Eduardo Zamora Rosales
Expediente 53/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 53/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 22/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Eduardo Zamora Rosales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en la cual se negó el amparo y la protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, agréguese el cuadernillo de sigilo. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado; la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintiuno que dice: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo **********/2021-V, promovido por **********. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El veintidós de enero de dos mil veintiuno, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por **********, la cual fue recibida el veinticinco siguiente en este órgano jurisdiccional. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, del que reclamó: [.] auto de vinculación a proceso al que suscribe por el delito de homicidio doloso, bajo la causa penal número **********/2020 [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 19, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintiséis de enero del año en curso, la demanda de amparo se registró con el número **********/2021-V; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a los terceros interesados, agente del Ministerio Público que interviene en el proceso penal de origen **********/2020 y a Martha Esperanza Torrijos Aviña, y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: 1. El auto de vinculación a proceso dictado el dos de enero de dos mil veintiuno, en la causa penal **********/2020, en contra de **********, por los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 123, 124 y 126, en relación con el 136, fracción II, inciso d), todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de la víctima Diana Gracida Torrijos. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes y de los cuales se procederá a su análisis a lo largo de esta sentencia. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, convino en la existencia del acto de que se duele el justiciable, a saber, el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el dos de enero de dos mil veintiuno, en la causa penal **********/2020, por el injusto penal descrito con antelación. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, Tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que, además, se corrobora con la copia certificada del auto de vinculación a proceso dictado por el Juez responsable, así como las videograbaciones de las audiencias celebradas el veintiocho y treinta de diciembre de dos mil veinte, así como el dos de enero de dos mil veintiuno en la causa penal 6185/2020, constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, de agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Penal, página 703, de la Décima Época, registro 2004362, del epígrafe y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Al no advertirse causal de improcedencia que las partes hagan valer o que se advierta oficiosamente, se impone abordar el examen constitucional del escrito de demanda. QUINTO. Se tienen por reproducidos en sus términos los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, los cuales, en síntesis dicen: 1. Que no contaba con una defensa técnica y adecuada al momento de la celebración de la audiencia en que se dictó el auto de vinculación en su contra; 2. Que el agente del Ministerio Público, faltó a los principios de lealtad, objetividad y buena fe que rigen el proceso, al omitir el cúmulo de datos que obran en la carpeta de investigación y que evidencian las contradicciones entre los deposados de los atestes. 3. Lo anterior, dice el justiciable, en virtud de que existen dos declaraciones vertidas por el menor de iniciales **********., de veintidós y veintitrés de diciembre de dos mil veinte; siendo que en la primera de ellas, realizada por **********, el ateste manifestó: ".que al momento de dirigirse con su hermana hacia su casa, se percatan de la presencia de dos personas, que en un primer momento no los reconoce, posteriormente le informa la hoy víctima que pase lo que pase él corra, haciendo mención que por consiguiente uno de los sujetos se acerca a su hermana, sacando dentro de su sudadera un arma de fuego, accionándola en repetidas ocasiones en contra de la víctima, al momento de suceder lo anterior, el menor observa a los atacantes, reconocimiento en esta primer entrevista ÚNICAMENTE a uno de los que intervienen, señalando a una persona que lleva por nombre **********, y el segundo sujeto únicamente dando una descripción deficiente que es una persona robusta, morena, alta y que en ese momento llevaba capucha y cubre bocas." Luego, en la segunda declaración refiere que dicho sujeto es hermano de Ramsés, proporcionando una nueva descripción, además de referir que no llevaba cubre bocas y agregando que anteriormente lo había visto con ********** cuando pasaron por su casa. Asimismo, agregó el promovente, que dicha declaración está contradicha por lo expuesto por **********, pues ésta señaló que su menor hijo **********., le informó no haber reconocido al segundo sujeto y que no lo había visto anteriormente, pues únicamente identificó a **********. Además, del deposado de **********, se desprende que el menor **********., le comentó que había sido ********** y un "gordo alto" los que habían matado a su hermana; lo que evidencia las contradicciones que existen respecto a las declaraciones vertidas. 4. Continúa diciendo el justiciable, que de la audiencia de dos de enero de dos mil veintiuno, se puede observar que la actuación de su defensor es deficiente, poco diligente y carente al momento de hacerse cargo de los argumentos de la fiscalía, pues ésta tiene su sustento en la declaración de veintitrés de diciembre de dos mil veinte de **********., sin hacer referencia a los diversos datos que fueron expuestos por la Representación Social. 5. El Juez de control fue omiso en realizar un test de racionalidad idóneo y diligente de los datos y antecedentes expuestos en la audiencia, el cual se debe basar en una hipótesis (teoría del caso), los enunciados que la integran, su verificación y la aceptación o rechazo de la conjetura, al analizar la situación fáctica, con los datos de pruebas y antecedentes que ayuden a su verificación, y finalmente la ponderación de la hipótesis aceptada y su refutación. Con todo, precisa el deponente, que el Juez fue omiso en valorar de manera reflexiva el cúmulo de antecedentes y datos de prueba expuestos en la audiencia inicial, omitiendo atender las contradicciones evidentes de los deposados de **********., y dejando de lado los demás antecedentes y datos de prueba. 6. Precisa el aquí quejoso, que fue privado de su libertad de manera ilegal por elementos de seguridad pública, pues fue internado en el reclusorio estatal de esta localidad el veintisiete de diciembre de dos mil veinte, misma data en la que le notificaron el cumplimiento de la orden de aprehensión dictada en su contra; sin embargo, fue detenido dos días antes. Luego, como al quejoso **********, le resulta el carácter de imputado, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, al analizar el acto reclamado se suplirá la queja de resultar deficiente, lo cual no implica que obligadamente deba concederse el amparo solicitado, sino sólo verificar que el orden constitucional no haya sido vulnerado por el acto reclamado, en aras del respeto de la garantía de legalidad y certeza jurídica. El concepto de violación esgrimido en el punto (5), relativo a que el Juez de control fue omiso en realizar un test de racionalidad idóneo y diligente de los datos y antecedentes expuestos en la audiencia, el cual se debe basar en una hipótesis (teoría del caso), los enunciados que la integran, su verificación y la aceptación o rechazo de la conjetura, al analizar la situación fáctica, con los datos de pruebas y antecedentes que ayuden a su verificación, y finalmente la ponderación de la hipótesis aceptada y su refutación, es infundado, atendiendo a las siguientes consideraciones jurídicas: En principio debe puntualizarse que los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo conducente establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. (.) Código Nacional de Procedimientos Penales 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. De la interpretación armónica de dichos preceptos se obtiene que, para la emisión de un auto de vinculación a proceso, deben cumplirse los requisitos siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO REQUISITOS FORMALES REQUISITOS DE FONDO A) Que se haya formulado imputación. 1) En la resolución correspondiente, se deben indicar las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución de delito. B) Se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar. 2. Que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. C) Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que podrá duplicarse a petición del imputado. 3. Que no esté plenamente comprobada en favor del imputado alguna causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. D) Debe estar debidamente fundado y motivado. Tomando como punto de partida lo anterior, se procede a determinar si el auto de vinculación a proceso que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional reúne los requisitos anotados. Así, por lo que hace a los requisitos formales, obtenemos lo siguiente: A) Que se haya formulado imputación. Este requisito se encuentra cumplido pues del registro audiovisual de la audiencia inicial celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, se advierte que (10:06) se individualizó la defensora público estatal, con el nombre de **********; (10:07) el Juez preguntó al imputado si conocía sus derechos, a lo que éste manifestó que sí; (10:08) además de solicitar a la defensora proporcionara su número de cédula profesional, por lo que la citada profesionista señaló como tal el documento con número **********, expedida por la Secretaría de Educación Pública, la cual exhibió en copia simple al encargado de sala, además de protestar el cargo conferido. Enseguida, la Representante Social actuante (10:09), formuló imputación contra el aquí quejoso, **********, para lo cual realizó una exposición detallada de los hechos que se le atribuyen y que se desprenden de los registros de la investigación, en los términos siguientes: La agente del Ministerio Público le comunicó a **********, que se inició una investigación en su contra, en virtud de que se le imputa que entre las dieciocho y las veintiún horas del martes veintidós de diciembre de dos mil veinte, en el cruce de las calles **********, en esta ciudad, en compañía de **********, privaron de la vida a **********. Siendo **********, quien realizó diversas detonaciones con arma de fuego en contra de **********, provocándole diversas lesiones que derivaron en la muerte de la víctima a causa de shock hipovolémico consecutivo a laceración multiorgánica. Asimismo, **********, amenazó al testigo menor de edad de iniciales **********., quien presenció el delito, diciéndole "te va a cargar la verga a ti y a toda tu familia". Encuadrando los hechos en el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 123, 124, 127, 136, fracción II, inciso d); de consumación instantánea de conformidad con el numeral 17, fracción I; realizado de manera dolosa acorde a lo establecido en el ordinal 18, fracción I; con un grado de participación de autor según lo prevenido por el arábigo 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. Por otra parte, le informó que las personas que declaran en su contra son **********, agente de la policía ministerial adscrita a homicidios de mujeres; **********, médico legista; **********, perito en criminalística de campo; los testigos, el menor de iniciales **********. y **********. Así las cosas, la Representante Social, comunicó al imputado, en presencia de su defensora y del Juez de Control, que está siendo investigado respecto de hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado cometido en agravio de la víctima **********, así como los nombres de las personas que deponen en su contra. Por lo tanto, es inconcuso que el requisito que nos ocupa está plenamente cumplido. B) Que se haya dado al imputado la oportunidad de declarar. Este requisito se cumple en tanto que, de la videograbación, se obtiene que, en la audiencia de formulación de la imputación (10:13), el Juez de Control se aseguró de que el imputado estuviera debidamente informado de sus derechos y con la asistencia técnica y adecuada de un defensor. Asimismo, hizo de su conocimiento el derecho que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en favor de toda persona imputada y lo cuestionó sobre si era su deseo declarar, aclarándole que tenía el derecho de no hacerlo, conforme a la garantía que le otorga dicho precepto constitucional; a lo que, previa consulta con la defensora público que designó en audiencia, en un primer plano, respondió que era su deseo declarar, manifestando en lo conducente lo siguiente: Que se considera inocente, pues en ningún momento ha actuado en contra de nadie; asimismo, que ********** es su hermano y sabe que andaba mal, por lo que hacía tres meses el declarante se había deslindado de él; que junto con su hermana lo metieron a un "anexo" y se les escapó, y a partir de ahí no quiso saber nada de él, y pidió que estuviera presente su hermano para justificar su inocencia. Asimismo, manifestó su anuencia de responder a las interrogantes de la Representación Social, de lo que destacó lo siguiente: Pregunta ¿dijo que su hermano anduvo mal, a qué se refiere con esto? Respuesta: Andaba drogado, por lo que no quería tener vínculos con él, pues tiene sus hijos y no quería que vieran esa forma de vida; además de que no le conoció ningún delito. Pregunta ¿Cuál es el fraccionamiento dónde viven? Respuesta: En **********. Mientras que la defensa se reservó a formular preguntas. Del mismo modo, en audiencia celebrada el dos de enero de dos mil veintiuno (12:22), ********** refirió haber sido objeto de tortura por los elementos de la policía, agregando que le metieron droga a la camioneta del trabajo. En ese tenor, puede colegirse que la resolución reclamada efectivamente cumple con el requisito objeto de estudio, en virtud de que el quejoso **********, tuvo la oportunidad de declarar respecto de los hechos que se le imputan. Sobre el tópico anterior, es de acotar, que el Juez de origen, dio vista a la Representación Social, a fin de que se investiguen los hechos cometidos en perjuicio de **********; igualmente, ordenó la práctica del Protocolo de Estambul. C) Que el auto de vinculación a proceso se dicte dentro del término de setenta y dos horas a partir de que el inculpado sea puesto a disposición del Juez de Control o dentro de la duplicidad de dicho término. Este elemento se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ninguna detención ante autoridad judicial puede exceder de setenta y dos horas, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso; lo anterior con excepción de que el imputado solicite la duplicidad de dicho plazo constitucional. Ahora, siguiendo con la reproducción de la audiencia de formulación de la imputación, se advierte que el Juez de Control le hizo saber al justiciable que fue puesto a disposición de ese órgano jurisdiccional con motivo del libramiento de una orden de aprehensión dictada en su contra, la cual, a decir del justiciable le fue notificada el veintisiete de diciembre de dos mil veinte al encontrarse interno en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres en esta ciudad, misma data en la que ingresó al reclusorio estatal por diverso delito según se advierte de la constancia que obra en el sumario, registrando como hora de ingreso las dieciocho horas con veintidós minutos; luego, en uso de la palabra, la agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso del aquí quejoso citando el contenido de los datos de prueba (10:19); acto seguido, el Juez de Control explicó al imputado dicha circunstancia y le hizo saber que podría solicitar que su situación jurídica se resolviera en la propia audiencia, dentro del término de setenta y dos horas o dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas (10:50). De lo que se sigue que, previa consulta con su defensora solicitó que su situación jurídica se resolviera dentro del término constitucional de setenta y dos horas, por lo que el Juez de origen fijó las diez horas del treinta de diciembre de dos mil veinte, para tal efecto. Luego, en la fecha precisada con antelación, (10:22) compareció a audiencia el licenciado **********, quien fue designado como defensor particular del justiciable, y se identificó con cédula profesional ********** expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; solicitando la duplicidad del término constitucional a efecto de estar en aptitud de imponerse de los autos; asimismo, peticionó al Tribunal la citación del coimputado **********, quien a su decir se encontraba interno en el reclusorio estatal de esta localidad, a lo que la Representación Social informó que era de su conocimiento que dicha persona no se encontraba reclusa; además, ofertó el testimonio del menor de edad **********., circunstancias con las que estuvo conforme **********, fijando para tal efecto las diez horas del dos de enero de dos mil veintiuno. Así, a las doce horas con veintinueve minutos del dos de enero de dos mil veintiuno, el Juez resolvió vincular a proceso al justiciable, en los términos que más adelante se precisaran. Por lo que es dable colegir que el Juez de Control, resolvió la situación jurídica del aquí quejoso, dentro del plazo constitucional ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas, con lo que el requisito que nos ocupa está colmado. D) Debe estar debidamente fundado y