Elias Pineda Jimenez

Expediente 823/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
823/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
03/08/2018

Partes del expediente

  • Elias Pineda Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de once de julio del año en curso, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; por lo tanto de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente juicio como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, pronunciada en el toca en revisión número 165/2017, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Elias Pineda Jiménez; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia del juicio de amparo que nos ocupa, y de la resolución interlocutoria por la que se concedió definitivamente la suspensión de los actos reclamados, que obran en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por la licenciada Mónica Echegaray Rojas, autorizada en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, de la autoridad responsable Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Sinaloa, con residencia en Culiacán, mediante el cual informa el cumplimiento que dado a la ejecutoria de amparo; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes. Para los mismos efectos agréguese a los presentes autos el escrito firmado por la licenciada Jenny Elizabeth Medina Guzmán, autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el cual solicita se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo y se ordene el archivo del expediente como asunto concluido. Ahora bien, en atención a lo anterior, y advirtiéndose del estado que guardan los presentes autos, que la autoridad responsable Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Sinaloa, con residencia en Culiacán, a través de los oficios UJ/3221/2018, UJ/6326/2018 y UJ/6696/2018, comunicó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por resolución de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, pronunciada en el toca en revisión número 165/2017, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Elias Pineda Jiménez, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistentes los actos reclamados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, restituya al impetrante en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; lo que se traduce en: La devolución de la cantidad que corresponda a la disminución en el pago mensual de la pensión jubilatoria del quejoso, aquí recurrente, de la cantidad de $6,543.48 (seis mil quinientos cuarenta y tres pesos 48/100 moneda nacional) a la de $5,483.10 (cinco mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 10/100 moneda nacional), esto es, a la disminución de $1,060.38 (mil sesenta pesos 38/100 moneda nacional), a partir del mes de enero de dos mil diez; y, La devolución de la cantidad de $27,551.90 (veintisiete mil quinientos cincuenta y un pesos 90/100 moneda nacional), correspondiente a los descuentos de la cantidad mensual de $1,377.59 (mil trescientos setenta y siete pesos 59/100 moneda nacional), por el periodo comprendido del mes de enero de dos mil diez al mes de agosto de dos mil once; así como las que se hubieran descontado con motivo de los actos reclamados. Ahora bien, la autoridad responsable Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Sinaloa, con residencia en Culiacán, a través de los oficios UJ/3221/2018, UJ/6326/2018 y UJ/6696/2018, recibidos el dos de abril, veintiséis de junio y seis de julio de dos mil dieciocho, comunicó que realizó el pago al quejoso Elías Pineda Jiménez de las cantidades de $128,830.25 (ciento veintiocho mil ochocientos treinta pesos 25/100 moneda nacional), por concepto de pago de diferencias del uno de enero de dos mil diez al treinta de abril de dos mil ocho, $27,551.80 (veinte siete mil quinientos cincuenta y un peso 90/100 moneda nacional) por concepto correspondiente a los descuentos de la cantidad mensual de $1,377.59 (mil trescientos setenta y siete pesos 59/100 moneda nacional), por el periodo comprendido del mes de enero de dos mil diez al mes de agosto de dos mil once; así como las que se hubieran descontado con motivo de los actos reclamados; y la cantidad de $9,288.50 (nueve mil doscientos ochenta y ocho pesos 50/100 moneda nacional) pago mensual ya ajustado; consecuentemente, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, dado que ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, en términos de lo que establecen los numerales 77 y 192, ambos de la Ley de Amparo. Cabe precisar que por escrito presentado el pasado seis de julio del año en curso, la parte quejosa manifestó su conformidad con el cumplimiento que la autoridad responsable dio a la ejecutoria de amparo, al hecho la devolución de las cantidades de $128,830.25 (ciento veintiocho mil ochocientos treinta pesos 25/100 moneda nacional), por concepto de pago de diferencias del uno de enero de dos mil diez al treinta de abril de dos mil dieciocho; $27,551.80 (veinte siete mil quinientos cincuenta y un peso 90/100 moneda nacional) y, de $9,288.50 (nueve mil doscientos ochenta y ocho pesos 50/100 moneda nacional) pago mensual ya ajustado.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales el oficio signado por la licenciada Mónica Echegaray Rojas, autorizada en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, de la autoridad responsable Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Sinaloa, con residencia en Culiacán, mediante el cual informa los tramites que está realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga. Para los mismos efectos, agréguese a los presentes autos el oficio firmado por Guillermina Rodríguez Viggers, Jefe del Departamento de Amparos Indirectos de la Subdelegación de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con domicilio en la Ciudad de México, promoviendo en su calidad de autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por el cual informa que se encuentra imposibilitada de manera material para cumplir con la ejecutoria de amparo. Ahora bien, en atención a lo anterior, dése vista con el oficio de referencia a la autoridad responsable Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con domicilio en Culiacán, para que manifieste lo que a su interés convenga. Finalmente, con independencia de lo anterior, con apoyo en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación de presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito, el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, debiendo justificar su actuación con las constancias pertinentes, o bien, manifieste los actos que haya realizado para ese efecto, o en su caso indique el impedimento legal que tenga para ello; apercibida que de no hacerlo en el lapso