Eladio Ferman Soto
Expediente 603/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 603/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 07/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Eladio Ferman Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el cuatro de octubre de dos mil dieciocho (fojas 195 a 199), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del quince de octubre al seis de noviembre de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la Jueza de Control y Ejecución de la Región Judicial Oriente con sede en San Juan de los Llanos Libres, Puebla, consistente en dos discos versátiles digitales (DVD´S), mismos que obran en sobres cerrados, agregados al presente expediente en las fojas veintidós y ciento ochenta y siete, por tanto, previo desglose y foja de sustitución que se inserte; se ordena devolver dichos documentos a la autoridad citada y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 189 y 190), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Oriente, con sede en San Juan de los Llanos Libres Puebla (María Guadalupe Muñoz Pérez) a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo indirecto; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna dentro del plazo concedido para desahogar dicha vista. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en sentencia de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 133 a 153), se concedió el amparo y protección a Eladio Ferman Soto para el efecto de que la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Oriente, con sede en San Juan de los Llanos Libres Puebla (María Guadalupe Muñoz Pérez) realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión de amparo. En las apuntadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y se le requiera su cumplimiento, la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Oriente, con sede en San Juan de los Llanos, Libres Puebla deberá realizar lo siguiente: a) Deje insubsistente la audiencia de impugnación -en todas sus fases- que se celebró el cuatro de junio de dos mil dieciocho, dentro del expediente 11/2018/LIBRES de su índice, en la cual confirmó la determinación del no ejercicio de la acción penal decretada dentro de la carpeta de investigación 443/2015. b) Señale fecha y hora para que tenga verificativo una nueva audiencia de impugnación en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en su desarrollo deberá garantizar en todo momento el debido proceso con base en los lineamientos que se expusieron en el desarrollo de esta resolución; esto es, conforme a lo establecido en el artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conceda a las partes el derecho de réplica que considere necesario esa Juzgadora (contradicción), a efecto de que en la propia audiencia resuelva lo conducente en relación con el medio de impugnación interpuesto por el aquí quejoso contra la determinación del no ejercicio de la acción penal. c) Remita este Juzgado las constancias que acrediten el cumplimiento a lo aquí determinado." En acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 173 a 175), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficio JOPL/505/2018 de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (foja 182), la jueza de control responsable comunicó las gestiones realizadas para cumplir con la sentencia de amparo, pues informó que en acuerdo de esa fecha, dejó insubsistente en todas sus fases la audiencia oral de cuatro de junio del presente año; así mismo, comunicó que señaló las once horas del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia de impugnación correspondiente. Por lo anterior, en acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (foja 184), se requirió a dicha autoridad para que, una vez celebrada la audiencia respectiva lo comunicara a esta autoridad. Así, por oficio JOPL/505/2018 de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (foja 186), la citada jueza de control responsable remitió el registro de audio y video generado con motivo de la audiencia celebrada en esa fecha, dentro del expediente de control judicial previo 11/2018/LIBRES (foja 178 DVD). A la documental referida consistente en el disco versátil digital y oficio remitidos por la autoridad responsable para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, pues de su reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su posterior consulta; además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa. Cobra aplicación, en cuanto a la valoración de las videograbaciones de las audiencias celebradas en el procedimiento penal, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." De cuyo contenido se aprecia que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la jueza responsable realizó lo siguiente: a) En acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la audiencia oral celebrada el cuatro de junio de dos mil dieciocho (foja 182) y señaló las once horas del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia de impugnación respectiva dentro del expediente de control judicial previo 11/2018/LIBRES de su índice. b) En audiencia celebrada el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho realizó lo siguiente 1. La juez de control responsable declaro abierta la audiencia y realizó la individualización de las partes (11:50:50 a 11:51:15 DVD). 2. La juez cuestionó a María Celerina Orea Moreno, asesora jurídica del aquí quejoso, sobre la inasistencia de Eladio Ferman Soto a esa audiencia (11:51:39 DVD), a lo cual, dicha compareciente informó que fue notificada de la celebración de la audiencia el viernes previo y se comunicó vía telefónica con el peticionario de amparo para hacerle saber sobre la celebración de la audiencia de impugnación; sin embargo, Eladio Ferman Soto le informó que no podía comparecer a ella por motivos laborales (11:51:47 a 11:52:21 DVD). 