirmando el auto recurrido, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia, para los efectos legales a que haya lugar. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hacer constar que en este expediente no obran documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta localidad, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de diez de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el presente juicio de amparo; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos los oficios de cuenta con sus anexos, mediante los cuales las autoridades responsables y superior jerárquico de éstos informan el cumplimiento dado a lo ordenado en proveído de nueve del actual, anexando las constancias correspondientes. De igual forma, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas en el oficio con número de registro 018114, atinentes a las omisiones en que incurrió la administración saliente de dicho Municipio, entre ellas, la falta de entrega de los documentos relacionados con este juicio de amparo, y al hecho de no presentar el presupuesto de egresos para este ejercicio fiscal (2017), y con ello, la falta de inclusión de una partida presupuestal para el cumplimiento de la sentencia emanada de este juicio de garantías, aspectos que serán tomados en consideración al momento de que, en su caso, el Alto Tribunal de la Nación se pronuncie en torno al desacato del fallo y la aplicación de las sanciones establecidas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal. Ahora bien, toda vez que este juzgado federal tiene el deber legal de agotar el procedimiento establecido en los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, para lograr el acatamiento del fallo constitucional, tomando en cuenta que en cumplimiento a la ejecutoria de dos de diciembre de dos mil catorce, emitida en el recurso de revisión 256/2014, del índice del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito (folios 183 a 212, tomo I), la entonces Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado, emitió el Decreto número 1239, de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince (folios 279-306 ídem), por el que aprobó la creación de una partida presupuestal por la cantidad de $11,115,244.40 (once millones ciento quince mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 40/100 m.n), para el pago total de las prestaciones económicas a la que se condenó al Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Tuxtepec, Oaxaca, en el juicio laboral número 125/2005, de la estadística de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, se requiere a la autoridad responsable Congreso del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días hábiles a partir de su legal notificación, informe a este juzgado federal si dicho Decreto aún tiene vigencia y puede ser objeto de gestión por parte de dicho Ayuntamiento, pues según se advierte, la administración saliente no realizó la inclusión del mismo en los presupuestos de egresos correspondientes a los ejercicios fiscales 2016 y 2017. Con independencia de lo anterior, también se requiere a la autoridad responsable Congreso del Estado de Oaxaca, para que dentro del mismo plazo, informe a este juzgado federal el resultado de las peticiones efectuadas por parte del Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Tuxtepec, Oaxaca, a través de los oficios 107-BIS/2017, de veintidós de junio pasado, recepcionado el veintiséis siguiente, y sin número, de diecisiete de julio de este año, recibido el treinta y uno siguiente de su fecha, que versan en torno a la autorización de recursos adicionales para el cumplimiento del laudo emitido contra el Ayuntamiento en el juicio laboral número 125/2005, del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. Haciendo hincapié que en la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en el recurso de revisión 256/2014, se realizó la siguiente precisión: "En el entendido de que dicha determinación (expedición de un decreto que autorice una partida presupuestal para la liquidación del laudo) en forma alguna implica que sea el Congreso del Estado, quien aporte los recursos económicos que permitan al Ayuntamiento correspondiente cubrir el pago de las prestaciones económicas a que fueron condenados, como inexactamente lo expone dicha autoridad en su informe justificado (foja 71 del juicio de amparo), sino sólo que autorice la afectación de la nueva partida, que bien puede ser de recursos propios o de las participaciones que perciban". Se apercibe que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se impondrá multa equivalente a cien unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis), equivalente a ocho mil cuatro pesos ($8,004.00/100, moneda nacional), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($80.04) por cien (100), de conformidad con los artículos 192, 193 y 258, de la ley de la materia; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, se ordena glosar al expediente el oficio signado por la secretaria general de acuerdos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, al que anexa copia certificada del acuerdo de veintiuno del actual, en el que ordenó requerir al municipio demandado el pago del laudo emitido en el juicio laboral 125/2005. NOTIFÍQUESE.

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