indicado, sin causa justificada, se impondrá una multa que se determinará desde luego y asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que hasta la fecha la autoridad responsable Delegado del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa, no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con apoyo en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación de presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito, el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, debiendo justificar su actuación con las constancias pertinentes, o bien, manifieste los actos que haya realizado para ese efecto, o en su caso indique el impedimento legal que tenga para ello; apercibida que de no hacerlo en el lapso indicado, sin causa justificada, se impondrá una multa que se determinará desde luego y asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, con independencia de lo anterior, en primer lugar, debe indicarse que por resolución de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, pronunciada en el toca en revisión número 165/2017, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Elias Pineda Jiménez, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistentes los actos reclamados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, restituya al impetrante en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; lo que se traduce en: La devolución de la cantidad que corresponda a la disminución en el pago mensual de la pensión jubilatoria del quejoso, aquí recurrente, de la cantidad de $6,543.48 (seis mil quinientos cuarenta y tres pesos 48/100 moneda nacional) a la de $5,483.10 (cinco mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 10/100 moneda nacional), esto es, a la disminución de $1,060.38 (mil sesenta pesos 38/100 moneda nacional), a partir del mes de enero de dos mil diez; y, La devolución de la cantidad de $27,551.90 (veintisiete mil quinientos cincuenta y un pesos 90/100 moneda nacional), correspondiente a los descuentos de la cantidad mensual de $1,377.59 (mil trescientos setenta y siete pesos 59/100 moneda nacional), por el periodo comprendido del mes de enero de dos mil diez al mes de agosto de dos mil once; así como las que se hubieran descontado con motivo de los actos reclamados. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, se impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Bajo ese panorama, de nueva cuenta con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Delegado del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le comunique el presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo debidamente, en los términos que han sido precisados en el presente acuerdo, o en su caso, los actos que esté realizando para tal efecto, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa que se determinará desde luego y, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, de autos se advierte que licenciada Adriana Cervantes Carranco, Jefa de Servicios de Movimientos a Nómina y Presupuestos, con residencia en la Ciudad de México, es autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria; por tanto, requiérase de nueva cuenta a la citada autoridad, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le comunique el presente acuerdo, efectúe el ajuste de la cuota diaria del quejoso Elías Pineda Jiménez, así como cualquier otro acto que se requiera para el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo cual deberá informar a este Juzgado de Distrito, además de los actos que haya realizado para ese efecto, no obstante que no haya sido señalada como autoridad responsable, en razón de que sus funciones tienen intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por tratarse de devolución y ajuste de pagos de pensión jubilatoria. Ahora bien, toda vez que la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, fue concedida para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistentes los actos reclamados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, restituya al impetrante en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; lo que se traduce en: La devolución de la cantidad que corresponda a la disminución en el pago mensual de la pensión jubilatoria del quejoso, aquí recurrente, de la cantidad de $6,543.48 (seis mil quinientos cuarenta y tres pesos 48/100 moneda nacional) a la de $5,483.10 (cinco mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 10/100 moneda nacional), esto es, a la disminución de $1,060.38 (mil sesenta pesos 38/100 moneda nacional), a partir del mes de enero de dos mil diez; y, La devolución de la cantidad de $27,551.90 (veintisiete mil quinientos cincuenta y un pesos 90/100 moneda nacional), correspondiente a los descuentos de la cantidad mensual de $1,377.59 (mil trescientos setenta y siete pesos 59/100 moneda nacional), por el periodo comprendido del mes de enero de dos mil diez al mes de agosto de dos mil once; así como las que se hubieran descontado con motivo de los actos reclamados. En el entendido de que el acto concreto de aplicación estriba en la devolución de la cantidad que corresponda a la disminución de su pensión mensual del quejoso Elías Pineda Jiménez, a partir del primero de enero de dos mil diez; así como la devolución de la cantidad de $27,551.90 (veintisiete mil quinientos cincuenta y un pesos 90/100 moneda nacional), correspondiente a los descuentos de la cantidad mensual de $1,377.59 (mil trescientos setenta y siete pesos 59/100 moneda nacional), por el periodo comprendido del mes de enero de dos mil diez al mes de agosto de dos mil once; así como las que se hubieran descontado con motivo de los actos reclamados; por lo que una vez que sea ordenado la devolución del numerario y debidamente entregado al solicitante del amparo, la autoridad responsable da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 57/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 144 del Tomo XXV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2007, Materia Común, Novena Época que dice: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Apercibida que de no hacerlo, dentro del término legal de tres días contado a partir del siguiente al en que se notifique de este proveído, salvo impedimento legal o material que para ello tuviere, se le impondrá multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos de los numerales 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. De igual manera, requiérase a las nombradas autoridades responsables, para que acuse recibo del oficio en que contenga este proveído, vía telegráfica, vía fax al teléfono 01 66-88-15 32-08 o bien, al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx.

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