Edwin Daniel Guerra Córdova y Otros.

Expediente 632/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
632/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
07/08/2023

Partes del expediente

  • Edwin Daniel Guerra Córdova y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa "2" Ciudad de México, siete de agosto de dos mil veintitrés. -CAUSA ESTADO- Conforme a la certificación que antecede, de la que se observa ha transcurrido el plazo legal de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el proveído de veinticinco de julio de dos mil veintitrés a través del cual desechó la demanda de amparo, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. -ARCHIVO- De conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. -CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA- Conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en la fracción IV, del numeral 20 de dicho ordenamiento y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Se comunica al promovente que de conformidad con el artículo 9 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, después de ese lapso, se procederá a la destrucción, en términos con lo establecido en el precepto 20. Se hace la precisión que no existen documentos originales exhibidos, a que se refiere el primer párrafo del artículo 20 referido (de los mencionados en el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo de referencia). Asimismo, se indica que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; además de que no se ubica dentro de los requisitos contenidos en el ordinal 15 del Acuerdo antes mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Mesa "2" Ciudad de México, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2°, téngase por recibido el oficio signado por el secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, por medio del cual remite el juicio de amparo *****, de su control promovido por *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, y *****, declinando competencia por razón de territorio para conocer del mismo. En este sentido, debe precisarse que del artículo 48 de la Ley de Amparo, se obtiene que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito y estime carecer de competencia, la remitirá de plano, con sus anexos, al que considere competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, que recibida la demanda y sus anexos, en el órgano jurisdiccional de que se trate se decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto; si lo hace, lo comunicará al declinante, previa notificación de las partes, en caso contrario, le devolverá la demanda, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. En ese sentido, en estricto cumplimiento a lo mandatado en dicho artículo y el diverso 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comuníquese a la titular del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, que este órgano de control constitucional acepta la competencia declinada; en ese sentido, acúsese recibo electrónicamente. -CONVALIDACIÓN DE ACTUACIONES- Este Juzgado Federal, de conformidad con el numeral 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles (en sentido contrario), de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2°, determina convalidar, las actuaciones practicadas por la potestad federal declinante, con la excepción que se precisa. -IMPROCEDENCIA A LA SUSPENSIÓN DE PLANO- Respecto a dicho tópico, este órgano jurisdiccional estima improcedente su concesión. Ello, obedece a que, con base en los argumentos contenidos en el escrito génesis de esta controversia y las circunstancias que expresan los promoventes, se arriba a la conclusión que los actos aquí reclamados, no son de aquellos que, de forma limitativa, contempla el artículo 126 de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: (.) Por su parte, el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reza lo siguiente: (.) Por tanto, del análisis de los citados preceptos, se advierte que la suspensión de oficio procede cuando los actos descritos en los referidos artículos se estén llevando a cabo, lo que no acontece en el presente asunto, ya que de la lectura íntegra de la demanda no se aprecia que en este momento se esté ejecutando alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o por el 126 de la Ley de amparo. Razón por la cual no se convalidan las actuaciones, únicamente por lo que refiere a la suspensión otorgada, las actuaciones del homologo oficiante, por lo que no se procede decretar la suspensión de plano en este sumario constitucional. Aspectos Generales  Regístrese en el libro de gobierno con el número *****.  Genérese el expediente electrónico e impreso.  Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le compete (.). Consideración previa No se pasa por alto en el escrito inicial de demanda la parte quejosa señala los dieciséis Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad; sin embargo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, este órgano constitucional no puede tener el carácter de "autoridad responsable" para los efectos del juicio de amparo, ya que por autoridad responsable debe entenderse la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. En ese tenor de ideas, resulta relevante precisar que si bien, el Juez de Distrito que tenga el carácter de autoridad responsable carece de competencia para conocer del juicio de amparo sometido a su jurisdicción, también lo es, ello debe estar plenamente acreditado; porque si de la revisión de las constancias que integran el juicio de amparo se obtiene que en realidad el órgano jurisdiccional no intervino en la emisión del acto reclamado, debe conocer de la demanda precisando que al no existir el acto que se le reclama no puede considerarse como autoridad responsable. (.) En ese contexto, resulta manifiesto que este órgano jurisdiccional carece de los requisitos y de las facultades legales a que se refiere el citado numeral 5º de la ley reglamentaria del juicio de amparo, ya que los órganos de control constitucional son los encargados de tutelar los derechos fundamentales y humanos de los ciudadanos mediante el juicio de amparo indirecto, dilucidando si el acto reclamado es o no inconstitucional. (.) En este sentido, debe decirse que la transcrita causal de improcedencia tiene como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídica, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstos, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable -IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO- Una vez analizadas las actuaciones que integran el presente sumario1 , con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 61, fracción XX, todos del ordenamiento legal en cita, se DESECHA DE PLANO la demanda de origen por las siguientes consideraciones: (.) En ese sentido, y en función de la naturaleza de los actos citados en el escrito inicial de demanda, resulta notoriamente improcedente el juicio de amparo en que se actúa por actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. (.) Esta porción normativa alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que, por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. (.) Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la omisión del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado. Es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de allí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Esto, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracciones XIV, XVIII y XIX, y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. (.) En efecto, la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión. De tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. (.) Por ello, los actos que señalaron los promoventes del amparo no pueden ser sujetos al análisis inmediato en este juicio bi-instancial, sin antes haber agotado el multicitado procedimiento administrativo de peticiones, relativo a las solicitudes de las personas privadas de su libertad que consideren vulneradas sus condiciones de internamiento y, en caso de no obtener respuesta favorable, la propia Ley especial en comento, lo faculta para acudir ante el Juez de Ejecución en controversia judicial y tratándose de caso urgente, acudir de forma directa ante el Juez de Ejecución para la solución jurisdiccional de las peticiones que en su caso le formulen las personas privadas de su libertad. Asimismo, es importante destacar que los actos que atribuyó a las autoridades que señaló como responsables en su escrito inicial de demanda, de cuyo análisis se colige que no se advierte dato objetivo, cierto o si quiera probable, que presuma que efectivamente se estén ejecutando actualmente en contra de los quejosos los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues éstos los hace depender del acto reclamado que en esencia constituye condiciones de internamiento conforme a la información sesgada que se proporciona en la demanda; pues como quedará evidenciado en párrafos subsecuentes, la totalidad de actos jurídicos que reclama el impetrante los hace depender del traslado, del cambio de dormitorio y en consecuencia de las condiciones generales de internamiento en el centro penitenciario donde se encuentran privados de la libertad. Pues a través de los citados procedimientos el o los actos reclamados son susceptibles de ser modificados, revocados o nulificados, conforme dicha ley especial, aunado a que ésta prevé la suspensión de los efectos de los actos que en esta vía constitucional se reclaman, teniendo los mismos efectos que regula la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que ésta considera para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional; por lo cual no se trata de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo de la Ley de Amparo, para acudir directamente al juicio bi-instancial. (.) En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo, contra los actos reclamados; ello, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Conforme a los lineamientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo se publique esta información. Notifíquese.

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