Elìas Zarate Bautista

Expediente 707/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
707/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • Elìas Zarate Bautista

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte, ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que el quejoso ******************** (único afectado), haya recurrido la sentencia de quince de noviembre de dos mil veintidós, que sobresee en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina la valoración respectiva, y dado que en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós, se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa; por tanto, por analogía se ubica en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso a), por lo que: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se encuentra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, siendo susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, la resolución que concedió la suspensión de plano, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    S E N T E N C I A: VISTOS, Los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 707/2022; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional en esa fecha, promovido por Elías Zárate Bautista, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director del Centro Penitenciario Varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula, de Matamoros, Oaxaca, que más adelante se precisan. Asimismo, narró los antecedentes del acto reclamado, formuló conceptos de violación y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 1°, 8°, 17, 19, último párrafo, 22, último párrafo, 102 Apartado A, inciso 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de demanda y trámite del juicio de amparo. En proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional registró el expediente con el número 707/2022; y previno al quejoso para que manifestara si señalaba como autoridad responsable a la Jueza de Ejecución con residencia en Tanivet, Oaxaca, bajo el apercibimiento que de no cumplir con dicha prevención se admitiría la demanda únicamente respecto de la autoridad señalada como responsable -Director del Centro Penitenciario Varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula, de Matamoros, Oaxaca-; en auto de doce de julio de esta anualidad, se tuvo como defensor público del quejoso a Rubén Aquino Pérez. Mediante acuerdo de trece de septiembre del año en curso (fojas 132 a 137), se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós, por lo que únicamente se tuvo como autoridad responsable al Director del Centro Penitenciario Varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; no así a la Jueza de Ejecución con residencia en Tanivet, Oaxaca. Asimismo, se admitió la demanda de mérito, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló pedimento; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado a una autoridad responsable que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa a la autoridad responsable y el acto reclamado, en los términos siguientes: Al Director del Centro Penitenciario Varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca: La negativa a recibir los escritos realizados de puño y letra por el quejoso La negativa a que reciba visita íntima. La omisión de que se le proporcione un área de aislamiento La negativa de traslado voluntario al Centro penitenciario de Tehuantepec. Recibió golpes de custodios cuando fue trasladado para audiencia. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, Director del Centro Penitenciario Varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, al momento de rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados identificados con los incisos a), c), d) y e), sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa, ni de autos se advierta su existencia. Ahora bien, una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo de los informes con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente, de las constancias de autos, por el juzgado. En ese sentido, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, a más de que, el que promueve una demanda de amparo está obligado a acreditar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional. Sirve de sustento a la anterior consideración, la jurisprudencia 553, publicada en la página 368, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394509, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Luego, con el propósito de verificar la certeza o inexistencia del acto atribuido a las autoridades responsables, se atiende al contenido del sumario, de su detallada revisión se advierte que, no obra en él, medio de convicción alguno del que se evidencie la existencia de los actos que se reclaman. Máxime que incluso el defensor del solicitante de amparo no ofreció prueba alguna en la que se evidenciara la existencia de los actos reclamados, pudiéndolo hacer para demostrar la certeza de los actos atribuidos a la autoridad responsable y que han quedado precisados en los incisos a), c), d) y e) del considerando que antecede. En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por la parte quejosa, ni demostrado en el expediente de amparo, con evidencia