motivado. Ahora bien, debe acotarse que como requisito fundamental de todo acto de autoridad, el auto de vinculación a proceso debe estar debidamente fundado y motivado, debiéndose entender por lo primero -fundar-, que en la determinación pronunciada ha de expresarse con precisión, el precepto o preceptos legales aplicables al caso y por lo segundo - motivar- que en el acto de autoridad han de señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para su emisión. Siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, de diciembre de 2005, Materia Común, página 162, de la Novena Época, registro 176546, que a la letra dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Así, la fundamentación y motivación no puede soslayarse por los juzgadores cuando emiten un auto de vinculación a proceso, pues aun cuando los Jueces de Control no tienen acceso a la carpeta de investigación, permanece incólume su obligación de fundar y motivar sus determinaciones, inclusive en forma oral, ante las partes presentes en la audiencia. En ese contexto, una vez analizado el disco versátil que contiene la audiencia de dos de enero de dos mil veintiuno, se advierte que el Juez de Control cumplió con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que fundó y motivó la causa legal de su proceder, en virtud que citó los preceptos legales que consideró aplicables al caso concreto, entre los que destacan, los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y los ordinales 123, 124, 126 y 136, fracción II, inciso d), todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. De lo que se sigue que, a la luz del contenido de tales dispositivos, consideró de manera individual y conjunta, conforme a sus atribuciones legales, los datos de prueba y argumentos puestos a su consideración por las partes. Así también, de la reproducción audiovisual correspondiente, puede advertirse que expuso en su resolución, los razonamientos que consideró oportunos, con lo cual se acredita que el acto reclamado cumple, además, con los requisitos que al efecto exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el imputado y su defensa pudieron conocer los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido en que lo hizo, así como los razonamientos lógico-jurídicos en los que apoyó tal determinación, con lo que se garantiza su derecho a una debida defensa. Por tanto, es dable colegir que el Juez de Control, sí cumplió con el requisito formal de que toda resolución debe estar fundada y motivada. Para una mayor comprensión de dicho requisito formal, conviene distinguir entre lo que es la falta de fundamentación y motivación, de la indebida fundamentación y motivación. Por lo primero, debe entenderse la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; lo cual puede dispensarse, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia, sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las funden, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. En tanto que, la indebida fundamentación y motivación, se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste, por lo que se constituye como un requisito de fondo, mismo que, en el caso que nos ocupa, será materia de estudio en párrafos subsecuentes. Sin embargo, en el caso concreto, el Juez del proceso, citó los preceptos legales que sirvieron de sustento para emitir el auto de vinculación a proceso en contra de **********; aquellos relacionados con la valoración de los datos de prueba aportados por la Fiscalía y los medios de prueba ofertados por la defensa del quejoso; y los que prevén el injusto penal materia de la imputación. Ahora, por lo que respecta a los requisitos de fondo, de la resolución que constituye el acto reclamado se obtiene: 1. Que se exprese el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Este requisito consiste en que en la resolución se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar del delito en comento, mismo que se cumple, ya que de la videograbación relativa a la audiencia vinculatoria, se advierte que el Juez responsable, en este tópico retomó en sus términos el hecho materia de formulación de imputación y la clasificación jurídica establecida por la agente del Ministerio Público, especificando la actualización de la agravante contemplada en el ordinal 126 de la legislación penal estatal, y fue precisamente el hecho comprendido por el imputado. 2. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, a fin de verificar si el auto de vinculación a proceso cumple con tal requisito resulta necesario acudir a la descripción del delito que se imputa al justiciable **********. Al respecto, los artículos 123, 124, 126 y 136, fracción II, inciso d), todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, establecen: 123. A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de doce a veinticinco años de prisión. Se entenderá la pérdida de la vida en los términos de la Ley General de Salud. 124. Se tendrá como mortal una lesión, cuando la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión. 126. Cuando la víctima del delito de homicidio sea del sexo femenino o menor de edad, se aplicarán las penas previstas en el segundo párrafo del artículo anterior. Si además del homicidio, se cometen en perjuicio de la víctima otros delitos, deberá imponerse pena por cada delito cometido aún y cuando con ello se exceda el máximo de la pena de prisión. 136. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en perjuicio de servidores públicos que se encarguen de la administración o procuración de justicia, o de periodistas; así mismo, en los supuestos de las fracciones X y XI del presente artículo: (.) II. Existe ventaja: d) Cuando la víctima se halla inerme o caída y el agente armado o de pie. La ventaja no se tomará en consideración si el que se halla armado o de pie fuere el agredido y además hubiere corrido peligro su vida por no aprovechar esa circunstancia. De la lectura de los preceptos transcritos tenemos que efectivamente los hechos reconocidos por la ley como el delito de homicidio calificado, para ser susceptible de originar el dictado de auto de vinculación a proceso, implica que los datos de prueba aportados por la fiscalía hagan referencia a que alguien, prive de la vida a otra persona; que la pérdida de la vida sea con motivo de una o unas lesiones en el órgano u órganos interesados, así como que se actualicen las agravantes contempladas en los numerales 126 y la fracción II, incido d), del ordinal 136, del referido código punitivo estatal, a saber, que la víctima del delito sea del sexo femenino y que exista ventaja, es decir, que la víctima se halle inerme y el agente activo armado. La agente del Ministerio Público (horario 10:19), citó como datos de prueba los siguientes: (resumen de los datos de prueba aportados por la agente del Ministerio Público, lo cual se trascribe en cursiva) a) Acta de aviso realizada por el agente ministerial de veintidós de diciembre de dos mil veinte, en la que asentó que aproximadamente a las veintiún horas con diecinueve minutos de la fecha indicada, el radio operador le ordenó que se acercara al cruce de las calles **********, ya que se reportaba a una persona del sexo femenino sin vida, el cual generó el número de folio **********. Una vez que arribó a dicho sitio, en compañía del perito **********, se percató de que se encontraba debidamente acordonado por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como el cuerpo de una persona del sexo femenino de aproximadamente de diecinueve a veinte años de edad, un metro con sesenta y dos centímetros de estatura, complexión robusta, tez morena, cabello largo castaño y tiene un tatuaje con la figura de una flor, en una posición decúbito dorsal, la cual, a simple vista, presentaba lesiones en el estómago lado derecho, flanco izquierdo, hipocondrio lado derecho, pectoral, dos lesiones en región supraclavicular, una en región frontal lado izquierdo, una en región del hipocondrio y una en la espalda; asimismo, en el lugar de los hechos recabó un casquillo color dorado con la leyenda "**********", dos casquillos color ********** con la leyenda "**********" y tres casquillos color dorado con la leyenda "**********". b) Declaración de **********, rendida ante el agente del Ministerio Público el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, quien manifestó ser madre de ********** de veinte años de edad, y que se enteró de la muerte de su hija aproximadamente a las veinte horas con treinta minutos, ya que le marcó a su trabajo la madre de **********, diciéndole que tenía que pedir permiso para salir del trabajo pues había pasado algo, a lo que ella le preguntó si se trataba de **********, y aquella le respondió que sí. Posteriormente, le **********, quien le informó sobre lo ocurrido; luego acudió al domicilio de su madre donde se encontraba el menor de edad de iniciales **********. de catorce años de edad, el cual estaba en schock, y le indicó que el presenció los hechos, refiriéndose a la muerte de su hermana, informándole que su hermana le había pedido el favor de que la acompañara a ver a un amigo, y al regresar a su domicilio, vieron a dos sujetos que se aproximaron, por lo que su hermana le dijo "corre, no importa lo que escuches, ni lo que veas", por lo que el corrió, escuchó unos disparos y el quejido de su hermana; además, de que reconoció a uno de los sujetos con el nombre de Ramsés. Igualmente, señaló que desde el año pasado le llegaban amenazas a su casa, que le escribían en periódicos y le dejaban notas, las cuales decían "a los cinco los va a cargar la verga", le dejaban dibujos de cinco monos tirados como si estuvieran muertos. Del mismo modo, refirió que ********** tenía una amistad con ********** quien vive cerca de su domicilio, incluso cuando se lo topaban ********** lo saludaba con mucho gusto y platicaban, es por eso que no entiende por qué ********** y la otra persona hicieron eso, además de que a ********** lo han vinculado con la pandilla "Los Doblados". c) Declaración del menor de edad **********. rendida ante del agente del Ministerio Público el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, acompañado de su madre ********** y la psicóloga **********, adscrita a la Fiscalía de la Mujer, quien en lo medular declaró ser hermano de ********** de veinte años de edad, y que el veintidós de diciembre de dos mil veinte, se encontraban en su casa ubicada en la calle **********, y aproximadamente a las siete horas con cuarenta minutos de la tarde, ********** le preguntó si podía acompañarla a ver a un amigo, primeramente él se niega, pero luego ella lo convence. Es así que salen de su casa y llegan a unas casas que están cerca de su domicilio, es ahí cuando se topan a un amigo de Diana y se quedan platicando, la cual transcurre de manera normal; posteriormente, se topan a otro amigo de nombre David, la plática termina y ellos regresan a su domicilio, lo cual hacen por donde se encuentra un dique y es cuando ven acercarse a dos personas del sexo masculino, por lo que su hermana le dice "cualquier cosa que pase tu corres, veas lo que veas corres"; y cuando estas personas se van acercando, que es por donde está la escuela Cuauhtémoc, ve que uno de ellos se acerca de manera rápida a Diana, el cual es gordo, moreno, alto, de un metro con setenta centímetros aproximadamente, de quien desconoce su nombre y vestía una sudadera color negro liso con capucha, pantalón oscuro, al verlo a los ojos se dio cuenta que era el hermano de **********, amigo de su hermana y aquél le disparó a **********. Mientras que el otro sujeto se acerca a él, pero se quedó un poco arriba del dique porque está afuera de un barranco, pero cuando se acerca más lo identifica como ********** el amigo de su hermana, quien vive cerca de su domicilio y lo identifica por su físico y la forma en que estaba vestido, ya que es chaparro, mide un metro con sesenta y cinco centímetros aproximadamente, complexión delgada, moreno, ojos medio chinos medianos color café, nariz medio redonda, cabello corto y casi siempre trae gorra, tiene muchos granos en la cara, en el antebrazo tiene un tatuaje sin recordar en cuál y la forma, siempre viste igual, en ese momento traía pantalón negro, tenis tipo vans color negro, chamarra de mezclilla color azul despintado la cual le queda un poco "guanga", gorra color blanco con azul y traía puesto un cubrebocas; y si le muestran fotografías de ambas personas él puede reconocerlas. Asimismo, una vez que ********** se acerca a él, le dice "te va a cargar la verga a ti y a toda tu familia", por lo que cuando le dice esto y al ver que a su hermana le habían disparado, sale corriendo para pedir ayuda, siendo en ese momento que escucha otro disparo, pero como iba corriendo no se dio cuenta quien lo realizó; una vez en su casa le aviso a uno de sus hermanos, acudiendo al lugar a donde estaba su hermana, la cual estaba tirada sobre la banqueta, enseguida del dique, pero no sabe cómo llegó ahí, además de que la policía se encontraba en el lugar. Por otra parte, refirió que meses antes habían llegado notas de amenazas a su casa, de que toda la familia iba a valer verga, eso fue lo que él alcanzó a ver, ya que casi siempre era su mamá la que recibía estas notas y trataban de que él no las viera; además de que en varias ocasiones les quebraron los vidrios y desconoce si su hermana tenía problemas con Ramsés. d) Protocolo de identificación de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, ante el agente del Ministerio Público, en la que **********, madre y tío respectivamente de la víctima, quienes proporcionaron el acta de nacimiento de **********, con fecha de nacimiento veinte de enero de dos mil, e identificaron a través de dos fotografías el cuerpo con número de ingreso y egreso de cadáver **********. e) Dictamen de necro cirugía de veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, realizado por el doctor y médico legista **********, respecto del cuerpo con número **********/2020/37, en el que se asentó que se realiza la autopsia a una persona del sexo femenino, la cual presenta las siguientes lesiones externas: orificio de entrada en región supraclavicular izquierda de diez por diez milímetros, a un plano de sustentación de ciento cuarenta y cinco centímetros, con una línea media anterior izquierda de seis centímetros; orificio de salida en región axilar posterior derecha de quince por diez milímetros; orificio de entrada en región infraclavicular izquierda de diez por diez milímetros a un plano de sustentación de ciento cuarenta centímetros, con una línea media anterior izquierda de cinco centímetros y con un orificio de salida por la región dorsal de veinte por cinco milímetros; orificio de entrada en región hipocondrio derecho de diez por diez milímetros, a un plano de sustentación de ciento catorce centímetros, con una línea media anterior derecha y un orificio de salida en región dorsal de diez por quince milímetros; un orificio de entrada en flanco izquierdo de diez por diez milímetros con orificio de salida en flanco derecho de quince por quince milímetros; un orificio de entrada en región lumbar de diez por diez milímetros con un orificio de salida en mama izquierda de diez por diez milímetros; quemadura en región frontal izquierda de quince por veinte milímetros, a un plano de sustentación de ciento sesenta y cinco con una línea media anterior; en cuanto a sus lesiones internas tenía el pulmón derecho lacerado lóbulo inferior y ambos lóbulos del pulmón izquierdo lacerados; en los arcos costales tiene fracturadas siete posterior lado derecho y octava anterior izquierda, la cavidad pericardio lacerada; la vena cava superior lacerada; la cavidad peritoneal epiplón mesenterio lacerado; en cuanto al digestivo estómago lacerado; hígado lacerado; linfático vaso lacerado; el agente vulnerante es un arma de fuego, siendo la etiología de la muerte mecánica, siendo la causa de la muerte shock hipovolémico consecutivo a laceración multiorgánica torácica producida por proyectiles de arma de fuego, con un cronotanatodiagnóstico de treinta y seis a cuarenta y ocho horas aproximadamente a la hora de la cirugía, siendo la hora de la muerte aproximadamente a las diecinueve horas con diez minutos del veintidós de diciembre de dos mil veinte. f) Dictamen en materia de criminalística de campo de veintidós de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el licenciado **********, perito adscrito a Servicios Periciales y Ciencias Forenses, realizado en las calles **********, en el que hace constar el levantamiento de cadáver con número **********, a las nueve horas con cincuenta y un minutos; el cual se localizó en el interior de un terreo utilizado como pozo de absorción seco, el cual a simple vista presenta heridas producidas por proyectil de arma de fuego en estómago, cuello, espalda y frente; localizando en el lugar un casquillo percutido color dorado "**********", el cual se encontró a trece punto cuarenta metros del cordón de la calle al noreste y uno punto treinta metros al borde del dique de absorción; dos casquillos percutidos color dorado "**********" encontrados a trece punto sesenta metros del cordón de la calle noreste y a trece metros del borde del dique de absorción del sureste; un casquillo percutido color dorado "**********", encontrado a catorce punto cuarenta y cinco metros del cordón de la calle al noreste y a tres metros del borde del dique de absorción al sureste; concluyendo que es posible establecer que la víctima tiene un cronotanatodiagnóstico al momento del levantamiento de dos a cuatro horas; no se localizaron huellas de arrastre o manipulación del cuerpo, por lo que se puede establecer de acuerdo al principio de probabilidad que el lugar del hallazgo es el sitio de los hechos; respecto al hallazgo de tres elementos balísticos con las mismas características, es posible establecer que se utilizó solo un arma en la agresión a la víctima y que los disparos son de