Efren Palacios Vicente
Expediente 255/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 255/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Efren Palacios Vicente
- Agente del Ministerio Público Investigador de Tepexi de Rodríguez, Puebla (María Luisa Oropeza Alvarez)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en el cual se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en los cuadernos incidentales. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoracio´n, depuracio´n, destruccio´n, digitalizacio´n, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los o´rganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva, en su orden) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa y tercero interesada; por oficio a la autoridad responsable; y, al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripciónAsí lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. RRL. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, devolviendo sin diligenciar el despacho 166/2021 (orden 219/2021), de este juzgado Federal, en el cual se le encomendó que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, emplazara a la parte tercero interesada Alma Lucero Contreras Palacios, toda vez que no localizó el domicilio señalado para tal efecto; sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, toda vez que por auto de veintitrés de abril pasado, se tuvo a la referida tercero interesada apersonándose al presente sumario constitucional, además que en esa misma fecha, se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo. Dese de baja la comunicación oficial despacho 166/2021 (orden 219/2021) en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos, únicamente para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Investigador de Tepexi de Rodríguez, Puebla (********************); sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, toda vez que por auto de veintidós de abril pasado se tuvo por rendido. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba documental de la citada autoridad responsable, la que acompaña a su informe de cuenta, misma que se desahoga dada su propia y especial naturaleza. En otro aspecto, glósese el escrito signado por la tercera interesada ********************; y, visto su contenido, téngasele apersonando a este sumario constitucional. Por otro lado, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en el escrito de cuenta, toda vez que se ubica fuera de la jurisdicción de este juzgado de Distrito; sin embargo, resérvese de acordar lo que conforme a derecho corresponda respecto a dicho tópico, hasta en tanto sea devuelto el despacho 166/20201 (orden 219/2021) del índice de este órgano jurisdiccional, dado que en dicha comunicación oficial se le requirió para que señalara domicilio en esta ciudad o en zona conurbada para recibir las notificaciones personales derivadas de este juicio constitucional. Sin que haya lugar a tener el correo electrónico y número telefónico que proporciona como medios para recibir notificaciones, al no encontrarse previstos en la Ley de Amparo; sin embargo, ténganse dichos medios, únicamente para establecer contacto no procesal en este período de contingencia, sin que ello implique que pueda presentar promociones ni notificarse por ese medio. Por otra parte, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos, para los efectos legales conducentes. Además, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten como pruebas de su parte las documentales que anexa a su escrito de cuenta, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el expediente en que se actúa y con base en las constancias que lo integran, esta autoridad Federal decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, al advertir, de oficio, que en la especie se actualiza una causal de improcedencia notoria y manifiesta. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de la demanda de garantías y del informe justificado rendido por la fiscal responsable, se advierte que el quejoso ********************, acudió a esta vía de control constitucional a reclamar de la Agente del Ministerio Público Investigador de Tepexi de Rodríguez, Puebla (********************), el registro de actuación de once de marzo de dos mil veintiuno, dictado dentro de la carpeta de investigación ********************, a través del cual decretó medidas de protección en contra del aquí quejoso y en favor de la víctima ********************, en específico, las consistentes en: i) la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia en agravio de ********************; y, ii) el auxilio por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a la víctima mencionada, en el momento de solicitarlo. Lo anterior en uso de las facultades que le confiere el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con la copia cotejada de la carpeta de investigación ********************, que la representante social remitió en apoyo a su informe justificado; documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2 -por tratarse de una documental pública-, de la que se advierte que el once de marzo de dos mil veintiuno, dictó las medidas de protección reclamadas por el ahora quejoso. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." El registro de actuación reclamado, es del tenor literal siguiente: "En la ciudad de Tepexi de Rodríguez del estado de Puebla, siendo las 11:00 Once horas a los 11 once días del mes de marzo del 2021 dos mil veintiuno, la licenciada ********************, Agente del Ministerio Público Investigador de Tepexi de Rodríguez, Puebla, hace constar; Visto lo manifestado por la c. ******************** en su comparecencia de esta fecha 11 once días del mes de Marzo del 2021 dos mil veintiuno, se advierte que la víctima está en riesgo constante de ser agredida tanto física como moralmente por el imputado ********************, lo cual podría poner en peligro no sólo su integridad sino hasta la vida, por lo tanto con fundamento en los artículos 16, 20 apartado C y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 fracciones V y VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, gírese oficio al c. ********************, notificándole que a partir de esta fecha deberá abstenerse de realizar conductas de intimidación o molestia a la c. ********************, lo anterior con la finalidad de que se preserve su integridad física y/o psicológica, a fin de evitar la consumación de daños de difícil o imposible reparación, dicha medida permanecerá por dos meses. Gírese oficio al C. Director de Seguridad Pública Municipal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que ordene a elementos de esa corporación a su cargo, entreguen al c. ********************, el oficio de notificación de esta fecha, así como deberán brindarle el auxilio cuando lo solicite la c. ********************." En tales condiciones, como se adelantó, respecto de dicha determinación ministerial, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, y con la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; toda vez que la parte quejosa carece de interés jurídico para impugnar el acto reclamado precisado en líneas anteriores. Las porciones normativas antes citadas, son del tenor siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De acuerdo con el ámbito conceptual de los artículos transcritos, se puede establecer la existencia de dos figuras que dotan de legitimación al promovente para instar la acción de amparo, y que son: I. Interés jurídico, que se traduce en la existencia del derecho subjetivo del cual es titular el quejoso, que fue afectado por el acto de autoridad; e, II. Interés legítimo, de un interés difuso constitucionalmente tutelado en beneficio de una colectividad determinada, transgredido por el acto de autoridad, ya sea de manera individual o colectiva, a la cual pertenece el impetrante. Por ende, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada o por quien tenga un interés jurídico o legítimo, individual o colectivo, derivado de la situación especial que guarde frente al orden jurídico, lo que implica que uno de los presupuestos que deben concurrir ineludiblemente para la procedencia del juicio constitucional, es justamente la demostración plena del interés jurídico o legítimo (tratándose, entre otros casos, de intereses difusos o colectivos), que no es otra cosa sino la afectación al quejoso en la titularidad de un derecho. Resulta aplicable, la tesis 2a.LXXX/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Entonces, de las disposiciones señaladas se deduce que el juicio de amparo indirecto es improcedente, entre otros, contra los actos que no causan una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Ahora, en el caso que nos ocupa, se estima que la medida de protección dictada por la fiscal responsable en favor de la probable víctima de hechos con apariencia de delito ********************, no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del aquí quejoso ********************, porque, si bien va dirigida a este último, lo cierto es que no existe un apercibimiento categórico e individualizado de la imposición de una medida de apremio prevista en la ley, que lo obligue a acatar la determinación adoptada por la responsable. En efecto, para considerar que la medida de protección, en su caso, trasgrede los derechos fundamentales del gobernado, es necesario que tal mandato contenga un apercibimiento, el cual sí puede combatirse en el juicio de amparo, porque se trata de una orden individualizada que coloca al imputado en una situación de ineludible cumplimiento. De lo relatado se advierte, que la fiscal responsable hizo del conocimiento al hoy quejoso que debe abstenerse de realizar actos o conductas intimidantes y de molestia en contra de ********************, sin que se evidencie la existencia de apercibimiento alguno en caso de no acatar dicha instrucción; razón por la cual no le ocasiona perjuicio alguno en sus derechos fundamentales, toda vez que no se hizo apercibimiento alguno que tenga por objeto privarlo de su libertad personal o afectarlo en su patrimonio. Es así, pues el acto reclamado no establece una necesidad de obediencia que lo perturbe en su esfera jurídica de manera inminente, ya que únicamente constituye una medida de protección a la integridad psicológica y física de la probable víctima de la comisión de hechos con apariencia de delito. De ahí, que el acto reclamado no ha ocasionado, ni tiene una inminente afectación en los derechos fundamentales del quejoso y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia en estudio. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos numerales 61, fracción XII, 5, fracción I y 6, todos de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional. Cabe indicar que la causal invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo, aun celebrando la audiencia constitucional, tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las doce horas con dieciséis minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista a la tercera interesada (por no haber señalado hasta este momento domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones personales); y, mediante oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