alguna la existencia de los actos reclamados antes indicados, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto de los actos precisados en los incisos a), c), d) y e) del considerando segundo de este fallo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Director del Centro Penitenciario Varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, al momento de rendir su informe justificado, también negó la existencia del acto reclamado identificado con el inciso b). Sin embargo, también manifiesta que por resolución en acta extraordinaria de veintiséis de septiembre de dos mil veinte, determinó esencialmente que ante la falsedad del quejoso al solicitar el ingreso de Angelina Vásquez Zárate primeramente como tía y, posteriormente, para visita conyugal, se determinó que únicamente se le permitiría el acceso a dicho centro penitenciario como familiar. Lo que se corrobora con la documental que exhibió con su informe justificado, la cual merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°., por haber sido expedida por la referida autoridad responsable en ejercicio de sus facultades. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, que refiere: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De manera que se tiene como cierto el acto reclamado, consistente en la negativa a que reciba visita íntima -precisado en el inciso a)-. CUARTO. Causales de improcedencia. No obstante la certeza del acto reclamado de la autoridad responsable, este juzgado federal no analizará la constitucionalidad del mismo, pues de oficio advierte una causal de improcedencia, cuyo análisis es de estudio preferente. En efecto, el artículo 62 de la Ley de Amparo indica: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Ahora, el artículo 61, fracción XX, de la ley reglamentaria en cita prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. - Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior (.)". De esta porción transcrita se obtiene, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los que proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. De manera que la fracción en comento prevé el llamado principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Ahora, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento administrativo cuando las personas privadas de la libertad personal reclaman actos relacionados con las condiciones de su internamiento, que deben agotar antes de instar la acción constitucional por la vía bi-instancial. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), con registro digital 2018548, publicada en la página 230, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el contenido siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." En el caso, como se indicó, el quejoso reclama del Director del Centro Penitenciario Varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, la negativa a para que reciba visita íntima; acto que indiscutiblemente se relaciona con las condiciones inherentes a su internamiento y respecto de los cuales no agotó el mecanismo de control que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal; situación que torna improcedente la acción constitucional que instó. Sin que para ello puedan considerarse las manifestaciones relativas a que no se le reciben escritos, dado que no quedó acreditado que ello aconteciera efectivamente; asimismo la expresión de que efectuó reportes con el personal de guardia y custodia (custodios) como peticiones administrativas, puesto que debió hacer valer el recurso pertinente. Sin que en el caso se actualice alguna de las excepciones que prevé la fracción XX del numeral 61 de la ley de la materia, pues, a criterio de este órgano jurisdiccional, de las constancias recabadas no se advierte que esté aislado, ya que de las remitidas por la autoridad responsable se advierte que mantiene comunicación constante con Esther Zárate Bautista. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia mencionada, es procedente sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Cabe puntualizar que las jurisprudencias y tesis aisladas invocadas, a pesar de haber sido integrados antes de la Onceava Época del Semanario Judicial de la Federación, siguen siendo aplicables en términos, respectivamente, de los artículos Décimo y Décimo Primero transitorios del Decreto por el cual, entre otras disposiciones, se reforma la Ley de Amparo, publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 707/2022, promovido por Elías Zárate Bautista, respecto de la autoridad responsable y actos reclamados precisados en el considerando segundo, en términos de los fundamentos y motivos expuestos en los diversos tercero y último, ambos de este fallo. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, así como a su defensor público. Lo resolvió y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, asistido de David Jorge Siu Huerta, Secretario que autoriza y da fe. Juez de Distrito Marco Antonio Vignola Conde Secretario de Juzgado David Jorge Siu Huerta Se hace constar que esta foja corresponde a la audiencia constitucional de quince de noviembre de dos mil veintidós, relativa al juicio de amparo 707/2022, promovido por Elías Zárate Bautista. Conste.