distancia de un metro mínimo de retirado de la víctima; existe una etiología mecánica. g) Parte informativo realizado por **********, agente de la policía ministerial adscrita a la Unidad de Homicidios de Mujeres, de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, en el que en lo medular asentó que al continuar con la investigación advirtió que, en el Diario de Juárez, aparecía una nota en la que daban noticia sobre la detención de **********s, realizado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por el delito de desobediencia y resistencia de particular, poniéndolo a disposición de la Fiscalía General del Estado; asimismo, advirtió que se encontraba otra persona detenida con el nombre de **********, por lo que obtuvo la fotografía del mismo a fin de realizar el reconocimiento correspondiente. h) Reconocimiento de persona por fotografía realizado el veintiséis de diciembre de dos mil veinte, ante del agente del Ministerio Público por el menor de iniciales E.M.T., en compañía de su madre **********, así como en asistencia del defensor público H**********, a quien se nombra a efecto de garantizar una adecuada defensa de quién o quiénes les pudiera resultar responsabilidad penal. En este sentido a las preguntas formuladas por la representación social respondió: a la primera ¿para que diga el declarante si con anterioridad había visto personalmente o en imágenes a esta persona que menciona? Respondió: que sí lo ha visto en persona, una vez que pasó por su cuadra con Ramsés; a la segunda ¿para que diga cuándo fue la última vez que lo vio? Respondió: que lo vio el veintidós de diciembre; a la tercera, para que diga ¿a qué distancia tuvo a la persona que describe? A un metro. A continuación, se le puso a la vista de manera secuencial cuatro hojas tamaño carta, conteniendo cuatro fotografías a color, las cuales son tomadas del álbum fotográfico de la policía estatal única de investigación, numeradas con el uno, dos, tres y cuatro, las cuales presentan características físicas similares a las personas a reconocer, mismas que se desprenden del parte informativo con número de oficio PGE/7C.67/1/2/2/642/2020, signado por la agente **********. Así, se le indica al compareciente que diga si entre las fotografías que tiene a la vista se encuentra la persona que en su declaración menciona como el hermano de Ramsés, una vez hecho lo anterior manifestó que reconoce plenamente y sin temor a equivocarse la fotografía número cuatro; por lo que se le pregunta ¿si hay diferencia en el estado físico de la persona de la fotografía cuatro al día que lo vio, respondió, se ve igual. Enseguida, se le hace saber al ateste que la persona a la que identifica es Eduardo Zamora Rosales. Asimismo, en audiencia de dos de enero de dos mil veintiuno, a solicitud de la defensa de **********, se desahogaron los medios de prueba siguientes: (extracto de lo señalado por los declarantes ante el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, lo cual se trascribe en cursiva) i) (10:58) **********, sustancialmente manifestó que el martes entró a trabajar, su horario es de las nueve a las cinco horas de domingo a domingo, pero en ocasiones el horario se extiende de una a dos horas, pues él les corta el cabello a los hijos de ********** quien es su jefe; además de que éste los recoge en un punto, mismo sitio a donde va y los deja, y la mayor parte del tiempo están con él trabajando en los locales o van a comprar material. Además, que ese día salieron un poquito más temprano, que nunca le ha parecido una mala persona, que ellos son más que unos empleados para el imputado, que ambas partes se tienen aprecio, pues lo ha acogido como parte de su familia. A las preguntas de la defensa, respondió: que cuando habla del martes se refiere al veintidós, que ese día entraron a laborar a las nueve y salieron entre las seis y las seis y media porque fueron a home depot a comprar unas varillas para construcción, y a su casa llegaron como a las seis y media o siete, porque Oscar Vázquez iba a cortarle el pelo a sus hijos, primero comieron, luego le cortó el cabello al niño y se retiró como a las ocho; que en ningún momento lo perdió de vista porque estaban todos sentados comiendo dentro de su casa. A las interrogantes de la fiscalía contestó: que la fecha es veintidós de diciembre de dos mil veinte; que labora en mantenimiento, siendo su labor armar anaqueles y mostradores; tiene aproximadamente dos meses trabajando y a Eduardo lo conoce desde esa fecha que trabaja con él; que al domicilio llegaron entre las seis a seis y media; al home depot fueron en el transcurso de las cinco a las seis; la agente del Ministerio Público le aclaró que primeramente había dicho haber ido a home depot entre las seis y las seis y media, a lo que respondió que fue dentro de ese horario; no recuerda la forma en que iba vestido en esa fecha; y desde su apreciación éste es una buena persona; que conoce a la esposa, hermana e hijos de Eduardo; que no conoce a su hermano Ramsés y no recuerda que le haya hablado de él. j) (11:12) Declaración de **********, quien en lo conducente manifestó: que el martes veintidós de diciembre a las nueve de la mañana se vieron con él para ir a hacer su trabajo, lo cual realizaron hasta las cinco de la tarde en que salieron para ir a home depot a comprar un material, luego fueron a su domicilio porque otro compañero le iba a cortar el pelo a su hijo, ahí estuvo con ellos como hasta las siete, para luego ir a dejarlos a donde los recoge y de ahí regresó a su domicilio. A los cuestionamientos de la defensa contestó que la fecha corresponde al año dos mil veinte; que desde que salieron del trabajo, hasta que se retiró a su domicilio siempre tuvo a la vista a **********, pues entró con él a home depot; que de su domicilio se retiró entre las siete y media y ocho. A las preguntas de la Representación Social respondió que el domicilio de Eduardo se ubica en **********, pero no sabe el nombre de la calle; que cuando salió del domicilio de ********** lo llevaron a los **********; que ********** vestía un suéter negro y el chaleco del trabajo, sin recordar que llevaba en la parte inferior. A solicitud de la defensa precisó que el chaleco es color azul. k) (11:20) Declaración de **********, quien en lo que aquí interesa manifestó: ser esposa de **********, a quien una vez se le hizo saber el derecho a reservarse a declarar refirió que era su voluntad hacerlo; así, indicó que el día veintidós se encontraban en la casa, llegó su esposo de trabajar, uno de los muchachos le cortó el cabello a su hijo de cinco años, comieron y de ahí fue su esposo a dejar a los chalanes a la entrada de **********; luego regresó y vieron unos videos de navidad; posteriormente fueron a la casa de su cuñada a inyectar a sus hijos de nueve y diez años; posteriormente fueron a las segundas a comprar unos tenis para el veinticuatro, ahí su cuñada les habla muy alterada y llorando, diciéndole a su esposo que los policías entraron a su casa buscando a su cuñado Ramsés; posteriormente regresaron a su domicilio, pues su esposo le dijo que no haya sido que los policías hubieren ido a la misma, cuando llegaron encontraron las puertas abiertas a la fuerza y todas rotas, fotos en el patio, a lo que un vecino les dijo que habían entrado los policías, pero así quedó. El veinticinco de diciembre le hablaron a su esposo pidiéndole quince mil pesos para soltar a su cuñado **********; luego, como a las cuatro esta persona se comunica con su esposo y le pregunta si consiguió el dinero, a lo que su esposo responde que no, que hicieran lo que tuvieran que hacer con su cuñado, que él no se iba a meter en problemas; y como a los quince minutos le hablan a su esposo diciéndole que los policías estaban entrando a su casa, pues en ese momento ellos se encontraban con su cuñada, por lo que ella, Eduardo Zamora y su sobrino acuden al domicilio, advirtiendo que los policías se encontraban en la esquina de la casa de su cuñada, ahí los interceptaron, bajaron a su esposo y lo arrestaron, a su sobrino le pusieron las esposas, pero como se resistió lo golpearon en la cara, mientras que ella se guardó en la malla el dinero que traía del trabajo de su esposo. Asimismo, esposaron a la declarante, por lo que ella les preguntaba qué era lo que pasaba y uno de los policías le decía "hazte para allá pendeja", así como que era él quien le había hablado a su esposo, preguntándole ¿tú qué chingados haces aquí? y que por pendeja se iba ir al cereso con su esposo, además que ********** señalaba a su esposo como quien había matado a una muchacha, a lo que ella le preguntaba qué era lo que pasaba y que su esposo no era de esos, sino un hombre trabajador; además le preguntó dónde estaban las armas, a lo que ella le preguntó ¿cuáles armas, de qué me estás hablando?, y éste le respondió "hazte pendeja". Enseguida los llevaron a estación valle y en el estacionamiento bajaron a su esposo diciéndole "ándale pendejo dinos donde están las armas", a lo que éste responde que no sabe de qué están hablando y de qué lo acusan; lo empiezan a golpear y a ella llega un policía y le pone la cabeza en el asiento diciéndole "sálvate pendeja, dime dónde están las armas", pero ella le respondía ¿de qué me estás hablando?, a lo que le contestó que ********** estaba acusando a su esposo, además de que les iba a poner una "calentada" a ella y a su esposo; luego se acercó una policía y le preguntó ¿estás lista para los putazos?, a lo que respondió que no y se soltó riendo. Durante el transcurso de ese tiempo su esposo estuvo gritando porque lo estaban torturando, golpeándolo, ahorcándolo y dándole con la chicharra; le mostraron un video en el que ********** dice que era integrante de "artistas asesinos" o algo así, además de que fue él quien mató a la muchacha, diciéndole que más adelante aparecía ********** diciendo que su esposo había matado a la muchacha, a lo que ella pidió que se lo enseñaran, pues su esposo no mató a nadie. De este modo, estuvieron insistiendo en que les dijera dónde estaban las armas, a lo que ella contestaba que no sabía, pero los policías le decían que se salvara; luego se llevaron a su sobrino y le dijeron que le iban a hacer lo mismo que a su esposo, que le iban a sembrar cristal; posteriormente se acercó un oficial y le empezó a dar con la chicharra en la pierna, por lo que ella empieza a gritar; luego se acerca otro policía y dice que la bajen a la verga, lo cual hacen y la ponen contra la pared, por lo que ella empezó a decir "panzón" porque así le dice a su esposo, y su esposo empieza a gritar, pero ella no podía gritar o hacer nada porque le daban con la chicharra, se retorcía y les decía que ellos no habían hecho nada y que los dejaran en paz, pero éstos le decían que les diera las armas, por lo que ella insistía en que no habían hecho nada, que los dejaran donde quisieran, pero aquellos respondieron que la iban a meter, a encuerar y a darle unos tablazos para que hablara, le quitaron la suma de siete mil pesos que traía en su cartera diciéndole que tenía que decir que no traía nada a lo que ella contestó que estaba bien, además de mostrarle unas fotos de sus hijos diciéndole que los iban a matar pues sabían dónde vivía, además de que continuaron torturándola con la chicharra, luego llegó otra unidad y le quitaron las esposas. Cuando llegaron las unidades ya no estaba su esposo, sólo su sobrino, además de que les quitaron los celulares y les preguntaban si conocían a una tal "estrella", pero ella les dijo no conocer a nadie, le comentaron que ella la había bloqueado en Facebook y pidió que le mostraran, pero no lo hicieron; los subieron a unas unidades de estación Babicora, les preguntaron el domicilio y luego escuchó que los iban a ir a dejar a la casa de su cuñada, pero no sabe si fue así o estaba muy traumada y una muchacha de ahí le decía "cálmate, cálmate, ya no pasa nada, no te van a hacer nada, ya estás bien". Luego los llevaron a estación Babicora y les quitaron sus pertenencias y volvieron a preguntarle qué traía en la cartera, a lo que respondió que nada más su identificación y su celular, esto debido a que la habían amenazado para que no dijera nada. Enseguida vio que llevaron a su esposo y éste le decía que iba a estar bien, que ellos no habían hecho nada, pero ella tenía mucho miedo; la metieron a estación Babicora y dijeron que ella se encontraba ahí debido a que le había faltado al respeto a la autoridad, a lo que la oficial que estaba ahí le dijo que ella iba a decir que los había agredido verbalmente, que ellos iban pasando y la declarante los insultó; ella quería decir lo ocurrido, pero no lo hizo porque ahí estaban esperando los agentes, la pasaron con la Juez y por miedo dijo que ella les había faltado al respeto, imponiéndole una multa de mil doscientos nueve pesos para poder salir; después, pues los llevaron como las ocho u ocho cuarenta y cinco de la noche a Estación Babicora, su cuñada ya estaba esperándola pues tenía varias horas buscándolos, pagó su multa y la sacó; respecto a su esposo le dijeron que lo iban a llevar a la Fiscalía por drogas. Después fueron por el acta de su sobrino y lo sacaron; posteriormente acudieron a Fiscalía, pero no les dieron información porque ya eran las diez de la noche; fueron a donde era la antigua fiscalía y les dijeron que estaba detenido por un delito de metanfetaminas; al día siguiente les dijeron que se iba a quedar cuarenta y ocho horas, que salía el lunes a las nueve de la noche, y ese día, alrededor de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, vieron salir a un muchacho y le preguntaron a qué hora había entrado, respondiendo que a las ocho y media del veinticinco y que a su esposo se lo acababan de llevar al cereso. A las preguntas de la agente del Ministerio Público precisó que la fecha es veintidós de diciembre de dos mil veinte; que las personas que llegaron a su casa son **********, el chalán que corta el cabello, el otro chalán ********** y su esposo, esto como a las seis y media y se retiraron como a las ocho u ocho y media, siendo esta la hora en que se esposo se fue a la entrada de Parajes a dejar a los chalanes, pero ella no lo acompañó debido a que sus hijos estaban enfermos y tardó en regresar como unos cinco minutos o menos porque no está muy retirado; que su esposo vestía una sudadera negra, con un pantalón de mezclilla oscuro pintado de pintura y unos tenis azules, que su domicilio se ubica en la calle Fortín de la Soledad, número mil cuarenta y cuatro en **********. Asimismo, que la suma de ********** que le pidieron era para no trasladar a ********** a la Fiscalía; no sabe a cuál dependencia pertenecen los policías que los detuvieron, solo que los llevaron a Valle, para luego decir que son policías municipales. Ahora bien, de un ponderado análisis de los datos de prueba expuestos por la Representación Social, así como de los medios de prueba aportados por la defensa del quejoso, se estima que la autoridad responsable actuó apegada a derecho, en cuanto a que son aptos y suficientes para establecer que se ha cometido los hechos determinados como delito de HOMICIDIO CALIFICADO, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, en tal sentido, el Juez de Control responsable consideró que con los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público (transcritos en párrafos precedentes), así como con los medios de prueba aportados por la defensa, se presumen acreditados los hechos que ley prevé como el delito precisado con antelación, y que se atribuye a **********. Al resolver la situación jurídica del imputado, el Juez de Control responsable, señaló: (horario 12:29) (.) y para tal efecto expuso los siguientes datos de prueba: Un acta de aviso de hechos probablemente delictuosos a cargo de la agente de la policía estatal investigadora **********, es agente ministerial, **********, así como un informe policiaco a cargo de la misma; la formal declaración de ********** ante el agente de Ministerio Público, madre de la víctima; así como la declaración del menor de edad de iniciales **********. ante el ministerio público; así como un protocolo de identificación de cadáver a cargo de la mamá de la víctima, ********** y **********, madre y tío respectivamente de la misma; una pericial en materia de necro-cirugía a cargo del médico legista **********; así como una criminalística de campo a cargo de **********; el reconocimiento de personas por fotografía a cargo del menor de iniciales **********. Por su parte el señor defensor aportó como refuerzo de su teoría del caso, las testimoniales que rindieron **********, así como ********** y ********** esposa del hoy imputado. El auto de vinculación a proceso, en su caso, debe dictarse tan solo por aquellos hechos que formaron parte de la formulación de imputación, teniendo el juzgador la facultad de darle una clasificación jurídica distinta, dándole a conocer previamente estas circunstancias al señor defensor y al imputado para efectos de una adecuada defensa. El delito de homicidio, a que se refiere el artículo 123, lo comete quien priva de la vida a otra persona, que de la estructura típica de este delito se desprende el elemento objetivo consistente en la privación de la existencia, pero previo a esto debe de existir el requisito elemental de la existencia del ser y que esta persona perdió la vida derivada de la acción realizada por el sujeto activo; debe de ser idónea y debe existir un nexo de causalidad entre esta actividad realizada por el sujeto activo y la pérdida de la existencia de la víctima; además, la perdida de la existencia debe tenerse por acreditada en términos del artículo 343 de la Ley General de Salud; también establece el artículo 126 una agravante consistente en que cuando la víctima del delito de homicidio sea del sexo femenino se aplicaran las penas previstas en el artículo anterior, esto es el artículo 125, y además el artículo 136, fracción II, dispone que existe ventaja cuando el