Elia Maria Ruelas Leyva
Expediente 644/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 644/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 16/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Elia Maria Ruelas Leyva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
En atención al estado procesal de los autos, se desprende que el diez de julio del año en curso, se ordenó el archivo de este asunto al encontrarse definitivamente concluido; por tanto, al resultar innecesario conservar las constancias relativas al expediente 2555/2016-II del índice de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, las cuales fueron remitidas por el actuario de dicho órgano jurisdiccional al rendir el informe justificado, conforme a lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse dichas constancias a la sala responsable para los efectos legales conducentes.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por la Actuaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo dictado el seis de julio del año en curso, en el juicio de origen, relativo a la notificación del oficio 1577-4 de ocho de junio de dos mil dieciocho; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes.
- Principal
En atención al estado procesal de los autos, se desprende que la parte quejosa no realizó alguna manifestación con relación a lo acordado el ocho de junio del año en curso, en el sentido de que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, lo cual le fue notificado el catorce de junio de dos mil dieciocho; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Pues bien, en atención a la certificación secretarial de cuenta y acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de depuración dado que, por resolución dictada el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa. Bajo ese contexto, deberán conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo cual deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. De acuerdo a lo anterior, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Por otro lado, del análisis de este asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, que no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, pues ingresó en este juzgado federal el treinta de octubre de dos mil diecisiete, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido de que, una vez transcurrido el término de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este juzgado. Por último, en virtud de lo acordado en líneas precedentes, resultar innecesario conservar las constancias relativas al expediente 2555/2016-II del índice de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, las cuales fueron remitidas por el actuario de dicho órgano jurisdiccional al rendir el informe justificado; por tanto, conforme a lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse dichas constancias a la sala responsable.
- Principal
En atención al estado procesal de los autos, se desprende que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada el dieciocho de mayo del año en curso, con relación al oficio y documentales remitidas por la Actuaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, inherentes al cumplimiento de la sentencia constitucional, no obstante que dicha determinación se le notificó el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho; por tanto, el suscrito juzgador analiza si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Pues bien, se precisa que por sentencia de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Elia María Ruelas Leyva, por su propio derecho y en representación de los menores E.X.R.R., E.E.R.R. y L.R.R; dicha resolución causó ejecutoria el tres de mayo del año en curso, a no ser recurrida por las partes. La protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, actuara en los siguientes términos: 1. Que dejara insubsistente la resolución reclamada. 2. Que pronunciara otra en la que: Con libertad de jurisdicción atendiera la totalidad de los agravios que le fueron expuestos en el recurso de revisión interpuesto por la actora -aquí quejosa- de conformidad con los lineamientos señalados en el fallo protector. En ese sentido, la Actuaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, a través del oficio 4709/18 de siete de mayo del año en curso, remitió copia certificada de la determinación dictada por la Sala Superior del Tribunal responsable en el recurso de revisión 1083/2017 de origen, el tres de mayo de dos mil dieciocho, en la cual se dejó insubsistente la resolución reclamada de quince de septiembre de dos mil diecisiete, y previo el análisis de los agravios vertidos por la parte quejosa al interponer el referido medio de impugnación, dictó una diversa resolución en el sentido de confirmar el acuerdo dictado por la Sala Regional Zona Centro de ese tribunal el treinta de enero de dos mil diecisiete. Con el oficio y documentales reseñados, se otorgó vista personal a la parte quejosa en el acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, el cual se le notificó el veinticuatro del mismo mes y año, sin que realizara alguna manifestación como se precisó. En consecuencia, si el amparo se concedió para el efecto de que la Sala Superior responsable dejara insubsistente la resolución combatida relativa al recurso de revisión 1083/2017 de origen y, en su lugar, dictara una diversa en la cual, con libertad de jurisdicción, atendiera la totalidad de los agravios expuestos por la quejosa al interponer el recurso de revisión, circunstancia que ya aconteció; es dable establecer que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida y se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Por último, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el escrito de cuenta signado por la quejosa y, en atención al contenido del ocurso, hágase la devolución de los documentos aludidos, a los autorizados indicados para tales efectos, previa copia certificada y toma de razón que por su recibo y entrega se deje en autos, en términos del artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2.
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