  3. Principal

    PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ PARA LA PARTE QUEJOSA.- S E N T E N C I A: VISTOS, Los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 707/2022; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional en esa fecha, promovido por Elías Zárate Bautista, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director del Centro Penitenciario Varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula, de Matamoros, Oaxaca, que más adelante se precisan. Asimismo, narró los antecedentes del acto reclamado, formuló conceptos de violación y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 1°, 8°, 17, 19, último párrafo, 22, último párrafo, 102 Apartado A, inciso 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de demanda y trámite del juicio de amparo. En proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional registró el expediente con el número 707/2022; y previno al quejoso para que manifestara si señalaba como autoridad responsable a la Jueza de Ejecución con residencia en Tanivet, Oaxaca, bajo el apercibimiento que de no cumplir con dicha prevención se admitiría la demanda únicamente respecto de la autoridad señalada como responsable -Director del Centro Penitenciario Varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula, de Matamoros, Oaxaca-; en auto de doce de julio de esta anualidad, se tuvo como defensor público del quejoso a Rubén Aquino Pérez. Mediante acuerdo de trece de septiembre del año en curso (fojas 132 a 137), se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós, por lo que únicamente se tuvo como autoridad responsable al Director del Centro Penitenciario Varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; no así a la Jueza de Ejecución con residencia en Tanivet, Oaxaca. Asimismo, se admitió la demanda de mérito, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló pedimento; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado a una autoridad responsable que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa a la autoridad responsable y el acto reclamado, en los términos siguientes: Al Director del Centro Penitenciario Varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca: La negativa a recibir los escritos realizados de puño y letra por el quejoso La negativa a que reciba visita íntima. La omisión de que se le proporcione un área de aislamiento La negativa de traslado voluntario al Centro penitenciario de Tehuantepec. Recibió golpes de custodios cuando fue trasladado para audiencia. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, Director del Centro Penitenciario Varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, al momento de rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados identificados con los incisos a), c), d) y e), sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa, ni de autos se advierta su existencia. Ahora bien, una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo de los informes con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente, de las constancias de autos, por el juzgado. En ese sentido, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, a más de que, el que promueve una demanda de amparo está obligado a acreditar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional. Sirve de sustento a la anterior consideración, la jurisprudencia 553, publicada en la página 368, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394509, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Luego, con el propósito de verificar la certeza o inexistencia del acto atribuido a las autoridades responsables, se atiende al contenido del sumario, de su detallada revisión se advierte que, no obra en él, medio de convicción alguno del que se evidencie la existencia de los actos que se reclaman. Máxime que incluso el defensor del solicitante de amparo no ofreció prueba alguna en la que se evidenciara la existencia de los actos reclamados, pudiéndolo hacer para demostrar la certeza de los actos atribuidos a la autoridad responsable y que han quedado precisados en los incisos a), c), d) y e) del considerando que antecede. En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por la parte quejosa, ni demostrado en el expediente de amparo, con evidencia alguna la existencia de los actos reclamados antes indicados, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto de los actos precisados en los incisos a), c), d) y e) del considerando segundo de este fallo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Director del Centro Penitenciario Varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, al momento de rendir su informe justificado, también negó la existencia del acto reclamado identificado con el inciso b). Sin embargo, también manifiesta que por resolución en acta extraordinaria de veintiséis de septiembre de dos mil veinte, determinó esencialmente que ante la falsedad del quejoso al solicitar el ingreso de Angelina Vásquez Zárate primeramente como tía y, posteriormente, para visita conyugal, se determinó que únicamente se le permitiría el acceso a dicho centro penitenciario como familiar. Lo que se corrobora con la documental que exhibió con su informe justificado, la cual merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°., por haber sido expedida por la referida autoridad responsable en ejercicio de sus facultades. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, que refiere: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De manera que se tiene como cierto el acto reclamado, consistente en la negativa a que reciba visita íntima -precisado en el inciso a)-. CUARTO. Causales de improcedencia. No obstante la certeza del acto reclamado de la autoridad responsable, este juzgado federal no analizará la constitucionalidad del mismo, pues de oficio advierte una causal de improcedencia, cuyo análisis es de estudio preferente. En efecto, el artículo 62 de la Ley de Amparo indica: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Ahora, el artículo 61, fracción XX, de la ley reglamentaria en cita prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. - Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior (.)". De esta porción transcrita se obtiene, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los que proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. De manera que la fracción en comento prevé el llamado principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Ahora, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento administrativo cuando las personas privadas de la libertad personal reclaman actos relacionados con las condiciones de su internamiento, que deben agotar antes de instar la acción constitucional por la vía bi-instancial. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), con registro digital 2018548, publicada en la página 230, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el contenido siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." En el caso, como se indicó, el quejoso reclama del Director del Centro Penitenciario Varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, la negativa a para que reciba visita íntima; acto que indiscutiblemente se relaciona con las condiciones inherentes a su internamiento y respecto de los cuales no agotó el mecanismo de control que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal; situación que torna improcedente la acción constitucional que instó. Sin que para ello puedan considerarse las manifestaciones relativas a que no se le reciben escritos, dado que no quedó acreditado que ello aconteciera efectivamente; asimismo la expresión de que efectuó reportes con el personal de guardia y custodia (custodios) como peticiones administrativas, puesto que debió hacer valer el recurso pertinente. Sin que en el caso se actualice alguna de las excepciones que prevé la fracción XX del numeral 61 de la ley de la materia, pues, a criterio de este órgano jurisdiccional, de las constancias recabadas no se advierte que esté aislado, ya que de las remitidas por la autoridad responsable se advierte que mantiene comunicación constante con Esther Zárate Bautista. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia mencionada, es procedente sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Cabe puntualizar que las jurisprudencias y tesis aisladas invocadas, a pesar de haber sido integrados antes de la Onceava Época del Semanario Judicial de la Federación, siguen siendo aplicables en términos, respectivamente, de los artículos Décimo y Décimo Primero transitorios del Decreto por el cual, entre otras disposiciones, se reforma la Ley de Amparo, publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 707/2022, promovido por Elías Zárate Bautista, respecto de la autoridad responsable y actos reclamados precisados en el considerando segundo, en términos de los fundamentos y motivos expuestos en los diversos tercero y último, ambos de este fallo. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, así como a su defensor público. Lo resolvió y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, asistido de David Jorge Siu Huerta, Secretario que autoriza y da fe. Juez de Distrito Marco Antonio Vignola Conde Secretario de Juzgado David Jorge Siu Huerta Se hace constar que esta foja corresponde a la audiencia constitucional de quince de noviembre de dos mil veintidós, relativa al juicio de amparo 707/2022, promovido por Elías Zárate Bautista. Conste.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Del estado de los autos se advierte, el defensor público del quejoso ELÍAS ZÁRATE BAUTISTA, no ha quedado legalmente notificado de la vista que se ordenó darle en proveído de trece de octubre de este año, con el informe justificado de la autoridad responsable Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, por lo que a la fecha no ha transcurrido el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tanto, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, la que se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.

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