sujeto activo es superior por las armas que emplea o su mayor destreza en el manejo de ellas, perdón, cuando la víctima se haya inerme o caída y el agente armado o de pie, esto es cuando la víctima se halle inerme, pues es un elemento que el legislador considera que existe esa ventaja cuando el sujeto pasivo no tiene arma alguna, o que éste se encuentra derrumbado o caído, lo que trae como consecuencia que esté en un plano de superioridad el sujeto activo. Los datos de prueba deben de valorarse según este resolutor, utilizando el compendio de los artículos que van del 259 al 265, en relación con el artículo 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece un estándar de prueba donde el juzgador utiliza su libre convicción, pero estableciendo que los datos de prueba son pasados por el tamiz de la credibilidad y de la razonabilidad; además de tomarse en consideración las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados; y también, deberá el juzgador, observar que los datos de prueba no se hayan obtenido con violación a los derechos fundamentales y que además cada acto o técnica de investigación se ajuste a la norma que lo rige para garantizar el derecho humano al debido proceso que previene o el derecho fundamental que previene el artículo 14 de la Constitución Política del País. Utilizando la metodología predicha, este juzgador considera que los datos de prueba aportados por la señorita agente de Ministerio Público resultan aptos, suficientes, bastantes, pertinentes, idóneos, necesarios y proporcionales, en estricto sentido, para poder establecer la materialidad del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, así como la probabilidad de que Eduardo lo cometió. Se arriba a esta conclusión, en virtud de que los datos de prueba que aportó la señorita agente de Ministerio Público, no se advierte que hayan sido violatorios de derechos humanos y que tampoco hayan violentado el debido proceso; por eso, este juzgador, considera que deben de ser y deben considerarse lícitos, y así se consideran; específicamente, el señor defensor, hizo saber ante este Tribunal como teoría de su caso, que no debe de tomarse en cuenta el reconocimiento por fotografía realizado por el menor de iniciales **********. porque no se ajustó a las reglas que previene el artículo 279. Como veremos con precisión más adelante, este juzgador difiere del criterio del señor defensor, en virtud de que como bien lo hizo saber la señorita agente de Ministerio Público, pues existía premura en virtud de que se estaba por cumplir el termino perentorio de cuarenta y ocho horas y Eduardo se encontraba detenido por otra diversa causa, y que esto trajo como consecuencia que no pudiera pues en términos razonables reunirse los requisitos que la persona pudieran estar en la cámara de Hesel y acompañar a ********** para que se hiciera el reconocimiento de personas y por esto realizó el reconocimiento por fotografía, además de que se cumplió con los demás requerimientos que establece el artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se le mostraron las fotografías, donde entre otras personas, reconoció a Eduardo como la persona que había perpetrado la privación de la existencia de su hermana, abundaremos un poco más al respecto de este reconocimiento ya más adelante. En lo que toca a la justipreciación de la versión de Martha Esperanza Torrijos Aviña, ante el agente de Ministerio Público, si bien es cierto esta es la mamá de la víctima, pero este testigo es de oídas, pues ella no presenció las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que aconteció el hecho de la privación de la existencia de la víctima; sin embargo, si recibió esta información con inmediatez y posterioridad al hecho, y esta información se la dio a conocer su propio hijo menor de catorce años de iniciales **********., y por lo tanto nos es útil este dato de prueba para apreciar el contexto en que se desenvolvía la víctima, y además para poder establecer que la víctima era su hija y además ella la había visto con anterioridad ese día veintidós de diciembre pues vivía con ella y que ella la última vez que la vio fue ese día antes de irse a laborar; y además contamos también con que el menor de iniciales **********., fue el único pariente que vio con vida antes de que fuera privada de la existencia a la víctima Diana Graciela Torrijos; de ahí que en sus versiones diera a conocer las características de la víctima Diana Graciela Torrijos y con esto establecimos la existencia de Diana y también como fue privada de esta existencia por parte del sujeto activo; y para ello contamos también con el reconocimiento de cadáver, donde hace saber ********** y **********, que ella llevaba el nombre de ********** y que había nacido el **********, quienes la identifican a través de las fotografías que le pusieron a la vista, que era el cadáver que pertenecía a su pariente. Para poder establecer que la acción desplegada por el sujeto activo fue idónea y tendiente a privar de la existencia a **********, la madre de ella en esencia hace saber ante el Ministerio Público, que ella es madre de **********, y que ese día veintidós de diciembre del año dos mil veinte, se fue a desempeñar sus actividades laborales; como a las quince treinta horas aproximadamente, ella marcó al teléfono buscando a su hija, o buscando a su hijo para saber en qué condiciones se encontraban, pero que no obtuvo ninguna respuesta y ya como a las veinte horas con treinta minutos recibió la noticia criminal por parte de su progenitora, pues le decía que tenía que regresarse a la casa porque había pasado algo y ya su hijo de nombre ********** vía telefónica le dio a conocer que habían privado de la existencia a su hija, y ya en su domicilio el testigo de iniciales **********. de catorce años hijo de la declarante, le dio a conocer que él había presenciado la muerte de su hermana, pues él la acompañó para salir de casa a petición de la víctima y que habían saludado algunos amigos o conocidos de Diana y ya de regreso, se percatan de la presencia de dos personas del sexo masculino quienes se acercan a ellos y fue cuando su hermana le da a conocer al menor que tenía que protegerse corriendo sin importar lo que presenciara o escuchara y que él acatando esta instrucción del cuidado que le había dado su hermana escucha las deflagraciones de un arma de fuego y que además una de esas personas que había intervenido era **********, que previo a esta agresión a su hija había recibido amenazas de que los miembros de la familia iban a perder la existencia y que esto fue hace como seis meses de anterioridad, que además en el contexto en que se desenvolvía su hija, tenía cierta inclinación por las drogas y que la habían estado atendiendo y que ella incluso había tenido una relación sentimental con algunas personas que después se había regresado de nuevo a vivir con ellos. De igual manera, tenemos la declaración del menor **********., ante el ministerio Público, quien precisa que ellos, ese día veintidós de diciembre, se encontraban en el domicilio familiar que se ubica en la calle **********; y como a las diecinueve cuarenta horas, ********** le solicitó enfáticamente que fueran a ver a una persona, que él ante esto se había negado, pero le insistió y opto por acompañarla, que por el lugar que él llama el dique, por ahí se encontró su hermana con el amigo y ya después que estuvo intercambiando comunicación con él se regresan a la casa e incluso describe a esta persona el menor al momento que declara ante el Ministerio Público; y ya cuando van acercándose a la casa, también se acercan dos personas que son hombres o caballeros y cuando se percata de la presencia de estos dos varones, su hermana le dice que cualquier cosa que pueda pasar debe de correr, que viera lo que viera tenía que correr y que cuando se acercan junto al centro escolar Cuauhtémoc, él se percata de que uno de ellos, de estas dos personas del sexo masculino a quien él describe con una persona de complexión gorda, moreno, alto como de uno setenta metros aproximadamente, lo vio a los ojos y que él lo reconoce que era hermano de un amigo de su hermana de nombre Ramsés, pero que no sabe el nombre preciso de esta persona, que incluso traía encima la capucha de la sudadera que era de color negro y un pantalón obscuro y que esta persona le dispara a su hermana, y que la otra persona se acerca a él y es cuando lo amenaza de que puede ser también privado de la existencia, a él lo señala como Ramsés el amigo de su hermana, y que sabe que es amigo de su hermana porque él lo reconoce por la forma en que andaba vestido además que por su físico y describe también su vestimenta y que también portaba cubre bocas y que es cuando recibe la amenaza directa, que puede perder la existencia tanto él como su familia por parte de ********** y que ya es cuando da a conocer esta noticia criminal. La versión del menor de iniciales **********., resulta para este juzgador creíble, veraz y digna de confianza, las circunstancia de tiempo, modo y lugar que da a conocer, se puede observar en términos de razonabilidad que son certeras, además tiene una edad de catorce años por lo cual su desarrollo cognitivo y su madurez intelectual, lo llevaron a imponerse de estas circunstancias de modo tiempo y lugar, es rico en detalles que no pueden considerarse producto de su imaginación, sobre todo tratándose de un evento de alto impacto emocional como es la perdida de la existencia de su hermana; precisa el día y establece más o menos entre qué horas sucedió el hecho; da a conocer el contexto en que se encontraban antes y durante el momento que fue privada de la existencia su hermana, describe a las dos personas del sexo masculino que se acercaron, y él se percata de como uno de ellos le dispara a su hermana, y describe quién es esta persona, da a conocer su complexión, es un dato alto relevante, da a conocer que vestía una sudadera gris con la capucha y con el cubre bocas y dice que es hermano de Ramsés, y que después de que pasa este evento, ********** incluso lo amenaza de que iba a perder la existencia tanto él como su familia, e incluso dice que con anterioridad había visto al hermano de Ramsés pasar por su casa y que además ellos son vecinos cercanos, por lo cual este juzgador considera que este dato de prueba es reforzado por circunstancias de modo, tiempo y lugar, actos que dan alta credibilidad a su dicho, y estos mismos hechos se los da a conocer a su progenitora y ésta manifiesta ante el Ministerio Público estas circunstancias. Si bien es cierto que el señor defensor se encargó de evidenciar una falencia o contradicción entre lo que dice la madre que le dijo el menor y lo que dice el menor, pero este juzgador opta por prestarle la mayor credibilidad más importante a lo dicho directamente por el menor, quien fue quien se impuso directamente de las circunstancias de modo, tiempo y lugar y además resintió él mismo la acometida de un probable hecho delictivo en su contra como son las amenazas de privarlo de la existencia por parte de Benito Ramsés Zamora. Dicho del menor E.M.T., está reforzado por la razonabilidad que se aprecia en su versión, además es un testigo directo, si bien no hay más que la versión de él, esto puede considerarse como un testigo único, sin embargo no se advierte que haya algún tipo de presión física o moral para que declarara en este sentido, pero no por ser un testigo único puede considerársele como singular, puesto que es el único que presenció los hechos, además, obviamente de los agentes activos, de ahí que tengamos por cierto, pues adminiculando estas dos versiones conjuntamente con el reconocimiento de cadáver, podemos tener por acreditado, tanto la existencia, como la privación de la existencia de la víctima. Y para ello contamos también, con el dictamen en materia de necro cirugía realizado por el doctor **********, quien al recibir el cuerpo de la víctima, éste le apreció varias lesiones externas provocadas por disparos de arma de fuego, y estos disparos de armas de fuego, dice el doctor que fueron perpetrados a corta distancia y que le provocaron las laceraciones en órganos del cuerpo delicados e importantes, como son los pulmones, y en el área costal izquierda y derecha, así como en el abdomen y estómago, y que a consecuencia de esto concluye que la etiología la muerte es mecánica y la causa de muerte fue un shock hipovolémico consecutivo a laceración múltiple en el órgano torácico de la víctima producido por proyectiles de arma de fuego y este informe pericial es elaborado por un perito en la ciencia médica con la metodología adecuada para tal efecto, ya que se llevó a cabo la necro cirugía apegándose a los lineamientos de los artículos 272 y 273 del Código Nacional de Procedimientos Penales y con esto podemos acreditar que la perdida de la existencia fue por disparos de arma de fuego realizados a corta distancia por el sujeto activo. Y también, por si fuera poco lo anterior, tenemos el dictamen en materia de criminalística de campo realizado por el licenciado **********, quien es perito en la disciplina de criminalista de campo, quien llevó a cabo el levantamiento del cadáver de la víctima y que además le aprecio también varias heridas producidas por proyectil de arma de fuego en el cuerpo y recolectó las evidencias que se encontraron en el lugar y además de acuerdo a sus hipótesis establece que el lugar donde se encontró el cadáver fue el lugar donde le privaron de la existencia; que además recolectó los tres elementos balísticos y que la muerte fue una muerte violenta y que la etiología fue mecánica, y este es un experto en la ciencia médica y utilizó la metodología adecuada y por lo tanto se puede adminicular con el dictamen en materia de necro cirugía también y con los demás datos de prueba para establecer la causa de la perdida de la existencia de la víctima. Y tenemos también que concatenar a esos datos de prueba, el informe policiaco y el acta de aviso de hechos probablemente delictuosos llevados a cabo por la agente de la policía ministerial Paola **********, quien en esencia hace saber que ella se constituyó en el lugar donde se encontraba el cadáver de la víctima y que también ahí se encontraba el licenciado ********** y que recibieron también la comunicación que les dan los agentes policiacos que se habían encargado de atender el llamado de emergencia donde señalaban el hallazgo de un cadáver y ahí describe en este informe policíaco las características propias de la mujer que habían privado de la existencia; y además, la presencia de evidencia material consistente en casquillos percutidos y que además la víctima presenta un tatuaje en forma de flor y las lesiones que le apreciaron en el estómago y la parte clavicular de la región frontal izquierda de la víctima, y estas versiones de la agente de la policía ministerial, son de tomarse en consideración ya que se realizaron en apego a lo dispuesto en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, adminiculados entre si estos datos de prueba, nos lleva a establecer valida y legalmente, que el día veintidós de diciembre entre las dieciocho y las veinte horas, esto del año del año dos mil veinte, en el cruce de las calles **********, la víctima fue privada de la existencia a través de varios disparos con arma de fuego que recibió en su humanidad, lo cual le provocó diversas lesiones que derivaron en un shock hipovolémico consecutivo a laceración multiorgánica, violándose con ello por parte del sujeto activo el bien jurídicamente tutelado, que es la perdida de la vida, que es el bien jurídicamente más apreciado o el bien más preciado por las personas, encuadrándose estos hechos en lo que dispone el artículo 123, 124 y 126 del Código Penal vigente en el Estado, pues la víctima era una mujer del sexo femenino como quedó acreditado con cada uno de los datos de prueba; y además, el sujeto activo también actuó con ventaja en términos del artículo 136, fracción II, inciso d) pues de estos datos de prueba se desprende que la víctima no traía arma alguna, por lo que se encontraba inerme, por lo tanto en un plano de superioridad del sujeto activo quien también tenía conocimiento subjetivamente de que no podría ser lesionado o correr algún daño en su integridad física lo que lo coloca en un plano de ventaja que establece esta hipótesis, el sujeto activo también actuó de manera dolosa, típica y antijurídica, pues es una persona mayor de edad, que tenía conocimiento de la potencialidad de sus actos, quiso el resultado y realizó el hecho típico, ajustándose a lo dispuesto en el artículo 18 fracción I, del Código Penal vigente en el Estado; con un desarrollo de consumación en términos del artículo 17, fracción I; y con una forma de intervención de autoría material o directa en términos del artículo 21, fracción I, del mismo código sustantivo, pues el sujeto activo actuó per se; el sujeto activo actuó al menos antijurídicamente en términos materiales, pues no hay una causa de justificación que abone en su favor, y resulta que el sujeto activo debió de tener en consideración lo que cualquier persona ordinaria puede tener en cuenta, que realizarle disparos con un arma de fuego a una mujer joven pues es de los delitos castigados con las penalidad más severas. La probabilidad de que Eduardo Zamora Rosales cometió el hecho que la ley señala como delito, según este resolutor, al menos hasta este momento es suficiente para establecer esta con los datos de prueba que ya mencionamos, pues al respecto hay una imputación personal directa y sin lugar a deficiencias que hace el menor de iniciales **********., de que fue precisamente Eduardo y no distinta persona quien realizó los disparos a la víctima privándola de la existencia cuando venía acompañado de su hermano Ramsés el día veintidós de diciembre entre las dieciocho a las veinte horas, y esto lo afirma en su primigenia declaración ante el Ministerio Público y así lo reitera al momento que llevar