Efrain Salais Avitia
Expediente 40/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 22 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 40/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 31/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Efrain Salais Avitia
- Efrain Salais Avitia y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete, se sobreseyó el presente juicio de amparo la que causó ejecutoria el dieciocho de mayo del mismo año, por lo que, en esa misma fecha, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días computados legalmente acudiera a este órgano jurisdiccional a recoger el certificado de depósito *******, valioso por la cantidad de $*******. Atento a lo anterior, toda vez que la parte quejosa, no compareció ante este Juzgado, dígasele que dicha garantía queda a su disposición para efectos de devolución, por el término de dos años, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación y una vez transcurrido dicho término, prescribirá la misma a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 45 y 48 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.aprh
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y existe billete de depósito *******, por la cantidad de $*******, y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a este juzgado federal debidamente identificado, con credencial oficial vigente, a recoger el billete de depósito *******, valioso por la cantidad de $*******, que exhibió para garantizar la suspensión que le fue concedida, con el apercibimiento que de no hacerlo así, transcurrido el término que señala el artículo 36 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, se hará efectivo a favor de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete que dice: Ciudad Juárez Chihuahua; dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y existe billete de depósito *******, por la cantidad de $*******, y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a este juzgado federal debidamente identificado, con credencial oficial vigente, a recoger el billete de depósito *******, valioso por la cantidad de $*******, que exhibió para garantizar la suspensión que le fue concedida, con el apercibimiento que de no hacerlo así, transcurrido el término que señala el artículo 36 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, se hará efectivo a favor de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 40/2017-I-2. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de enero de dos mil diecisiete, ** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación en apoyo a la Agencia Cuarta Investigadora Ciudad Juárez de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Chihuahua, agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia Quinta Investigadora Ciudad Juárez de la Unidad de Investigación y Litigación, agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Fiscalía Federal Sexta, Comisionado General de la Policía Federal de la División de Fuerzas Federales Coordinación y Reacción y Alerta Inmediata Operación Ciudad Juárez, Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, Fiscal General del Estado, Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, Coordinador de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos con persona detenida y Coordinador Regional de la División de Investigación de la Policía Estatal Unica en la Zona Norte a quienes les reclamó la orden de detención, aprehensión o presentación, así como su ejecución. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violadas. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señalaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la que, después de diferida se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CUARTO. Autoridad inexistente. El veintisiete de enero de dos mil diecisiete se tuvo por inexistente al Fiscal adjunto a la Fiscalía General del Estado, Zona Norte y el siete de febrero de dos mil diecisiete se tuvo por inexistente al agente del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Séptima y Novena Agencia Investigadora y Fiscal del Estado a cargo de la Unidad Especializada en ordenes de aprehensión, Zona Norte. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35 de la Ley de Amparo en vigor y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los demás que lo adicionan y modifican, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama en esencia: La orden de detención, presentación y su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. De igual forma es aplicable el diverso criterio emitido por la instancia antes citada, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación en apoyo a la Agencia Cuarta Investigadora Ciudad Juárez de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Chihuahua, agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia Quinta Investigadora Ciudad Juárez de la Unidad de Investigación y Litigación, agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Fiscalía Federal Sexta, Comisionado General de la Policía Federal de la División de Fuerzas Federales Coordinación y Reacción y Alerta Inmediata Operación Ciudad Juárez, Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, Fiscal General del Estado, Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, Coordinador de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos con persona detenida y Coordinador Regional de la División de Investigación de la Policía Estatal Única en la Zona Norte, al rendir su respectivo informe manifestaron que no son ciertos los actos de que se duele el quejoso. Aunado a lo anterior, la parte quejosa no aportó pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria, que textualmente establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.] Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por su parte, el Comisionado General de la Policía Federal de la División de Fuerzas Federales, Coordinación y Reacción y Alerta Inmediata Operación Ciudad Juárez, con residencia en la Ciudad de México, fue omiso en rendir el informe justificado que se le solicitó, a pesar de que fue notificado para ello. Ahora, el artículo 117, de la Ley de Amparo, establece que cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado. Sin embargo, toda vez que esta autoridad fue señalada por el quejoso como ejecutora y las ordenadoras negaron el acto que se les endilgó, es inconcuso que no pueden acatar una orden de detención o presentación inexistente, y su acto tampoco es cierto. Apoya lo anterior, por mayoría de razón, la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo CVII del Semanario Judicial de la Federación, página 2177, con número de registro 299106, Quinta Época, de texto y rubro: AUTORIDADES EJECUTORAS, FALTA DE INFORME PREVIO. A pesar de que la autoridad ejecutora no rindió su informe previo, no puede presumirse que sea cierto el acto que le atribuyen los quejosos, si la autoridad ordenadora niega en su informe previo haber dictado el acto que se le atribuye, y los quejosos no rindieron prueba alguna para desvirtuar esa negativa. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por **, contra los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
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