Elisa Guadalupe Bill Moreno

Expediente 35/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
35/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
24/06/2021

Partes del expediente

  • Elisa Guadalupe Bill Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con domicilio en esta ciudad, mediante el cual remite diversas documentales, relativas al expediente laboral J.E.No.2-05-251/2017 relacionado con el presente juicio de amparo; agréguese a los presentes autos sin mayor proveído, toda vez que el presente juicio de amparo fue resuelto y se ordenó su archivo, por auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte, (notificado personalmente, el veintitrés siguiente) en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el veintiocho de agosto de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada en el presente juicio; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  3. Principal

    Visto el estado guardan los presentes autos, se advierte que en auto de cinco de octubre de dos mil veinte causo ejecutoria el presente juicio de amparo y ese mismo acuerdo se le dio vista al quejoso con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, vista que no fue desahogada. En atención a lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintiocho de agosto de dos mil veinte, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado por Elisa Guadalupe Bill Moreno y se fijaron los siguientes efectos: ". Para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, señale hora y fecha para el desahogo de la pericial en comento, la cual deberá ser dentro del plazo establecido en el artículo 884, fracción II, de la citada Ley Federal del Trabajo, y todas las actuaciones que de forma efectiva permitan el desahogo de la prueba pericial en los términos previstos; es decir, utilizar todos los medios a su alcance para lograr que las autoridades auxiliares a la administración de justicia cumplan las órdenes y mandatos que le son dirigidas por dicha Junta laboral. ." Como se observa de la anterior transcripción, la responsable debió llevar dos actos en cumplimiento al fallo protector, el primero, señalar fecha y hora para el desahogo de la prueba pericial en caligráfica grafoscópica en documentoscopía y dactiloscopia (que ofrecieran la parte actora y demandada, de los documentos identificados con los números 6, 7, 8 y 9); y en segundo lugar, llevar a cabo todas las actuaciones que de forma efectiva permitan el desahogo de la prueba pericial en comento, esto es, utilizar todos los medios a su alcance para lograr que las autoridades auxiliares a la administración de justicia cumplan las órdenes y mandatos que le son dirigidas por la junta responsable. En cumplimiento a lo anterior, la Junta responsable remitió el oficio 689, del dos de septiembre de dos mil veinte, al que adjuntó copias certificadas de los siguientes documentos: Oficio con folio 056, del veintisiete de febrero de dos mil veinte, suscrito por la Directora Regional de Investigación Pericial, Zona Norte, de la Fiscalía General de Justicia, en donde le informa a la Junta responsable que, atendiendo a su solicitud, no cuenta con perito Caligrafo grafométrico; y, por otro lado, designa perito en documentoscopía y grafoscopía, y perito en dactiloscopia. Acuerdo del dos de septiembre de dos mil veinte, 1) en donde se tuvo a la actora designando peritos en documentoscopía y grafoscopía, y dactiloscopia; 2) aclarando que, respecto del perito en caligrafía y grafometría, se le previno a la actora para que en un término de tres días designara perito (en la medida que la Dirección de Investigación Pericial, Zona Norte de la Fiscalía General de Justicia, señaló su imposibilidad para designar uno), apercibida que de no hacerlo, se tendría por no admitida esa probanza; 3) finalmente, señaló fecha y hora para el desahogo de la citadas probanzas, para el veinte de enero de dos mil veintiuno. Oficio número 676, del tres de septiembre de dos mil veinte, dirigido a la Dirección de Investigación Pericial, Zona Norte de la Fiscalía General de Justicia, suscrito por la Junta responsable, en donde solicita que se le informe a los peritos Everlin Guadalupe Manzanarez Hernández y Nidia Quintero López, peritos de la parte actora en materias documentoscopía y grafoscopía y en Dactiloscopía, comparezcan el veinte de enero del dos mil veintiuno del dos mil veintiuno, para el desahogo de esos peritajes. En esta parte, conviene recalcar que en ese proveído del dos de septiembre de dos mil veinte, la responsable precisó que la fecha señalada puede considerarse una abierta dilación del procedimiento; sin embargo, ello fue así, se adujo, atendiendo a las medida preventivas para la mitigación y control de los riesgos que para la salud implica la enfermedad denominada SARS-CoV2 (COVID 19); detallando la responsable que aun cuando se levantó la suspensión de labores y plazos, aún prevalece el riesgo de contagio, amén del espacio tan reducido con el que se cuenta en las instalaciones del tribunal laboral para el desahogo de las audiencias, y por ende se debe estar atento de manera prudente al comportamiento de incidencias relativas a esa enfermedad; y, así estar en aptitud de acercar las fechas, o bien, de postergarlas hasta en tanto se den las condiciones sanitarias para ello, y que por esto la proyección de las audiencias de determina de la forma señalada. Al respecto, conviene señalar que el acto reclamado fue la falta de desahogo de la prueba pericial caligráfica grafoscópica en documentoscopía y dactiloscopia, ofrecidas por la parte actora (aquí quejosa) y la parte patronal demandada Servicios Bolli, sociedad anónima de capital variable; además de omitir proporcionar peritos en esas materias; por tanto, si al respecto la Junta responsable llevó a cabo actos tendentes a designar peritos y fijó fecha de audiencia para el desahogo correspondiente, es claro que le fallo protector está cumplido. Ahora, no escapa del ánimo del suscrito juzgador que la fecha señalada por la responsable rebasa el término de diez días previsto en la fracción II del artículo 884 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, en el presente caso deben imperar las medidas de seguridad y sana distancia que a nivel nacional se han implementado con motivo de la pandemia que se vive a nivel mundial, por el virus Covid-19, tal y como lo señaló la responsable en el auto con el que cumple el presente fallo constitucional. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede de los que se advierte a la fecha ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión que señala el diverso 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en contra de la resolución de veintiocho de agosto de dos mil veinte (notificada el treinta y uno siguiente), en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Sin que haya lugar a requerir a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con domicilio en esta ciudad, por el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que por oficio 689 acordado en fecha once de septiembre de dos mil veinte, remitió copia certificada del acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinte y diversas notificaciones; así como del oficio girado a la Dirección de Investigación Pericial, Zona Norte de la Fiscalía General de Justicia, con residencia en esta ciudad, en el juicio laboral número J.E.No. 2-0/30-01-44/2020, donde señalo fecha y hora para el desahogo de la prueba pericial; por tanto, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con dicho oficio y documentales para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

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