a cabo el reconocimiento de personas por fotografías o la identificación de personas por medio de fotografías en términos del artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales; pues entre cuatro personas señaló a Eduardo sin temor a equivocarse como la persona que le había realizado los disparos a su hermana. Hasta este momento, a diferencia como lo concibe el señor defensor, no hay elemento alguno para considerar ilícito o ilegal este reconocimiento de personas, pues fue realizado ante el Ministerio Público, se acompañaba al menor por su progenitora quien le daba el soporte indispensable, además estuvo presente un defensor, el licenciado **********, para que le diera soporte jurídico a Eduardo y reitera lo que dijo ante el Ministerio Público que vio que una de las dos personas del sexo masculino se habían acercado rápidamente a él y a su hermana y reitera la descripción de la persona que le disparó a su hermana, que era una persona gorda, moreno, alto, como de uno setenta metros y lo vio a los ojos y vio que era el hermano de uno de sus amigos de su hermana de nombre Ramsés, pero que no sabía el nombre de él, que él lo había visto anteriormente cuando habían pasado por la cuadra de su casa conjuntamente con ********** y que la última vez que él lo vio fue cuando le disparó a su hermana, y se le pusieron a la vista cuatro fotografías de personas con características similares identificó a la número cuatro que es la que corresponde precisamente a Eduardo, y dice que no había diferencia alguna de cuando lo vio las características que tiene en la fotografía, como se evidencia pues se ha cumplido con los requisitos del artículo 279 para que el menor de iniciales ********** reconociera a Eduardo, si bien es cierto que como lo evidencia el señor defensor, el menor asegura o más bien da a conocer al Ministerio Público en las dos ocasiones, cuando presta su declaración de reconocimiento que traía capucha y que traía cubre bocas, pero él dice que lo vio directamente a los ojos y lo describe, tanto el color de tez como su complexión y por eso hace el reconocimiento de fotografías y debe tenerse en consideración que uno de los rasgos fundamentales del rostro de una persona pues son los ojos y además él dice que era el hermano de Ramsés porque lo había visto antes cuando pasó por su cuadra, y este dato de prueba como dijimos al menos hasta este momento es suficiente, para poder establecer la probabilidad de que Eduardo lo cometió e intervino en su comisión en virtud de que en este estadio procesal no se requiere que se acredite plenamente y sin lugar a dudas la responsabilidad de Eduardo, que tan solo existan datos para poder establecer la probabilidad de que él lo cometió, el estándar es algo distinto del que se exige en un juicio, pues en el juicio oral Eduardo tendrá el Ministerio Público la obligación de acreditarle a usted plenamente y sin lugar a equivocarse que usted cometió el hecho delictivo, y hasta ahorita con este reconocimiento que hace este menor en contra de **********, para este juzgador es suficiente para que se le abra una investigación formal, donde se determine la materia de esta investigación y el probable juicio. Si bien es cierto el señor defensor presentó a tres testigos que en este caso se consideran de coartada, hasta este momento la versión de estos testigos son insuficientes para desacreditar la imputación personal y directa que realiza el menor **********., en contra de Eduardo, pues debe de tenerse en consideración como ya es de explorado derecho, los testigos de coartada deben de relatar segundo a segundo y minuto a minuto que estuvieron en presencia del probable imputado y no nada más manifestar de manera genérica entre tales horas y tales horas estuvieron ahí, entre las diecisiete horas y las veinte horas o las dieciocho horas y las veinte horas estuvieron en el domicilio de ********** los tres testigos y que estuvieron con él y no lo perdieron de vista, pues así lo exige ya la jurisprudencia de la novena época y que este juzgador se apoya en la misma, en el registro número 188476, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena época, materia penal, tesis sexta Primero TJ/19, fuente semanario judicial de la federación, tomo décimo cuarto octubre dos mil uno, pagina 1047, jurisprudencia que dice. TESTIGO DE COARTADA. Tratándose de testigos de coartada para que sean tomados en cuenta sus declaraciones deben de manifestar de momento a momento la conducta desplegada por el acusado, pues si no es así, pudiera darse el caso de que aquel haya aprovechado el momento no cubierto por los testimonios para cometer el delito. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. Si bien no es obligatorio para este Circuito Décimo Séptimo, si es orientadora pues con los testigos de coartada, y también debe tenerse en cuenta que este juzgador considera que en lo que respecta al testimonio de Óscar Vázquez Martínez, este se manifestó dubitativo, inquieto y contradictorio al momento de contestarle las repreguntas al Ministerio Público, que si bien como lo dijo el señor defensor no existen tachas en materia penal y que además el vínculo laboral que puedan tener con Eduardo de suyo no lo hace ilícito en sus declaraciones o no se pervierten en sus testimonios, pues lo que importa para el derecho penal es que los testigos no sean aleccionados que los testigos se conduzcan con veracidad y que además su testimonio apreciado en términos de razonabilidad sea creíble y este Juzgador considera que hasta este momento sus testimonios no resultan creíbles sobre todo de ********** porque se evidencia su aleccionamiento al igual que el de ********** pues ambos manifiestan que son empleados de Eduardo, que van a trabajar con él para dar mantenimiento y que lo acompañan a todos los lugares y que además hay una relación afectiva incluso por el buen trato que Eduardo le da a sus empleados y que ********** acostumbra también conjuntamente con ********** ir a la casa de ********** y que ahí ********** le corta el pelo a sus hijos y que además él considera que es injusto lo que se le está haciendo, pero lo que interesa para este Juzgador es que no se acuerdan ni siquiera como andaba vestido el día veintidós de diciembre cuando la señorita agente de Ministerio Público le hizo la pregunta, si se acuerda con precisión que fueron a home depot, que fueron a la casa, que le cortó el pelo a uno de sus hijos, pero no se acuerda como andaba vestido, y lo mismo sucede con Samuel, pues dice que traía el chaleco del trabajo pero es incapaz de decir que vestimenta especifica traía ese veintidós de diciembre, por lo cual este juzgador considera que estos testigos amen de estas falencias que tienen al momento de hacer su declaración pues es evidente el aleccionamiento, ya que son concordantes sus testimonios es que ese día veintidós de diciembre estuvieron con él, aproximadamente a las veinte horas, incluso como lo evidenció la señorita agente de Ministerio Público primeramente dice ********** que estuvieron hasta las diecinueve horas pero ya a preguntas del defensor es cuando ya le da la información y obtiene la información de que fueron después de las veinte horas cuando lo llevó al lugar de encuentro para que se retiraran de ahí, a la entrada del fraccionamiento, que incluso dice que tienen bastante acercamiento y que no conocen a **********, por lo cual pues lo que ellos repiten de manera idéntica es de que estuvieron desde las nueve hasta después de las diecisiete horas y que fueron a home depot y que después fueron a la casa de Eduardo, y que además de estas falencias y contradicciones de los testigos, no dicen de momento a momento, tan solo que estuvieron con Eduardo como lo exige la jurisprudencia, dicen de que hora a qué hora, pero lo que exige la jurisprudencia es de momento a momento y esto no se da en estos testigos de coartada. Resulta de especial interés para este juzgador la declaración de **********, que si bien es cierto que tiene un vínculo sentimental de hecho con **********, este Juzgador aprecia que su dicho es apegado a la veracidad, no se advierte que este contando mentiras, incluso da a conocer con riqueza los detalles, los abusos que cometieron los agentes municipales, incluso da a conocer como trataron de extorsionarla a ella y a Eduardo, cuando tenían detenido a ********** que fue el que primeramente fue detenido, además da a conocer cómo según su dicho fueron objetos de tortura y malos tratos por los agentes policiacos, lo cual este juzgador tuvo que denunciar y que es lo mismo que relató también Eduardo, y que los agentes policiacos en un excesivo abuso de funciones que les corresponden como servidores públicos en la investigación que realizan ellos que no se apega nada a lo científico ni lo objetivo, sino a la presión física y moral para obtener información tanto de Eduardo como de su esposa, e incluso poder maltratar física y psicológicamente a Eduardo y Adriana Iveth; sin embargo estos datos y estas versiones tanto de Eduardo que dice que él no cometió ese hecho delictivo, que es inocente y que lo mismo dice Adriana que es un hombre de trabajo que se dedican a su familia, lo cual no duda este Juzgador, pero sin embargo es insuficiente para poder demeritar la imputación personal directa y sin lugar a reticencias que le hace el menor de iniciales **********., de que fue Eduardo quien disparó en contra de su hermana y quien lo dijo no nada más una vez , lo dijo dos veces, lo dijo ante el Ministerio Público y lo dice también al momento de reconocimiento de personas por fotografías y debe de tenerse en cuenta en este estadio procesal lo que importa para el estándar probatorio que exige la Constitución, es suficiente para este Juzgador con este dato de prueba, esta imputación que hace el menor que fue ********** quien pudo haber cometido el hecho, y que es suficiente para dictar el auto de vinculación a proceso, pues debe tenerse en consideración que al momento que se está resolviendo esta situación jurídica de Eduardo, esta resolución el alcance es de un estado probatorio contradictorio, no es necesario este estadio probatorio contradictorio, es exclusivamente de naturaleza preliminar, no estamos resolviendo ni valorando los datos de prueba, como si fueran medios de prueba y que tuviera que llevarse una valoración completa o exhaustiva como se hace en un juicio, por eso esta valoración es meramente preliminar, será en todo caso en el juicio donde tendrán que valorarse estos medios de convicción adecuadamente y para eso me apoyo en la siguiente tesis con número de registro 2019450, correspondiente a la décima época, Instancia Tribunales colegiados de circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación, tesis aislada número 2.2.80P de la décima época que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO DENTRO DE LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL, EN ESTA RESOLUCIÓN EL ALCANCE DE UN ESTADO PROBATORIO CONTRADICTORIO ES EXCLUSIVAMENTE DE NATURALEZA PRELIMINAR y el contenido de la tesis es el siguiente; dice: Cuando se dicte un auto de vinculación a proceso dentro de la ampliación del término Constitucional, no es el momento oportuno para oponer las pruebas contradictorias que obren en autos y dar prevalencia a una sobre las otras, ya que esa evaluación queda reservada en su caso para la etapa intermedia, toda vez que en el sistema penal acusatorio no se otorga en las primeras etapas una fase determinante, sino meramente preliminar, que si bien ya era así en el sistema tradicional ahora son todavía más formales y meramente preliminar por lo cual el alcance de un estado probatorio contradictorio al nivel de auto del término constitucional en este nuevo sistema acusatorio adversarial es exclusivamente de naturaleza preliminar, pues el auto de vinculación no resuelve el fondo del asunto sino que su finalidad es determinar si los datos de prueba justifican la continuación del proceso que se lleva a una etapa posterior intermedia de depuración máxime que en el auto señalado, el juez no puede depurar anticipadamente, salvo un caso de excepción que impidiera la apertura de la continuidad pues ello no implicaría en su caso que no hubiera siquiera un estado de contradicción sino un estado absoluto de desvanecimiento de datos, así la autoridad constitucionalmente facultada para determinar bajo su responsabilidad si existen datos insuficientes para la continuidad del proceso es el juez de control por lo cual el amparo no puede sustituirse a esa valoración que es evidentemente preliminar. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Nos orienta para poder establecer que, hasta este momento lo manifestado tanto por los testigos de coartada como por la testigo pareja de Eduardo son insuficientes para poder establecer que están por encima de la imputación personal que realiza el menor **********., pues esto no es determinante y este juzgador considera que la versión de este menor resulta creíble, veraz y digna de confianza y razonable y si bien el testimonio de Adriana pudiera considerarse, pudiera desprenderse un efecto corruptor del proceso al momento en que se falseó la forma en que fue detenido ********** además, hubo un allanamiento de un inmueble donde ellos residen y que esto trajera como consecuencia que se hubiera realizado puras falsedades dentro del procedimiento, tanto en la forma de detención, puesto que los agentes policiacos sabían con anterioridad la ubicación del domicilio de Eduardo, que le pedían dinero a él, que le quitaron dinero a su esposa, pues hasta este momento contamos nada más con la versión de Adriana, en todo caso tendrá que ser durante la investigación aportarse datos de prueba suficientes para corroborar la versión de ********** máxime que este juzgador ya hizo la denuncia de la probable comisión de hechos delictivos de acuerdo a la versión de ella, pero esta versión hasta este momento no puede ser suficiente para poder desmeritar el dicho del menor de iniciales E.M.T., que imputa a Eduardo como la persona que disparó en contra de su hermana y así lo reconoció y además como ya se dijo este reconocimiento se realizó por fotografía, en virtud de la premura con que contaba el Ministerio Público para poder dentro del término perentorio de cuarenta y ocho horas ponerlo a disposición de un Tribunal, y además él supuestamente se encontraba detenido por una diversa causa a la cual dio origen a ésta que hoy nos ocupa. Por eso este juzgador considera que estos datos de prueba adminiculados entre sí de manera lógica y jurídica, sobre todo la versión del menor conjuntamente con los datos de prueba, como lo que dice su progenitora, como lo que dice también el médico legista, así como la versión de la madre de la víctima ********** y el acta de aviso de hechos probablemente delictuosos y sobre todo el informe realizado por ********** agente de la policía Ministerial Investigadora, quien hace saber que Eduardo se encontraba detenido por una diversa causa y que había el señalamiento del menor que había sido el hermano de ********** quien había cometido el hecho delictivo y que además confirma que efectivamente está detenido ********** y que además está detenido otra persona de apellidos ********** que responde a Eduardo y que es hermano de ********** y por lo cual pues consideran que esta persona pudo haber sido el que señala el testigo de iniciales **********., y que dado el caso de que lo reconozca por fotografía y que efectivamente lo reconoce, incluso el menor en su versión dice que podría reconocerlo en fotografías si se lo pusieran al alcance, por lo cual este Juzgador considera que este reconocimiento por fotografía resulta legal y también licito y que se ajustó a lo preceptuado por el articulo 279 y que adminiculado con los demás datos de prueba de la necro cirugía a cargo de **********, de la criminalística de campo ********** y el diverso parte policiaco, así como el protocolo de identificación de cadáver adminiculados entre sí de manera lógica y directa conllevan a establecer que con alto grado de probabilidad que Eduardo pudo haber cometido este hecho delictivo y con esto se da cumplimiento al estándar constitucional exigido y al verificar que no se ha acreditado una causa de extinción de la acción penal de una excluyente del delito da mérito para resolver lo siguiente: PRIMERO. Se dicta AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en contra de ********** por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, que se refiere el artículo 123,124, 126 en relación con el artículo 136 fracción II, inciso d), del Código Penal vigente en el Estado, por hechos que tuvieron verificativo entre las dieciocho y veinte horas del día veintidós de diciembre del año dos mil veinte, en el cruce de las calles **********, en esta ciudad, cometido en perjuicio de Diana Graciela Torrijos De lo anterior, puede advertirse claramente que el Juez de Control, al resolver la situación jurídica del quejoso **********, concretizó la imputación que la agente del Ministerio Público le atribuyó, estrictamente por lo que hace al hecho acontecido el veintidós de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente a las diecinueve horas con cuarenta minutos, pues la víctima **********, se encontraba en su domicilio ubicado en la calle Volcán Altar, número dos mil seiscientos sesenta y uno de la colonia Parajes de San Isidro, cuando le preguntó a su hermano menor de edad **********., si podía acompañarla a ver a un amigo, a lo que él primeramente se negó para luego acceder. Por lo que salieron de su vivienda, vieron al amigo de ********** y luego regresaron a su domicilio, y al transitar por donde está la escuela Cuauhtémoc, se acercaron dos personas del sexo masculino, a lo que su hermana le dijo "cualquier cosa que pase tú corres, veas lo que veas corres"; y vio que uno de ellos, el cual es gordo, moreno, alto, de un metro con setenta centímetros aproximadamente, de quien desconoce su