Eliseo Humberto Islas Rabago
Expediente 500/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 500/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 19/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Eliseo Humberto Islas Rabago
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta, signado por la licenciada Rosa Icela Zepeda Avilez, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, mediante el cual solicita copias certificadas. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales; con fundamento en los artículos 278 y 279 del código en consulta, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, expídanse las copias solicitadas por la promovente y entréguese previo razón de recibo que se deje asentada en autos.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno (notificado por lista el uno de diciembre de dos mil veintiuno), en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el once de octubre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada en el presente juicio; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a los autos el escrito de cuenta firmado por el licenciado Gabino Acevedo García, autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista que se le hizo por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, para lo cual manifiesta no estar de acuerdo con el cumplimiento dado por parte de la autoridad responsable Síndico Procurador del ayuntamiento de Choix, Sinaloa, por las razones que expone, para lo cual solicita se le requiera por cumplimiento de la ejecutoria de amparo de nueva cuenta a la autoridad responsable. En consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia del once de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado. Como ninguna de las partes recurrió el citado fallo, por auto ocho de noviembre de dos mil veintiuno, causó estado la sentencia de amparo y, se requirió su cumplimiento. Ahora, en la misma forma en cómo se indicó en la sentencia de amparo, la autoridad responsable debió realizar, los siguientes actos (fojas 124 vuelta de autos): ". Una vez que cause ejecutoria el juicio de garantías de que se trata, la autoridad responsable Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Choix, Sinaloa, en el término de tres días, remita la petición en comento a la autoridad competente y se lo notifique al quejoso. ." Conforme lo anterior, la autoridad responsable debió realizar un acto en concreto: Remitir la petición formulada por el quejoso, a la autoridad competente y le notificara este hecho. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable allegó al sumario de amparo, el oficio sin número, al que adjuntó el oficio original en donde la Síndica Procuradora del Municipio de Choix, Sinaloa, responde la petición que le formulara el agraviado, en el sentido que el trámite de pensión solicitado lo tiene que realizar directamente ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; que la licencia para ausentarse, también debe ser tramitada ante el citado Instituto; que no es procedente el pago de seguro pre retiro, porque los trabajadores del señalado ayuntamiento no tienen dicha prestación, entre otros argumentos, los que fundó en el Decreto 192 por el que se expide la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y se Reforma la Ley Orgánica del Ministerio Público de Sinaloa. Lo así dicho por la responsable es suficiente para tener por cumplida la sentencia de amparo, ello con independencia que no se acuerde favorable a los intereses del quejoso, o que no se hubiese enviado a la autoridad competente para ello, porque lo objetivamente cierto es que se le respondió al quejoso lo pedido. En el caso concreto la autoridad negó lo solicitado por el quejoso, y citó como fundamento el Decreto 192 por el que se expide la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y se Reforma la Ley Orgánica del Ministerio Público de Sinaloa; por tanto, este extremo es suficiente para tener por cumplida la sentencia de amparo, en tanto que la correcta motivación y fundamentación tendrán que ser motivo de otra impugnación en la vía que el justiciable considere prudente, pero, para efectos del presente juicio constitucional, lo así dicho por la responsable es suficiente para tener por cumplida la sentencia de amparo. Conviene recapitular que el juicio de amparo se presentó por violación al artículo 8º constitucional, porque la autoridad demandada Síndica Procuradora de Choix, Sinaloa, fue omisa en contestar el escrito presentado por el agraviado el veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Ahora, la garantía consagrada en el artículo 8º constitucional tiende a asegurar una respuesta congruente sobre lo que se solicita, y no a que se resuelva en determinado sentido; por lo que el desacuerdo que pudiera tener la parte quejosa con la respuesta a su solicitud no es materia de análisis en el presente periodo de ejecución de sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 3ª.XXXIV/92, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 81, tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de abril de 1992, octava época, bajo el rubro y texto: "PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.1/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 203, tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero del 2001, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a los autos el escrito de cuenta firmado por el licenciado Gabino Acevedo García, autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista que se le hizo por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, para lo cual manifiesta no estar de acuerdo con el cumplimiento dado por parte de la autoridad responsable Síndico Procurador del ayuntamiento de Choix, Sinaloa, por las razones que expone, para lo cual solicita se le requiera por cumplimiento de la ejecutoria de amparo de nueva cuenta a la autoridad responsable. En consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia del once de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado. Como ninguna de las partes recurrió el citado fallo, por auto ocho de noviembre de dos mil veintiuno, causó estado la sentencia de amparo y, se requirió su cumplimiento. Ahora, en la misma forma en cómo se indicó en la sentencia de amparo, la autoridad responsable debió realizar, los siguientes actos (fojas 124 vuelta de autos): ". Una vez que cause ejecutoria el juicio de garantías de que se trata, la autoridad responsable Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Choix, Sinaloa, en el término de tres días, remita la petición en comento a la autoridad competente y se lo notifique al quejoso. ." Conforme lo anterior, la autoridad responsable debió realizar un acto en concreto: Remitir la petición formulada por el quejoso, a la autoridad competente y le notificara este hecho. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable allegó al sumario de amparo, el oficio sin número, al que adjuntó el oficio original en donde la Síndica Procuradora del Municipio de Choix, Sinaloa, responde la petición que le formulara el agraviado, en el sentido que el trámite de pensión solicitado lo tiene que realizar directamente ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; que la licencia para ausentarse, también debe ser tramitada ante el citado Instituto; que no es procedente el pago de seguro pre retiro, porque los trabajadores del señalado ayuntamiento no tienen dicha prestación, entre otros argumentos, los que fundó en el Decreto 192 por el que se expide la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y se Reforma la Ley Orgánica del Ministerio Público de Sinaloa. Lo así dicho por la responsable es suficiente para tener por cumplida la sentencia de amparo, ello con independencia que no se acuerde favorable a los intereses del quejoso, o que no se hubiese enviado a la autoridad competente para ello, porque lo objetivamente cierto es que se le respondió al quejoso lo pedido. En el caso concreto la autoridad negó lo solicitado por el quejoso, y citó como fundamento el Decreto 192 por el que se expide la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y se Reforma la Ley Orgánica del Ministerio Público de Sinaloa; por tanto, este extremo es suficiente para tener por cumplida la sentencia de amparo, en tanto que la correcta motivación y fundamentación tendrán que ser motivo de otra impugnación en la vía que el justiciable considere prudente, pero, para efectos del presente juicio constitucional, lo así dicho por la responsable es suficiente para tener por cumplida la sentencia de amparo. Conviene recapitular que el juicio de amparo se presentó por violación al artículo 8º constitucional, porque la autoridad demandada Síndica Procuradora de Choix, Sinaloa, fue omisa en contestar el escrito presentado por el agraviado el veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Ahora, la garantía consagrada en el artículo 8º constitucional tiende a asegurar una respuesta congruente sobre lo que se solicita, y no a que se resuelva en determinado sentido; por lo que el desacuerdo que pudiera tener la parte quejosa con la respuesta a su solicitud no es materia de análisis en el presente periodo de ejecución de sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 3ª.XXXIV/92, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 81, tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de abril de 1992, octava época, bajo el rubro y texto: "PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.1/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 203, tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero del 2001, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.
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