3. Por ello, la juez de control preguntó a María Celerina Orea Moreno si estaba justificada su calidad de asesora jurídica de la víctima Eladio Ferman Soto dentro de la carpeta de investigación (11:52:34 DVD); a lo cual dicha profesionista manifestó que fue designada con tal carácter dentro de la carpeta de investigación desde la presentación de la querella correspondiente, y que ha intervenido con tal carácter en diversos actos relacionados con la carpeta de investigación de origen, así como que dicho nombramiento no le ha sido revocado (11:52:41 a 11:54:55 DVD) 4. Ante tal afirmación, concedió el uso de la voz al fiscal, y éste solicitó se declara sin materia la audiencia de impugnación debió a la inasistencia de Eladio Ferman Soto (11:55:00 a 11:55:46 DVD). 5. La juez concedió el derecho de réplica a la asesora jurídica de la víctima, quien reiteró que consideraba que aún le asiste el carácter de asesora jurídica de la víctima por lo que sus derechos se encontraban representados (11:55:54 a 11:57:14 DVD) 6. En ejercicio de su derecho de dúplica, el representante social insistió en que, como la víctima fue quien solicitó el control judicial previo respecto de la determinación de no ejercicio de la acción penal, dada su inasistencia, debía declararse sin materia el control previo solicitado (11:57:18 a 11:58:21 DVD) 7. La juez declaró cerrado el debate (11:58:22 DVD) y resolvió la petición el fiscal, y declaró que no existe imposibilidad jurídica ni material para llevar a cabo la audiencia debido a que, si bien la víctima del delito Eladio Ferman Soto no compareció a la audiencia, lo cierto es que sus derechos e intereses se encontraban representados por su asesora jurídica María Celerina Orea Moreno (12:04:30 DVD) por lo que estableció que se colman las condiciones para llevar a cabo la audiencia de control judicial previo (12:08:09 DVD). 8. La juez de control concedió el uso de la voz a la asesoría jurídica de la víctima, aquí quejoso, quien expresó los antecedentes del asunto y expuso los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación 443/2015 del índice del agente del Ministerio Público Investigador de San Juan de los Llanos, Libres, Puebla y solicitó se revocara la determinación de no ejercicio de la acción penal decretada en ese expediente y se continúe con la investigación, debido a que ofreció diversos actos de investigación tendentes a esclarecer los hechos materia de la indagatoria (12:08:34 a 12:33:02 DVD) 9. En uso de la voz, el fiscal contradijo los argumentos expuestos por la asesora jurídica de la víctima y señaló que los hechos denunciados no son constitutivos de delito de despojo, lo que motivó la determinación de no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación citada (12:33:03 a 12:50:02 DVD) 10. La juez concedió el uso de la voz a la asesora jurídica de Eladio Ferman Soto, y en ejercicio de la contra réplica, argumentó que la obligación de investigar los delitos recae en el Ministerio Público, pues es él quien tiene a su cargo la dirección de la investigación, por lo que es su obligación allegarse de los datos de prueba necesarios para el esclarecimiento de los hechos, ya que no es obligación de la víctima proporcionar todos los elementos de prueba que resulten necesarios, sino que es el representante social quien debe investigar y allegarse de ellos, por lo que insistió en que se debe seguir investigando en la carpeta de investigación de origen (12:50:06 a 12:58:12 DVD) 11. La juez de control responsable, concedió nuevamente el uso de la voz al fiscal, quien señaló que la asesora jurídica no controvirtió los argumentos sostenidos por el fiscal, sino únicamente abundó sobre los datos de prueba existentes pero que con ellos no se configura el hecho que la ley señala como delito de despojo (12:58:14 a 01:01:17 DVD). 12. La juez de control concedió el derecho de dúplica a la asesora jurídica del aquí quejoso, quien únicamente reiteró su petición de que se realicen nuevos actos de investigación en la carpeta de investigación (01:01:19 a 01:02:36 DVD). 13. La juez de control concedió el uso de la voz al Ministerio Público, quien expresó únicamente que el control judicial previo debe versar sobre la determinación de no ejercicio de la acción penal, y no para proponer nuevos actos de investigación (01:02:38 a 01:02:47 DVD) 14. La juez declaró cerrado el debate y resolvió sobre la petición de la asesora jurídica de la víctima, expuso los motivos y fundamentos de su decisión y expresó que a su juicio, con los elementos que obran en la carpeta de investigación, no se colman los elementos configurativos del hecho que la ley señala como delito de despojo, debido a que los datos de prueba no son suficientes para demostrar con claridad quién es el titular del inmueble en controversia; y que los actos posesorios de la víctima no quedaron plenamente establecidos, por lo que consideró que la fiscalía no vulneró los derechos fundamentales de Eladio Ferman Soto (01:02:50 a 01:36:36 DVD), por lo que confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal motivo de ese control judicial previo (01:36:46 DVD) Así, la juez de control responsable, celebró la audiencia de control judicial previo de impugnación conforme a lo establecido en el artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que concedió a las partes el derecho de réplica que consideró necesario (contradicción), y en la propia audiencia resolvió lo conducente en relación con el medio de impugnación interpuesto por el aquí quejoso contra la determinación del no ejercicio de la acción penal. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018 el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla al licenciado Horacio Óscar Rosete Mentado con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Principal
(AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ENRIQUE SOTO MONTIEL E ISAIAS SOTO MERINO EL PROVEÍDO DE 04 DE OCTUBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 189 y 190), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Oriente, con sede en San Juan de los Llanos Libres Puebla (María Guadalupe Muñoz Pérez) a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo indirecto; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna dentro del plazo concedido para desahogar dicha vista. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en sentencia de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 133 a 153), se concedió el amparo y protección a Eladio Ferman Soto para el efecto de que la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Oriente, con sede en San Juan de los Llanos Libres Puebla (María Guadalupe Muñoz Pérez) realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión de amparo. En las apuntadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y se le requiera su cumplimiento, la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Oriente, con sede en San Juan de los Llanos, Libres Puebla deberá realizar lo siguiente: a) Deje insubsistente la audiencia de impugnación -en todas sus fases- que se celebró el cuatro de junio de dos mil dieciocho, dentro del expediente 11/2018/LIBRES de su índice, en la cual confirmó la determinación del no ejercicio de la acción penal decretada dentro de la carpeta de investigación 443/2015. b) Señale fecha y hora para que tenga verificativo una nueva audiencia de impugnación en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en su desarrollo deberá garantizar en todo momento el debido proceso con base en los lineamientos que se expusieron en el desarrollo de esta resolución; esto es, conforme a lo establecido en el artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conceda a las partes el derecho de réplica que considere necesario esa Juzgadora (contradicción), a efecto de que en la propia audiencia resuelva lo conducente en relación con el medio de impugnación interpuesto por el aquí quejoso contra la determinación del no ejercicio de la acción penal. c) Remita este Juzgado las constancias que acrediten el cumplimiento a lo aquí determinado." En acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 173 a 175), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficio JOPL/505/2018 de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (foja 182), la jueza de control responsable comunicó las gestiones realizadas para cumplir con la sentencia de amparo, pues informó que en acuerdo de esa fecha, dejó insubsistente en todas sus fases la audiencia oral de cuatro de junio del presente año; así mismo, comunicó que señaló las once horas del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia de impugnación correspondiente. Por lo anterior, en acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (foja 184), se requirió a dicha autoridad para que, una vez celebrada la audiencia respectiva lo comunicara a esta autoridad. Así, por oficio JOPL/505/2018 de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (foja 186), la citada jueza de control responsable remitió el registro de audio y video generado con motivo de la audiencia celebrada en esa fecha, dentro del expediente de control judicial previo 11/2018/LIBRES (foja 178 DVD). A la documental referida consistente en el disco versátil digital y oficio remitidos por la autoridad responsable para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, pues de su reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su posterior consulta; además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa. Cobra aplicación, en cuanto a la valoración de las videograbaciones de las audiencias celebradas en el procedimiento penal, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." De cuyo contenido se aprecia que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la jueza responsable realizó lo siguiente: a) En acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la audiencia oral celebrada el cuatro de junio de dos mil dieciocho (foja 182) y señaló las once horas del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia de impugnación respectiva dentro del expediente de control judicial previo 11/2018/LIBRES de su índice. b) En audiencia celebrada el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho realizó lo siguiente 1. La juez de control responsable declaro abierta la audiencia y realizó la individualización de las partes (11:50:50 a 11:51:15 DVD). 2. La juez cuestionó a María Celerina Orea Moreno, asesora jurídica del aquí quejoso, sobre la inasistencia de Eladio Ferman Soto a esa audiencia (11:51:39 DVD), a lo cual, dicha compareciente informó que fue notificada de la celebración de la audiencia el viernes previo y se comunicó vía telefónica con el peticionario de amparo para hacerle saber sobre la celebración de la audiencia de impugnación; sin embargo, Eladio Ferman Soto le informó que no podía comparecer a ella por motivos laborales (11:51:47 a 11:52:21 DVD). 3. Por ello, la juez de control preguntó a María Celerina Orea Moreno si estaba justificada su calidad de asesora jurídica de la víctima Eladio Ferman Soto dentro de la carpeta de investigación (11:52:34 DVD); a lo cual dicha profesionista manifestó que fue designada con tal carácter dentro de la carpeta de investigación desde la presentación de la querella correspondiente, y que ha intervenido con tal carácter en diversos actos relacionados con la carpeta de investigación de origen, así como que dicho nombramiento no le ha sido revocado (11:52:41 a 11:54:55 DVD) 4. Ante tal afirmación, concedió el uso de la voz al fiscal, y éste solicitó se declara sin materia la audiencia de impugnación debió a la inasistencia de Eladio Ferman Soto (11:55:00 a 11:55:46 DVD). 