nombre y vestía una sudadera color negro liso con capucha, pantalón oscuro y al verlo a los ojos se dio cuenta que era el hermano de **********, siendo que aquella persona se acercó a ********** y le disparó; mientras que el otro sujeto, a quien identificó por su físico y la forma en que viste como **********, se acercó al menor y lo amenazó. Hechos que, según lo estableció el Juez de origen, constituyen el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 123, 124, 126 y 136, fracción II, inciso d) del Código Punitivo Estatal, cometido en perjuicio de **********, persona que corresponde al sexo femenino según dictamen de necro cirugía, y atento a lo precisado en el peritaje de criminalística de campo, la víctima se encontraba inerme. Asimismo, el Juez responsable señaló que la representación social expuso como datos de prueba las declaraciones de ********** y **********., madre y hermano de la víctima, siendo el segundo de ellos quien relató las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos cometidos en perjuicio de **********; mientras que aquella dio noticia de lo narrado por el único testigo de los acontecimientos narrados, esto es, que el veintidós de diciembre de dos mil veinte, una persona a quien identificó como el hermano de Ramsés y a quien con posterioridad, a través de reconocimiento por fotografía, identificó con el nombre de **********, realizó disparos en la humanidad de la víctima del sexo femenino cuando ésta se encontraba inerme. De este modo, de manera acertada, el Juzgador de origen concluyó que el deposado del menor **********., no puede considerarse como singular al ser un testigo único, pues genera convicción por sí mismo, considerando prudentemente las características del caso y al encontrarse adminiculado con las experticias en materia de necro cirugía y criminalística de campo. Es aplicable al caso la jurisprudencia II.2o.P. J/9, con registro digital 2016036, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de la Décima Época, Materias Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, de enero de 2018, Tomo IV, página 2016, del rubro y texto: TESTIGOS ÚNICO Y SINGULAR EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. LA DIFERENCIA ESENCIAL ENTRE SUS TESTIMONIOS ESTRIBA, ADEMÁS DEL ASPECTO CUANTITATIVO DEL DECLARANTE, EN QUE EL DEL PRIMERO PUEDE VERSE CORROBORADO CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA, MIENTRAS QUE EL DEL SEGUNDO SE ENCUENTRA AISLADO. En el procedimiento penal se reconoce como medio de prueba la testimonial, y cuando se desahoga la declaración respectiva, pueden encontrarse las figuras de los testigos único y singular, las cuales difieren entre sí en cuanto a su significado, vinculado no sólo con el número de deponentes o personas que declaran, sino también con el hecho de estar o no corroborada la testimonial con otro tipo de medio probatorio, pues mientras que la figura del testigo "único" se presenta cuando el hecho que se pretende probar se soporta con el dicho de la única persona que lo presenció o deponente individual habido desde el punto de vista cuantitativo, no obstante, su dicho, sí puede estar corroborado con otros medios de prueba (documentos, periciales, indicios, etcétera), en cambio, en el caso del testigo "singular", independientemente de que el hecho se pretende probar dentro del procedimiento sólo con la declaración de una persona, esa prueba, la testimonial, no se encuentra apoyada por algún otro medio, por eso su valor convictivo se reduce no sólo por el aspecto cuantitativo del declarante individual, sino también por la deficiencia cualitativa al no apoyarse con otra clase de pruebas; así, la diferencia esencial de los testimonios consiste, además del citado aspecto cuantitativo, en que mientras el testimonio único puede verse apoyado o corroborado con medios convictivos de otra índole, como periciales o indicios en general, el de carácter "singular" se encuentra aislado y no cuenta con otro tipo de soporte; de ahí la "singularidad" y reducido valor convictivo potencial. Concatenado con lo anterior, el Juzgador del proceso, valoró el informe médico de necro cirugía de veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, realizado por el perito médico legista **********, en la humanidad de la persona del sexo femenino de nombre **********, en el que asentó que presentó cinco orificios de entrada con orificios de salida en diferentes partes del cuerpo como son los pulmones, área costal izquierda y derecha, así como el estómago (hipocondrio) producidos por proyectil de arma de fuego; siendo la etiología de la muerte mecánica y la causa de la muerte shock hipovolémico consecutivo a laceración multiorgánica torácica producida por proyectiles de arma de fuego, los cuales fueron realizados a corta distancia. Experticia médica que da noticia sobre la autopsia que realizó en el cuerpo de la víctima, de las lesiones externas que aprecio, así como los órganos que se vieron afectados, concluyendo que la causa directa e inmediata de la muerte fue a consecuencia de shock hipovolémico consecutivo a laceración multiorgánica torácica producida por proyectiles de arma de fuego. Igualmente, el Juzgador de origen concatenó la experticia en materia de criminalística de campo, suscrita por el licenciado **********, quien dio noticia de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se encontró el cuerpo de la víctima, que a simple vista éste presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego; la localización de elementos balísticos; estableciendo que no se localizaron huellas de arrastre o manipulación del cuerpo, por lo que se podía establecer, de acuerdo al principio de probabilidad, que el lugar del hallazgo era el sitio de los hechos, así como que se utilizó solo un arma en la agresión a la víctima y que los disparos son de distancia de un metro mínimo de retirado de la víctima; de ahí que concluyó que la víctima se encontraba inerme. Así, en el dictamen en cita se realizó una descripción de forma, posición, dirección y cantidad de los elementos localizados en el lugar en el que se suscitaron los hechos materia de investigación, concluyendo que la etiología de la muerte es mecánica; dictamen que, engarzado con la necropsia realizada en el cuerpo de la víctima, es congruente con la declaración vertida por el menor **********. Además, se adminiculó el acta de aviso realizada por Paola Denisse Ferniza Esquivel, agente de la policía ministerial adscrita a la Unidad de Homicidios de Mujeres, de veintidós de diciembre de dos mil veinte, en la que asentó que aproximadamente a las veintiún horas con diecinueve minutos de la fecha indicada, el radio operador le ordenó que se acercara al cruce de las calles **********, ya que se reportaba a una persona del sexo femenino sin vida; arribando a dicho sitio en compañía del perito **********, percatándose de que se encontraba debidamente acordonado por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como el cuerpo de una persona del sexo femenino, la cual, a simple vista, presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo; así como la recolección de los casquillos; quien dio noticia de los hechos de su conocimiento, una vez que acudió al lugar que le indicó el radio operador. Por otra parte, el juzgador de instancia, consideró las declaraciones rendidas en esa sede por ********** y **********, quienes dieron noticia de las actividades realizadas por el justiciable el veintidós de diciembre de dos mil veinte; señalando los dos primeros que al quejoso ********** lo vieron en un horario aproximado entre las nueve y las veinte horas de la fecha citada; mientras que la última precisó que una vez que su esposo llegó a su domicilio, éste salió para llevar a ********** y a ********** a la entrada de Parajes, pasados cerca de cinco minutos regresó al inmueble, y después salieron dirigiéndose a la casa de su cuñada, de ahí fueron a las segundas, luego volvieron a la casa de su cuñada, esto con motivo de que ésta les llamó para decirles que la policía había ido a buscar a Ramsés; por lo que acudieron a su vivienda advirtiendo que la policía había ingresado. No obstante, lo expuesto por los testigos de descargo, como acertadamente lo sostuvo el Juzgador de la causa, en este estadio procesal es insuficiente para demeritar la imputación personal, directa y sin lugar a reticencias que hizo el menor **********., en contra de **********, ante el agente del Ministerio Público y una vez que se realizó el reconocimiento a través de fotografía; por lo que a consideración de esta resolutora, el actuar del juzgador se ajustó a los principios que rigen el debido proceso legal, pues no se advierte que hubiere alterado los hechos, o que exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia. Lo anterior es así, pues conforme a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 87/2016, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 35/2017, en la emisión del auto de vinculación a proceso impera un estándar probatorio menor al que prevalece en el dictado de la sentencia; sin embargo, en torno a la dilucidación de la problemática fáctica (cuestión distinta al ejercicio de subsunción), atinente al establecimiento del evento criminal y si en éste intervino, de manera probable, el sujeto a quien se le atribuye ese suceso, el Juez de Control efectuó un ejercicio inferencial o de ponderación, a partir de la información que brindaron los datos o elementos de prueba incorporados en la audiencia inicial, con el propósito de dilucidar esos aspectos sustantivos; ello, a la luz de las reglas de la sana crítica, en especial, las atinentes a la lógica, las máximas de experiencia, así como los conocimientos científicos. De ahí que este Juzgadora considera acertado lo resuelto por el resolutor de origen, pues la Representación Social, en ejercicio de su quehacer investigador, llevó a cabo las actuaciones necesarias para aportar los datos de prueba que fueron valorados por el Juez de Control, a saber, la declaración del menor **********., que se ve corroborada a través del deposado realizado por la ateste ********** y los dictámenes realizados por los expertos en medicina forense y criminalística de campo, ********** y **********. Datos de prueba que son aptos y suficientes, para pronunciar el auto de vinculación a proceso en contra del justiciable por el hecho ilícito que se le imputa. Asimismo, debe tomarse en consideración que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (o Pacto de San José de Costa Rica), en su artículo 8, establece el derecho fundamental a una defensa adecuada, el cual se encuentra inmerso en el artículo 20, apartado b), Constitucional, que entraña una obligación para el Estado consistente en facilitar el ejercicio del derecho de defensa del gobernado y un deber de actuar, en el sentido de informarle los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, brindarle la oportunidad de nombrar un defensor, no impedirle que se entreviste de manera previa y en privado con él y, en general, no obstaculizar el ejercicio de las cargas procesales que le corresponden dentro del proceso penal para desvirtuar la acusación del Ministerio Público. En ese sentido, los medios de prueba aportados por la defensa para la demostración de su versión de los hechos, fueron valorados por el Juzgador de la causa, quien determinó que éstos no tienen el alcance de desvirtuar la imputación que el menor **********., hace en contra del aquí quejoso, no cual no significa que el Juez vulnere el derecho fundamental de defensa, pues la actitud procesal en que incurre el defensor del justiciable, pudiera obedecer a una estrategia de defensa. De ahí que el Juez de Control responsable haya considerado, de manera correcta y justificada que esos datos de prueba, interpretados en su conjunto, resultaban idóneos por lo menos para esa etapa procesal, que se ha cometido el hecho tipificado por la norma penal como homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 123, 124, 126 y 136, fracción II, inciso d), del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de la víctima Diana Gracida Torrijos; y también que existe la probabilidad de que Eduardo Zamora Rosales lo cometió en su calidad de autor, atento a lo establecido en el ordinal 21, fracción I, del referido código punitivo; ello, en el grado de probabilidad que es el estándar que exige el Código Nacional de Procedimientos Penales y por tanto son suficientes para que emitir un auto de vinculación a proceso, pues para ello ponderó, de manera preponderante, que el testigo menor de edad conoció los hechos que expuso ante la agente del Ministerio Público, de manera directa, sin que se advierta que haya emitido su versión de los hechos con una finalidad distinta a la de hacer del conocimiento del ministerio público los hechos que les constaron, tampoco se advierte que haya sido con el afán de perjudicar al imputado, por lo que se desprenden indicios que permiten establecer la actualización de la conducta que se reprocha al imputado. De ahí que sea dable colegir que, de acuerdo con la pretensión ministerial, es manifiesto que la conducta investigada se trata de un actuar doloso, en cuanto a que existen datos de que el sujeto activo actuó con conocimiento de los elementos del hecho con apariencia de delito, pues se advierte que conocía los elementos objetivos del hecho y no obstante quiso su realización. Así, los datos de prueba y medios de prueba se estiman correctamente ponderados por el Juez de Control, al haber sido considerados idóneos por ser actuaciones realizadas por personal en ejercicio de sus facultades legales, expresando detalles, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y respecto de los peritos tienen los conocimientos técnicos para emitir su opinión. En este orden, es infundado lo sostenido por el quejoso en el concepto de violación sintetizado, en el sentido de que el Juez del proceso no estudió correctamente los datos de prueba relatados en la audiencia inicial, que debió analizarse la racionalidad de las manifestaciones expuestas por el representante social y la contra argumentación o refutación que la defensa hizo. Se dice lo anterior, pues para el dictado de la vinculación a proceso, no se requiere de un cumulo probatorio amplio, porque el representante social no presenta pruebas formalizadas para el hecho y menos la responsabilidad del imputado, sino solo hace referencia a los datos que establezcan en grado de probabilidad que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la posibilidad real de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En efecto, el auto de vinculación a proceso es una fase previa al juicio oral, pues forma parte de la etapa de investigación en la que el imputado es informado de que existen hechos por los cuales la autoridad ministerial realiza una investigación sobre su persona; sin embargo, al ser un acto procesal que afecta derechos fundamentales, debe satisfacer estándares mínimos de protección judicial, por lo que en la decisión de vinculación a proceso se debe precisar la fundamentación y motivación de los datos de investigación por los que se ha llegado a ese convencimiento. Bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio y oral, para decidir sobre la vinculación a proceso el juzgador debe emplear un grado de razonabilidad, a partir del contraste entre lo expuesto por la representación social y por la defensa o por el indiciado en vía de réplica, teniendo como normas rectoras la legalidad (la cita de hechos tipificados como delitos y datos de información), la confrontación (entre las versiones y la información que pueda confirmarlas); la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por las partes) asegurando con ello el interés del Estado en la impartición de justicia y salvaguarda de los derechos de las partes. La valoración razonable se vincula al deber de fundar y motivar adecuadamente la determinación judicial. Esto implica que el juzgador no puede limitarse a la enunciación genérica de los datos de la carpeta de investigación, sino que debe justificarlos y ponderarlos de forma pormenorizada, exponiendo de manera particular el alcance y peso de cada uno de los datos de investigación, encuadrando la conducta a la norma penal, permitiendo identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable. Además, entre el sistema tradicional y el actual (acusatorio y oral), en éste cambia el estándar probatorio, puesto que en la etapa preliminar o de investigación solo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de revisión **********/2013 en sesión de doce de febrero de dos mil catorce, señaló que de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16, primer párrafo del 19 y el inciso A del 20 de la Constitución General, y del análisis de la exposición de motivos de dicha reforma, se advierte que el Constituyente reformador determinó, en principio, que la investigación en el procedimiento penal y la consecuente acusación se apoyarían solo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió; el impedimento a los jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido, y por otra el imputado y la defensa, en relación a un hecho o hechos que la ley señale como delitos, y la existencia de la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. También precisó que en el sistema penal acusatorio, la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso se encuentran regulados dentro de la etapa de investigación que da inicio al procedimiento penal, cuya finalidad tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos constitutivos del delito y la determinación sobre la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por lo que cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que revista caracteres de delito lo investigará y en su caso promoverá la persecución penal. Ello, dijo, porque de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21 constitucional