Eladio Martinez Vazquez
Expediente 1432/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1432/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Eladio Martinez Vazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental (anexo I), devuélvase a la autoridad responsable Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 68 a 79), se concedió el amparo a la parte quejosa Eladio Martínez Vázquez, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la resolución dictada el siete de septiembre de dos mil dieciséis, en el proceso penal número 191/1996 de su índice; y, 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción y bajo su más estricta responsabilidad, emita una nueva que podrá ser en el mismo sentido en el cual subsane las deficiencias formales aquí destacadas (fundamentación y motivación) o bien, en uno diverso." Así, en la referida sentencia de amparo, se destacó que la resolución reclamada de siete de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, en los autos de la causa penal 191/1996, carecía de fundamentación y motivación, por los motivos que enseguida se expondrán: "[.] Lo anterior, dado que si bien el inculpado en la causa de origen ELADIO MARTÍNEZ VÁZQUEZ, aquí quejoso, le solicitó la prescripción de la acción penal por el antisocial de homicidio simple, y la autoridad responsable le expuso las razones por las cuales en la causa penal 191/1996, a su consideración se le atribuyen dos delitos (homicidio calificado y lesiones); concluyendo que además han transcurrido veinte años, un mes y veintiún días, tiempo que no excede al máximo de la sanción corporal que corresponde a los delitos por los cuales se ejercitó acción penal; dicha conclusión, se advierte, trasgrede los derechos fundamentales del peticionario de amparo. Se estima así, dado que la autoridad responsable en primer término, si bien fundamentó su actuación en el artículo 129 fracción I, omite motivar porqué era aplicable dicha fracción en el cómputo de la prescripción para cada antisocial. Asimismo, omitió fundar y motivar el tipo de delito de que se trata, es decir, si es perseguible de oficio o por querella de parte, a efecto de definir las reglas aplicables en términos del artículo 133 del Código Penal para el Estado de Puebla, para el cómputo de la prescripción. De igual forma, omitió fundar y motivar, la sanción correspondiente a cada delito, es decir, el artículo en específico que sancione dicha conducta, así como la legislación penal aplicable, a efecto de establecer la sanción respectiva, de conformidad con los artículos 130 y 131 del Código Penal del Estado de Puebla. Omite también, realizar el cómputo de cada delito por separado, tomando en consideración que en caso de acumulación de delitos, los plazos corren simultáneamente y prescriben de forma separada sea el caso, de acuerdo con lo establecido por el artículo 134 del Código antes citado. Finalmente, omite de tomar en consideración que en el proceso multicitado, el aquí quejoso ELADIO MARTÍNEZ VÁZQUEZ promovió diverso juicio de amparo 1212/1996 del índice del entonces Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Puebla, en contra de la orden de aprehensión dictada el dieciséis de julio de mil novecientos noventa y seis, tomando en cuenta las alegaciones que hace dicho inculpado en su escrito presentado el seis de septiembre de dos mil dieciséis, respecto de la suspensión de los actos reclamados en dicho juicio de garantías. [.]" Dicha resolución, causó ejecutoria el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, por lo que se solicitó el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 98 y 99). Ahora bien, mediante oficio recibido el veinticinco de enero de dos mil diecisiete (fojas 103 a 109), el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal de origen 191/1996, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: a) Dejó insubsistente la resolución reclamada de siete de septiembre de dos mil dieciséis, por lo que respecta al quejoso Eladio Martínez Vázquez; y, b) Siguiendo los lineamientos de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, determinó que el delito de homicidio es un delito que se agotó el día en que se cometió, es decir, se trata de un delito consumado, por tanto, resulta aplicable lo establecido en la fracción I del artículo 129 del Código Penal vigente en la época de los hechos. c) Precisó que el delito de homicidio es de aquéllos que se persiguen de manera oficiosa, por ello, y de conformidad con lo establecido en el artículo 131 del Código Penal vigente en la época de los hechos. d) Detalló que el delito de homicidio calificado se encuentra previsto en el artículo 312 y es sancionado de conformidad con los diversos numerales 326, fracciones I y II, y 331 del Código Penal vigente en la época de los hechos (1996), es decir, la penalidad oscila de veinte a cincuenta años de prisión. e) Estableció que existía acumulación de delitos, de acuerdo con el artículo 134 del Código antes citado, por lo que las acciones persecutorias que de ellos resulten, prescribirían separadamente en el plazo