5. La juez concedió el derecho de réplica a la asesora jurídica de la víctima, quien reiteró que consideraba que aún le asiste el carácter de asesora jurídica de la víctima por lo que sus derechos se encontraban representados (11:55:54 a 11:57:14 DVD) 6. En ejercicio de su derecho de dúplica, el representante social insistió en que, como la víctima fue quien solicitó el control judicial previo respecto de la determinación de no ejercicio de la acción penal, dada su inasistencia, debía declararse sin materia el control previo solicitado (11:57:18 a 11:58:21 DVD) 7. La juez declaró cerrado el debate (11:58:22 DVD) y resolvió la petición el fiscal, y declaró que no existe imposibilidad jurídica ni material para llevar a cabo la audiencia debido a que, si bien la víctima del delito Eladio Ferman Soto no compareció a la audiencia, lo cierto es que sus derechos e intereses se encontraban representados por su asesora jurídica María Celerina Orea Moreno (12:04:30 DVD) por lo que estableció que se colman las condiciones para llevar a cabo la audiencia de control judicial previo (12:08:09 DVD). 8. La juez de control concedió el uso de la voz a la asesoría jurídica de la víctima, aquí quejoso, quien expresó los antecedentes del asunto y expuso los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación 443/2015 del índice del agente del Ministerio Público Investigador de San Juan de los Llanos, Libres, Puebla y solicitó se revocara la determinación de no ejercicio de la acción penal decretada en ese expediente y se continúe con la investigación, debido a que ofreció diversos actos de investigación tendentes a esclarecer los hechos materia de la indagatoria (12:08:34 a 12:33:02 DVD) 9. En uso de la voz, el fiscal contradijo los argumentos expuestos por la asesora jurídica de la víctima y señaló que los hechos denunciados no son constitutivos de delito de despojo, lo que motivó la determinación de no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación citada (12:33:03 a 12:50:02 DVD) 10. La juez concedió el uso de la voz a la asesora jurídica de Eladio Ferman Soto, y en ejercicio de la contra réplica, argumentó que la obligación de investigar los delitos recae en el Ministerio Público, pues es él quien tiene a su cargo la dirección de la investigación, por lo que es su obligación allegarse de los datos de prueba necesarios para el esclarecimiento de los hechos, ya que no es obligación de la víctima proporcionar todos los elementos de prueba que resulten necesarios, sino que es el representante social quien debe investigar y allegarse de ellos, por lo que insistió en que se debe seguir investigando en la carpeta de investigación de origen (12:50:06 a 12:58:12 DVD) 11. La juez de control responsable, concedió nuevamente el uso de la voz al fiscal, quien señaló que la asesora jurídica no controvirtió los argumentos sostenidos por el fiscal, sino únicamente abundó sobre los datos de prueba existentes pero que con ellos no se configura el hecho que la ley señala como delito de despojo (12:58:14 a 01:01:17 DVD). 12. La juez de control concedió el derecho de dúplica a la asesora jurídica del aquí quejoso, quien únicamente reiteró su petición de que se realicen nuevos actos de investigación en la carpeta de investigación (01:01:19 a 01:02:36 DVD). 13. La juez de control concedió el uso de la voz al Ministerio Público, quien expresó únicamente que el control judicial previo debe versar sobre la determinación de no ejercicio de la acción penal, y no para proponer nuevos actos de investigación (01:02:38 a 01:02:47 DVD) 14. La juez declaró cerrado el debate y resolvió sobre la petición de la asesora jurídica de la víctima, expuso los motivos y fundamentos de su decisión y expresó que a su juicio, con los elementos que obran en la carpeta de investigación, no se colman los elementos configurativos del hecho que la ley señala como delito de despojo, debido a que los datos de prueba no son suficientes para demostrar con claridad quién es el titular del inmueble en controversia; y que los actos posesorios de la víctima no quedaron plenamente establecidos, por lo que consideró que la fiscalía no vulneró los derechos fundamentales de Eladio Ferman Soto (01:02:50 a 01:36:36 DVD), por lo que confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal motivo de ese control judicial previo (01:36:46 DVD) Así, la juez de control responsable, celebró la audiencia de control judicial previo de impugnación conforme a lo establecido en el artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que concedió a las partes el derecho de réplica que consideró necesario (contradicción), y en la propia audiencia resolvió lo conducente en relación con el medio de impugnación interpuesto por el aquí quejoso contra la determinación del no ejercicio de la acción penal. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018 el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla al licenciado Horacio Óscar Rosete Mentado con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias, Región Judicial Oriente, con sede en San Juan de los Llanos, Libres, Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber cumplido con la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta y con el diverso oficio agregado en acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (foja 184) dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al disco versátil digital que remitió la jueza responsable no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica de pruebas documentales públicas. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Guárdese en un sobre cerrado el disco que acompaña, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar.
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