reformado, el Agente del Ministerio Público promoverá y dirigirá la investigación, quien podrá realizar por sí mismo -o encomendar a la policía-, todas las diligencias de investigación que considere conducentes al esclarecimiento de los hechos, pudiendo allegarse para ello de diversos medios de investigación. Por tanto, señala la Superioridad, debe considerarse a la etapa de investigación como un periodo preparatorio para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio, y es por ese motivo que el registro de los medios anteriormente señalados, de considerarse idóneos, pertinentes y suficientes para formular la acusación, se llevará a cabo en la carpeta de investigación que al efecto integre el Ministerio Público; sin embargo, tales actuaciones carecen de valor probatorio para el dictado de la sentencia, por disposición expresa de la fracción III del Apartado A del artículo 20 Constitucional, salvo que se autorice el anticipo de prueba o la incorporación por lectura o reproducción en la audiencia de juicio oral. En tal virtud, refiere la Primera Sala, el Ministerio Público, para solicitar el dictado de una orden de aprehensión o formular la imputación, solo hará una recolección de los datos; siendo relevante destacar que el Agente Investigador está obligado a no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable y, sobre todo, cuando ha resuelto no incorporar alguno de esos elementos al proceso. Así, la petición de la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso se sustentan en los datos que se contienen en la carpeta de investigación que al efecto integra el Ministerio Público. De lo anterior, refiere que el objetivo de la solicitud del dictado de una orden de aprehensión es traer al imputado ante el juez de control para poder iniciar los actos posteriores de investigación; y por ello, al formularse la imputación, lo que se pretende es la formalización de la investigación con el dictado de un auto de vinculación a proceso; de ahí, respecto del contenido de la carpeta de investigación debe considerarse que para la obtención de la información y la recolección de los datos que permitan fundar la imputación, no se requiere la plena certeza del Ministerio Público de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues la convicción final será la del Juez. Dado lo antes expuesto, señala, se puede colegir que bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, el dictado de la resolución sobre la vinculación o no del imputado al proceso, se debe basar en el estudio de los datos en que se sustente la imputación, así como en la razonabilidad de los argumentos expuestos por la Representación Social, que deben resultar suficientes para justificar racionalmente que el imputado sea presentado ante el Juez de garantía. Además, acotó que solo en el caso de que exista controversia entre los intervinientes respecto del contenido de la carpeta de investigación, el Juzgador podrá verificar su contenido. Las anteriores consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 94/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 160950, Décima Época, Materias Común, Penal, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, de octubre de 2011, Tomo 2, página 689, que a la letra dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE. El artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, prevé la suplencia de la queja deficiente en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios; esta figura obliga al juez de distrito a analizar de oficio las posibles violaciones de derechos fundamentales, por tanto, cuando éstas no son alegadas, por ejemplo, con motivo de una actuación deficiente de la defensa o la reserva del derecho del imputado a no realizar manifestación alguna, el juez de amparo es quien, a través de la suplencia de la queja, debe analizar si tales violaciones han acontecido y, en su caso, otorgar el amparo. Por tanto, el órgano de control constitucional, en aplicación de la figura de la suplencia de la queja deficiente en beneficio del imputado, debe considerar todos los argumentos formulados por él o su defensor en la demanda de garantías o en el escrito de expresión de agravios, que estén encaminados a controvertir las razones que motivaron al juez de control o juez de garantía a dictar el auto de vinculación a proceso y el valor convictivo de los datos de investigación en que se apoya esta determinación, así como la deficiente valoración de los datos aportados en su defensa, supliéndolos en su deficiencia, aun cuando no los hayan hecho valer en la audiencia de imputación, a fin de verificar que los datos de investigación aportados por el Ministerio Público y en que se apoya tal determinación, se hayan ofrecido y desahogado conforme a derecho; y que las razones que motivaron su dictado tienen el debido sustento legal, esto es, la suplencia se torna absoluta, aun ante la ausencia de motivos de inconformidad, cuando deba subsanar de oficio posibles violaciones a derechos fundamentales, sin subrogarse en el papel de defensor. Asimismo, resultan infundados los conceptos de violación enderezados por el quejoso, en el sentido, de: 1. Que no contaba con una defensa técnica y adecuada al momento de la celebración de la audiencia en que se dictó el auto de vinculación en su contra; 3. Lo anterior, dice el justiciable, en virtud de que existen dos declaraciones vertidas por el menor de iniciales **********., de veintidós y veintitrés de diciembre de dos mil veinte; siendo que en la primera de ellas, realizada por **********, el ateste manifestó: ".que al momento de dirigirse con su hermana hacia su casa, se percatan de la presencia de dos personas, que en un primer momento no los reconoce, posteriormente le informa la hoy víctima que pase lo que pase él corra, haciendo mención que por consiguiente uno de los sujetos se acerca a su hermana, sacando dentro de su sudadera un arma de fuego, accionándola en repetidas ocasiones en contra de la víctima, al momento de suceder lo anterior, el menor observa a los atacantes, reconocimiento en esta primer entrevista ÚNICAMENTE a uno de los que intervienen, señalando a una persona que lleva por nombre Ramsés, y el segundo sujeto únicamente dando una descripción deficiente que es una persona robusta, morena, alta y que en ese momento llevaba capucha y cubre bocas." Luego, en la segunda declaración refiere que dicho sujeto es hermano de Ramsés, proporcionando una nueva descripción, además de referir que no llevaba cubre bocas y agregando que anteriormente lo había visto con Ramsés cuando pasaron por su casa. Asimismo, agregó el promovente, que dicha declaración está contradicha por lo expuesto por **********, pues ésta señaló que su menor hijo **********., le informó no haber reconocido al segundo sujeto y que no lo había visto anteriormente, pues únicamente identificó a **********. Además, del deposado de **********, se desprende que el menor **********., le comentó que había sido ********** y un "gordo alto" los que habían matado a su hermana; lo que evidencia las contradicciones que existen respecto a las declaraciones vertidas. 4. Continúa diciendo el justiciable, que de la audiencia de dos de enero de dos mil veintiuno, se puede observar que la actuación de su defensor es deficiente, poco diligente y carente al momento de hacerse cargo de los argumentos de la fiscalía, pues ésta tiene su sustento en la declaración de veintitrés de diciembre de dos mil veinte de **********., sin hacer referencia a los diversos datos que fueron expuestos por la Representación Social. Al respecto, cabe citar la tesis 1a. CI/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 72, noviembre de 2019, tomo I, registro 2021097, de rubro y texto: DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. DIRECTRICES A SEGUIR PARA EVALUAR SI ESTE DERECHO HA SIDO VIOLADO. En virtud de que el órgano jurisdiccional durante el procedimiento penal se encuentra obligado a cerciorarse de que el derecho a gozar de una defensa adecuada no se torne ilusorio a través de una asistencia jurídica inadecuada, es procedente que los juzgadores evalúen la defensa proporcionada por el abogado. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para determinar si el citado derecho en su vertiente material fue violado, dado que no toda deficiencia o error en la conducción de la defensa implica dicha vulneración, el juzgador debe seguir las siguientes directrices: a) analizar que las supuestas deficiencias sean ajenas a la voluntad del imputado y corresponden a la incompetencia o negligencia del defensor y no a una intención del inculpado de entorpecer o evadir indebidamente el proceso; b) evaluar que las fallas de la defensa no sean consecuencia de la estrategia defensiva del abogado, valorando las cuestiones de hecho más que de fondo para enfocarse principalmente en la actitud del abogado frente al proceso penal; y, c) valorar si la falta de defensa afectó en el sentido del fallo en detrimento del inculpado tomando en consideración caso por caso al apreciar el juicio en su conjunto. Ahora bien, si después de realizar esta tarea evaluativa el Juez determina que alguna de las citadas fallas resultó en la vulneración del derecho del imputado a contar con una defensa adecuada en su vertiente material, tendrá la obligación de informarle tal circunstancia con la finalidad de otorgarle la posibilidad de decidir si desea cambiar de abogado, ya sea que él nombre a uno particular, se le asigne uno de oficio, o continuar con su mismo defensor; si éste opta por cambiar de abogado, el Juez deberá otorgar tiempo suficiente para preparar nuevamente su defensa y poder subsanar las fallas o deficiencias de la defensa anterior. Por otro lado, si decide mantener a su defensor particular, el Juez nombrará un defensor público para que colabore en la defensa y pueda evitarse que se vulneren sus derechos. Del contenido de la tesis antes transcrita, se advierte que durante el procedimiento penal, el órgano jurisdiccional se encuentra obligado a cerciorarse de que el derecho a gozar de una defensa adecuada no se torne ilusorio a través de una asistencia jurídica inadecuada; y, para ello, deben atenderse las siguientes directrices: a) Analizar que las supuestas deficiencias sean ajenas a la voluntad del imputado y corresponden a la incompetencia o negligencia del defensor y no a una intención del inculpado de entorpecer o evadir indebidamente el proceso; b) Evaluar que las fallas de la defensa no sean consecuencia de la estrategia defensiva del abogado, valorando las cuestiones de hecho más que de fondo para enfocarse principalmente en la actitud del abogado frente al proceso penal; y, c) Valorar si la falta de defensa afectó en el sentido del fallo en detrimento del inculpado tomando en consideración caso por caso al apreciar el juicio en su conjunto. Sobre el particular, no se advierte actualizado alguno de los supuestos previstos en las directrices contenidas en la tesis antes transcrita, para considerar que existió vulneración al derecho del ahora quejoso de contar con una defensa adecuada, puesto que de lo narrado en párrafos precedentes, no se aprecia deficiencia, incompetencia o negligencia de la defensa, sino un desarrollo normal del proceso, donde el imputado primeramente designó a la defensora de oficio por no contar con un defensor particular, previa asesoría jurídica manifestó su voluntad a declarar y, también, previa asesoría con el defensor particular que designó en continuación de audiencia, manifestó su conformidad para que su situación jurídica se resolviera dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas. Además, tampoco asiste razón al quejoso cuando afirma que de la audiencia de dos de enero de dos mil veintiuno, se puede observar que la actuación de su defensor es deficiente, poco diligente y carente al momento de hacerse cargo de los argumentos de la fiscalía, pues ésta tiene su sustento en la declaración de veintitrés de diciembre de dos mil veinte de **********., sin hacer referencia a los diversos datos que fueron expuestos por la Representación Social. Se arriba a la anterior conclusión, pues en la audiencia de dos de enero de dos mil veintiuno, una vez que la agente del Ministerio Público formuló sus alegatos (12:00), el defensor dio respuesta en los términos siguientes: (12:10) Señaló que no se vislumbra de manera probable que su defenso haya participado en los hechos que se le imputan; en razón de que, de la declaración de **********, se desprende que declaró que su hijo le mencionó haber visto a dos hombres, identificando a uno de ellos como **********, mientras que no sabía quién era la otra persona, circunstancia que mencionó de manera literal. Asimismo, de la narrativa del menor se advierte que citó haber visto a dos personas, a los cuales no reconoció, debido a que uno de ellos traía gorra y cubrebocas y al otro lo reconoce como Ramsés; luego, dentro de este mismo deposado, dice que ve al hermano de un amigo de su hermana que se llama Ramsés, pero él sale corriendo, escucha las detonaciones y ya no volteó a ver qué pasaba y quién estaba disparando. Además, que el reconocimiento de personas a través de fotografías resultaba a todas luces ilegal, pues la Representación Social señaló que se había llevado a cabo en términos del artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que se llevará a cabo y podrá exhibirse la fotografía de la persona cuando a quien deba efectuar el reconocimiento no se encuentre presente o no pueda ser presentado; en el caso, la diligencia se llevó a cabo a las catorce horas con veinte minutos, cuando el quejoso se encontraba detenido y a disposición de los agentes de la Policía Ministerial, ya que fue puesto a disposición del Tribunal ese mismo día una hora y cuarenta minutos después, de acuerdo al sello de recepción de la orden de aprehensión; por tanto, el reconocimiento de persona pudo ser llevado a cabo. Incluso, en dicho reconocimiento existen contradicciones, puesto que en dicha diligencia mencionó que únicamente lo había visto una sola vez, cuando pasaba por la cuadra, lo que quiere decir que no tiene conocimiento del físico, que no ha habido convivencia como para decir que lo conoce plenamente; si lo vio a un metro y a los ojos porque traía puesto el cubrebocas, y si bien dice que lo reconoce, no hace hincapié en si es o no la persona que hace los disparos en contra de su hermana. Aunado a lo anterior, se encuentran los dichos de los testigos a quienes trata de descalificar la Representación Social, diciendo que tienen un vínculo afectivo y eso los hace que su declaración sea "menor"; sin embargo, es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en materia penal no hay tacha para los testigos, y si bien es cierto los testigos tienen convivencia diaria con **********, también lo es que fueron precisos en los horarios, y manifestaron que dejaron de verlo a partir de las ocho de la noche, la esposa dice que se tarda cinco minutos en ir y venir, no lo pierde de vista ya que fueron a inyectar a los niños, luego a las segundas y a la casa de la cuñada; de lo que se tiene que el justiciable estuvo a la vista de diversas personas en un horario de las nueve de la mañana hasta después de las diez de la noche, mientras que del relato del menor se advierte que los hechos ocurrieron aproximadamente a las seis cuarenta a siete de la tarde, siete cuarenta de la tarde a más tardar, lo que evidencia que resulta imposible que lo haya realizado **********, puesto que se encontraba en otros momentos y otras circunstancias, pues hay testigos de dónde se encontraba y qué estaba haciendo, cosa que no sucede con la investigación de la Representación Social ya que no tienen más testigos de los hechos. Incluso ********** estuvo detenido y fue liberado, pero dentro de su detención no le tomaron declaración sobre los hechos o constancia de que se haya abstenido de declarar, es por eso que la defensa consideró que los elementos aportados por la Representación Social no son suficientes para acreditar la probable responsabilidad de su representado. De este modo, (12:16) la Representación Social aclaró que de la declaración del menor se desprende que las personas que traían cubrebocas, son los amigos de su hermana a quienes fueron a visitar, y posteriormente vio a las dos personas, identificando a ********** y al otro como hermano de éste y señaló que dicho sujeto fue quien disparó en contra de su hermana. Para luego, (12:20) la defensa contestar en los términos ya precisados. Igualmente, (12:22) se tienen las manifestaciones realizadas por Eduardo Zamora Rosales, en las que refirió haber sido objeto de tortura por los elementos de la policía, le metieron droga a la camioneta del trabajo. A lo que el Juez de origen dio vista al agente del Ministerio Público, además de ordenar la apertura del Protocolo de Estambul. De tal forma que puede deducirse que la defensa se hizo cargo de los deposados del menor **********., y la madre de la víctima Martha Esperanza Torrijos Aviña, pues sin precisar que el primero había rendido dos declaraciones, hizo saber al juzgador que de la narrativa del menor se advierte que citó haber visto a dos personas, a los cuales no reconoció, debido a que uno de ellos traía gorra y cubrebocas y al otro lo identificó como Ramsés; igualmente, refirió que ********** declaró que su hijo le mencionó haber visto a dos hombres, identificando a uno de ellos como **********, mientras que no sabía quién era la otra persona; incluso, refirió que el reconocimiento de personas a través de fotografías resultaba ilegal, al no haberse llevado a cabo en términos del artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues su representado se encontraba detenido, de ahí que era necesario que se le pusiera a la vista al ateste menor de edad. Circunstancias las anteriores que fueron materia de estudio por el Juzgador de origen; además de que se toma en consideración lo expuesto en