- Principal
(publicación aviso) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 23 DE abril DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos, únicamente para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Investigador de Tepexi de Rodríguez, Puebla (********************); sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, toda vez que por auto de veintidós de abril pasado se tuvo por rendido. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba documental de la citada autoridad responsable, la que acompaña a su informe de cuenta, misma que se desahoga dada su propia y especial naturaleza. En otro aspecto, glósese el escrito signado por la tercera interesada ********************; y, visto su contenido, téngasele apersonando a este sumario constitucional. Por otro lado, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en el escrito de cuenta, toda vez que se ubica fuera de la jurisdicción de este juzgado de Distrito; sin embargo, resérvese de acordar lo que conforme a derecho corresponda respecto a dicho tópico, hasta en tanto sea devuelto el despacho 166/20201 (orden 219/2021) del índice de este órgano jurisdiccional, dado que en dicha comunicación oficial se le requirió para que señalara domicilio en esta ciudad o en zona conurbada para recibir las notificaciones personales derivadas de este juicio constitucional. Sin que haya lugar a tener el correo electrónico y número telefónico que proporciona como medios para recibir notificaciones, al no encontrarse previstos en la Ley de Amparo; sin embargo, ténganse dichos medios, únicamente para establecer contacto no procesal en este período de contingencia, sin que ello implique que pueda presentar promociones ni notificarse por ese medio. Por otra parte, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos, para los efectos legales conducentes. Además, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten como pruebas de su parte las documentales que anexa a su escrito de cuenta, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el expediente en que se actúa y con base en las constancias que lo integran, esta autoridad Federal decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, al advertir, de oficio, que en la especie se actualiza una causal de improcedencia notoria y manifiesta. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de la demanda de garantías y del informe justificado rendido por la fiscal responsable, se advierte que el quejoso ********************, acudió a esta vía de control constitucional a reclamar de la Agente del Ministerio Público Investigador de Tepexi de Rodríguez, Puebla (********************), el registro de actuación de once de marzo de dos mil veintiuno, dictado dentro de la carpeta de investigación ********************, a través del cual decretó medidas de protección en contra del aquí quejoso y en favor de la víctima ********************, en específico, las consistentes en: i) la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia en agravio de ********************; y, ii) el auxilio por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a la víctima mencionada, en el momento de solicitarlo. Lo anterior en uso de las facultades que le confiere el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con la copia cotejada de la carpeta de investigación ********************, que la representante social remitió en apoyo a su informe justificado; documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2 -por tratarse de una documental pública-, de la que se advierte que el once de marzo de dos mil veintiuno, dictó las medidas de protección reclamadas por el ahora quejoso. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." El registro de actuación reclamado, es del tenor literal siguiente: "En la ciudad de Tepexi de Rodríguez del estado de Puebla, siendo las 11:00 Once horas a los 11 once días del mes de marzo del 2021 dos mil veintiuno, la licenciada ********************, Agente del Ministerio Público Investigador de Tepexi de Rodríguez, Puebla, hace constar; Visto lo manifestado por la c. ******************** en su comparecencia de esta fecha 11 once días del mes de Marzo del 2021 dos mil veintiuno, se advierte que la víctima está en riesgo constante de ser agredida tanto física como moralmente por el imputado ********************, lo cual podría poner en peligro no sólo su integridad sino hasta la vida, por lo tanto con fundamento en los artículos 16, 20 apartado C y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 