señalado por cada uno; así, en cuanto al delito de lesiones, había transcurrido un plazo aproximado de veinte años, seis meses, ocho días, mismo que excedía al máximo la sanción corporal que le correspondía; y, respecto al diverso antijurídico de homicidio calificado, al haber transcurrido el mismo plazo, no se excedía al máximo de la sanción corporal que le correspondía; lo anterior, tomando en consideración que los hechos tuvieron cabida el siete de julio de mil novecientos noventa y seis. d) Señaló que si bien el quejoso Eladio Martínez Vázquez promovió el diverso juicio de amparo 1212/1996 del índice del entonces Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, en dicho sumario se le negó el amparo y protección de la justicia federal, por lo que no se interrumpió el plazo para que operara la prescripción; abundando en que, aun cuando el aquí quejoso presentó una demanda de amparo en contra de la orden de captura emitida en su contra, no solicitó la suspensión de los actos reclamados, por lo que, en todo momento el Estado, a través de los elementos de la policía respectiva, pudieron complementar la orden de aprehensión, sin que lo hicieran, siendo esa inactividad imputable al propio órgano persecutor de los delitos. e) Finalmente, resolvió (en lo que interesa): "[.]" PRIMERO: Ha lugar a decretar a favor de Eladio Martínez Vázquez, la prescripción de la extinción de la acción penal como probable responsable en la comisión del delito de LESIONES, ilícito previsto y sancionado por los artículos 305, 306 fracción I del Código de Defensa Social vigente en la época de los hechos, cometido en agravio de IRINEO MARTÍNEZ OLAYA y RAYMUNDO OBTAOLA CAMARILLO. SEGUNDO. No ha lugar a declarar extinguida la acción penal por prescripción como probable responsable en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, ilícito previsto por el artículo 312, 323, 326 fracciones I y II, con relación al 13 del Código de Defensa Social del Estado, vigente en la época de los hechos, cometido en agravio de quien en vida llevó el nombre de JOSÉ DE JESÚS NIETO GUZMÁN. [.]" Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE DIECISEIS DE FEBRERO DE 2017 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 68 a 79), se concedió el amparo a la parte quejosa Eladio Martínez Vázquez, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la resolución dictada el siete de septiembre de dos mil dieciséis, en el proceso penal número 191/1996 de su índice; y, 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción y bajo su más estricta responsabilidad, emita una nueva que podrá ser en el mismo sentido en el cual subsane las deficiencias formales aquí destacadas (fundamentación y motivación) o bien, en uno diverso." Así, en la referida sentencia de amparo, se destacó que la resolución reclamada de siete de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, en los autos de la causa penal 191/1996, carecía de fundamentación y motivación, por los motivos que enseguida se expondrán: "[.] Lo anterior, dado que si bien el inculpado en la causa de origen ELADIO MARTÍNEZ VÁZQUEZ, aquí quejoso, le solicitó la prescripción de la acción penal por el antisocial de homicidio simple, y la autoridad responsable le expuso las razones por las cuales en la causa penal 191/1996, a su consideración se le atribuyen dos delitos (homicidio calificado y lesiones); concluyendo que además han transcurrido veinte años, un mes y veintiún días, tiempo que no excede al máximo de la sanción corporal que corresponde a los delitos por los cuales se ejercitó acción penal; dicha conclusión, se advierte, trasgrede los derechos fundamentales del peticionario de amparo. Se estima así, dado que la autoridad responsable en primer término, si bien fundamentó su actuación en el artículo 129 fracción I, omite motivar porqué era aplicable dicha fracción en el cómputo de la prescripción para cada antisocial. Asimismo, omitió fundar y motivar el tipo de delito de que se trata, es decir, si es perseguible de oficio o por querella de parte, a efecto de definir las reglas aplicables en términos del artículo 133 del Código Penal para el Estado de Puebla, para el cómputo de la prescripción. De igual forma, omitió fundar y motivar, la sanción correspondiente a cada delito, es decir, el artículo en específico que sancione dicha conducta, así como la legislación penal aplicable, a efecto de establecer la sanción respectiva, de conformidad con los artículos 130 y 131 del Código Penal del Estado de Puebla. Omite también, realizar el cómputo de cada delito por separado, tomando en consideración que en caso de acumulación de delitos, los plazos corren simultáneamente y prescriben de forma separada sea el caso, de acuerdo con lo establecido por el artículo 134 del Código antes citado. Finalmente, omite de tomar en consideración que en el proceso multicitado, el aquí quejoso ELADIO MARTÍNEZ VÁZQUEZ promovió diverso juicio de amparo 1212/1996 del índice del entonces Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Puebla, en contra de la orden de aprehensión dictada el