Efren Melendez Balbuena
Expediente 733/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 733/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 21/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Efren Melendez Balbuena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio del Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Juan Carlos Malpica Aladro, a través del cual, acusa recibo del oficio 373-1 de once de octubre de dos mil veintiuno, por el que se le devolvió el anexo I y 3 discos versátiles formato DVD, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. No pasa inadvertido para el suscrito juzgador que no obra en autos la constancia de notificación a la autoridad tercera interesada: Emmanuel Méndez Carrera, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Apoyo de Litigación Oral, Zona Regional, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla, de la referida resolución; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues al haberse negado la protección constitucional, la sentencia aludida no perjudica a dicha autoridad, ya que solo están legitimados para interponer el recurso de revisión las partes a quienes resulte desfavorable la determinación que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las siguientes tesis aisladas: RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique. RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley). Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, pero es susceptible de DEPURACIÓN, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Por otro lado, respecto al expediente original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de DESTRUCCIÓN, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar los discos versátiles digitales (DVD) que remitió la autoridad responsable Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Juan Carlos Malpica Aladro, así como las copias certificadas de la carpeta judicial administrativa 75/2020/MATAMOROS, de su índice que remitió como justificación de su informe, y con las que se ordenó formar el anexo I, se ordena devolverlas a la citada autoridad responsable, y se le requiere para que el término de veinticuatro horas acuse el recibo correspondiente. Apercibido que de no hacerlo en el término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta veces, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, al ser innecesario conservar la documental que la parte quejosa exhibió en este asunto, consistente en el registro de audio y video generado con la audiencia celebrada el nueve de julio de dos mil veintiuno, en la carpeta judicial administrativa 75/2020/MATAMOROS, contenido en un disco versátil digital (foja 24), hágase saber a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger la documental que exhibió, apercibida que de no hacerlo ésta podrá ser depurada junto con el expediente principal; la cual le será devuelta, previa identificación y constancia de su entrega. Y, para ello, deberá ajustarse a lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, respecto a la asistencia de personas mediante el programa para la generación de citas, al que se refiere en el capítulo II. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado para tal efecto; por lista a la parte tercera interesada; y, mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción...
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, trece de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. No pasa inadvertido para el suscrito juzgador que no obra en autos la constancia de notificación a la autoridad tercera interesada: Emmanuel Méndez Carrera, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Apoyo de Litigación Oral, Zona Regional, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla, de la referida resolución; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues al haberse negado la protección constitucional, la sentencia aludida no perjudica a dicha autoridad, ya que solo están legitimados para interponer el recurso de revisión las partes a quienes resulte desfavorable la determinación que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las siguientes tesis aisladas: RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique. RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley). Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, pero es susceptible de DEPURACIÓN, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Por otro lado, respecto al expediente original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de DESTRUCCIÓN, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar los discos versátiles digitales (DVD) que remitió la autoridad responsable Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Juan Carlos Malpica Aladro, así como las copias certificadas de la carpeta judicial administrativa 75/2020/MATAMOROS, de su índice que remitió como justificación de su informe, y con las que se ordenó formar el anexo I, se ordena devolverlas a la citada autoridad responsable, y se le requiere para que el término de veinticuatro horas acuse el recibo correspondiente. Apercibido que de no hacerlo en el término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta veces, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, al ser innecesario conservar la documental que la parte quejosa exhibió en este asunto, consistente en el registro de audio y video generado con la audiencia celebrada el nueve de julio de dos mil veintiuno, en la carpeta judicial administrativa 75/2020/MATAMOROS, contenido en un disco versátil digital (foja 24), hágase saber a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger la documental que exhibió, apercibida que de no hacerlo ésta podrá ser depurada junto con el expediente principal; la cual le será devuelta, previa identificación y constancia de su entrega. Y, para ello, deberá ajustarse a lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, respecto a la asistencia de personas mediante el programa para la generación de citas, al que se refiere en el capítulo II. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado para tal efecto; por lista a la parte tercera interesada; y, mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción...
- Principal
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Efrén Meléndez Balbuena, contra los actos que reclamó del Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Juan Carlos Malpica Aladro, consistente en el auto vinculación a proceso dictado en su contra; en términos del considerando séptimo de este fallo constitucional. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta resolución. Notifíquese por lista al quejoso y a la tercera interesada; mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.
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