fracciones V y VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, gírese oficio al c. ********************, notificándole que a partir de esta fecha deberá abstenerse de realizar conductas de intimidación o molestia a la c. ********************, lo anterior con la finalidad de que se preserve su integridad física y/o psicológica, a fin de evitar la consumación de daños de difícil o imposible reparación, dicha medida permanecerá por dos meses. Gírese oficio al C. Director de Seguridad Pública Municipal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que ordene a elementos de esa corporación a su cargo, entreguen al c. ********************, el oficio de notificación de esta fecha, así como deberán brindarle el auxilio cuando lo solicite la c. ********************." En tales condiciones, como se adelantó, respecto de dicha determinación ministerial, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, y con la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; toda vez que la parte quejosa carece de interés jurídico para impugnar el acto reclamado precisado en líneas anteriores. Las porciones normativas antes citadas, son del tenor siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De acuerdo con el ámbito conceptual de los artículos transcritos, se puede establecer la existencia de dos figuras que dotan de legitimación al promovente para instar la acción de amparo, y que son: I. Interés jurídico, que se traduce en la existencia del derecho subjetivo del cual es titular el quejoso, que fue afectado por el acto de autoridad; e, II. Interés legítimo, de un interés difuso constitucionalmente tutelado en beneficio de una colectividad determinada, transgredido por el acto de autoridad, ya sea de manera individual o colectiva, a la cual pertenece el impetrante. Por ende, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada o por quien tenga un interés jurídico o legítimo, individual o colectivo, derivado de la situación especial que guarde frente al orden jurídico, lo que implica que uno de los presupuestos que deben concurrir ineludiblemente para la procedencia del juicio constitucional, es justamente la demostración plena del interés jurídico o legítimo (tratándose, entre otros casos, de intereses difusos o colectivos), que no es otra cosa sino la afectación al quejoso en la titularidad de un derecho. Resulta aplicable, la tesis 2a.LXXX/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Entonces, de las disposiciones señaladas se deduce que el juicio de amparo indirecto es improcedente, entre otros, contra los actos que no causan una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Ahora, en el caso que nos ocupa, se estima que la medida de protección dictada por la fiscal responsable en favor de la probable víctima de hechos con apariencia de delito ********************, no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del aquí quejoso ********************, porque, si bien va dirigida a este último, lo cierto es que no existe un apercibimiento categórico e individualizado de la imposición de una medida de apremio prevista en la ley, que lo obligue a acatar la determinación adoptada por la responsable. En efecto, para considerar que la medida de protección, en su caso, trasgrede los derechos fundamentales del gobernado, es necesario que tal mandato contenga un apercibimiento, el cual sí puede combatirse en el juicio de amparo, porque se trata de una orden individualizada que coloca al imputado en una situación de ineludible cumplimiento. De lo relatado se advierte, que la fiscal responsable hizo del conocimiento al hoy quejoso que debe abstenerse de realizar actos o conductas intimidantes y de molestia en contra de ********************, sin que se evidencie la existencia de apercibimiento alguno en caso de no acatar dicha instrucción; razón por la cual no le ocasiona perjuicio alguno en sus derechos fundamentales, toda vez que no se hizo apercibimiento alguno que tenga por objeto privarlo de su libertad personal o afectarlo en su patrimonio. Es así, pues el acto reclamado no establece una necesidad de obediencia que lo perturbe en su esfera jurídica de manera inminente, ya que únicamente constituye una medida de protección a la integridad psicológica y física de la probable víctima de la comisión de hechos con apariencia de delito. De ahí, que el acto reclamado no ha ocasionado, ni tiene una inminente afectación en los derechos fundamentales del quejoso y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia en estudio. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos numerales 61, fracción XII, 5, fracción I y 6, todos de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional. Cabe indicar que la causal invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo, aun celebrando la audiencia constitucional, tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las doce horas con dieciséis minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista a la tercera interesada (por no haber señalado hasta este momento domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones personales); y, mediante oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
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