Efraín Macías Rodríguez y Otros.

Expediente 426/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
426/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
04/10/2021

Partes del expediente

  • Efraín Macías Rodríguez y Otros.
  • Efraín Macías Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, se tiene que este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto, aunque se sobreseyó, se concedió la suspensión de plano. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 426/2021-II promovido por *** y ***. Resultando Primero. Presentación de la demanda. El siete de junio de dos mil veintiuno, por cuestión de turno, se recibió en este Juzgado Séptimo de Distrito, la demanda promovida por *** y ***, quienes demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y otras autoridades, consistentes en actos de tortura y su traslado del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, de esta ciudad, a uno diverso. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 16, 18 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda; admisión y desechamiento parcial. Por auto de siete de junio de dos mil veintiuno, se admitió parcialmente la demanda de amparo, pues se desechó por lo que hace al traslado reclamado y se admitió por los actos de tortura; se decretó la suspensión de plano respecto a ésta, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, se solicitaron los informes sobre la suspensión de plano y justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, causó estado del desechamiento parcial de la demanda. Cuarto. Declaratoria de autoridades inexistentes. En proveídos de veinticuatro de junio y de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se tuvieron por inexistentes las autoridades que el quejoso señaló como responsables y denominó "Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chihuahua", "Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua", "Unidad de Traslados Amparos y Derechos Humanos de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua" y "Supervisor Regional de la Dirección de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales"; sin que los quejosos hayan efectuado por sí, o por conducto de sus autorizados, manifestación alguna al respecto. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que los promoventes de amparo reclamaron de las autoridades señaladas como responsables, la tortura de que se dijo, eran objeto. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir informes justificados, el Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, en esta ciudad, por sí y en representación del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, del Comandante y Subcomandante de ese centro carcelario, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte, Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, Encargada de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad, Zona Norte, Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua y Coordinador Regional de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua, en su denominación correcta, con sede en esta ciudad; Fiscal General del Estado, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, Coordinador de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Subsecretaria del Sistema Penitenciario, Ejecución y Medidas Judiciales, por sí y en representación del Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Director de Centros de Reinserción Social en el Estado de Chihuahua, (en su denominación correcta) y Coordinador Operativo del Departamento de Seguridad y Custodia Penitenciaria en el Estado de Chihuahua (en su denominación correcta), con sede en Chihuahua, capital; Comisionado de Prevención y Readaptación Social, Coordinador General de los Centros Federales, Director General de Ejecución de Sanciones, Director Operativo en Centros Federales (en su denominación correcta) y Subdirector General de Ejecución de Sanciones a Extranjeros, Indígenas y CEFERESOS (en su denominación correcta) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (en su denominación correcta y completa), con sede en la Ciudad de México, negaron categóricamente la existencia del acto endilgado. Lo anterior sin que la parte quejosa, por sí o por conducto de sus autorizados, haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar las negativas de las responsables; razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 426/2021-II, promovido por *** y ***, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se pronunció respecto a la vista que se le dio mediante auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, a fin de que manifestara la denominación correcta de la autoridad que designó como responsable y denominó como "Delegado de la Procuraduría General de la República". Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se tiene por inexistente dicha autoridad; efectúense las modificaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se comisiona al Analista Jurídico S.I.S.E. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Coordinador Regional de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua, en su denominación correcta, para que conste como legalmente corresponda; de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, con su contenido se ordena dar vista a las partes a fin de que realicen las manifestaciones que a su interés legal convenga. Lo anterior, tómese en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional, en términos del artículo 124, de la legislación de la materia. En apego a los artículos 9 y 28, de la Ley de Amparo, se tiene la autoridad oficiante designando como delegados a las personas que nombra y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe. Finalmente, conforme al artículo 5, fracción II, de la ley en comento, se comisiona al Oficial del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice la anotación correspondiente respecto de la denominación correcta de la autoridad responsable en cita. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.GNMA

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