dieciséis de julio de mil novecientos noventa y seis, tomando en cuenta las alegaciones que hace dicho inculpado en su escrito presentado el seis de septiembre de dos mil dieciséis, respecto de la suspensión de los actos reclamados en dicho juicio de garantías. [.]" Dicha resolución, causó ejecutoria el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, por lo que se solicitó el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 98 y 99). Ahora bien, mediante oficio recibido el veinticinco de enero de dos mil diecisiete (fojas 103 a 109), el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal de origen 191/1996, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: a) Dejó insubsistente la resolución reclamada de siete de septiembre de dos mil dieciséis, por lo que respecta al quejoso Eladio Martínez Vázquez; y, b) Siguiendo los lineamientos de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, determinó que el delito de homicidio es un delito que se agotó el día en que se cometió, es decir, se trata de un delito consumado, por tanto, resulta aplicable lo establecido en la fracción I del artículo 129 del Código Penal vigente en la época de los hechos. c) Precisó que el delito de homicidio es de aquéllos que se persiguen de manera oficiosa, por ello, y de conformidad con lo establecido en el artículo 131 del Código Penal vigente en la época de los hechos. d) Detalló que el delito de homicidio calificado se encuentra previsto en el artículo 312 y es sancionado de conformidad con los diversos numerales 326, fracciones I y II, y 331 del Código Penal vigente en la época de los hechos (1996), es decir, la penalidad oscila de veinte a cincuenta años de prisión. e) Estableció que existía acumulación de delitos, de acuerdo con el artículo 134 del Código antes citado, por lo que las acciones persecutorias que de ellos resulten, prescribirían separadamente en el plazo señalado por cada uno; así, en cuanto al delito de lesiones, había transcurrido un plazo aproximado de veinte años, seis meses, ocho días, mismo que excedía al máximo la sanción corporal que le correspondía; y, respecto al diverso antijurídico de homicidio calificado, al haber transcurrido el mismo plazo, no se excedía al máximo de la sanción corporal que le correspondía; lo anterior, tomando en consideración que los hechos tuvieron cabida el siete de julio de mil novecientos noventa y seis. d) Señaló que si bien el quejoso Eladio Martínez Vázquez promovió el diverso juicio de amparo 1212/1996 del índice del entonces Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, en dicho sumario se le negó el amparo y protección de la justicia federal, por lo que no se interrumpió el plazo para que operara la prescripción; abundando en que, aun cuando el aquí quejoso presentó una demanda de amparo en contra de la orden de captura emitida en su contra, no solicitó la suspensión de los actos reclamados, por lo que, en todo momento el Estado, a través de los elementos de la policía respectiva, pudieron complementar la orden de aprehensión, sin que lo hicieran, siendo esa inactividad imputable al propio órgano persecutor de los delitos. e) Finalmente, resolvió (en lo que interesa): "[.]" PRIMERO: Ha lugar a decretar a favor de Eladio Martínez Vázquez, la prescripción de la extinción de la acción penal como probable responsable en la comisión del delito de LESIONES, ilícito previsto y sancionado por los artículos 305, 306 fracción I del Código de Defensa Social vigente en la época de los hechos, cometido en agravio de IRINEO MARTÍNEZ OLAYA y RAYMUNDO OBTAOLA CAMARILLO. SEGUNDO. No ha lugar a declarar extinguida la acción penal por prescripción como probable responsable en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, ilícito previsto por el artículo 312, 323, 326 fracciones I y II, con relación al 13 del Código de Defensa Social del Estado, vigente en la época de los hechos, cometido en agravio de quien en vida llevó el nombre de JOSÉ DE JESÚS NIETO GUZMÁN. [.]" Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, primero de febrero de dos mil diecisiete. Vista la razón de cuenta, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, téngase a la Actuaria adscrita a este órgano de control constitucional manifestando que le fue imposible notificar a la parte quejosa el acuerdo dictado el veintiséis de enero año en curso, por los motivos que de la misma se desprenden; en consecuencia, y al encontrarse ante una imposibilidad de carácter transitorio; con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, notifíquese a dicha parte la citada determinación por lista de acuerdos. AUTO DE 26 DE ENERO DE 2017: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Visto, el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable Jueza de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, téngasele manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con su contenido y anexo, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga; apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.
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