Edwin Tomás Domínguez Pérez

Expediente 41/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 24 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
41/2023
Año
2023
Actuaciones
24
Última actuación
07/09/2023

Partes del expediente

  • Edwin Tomás Domínguez Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la constancia realizada el seis de septiembre del presente año por la Actuarial Judicial adscrita, se advierte que señala la imposibilidad que imperó para notificar el proveído de uno del actual, a saber, la entrega del oficio 24146/2023, dirigido al Representante Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, pues una vez que se constituyó en las instalaciones del Instituto, se le indicó que dicha denominación era inexistente. Visto lo antes expuesto, se ordena que la notificación en comento, así como las subsecuentes, les sean practicadas por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado, con fundamento en lo establecido por el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.IRS

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a primero de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de quince de agosto del presente año, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El presente juicio de amparo e incidente de suspensión son conservables dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; al tratarse de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, sin embargo se concedió la suspensión de plano respecto del acto reclamado y por haberse concedido la suspensión definitiva solicitada en el incidente de suspensión. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Por otra parte, atento a lo establecido en el oficio INM/ORCHIH/1410/2023 de veinticinco de agosto pasado, signado por el Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua, resulta innecesario librar oficios a las autoridades adscritas a la entonces Estancia Provisional de ese Instituto. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto 41/2023, ello, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a quince de agosto de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1050/2022-V. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El diecisiete de septiembre de dos mil veintidós, ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, se recibió y radicó la demanda ********************, promovida por ********************, a favor de ******************** y otros; luego, el once de enero de dos mil veintitrés, ordenó la separación de juicios, por lo que correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, respecto de la demanda promovida y ratificada por ********************, la cual se radicó bajo el número 41/2023-V, en la que demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: (.) A. C. ENCARGADO DE LA ESTANCIA PROVISIONAL JUÁREZ del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. [.] B. C. REPRESENTANTE LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN [.] C. C. SUB REPRESENTANTE LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, ADSCRITO A LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN CHIHUAHUA [.] IV.- ACTOS RECLAMADOS. La inconstitucional incomunicación, malos tratos y vejaciones que se encuentran ocurriendo en perjuicio de mis representados, a quienes no he tenido la oportunidad de entrevistar desde su detención, derivado de la restricción y falta de acceso a asesoría que las diversas autoridades señaladas como responsables mantienen hasta este momento, lo cual se traduce en las prohibiciones que establece el numeral 15 de la Ley de Amparo y los propios del numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La inconstitucional e inconvencional falta de acceso al debido proceso - formalidades esenciales del procedimiento- [.] por lo que se presume se pretende sean remitidos en calidad de Asegurados a una Estación Migratoria en este u otro estado de la República Mexicana [.] 4. Por lo anterior expuesto, es que las familias de los hoy quejosos se encuentran preocupadas y con bastante incertidumbre por su estatus, teniendo el temor fundado de que se continúe con la incomunicación y riesgo de deportación [.] SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 11, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, realizó las actuaciones siguientes; el diecisiete de septiembre de dos mil veintidós, radicó la demanda con el consecutivo ********************; luego, el diecinueve del citado mes y año, al haber ratificado el escrito de demanda ********************, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; así, el once de enero de dos mil veintitrés, ordenó la separación de juicios respecto del justiciable de referencia. Por tal motivo, el trece de enero de dos mil veintitrés, esta Juzgadora aceptó la competencia planteada, radicándola bajo el número de expediente 41/2023-V. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama del Representante Local Noreste adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y el Subrepresentante Local adscrito a la Oficina de Representación y Encargado de la Estancia Provisional, ambos del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad. La privación de la libertad a través de la orden de detención, retención, aseguramiento o alojamiento; incomunicación, deportación y/o expulsión; traslado a diversa estación migratoria; malos tratos y vejaciones; y el impedir la comunicación con su abogado. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. I. El Representante Local Noreste adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, residente en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante haber sido debidamente requerido para ello. Sin embargo, no ha lugar a tener por ciertos los actos que se le endilgan, pues de las constancias que conforman el sumario se desprende que el justiciable se encontraba a disposición del Subrepresentante Local adscrito a la Oficina de Representación y Encargado de la Estancia Provisional, del Instituto Nacional de Migración; lo que evidencia la inexistencia de los actos que se reclaman a aquella autoridad. II. Por lo que hace a la incomunicación, deportación y/o expulsión; traslado a diversa estación migratoria; malos tratos y vejaciones, de las constancias que remitió la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, se desprende su inexistencia. Se dice lo anterior, pues de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintidós, obran las siguientes constancias: oficio ********************, en el que el agente federal de migración, comunica al Subrepresentante Local, que se llevó a cabo la detención del quejoso, motivo por el cual fue presentado ante esa instancia; asimismo, comparecencia en la que indicó no haber sido objeto de malos tratos físicos o verbales; la solicitud de retorno asistido bajo el expediente ********************, en el que consta su manifestación expresa de acogerse al derecho de retorno asistido; autorización de notificación consular; certificados médicos de ingreso y egreso en el que se asentó que el justiciable se encuentra en buen estado de salud; Razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto de las autoridades y acto reclamados que quedaron precisados en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 804176, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad, fue omiso en remitir su informe justificado, no obstante haber sido debidamente requerido para ello, por lo que en términos de los numerales 115 y 117 de la Ley de Amparo se presume la existencia de los actos que se le endilgan, a saber, la privación de la libertad a través de la orden de detención, retención, aseguramiento o alojamiento y el impedir la comunicación con su abogado. Por tanto, se tienen por ciertos los actos que se endilgan a la autoridad responsable, siendo aplicable al caso la tesis con registro digital 21100, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Octava Época, Materias Común, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, de julio de 1994, página 391, que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Así, Esta Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] El numeral es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida. Lo anterior, toda vez que del sumario se desprenden los siguientes datos relevantes: 1. El diecisiete de septiembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda presentada a favor de ********************. 2. El veinte de septiembre de dos mil veintidós, se emitió acuerdo de salida de la estancia provisional por mandato judicial, en cumplimiento a lo ordenado en el expediente ********************, de la estadística del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua. De lo que se tiene, que el justiciable se encuentra gozando de su libertad. En efecto, y toda vez que para la actualización de la causal de improcedencia que se analiza no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia III.2o.C J/22, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página número mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, de febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido establece lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, de junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no obstante que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso, sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho Ordenamiento Legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos materia de estudio en este considerando. Así, toda vez que el sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación respectivos; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 41/2023-V, promovido por ********************. Notifíquese por lista electrónica; y por oficio a las autoridades. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República, adjunto al cual, remite copia de todo lo actuado en el procedimiento administrativo 4371/2022 instaurado al peticionario de amparo, **********; en tal sentido, como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con las documentales que se atienden, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

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