audiencia por la agente del Ministerio Público, en el punto en que aclaró que de la declaración del menor se desprende que las personas que traían cubrebocas, son los amigos de su hermana a quienes fueron a visitar, y posteriormente vio a las dos personas, identificando a ********** y al otro como hermano de éste y señaló que dicho sujeto fue quien disparó en contra de su hermana. Del mismo modo, esta Juzgadora advierte que en lo que concierne al reconocimiento de persona por fotografía realizado el veintiséis de diciembre de dos mil veinte, ante del agente del Ministerio Público por el menor de iniciales E.M.T., en compañía de su madre **********a, así como con la asistencia del defensor público **********, a quien se nombró a efecto de garantizar una adecuada defensa de quién o quiénes les pudiera resultar responsabilidad penal; diligencia en la que a las preguntas formuladas por la representación social, el menor respondió: a la primera ¿para que diga el declarante si con anterioridad había visto personalmente o en imágenes a esta persona que menciona? Respondió: que sí lo ha visto en persona, una vez que pasó por su cuadra con Ramsés; a la segunda ¿para que diga cuándo fue la última vez que lo vio? Respondió: que lo vio el veintidós de diciembre; a la tercera, para que diga ¿a qué distancia tuvo a la persona que describe? Respondió: A un metro. A continuación, se le puso a la vista de manera secuencial cuatro hojas tamaño carta, conteniendo cuatro fotografías a color, las cuales son tomadas del álbum fotográfico de la policía estatal única de investigación, numeradas con el uno, dos, tres y cuatro, las cuales presentan características físicas similares a las personas a reconocer, mismas que se desprenden del parte informativo con número de oficio PGE/7C.67/1/2/2/642/2020, signado por la agente **********. Así, se le indica al compareciente que diga si entre las fotografías que tiene a la vista se encuentra la persona que en su declaración menciona como el hermano de Ramsés, una vez hecho lo anterior manifestó que reconoce plenamente y sin temor a equivocarse la fotografía número cuatro; por lo que se le pregunta ¿si hay diferencia en el estado físico de la persona de la fotografía cuatro al día que lo vio, respondió, se ve igual. Enseguida, se le hizo saber que la persona a la que identifica es **********. Lo cual se relaciona con el parte informativo realizado por Paola D**********, agente de la policía ministerial adscrita a la Unidad de Homicidios de Mujeres, de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, en el que en lo medular asentó que al continuar con la investigación advirtió que, en el Diario de Juárez, aparecía una nota en la que daban noticia sobre la detención de **********, realizado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por el delito de desobediencia y resistencia de particular, poniéndolo a disposición de la Fiscalía General del Estado; asimismo, que se encontraba otra persona detenida con el nombre de **********, por lo que obtuvo la fotografía del mismo a fin de realizar el reconocimiento correspondiente. Con motivo de lo anterior, la defensa precisó que dicho reconocimiento no se había realizado acorde a lo preceptuado por el numeral 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues su defenso se encontraba privado de su libertad, de ahí que era obligación de la autoridad ministerial haberlo puesto ante la vista del ateste **********. Atento a ello, debe decirse que del parte informativo realizado por ********** se advierte que una vez que se percató que ********** se encontraba privado de la libertad obtuvo su fotografía para realizar el reconocimiento correspondiente; así como que dicha diligencia se celebró el veintiséis de diciembre de dos mil veinte; a su vez, de las constancias recabadas por esta Juzgadora se concluye que el quejoso fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a las diecisiete horas del veinticinco de diciembre y puesto a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, a las veintiún horas de la misma fecha, de ahí que en la fecha en que se llevó a cabo su identificación por fotografía, se encontraba a disposición de la autoridad ministerial por diverso delito. Sin embargo, esta Juzgadora atiende a lo establecido en el numeral 277, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé que tratándose de personas menores de edad o tratándose de víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación que deban participar en el reconocimiento de personas, el Ministerio Público dispondrá medidas especiales para su participación, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En la práctica de tales actos, el Ministerio Público deberá contar, en su caso, con el auxilio de peritos y con la asistencia del representante del menor de edad. De ahí que resulta congruente que, en la etapa de investigación inicial, atendiendo a las características especiales del ateste **********., quien contaba con catorce años de edad y dijo ser testigo presencial de los hechos en que se privó de la vida a su hermana **********, además de haber sido amenazado por la persona a la que identificó como **********; incluso, que su madre ********** indicó que una vez que el menor le comunicó lo acontecido se encontraba en estado de "schock", la diligencia en comento se haya llevado a través de fotografías; además, como ya se dijo, el quejoso se encontraba a disposición de la autoridad ministerial con motivo de diverso delito, por el cual, indefectiblemente se tenían que realizar diversos actos de investigación. En sustento a lo anterior se cita la tesis XVII.1o.P.A.73 P, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con registro digital 2017774, Décima Época, Materia Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, de agosto de 2018, Tomo III, página 3085, del rubro y texto: TEORÍA DE "LOS FRUTOS DEL ÁRBOL ENVENENADO". NO SE ACTUALIZA POR EL HECHO DE HABERSE PRACTICADO UNA DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE UNA PERSONA POR UNA FOTOGRAFÍA SIN OBSERVAR LAS FORMAS LEGALES. Conforme al sistema procesal penal, las pruebas serán valoradas por los Jueces según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Una regla de la lógica lo constituye el que si la fuente de la prueba se corrompe, entonces cualquier dato obtenido de ésta, también lo está, por tratarse de pruebas obtenidas con ayuda de información conseguida ilegalmente; supuesto que la doctrina del derecho probatorio ha denominado conforme a la metáfora del fruto del árbol envenenado, aludiendo a los efectos contaminantes que provoca en otras evidencias. Hipótesis que no se actualiza por el hecho de haberse practicado una diligencia de reconocimiento de una persona por una fotografía sin observar las formas legales, pues no constituye una prueba contaminada que pudiera expandir su efecto vicioso en otros datos, sino que resulta imperfecta por incumplir las formas procesales, de tal forma que su trascendencia sobre diversos datos amerita un escrutinio constitucional en cada particularidad; especialmente, cuando al practicarla por segunda ocasión se atendieron las normas que rigen esa diligencia, lo cual excluye un proceder de la autoridad fuera de las normas constitucionales o legales; aunado a que el primigenio reconocimiento de persona no produjo la ilicitud de otros datos de prueba; por ende, no se excluyó el reconocimiento que del imputado ya habían realizado las víctimas y corroboraron con posterioridad; razón por la cual, no prospera el agravio hecho valer en el sentido de que las víctimas ya habían visto al quejoso en los medios de comunicación, ejemplo de lo cual se invoca una página de Internet, porque no se aportó dato de que la imagen fuera obtenida mediante una conducta dolosa transgresora de derechos humanos como para considerarla espuria y negársele tanto recepción como valor; pero aun suponiendo sin conceder que la imagen del agresor hubiera sido difundida, debe tenerse presente que la ley reconoce como evidencia todas las formas comunicativas fruto de la evolución tecnológica, como las páginas de Internet, cuyo adelanto científico permite consultar información sin que ello pueda calificarse como "prueba ilícita" hasta en tanto no exista evidencia de que para su obtención se utilizaron mecanismos infractores de la privacidad, pues la propia defensa proporciona la dirección electrónica en que dice encontrarse sin más que acceder a la red, comportamiento que no puede calificarse como ilegal o violatorio de los derechos humanos del quejoso, más aún por la lógica razón de que habían proporcionado datos desde su inicial atesto que permitieron identificar a su agresor, sin que pueda entenderse que ello había derivado de una sugestión a la que les indujera la autoridad con el único fin de incriminar a un inocente, los que corroboraron una vez recibida atención psicológica dado el impacto sufrido por los diversos delitos graves que padecieron; finalmente, porque la segunda diligencia de reconocimiento de persona, cuya práctica no estaba vedada, respetó el derecho de defensa del imputado. De este modo, la falta de éxito de la teoría del caso planteada por el defensor, derivada de su actuación, no implica una vulneración al derecho de una defensa adecuada, ya que no puede llegarse al extremo de imponer al juzgador la carga de evaluar los métodos que el defensor emplea para lograr su cometido de representación, toda vez que el examen sobre si éste, efectivamente, llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses del inculpado, escapa a la función jurisdiccional, pues eso rompería con el principio de libertad probatoria; más aún si se toma en consideración que los argumentos vertidos por el quejoso a través de sus conceptos de violación, fueron invocados por su entonces defensor y analizados por el Juzgador del proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXII.P.A.22 P (10a.) sostenida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 55, junio de 2018, tomo IV, registro 2017158, de rubro y texto: DEFENSA TÉCNICA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. LA FALTA DE ÉXITO DE LA TEORÍA DEL CASO PLANTEADA POR EL DEFENSOR DEL IMPUTADO, DERIVADA DE SU ACTUACIÓN, NO IMPLICA UNA VULNERACIÓN A ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. La tutela del derecho de defensa técnica adecuada del imputado en un proceso penal acusatorio, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado armónicamente con los artículos 8, numeral 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, implica analizar su contenido formal y material, a la luz de los principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad, inmersos en el artículo 1o. de la Constitución Federal, lo que impone a las autoridades la obligación de verificar que toda sentencia condenatoria derive de un procedimiento justo, en igualdad de condiciones para el imputado, respecto del órgano acusador, por lo que el órgano de control debe estar al tanto de que no exista en el defensor una actitud pasiva del tal magnitud que sea tan evidente que prive de contenido material a este derecho fundamental, siendo que debe repararse esa violación, cuando ésta haya trascendido al sentido del fallo reclamado. Sin embargo, la falta de éxito de la teoría del caso planteada por su defensor, derivada de su actuación, no implica una vulneración a este derecho, ya que no puede llegarse al extremo de imponer al juzgador la carga de evaluar los métodos que el defensor emplea para lograr su cometido de representación, toda vez que el examen sobre si éste efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses del inculpado, escapa a la función jurisdiccional, pues eso rompería con el principio de libertad probatoria. En ese tenor, se estima que, en el caso, de la evaluación de las circunstancias destacadas por el juez de control en la audiencia inicial, no se advierte la actualización de alguna deficiencia en la defensa técnica del imputado, aquí quejoso; entonces, como consecuencia de lo anterior, el juez de control no se encontraba constreñido a seguir los lineamientos previstos para el caso de la actualización de una incapacidad técnica del defensor. Por otra parte, es infundado el concepto de violación marcado con el número 2, relativo a que el agente del Ministerio Público, faltó a los principios de lealtad, objetividad y buena fe que rigen el proceso, al omitir el cúmulo de datos que obran en la carpeta de investigación y que evidencian las contradicciones entre los deposados de los atestes. Se dice lo anterior, pues conforme a los artículos 128 y 131, fracción XX, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público debe proporcionar información fidedigna al órgano jurisdiccional y al imputado sobre los hechos y hallazgos en la investigación; asimismo, tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo, cuando resuelva no incorporar alguno de esos elementos al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las investigaciones; siendo relevante destacar que el Agente Investigador está obligado a no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable y, sobre todo, cuando ha resuelto no incorporar alguno de esos elementos al proceso. Por lo que si bien, el quejoso sostiene que la Representación Social fue omisa en invocar como dato de prueba la entrevista realizada a **********, quien informó que el menor **********., le comentó que había sido ********** y un "gordo alto" los que habían matado a su hermana, dicho que evidencia las contradicciones que existen respecto a las declaraciones vertidas por el menor; también lo es que dicho dato de prueba estuvo a disposición de las partes dentro de la carpeta de investigación, es decir, no existió un ocultamiento por parte de la Fiscalía. Aunado a lo expuesto, en contra del quejoso existe el señalamiento que hizo en su contra el menor **********., sin que la versión de **********, en los términos que precisó el quejoso en su demanda de amparo, contravenga lo dicho por aquél, sino por el contrario, fue conteste en precisar que la persona que le disparó a su hermana era gordo y alto, aún y cuando no haya proporcionado su nombre, pues en principio dijo no conocerlo. Finalmente, es infundado el concepto de violación esgrimido en el punto 6, en el que el quejoso precisó que fue privado de su libertad de manera ilegal por elementos de seguridad pública, pues fue internado en el reclusorio estatal de esta localidad el veintisiete de diciembre de dos mil veinte, misma data en la que le notificaron el cumplimiento de la orden de aprehensión dictada en su contra; sin embargo, fue detenido dos días antes. Lo anterior es así, pues de las documentales recabadas por esta Juzgadora, destaca el oficio SSPM/DAJ/CEL/6385/2021 de veintiuno de mayo del año que transcurre, suscrito por la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, mediante el cual remitió las constancias que dan noticia de la detención realizada por elementos de esa corporación a las diecisiete horas del veinticinco de diciembre de dos mil veinte, en el cruce de las calles **********, de **********, en posesión de una sustancia granulada con las características de la metanfetamina; por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Norte a las veintiún horas del veinticinco del citado mes y año; para luego, según se desprende del ocurso SSPE-8S.5.3/2050/2021 de veintiséis de mayo del año que transcurre, signado por el Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, ser internado en ese reclusorio a las dieciocho horas con veintidós minutos del veintisiete de diciembre de dos mil veinte, por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Misma data, veintisiete de diciembre de dos mil veinte, en la que el quejoso señala le fue notificada el cumplimiento de la orden de aprehensión decretada en su contra; los antecedentes narrados revelan, que por lo que hace al asunto que nos ocupa, no existió una privación ilegal de la libertad del justiciable, pues si bien detenido el veinticinco del citado mes y año, ello fue con motivo de un hecho diverso al que es materia de este asunto. Así, con base en las consideraciones expuestas, infundados como resultan los conceptos de violación y al no advertirse violación a los derechos humanos y sus garantías, en perjuicio del quejoso Eduardo Zamora Rosales, y no advirtiéndose deficiencia de queja que suplir, ni violación manifiesta de la ley generadora de indefensión, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra los actos que reclamó (auto de vinculación a proceso) al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, por los razonamientos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; primero de junio de dos mil veintiuno. Glósese a los autos el oficio enviado por el Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el dieciocho de mayo del año en curso, remite copia certificada de la orden de internamiento elaborada el veintisiete de diciembre del dos mil veinte respecto del quejoso **********; las cuales se tomarán en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional de conformidad con lo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.*arc
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Glósese a los autos el oficio enviado por la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en representación por ausencia de su titular, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado el dieciocho del actual, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias relativas a la detención realizada el veinticinco de diciembre de dos mil veinte, del quejoso Eduardo Zamora Rosales; las cuales se tomarán en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional de conformidad con lo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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- Edwin Armando Vásquez Bermeo379/2023
- Edwin David Rivera Sánchez37/2022
- Edwin Tomás Domínguez Pérez41/2023