Edwin Daniel Guerra Córdova y Otros.

Expediente 558/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
558/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
06/07/2023

Partes del expediente

  • Edwin Daniel Guerra Córdova y Otros.
  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA "8" Ciudad de México, seis de julio de dos mil veintitrés. -RADICACIÓN- Téngase por recibido el oficio signado por la secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, por medio del cual remite el expediente del juicio de amparo 460/2023 de su control, promovido por --------------------------------------------------------------------------------------------------, lo cual el conflicto competencial suscitado entre el juzgado oficiante y el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Baja California Sur, con residencia en la Paz, fue recibido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien emitió la sentencia del conflicto competencial --------, asimismo declinando competencia por razón de territorio y declaró competente a los juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. En ese sentido, en estricto cumplimiento a lo mandatado en dicho artículo y el diverso 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comuníquese al titular del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, que este órgano de control constitucional acepta la competencia declinada. Atento a lo anterior, acúsese recibo. -CONVALIDACIÓN DE ACTUACIONES- Este Juzgado Federal, de conformidad con el numeral 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles (en sentido contrario), de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2°, determina convalidar las actuaciones practicadas por la potestad federal declinante. -IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO- No se soslaya, que la parte quejosa en su escrito de demanda, en el capítulo de suspensión del acto reclamado, solicitó la medida cautelar con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo que a la letra contempla: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." En tanto que el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reza lo siguiente: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." Sin embargo, del análisis de los citados preceptos, se advierte que la suspensión de oficio procede cuando los actos descritos en los referidos artículos se estén llevando a cabo, lo que no acontece en el presente asunto, ya que de la lectura íntegra de la demanda no se aprecia que en este momento se esté ejecutando alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o por el 126 de la Ley de amparo, en perjuicio de la parte quejosa. Por lo anterior, no procede decretar la suspensión de plano en el presente asunto. Razón por la cual no se convalidan las actuaciones, únicamente por lo que refiere a la suspensión otorgada por el homólogo oficiante, por lo que no procede decretar la suspensión de plano en este sumario constitucional. -ANTECEDENTES DEL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA- Resulta relevante realizar una breve exposición de los elementos fáctico-jurídicos que constituyen los antecedentes procesales del presente juicio constitucional. - Originalmente la demanda de amparo, fue presentada ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez quien mediante auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés la radicó con el expediente 460/2023-IX; tuvo como representante común de la parte quejosa a ---------------------------------; se pronunció sobre la suspensión, misma que decretó de oficio y de plano, para el efecto de que cesaran de inmediato todos aquellos actos tendentes y equiparables a los prohibidos por los artículos 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, así como cualquier acto que pusiera en peligro su vida de los que dicen los promoventes son objeto; asimismo, declinó competencia para conocer de la demanda que se trata a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, en turno. Mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, el titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con sede en La Paz, no aceptó la competencia declinada y ordenó devolver los autos al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Así, el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, el titular del mencionado Juzgado Decimoquinto, ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno. De esa contienda correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y se radicó con el número 18/2023 y admitió a trámite. -IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO- Ahora, cabe destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de modo tal, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, del análisis de la demanda, se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para el desechamiento de una demanda de amparo; es decir, es manifiesto e indudable, por las siguientes razones: Al efecto, conviene puntualizar que la demanda de amparo génesis del presente asunto, fue recibida a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; asimismo, que carece de firma electrónica de los directos quejosos -----------------------------------------------------------. En ese contexto, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 43, en relación con el 10 y 16, todos del Acuerdo General conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma. En el particular, del escrito de demanda, como se indicó, no se advierte la firma electrónica de los directos agraviados. Ahora, se debe señalar que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 y 6 de la Ley de Amparo, en su orden disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;" [.] "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6o.... En ese sentido, tomando en consideración que si el ejercicio de la acción de amparo promovida por escrito exige que la demanda sea firmada de manera autógrafa por la persona que directamente aduce haber sufrido un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o quien legalmente lo represente, a excepción de los supuestos normativos establecidos en la propia Ley de Amparo. Entonces, la misma regla debe aplicarse por cuanto hace a las demandas de amparo presentadas vía electrónica, esto es, que también tienen que estar firmadas electrónicamente, a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, ya sea por el propio quejoso, por quien legalmente lo represente, o bien, su defensor (cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal), lo que en el presente caso no acontece. Bajo ese contexto, si los postulantes de derechos fundamentales pretendían instar la protección constitucional de manera electrónica, debieron cumplir con el requisito antes citado, esto es, que la demanda respectiva debía contener la correspondiente firma electrónica (FIREL), en concordancia con las normatividades antes precisadas. Por tanto, atendiendo a que la demanda de amparo no cuenta con tal requisito, debe considerarse que la parte quejosa no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. Por los razonamientos expuestos, se estima que la demanda de amparo es improcedente, ya que tal deficiencia (falta de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), no puede corregirse mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. Sin embargo, cabe traer a colación, -como hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral, que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte que al día de la data, se localizaron más de veinte mil juicios de amparo indirecto promovidos por -------------------------------------------- en cuya mayoría se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados en la demanda que ahora nos ocupa; lo que lleva a considerar que los actos a que hacen referencia no se están ejecutando ipso facto y tampoco se considera que haya alguna probabilidad en su ejecución, precisamente porque en diversos juicios de amparo promovidos de manera individual o colectiva en los diferentes circuitos de la república mexicana, los quejosos han reclamado los mismos actos a las autoridades que igualmente precisan en el escrito que se atiende. También es dable mencionar que una de las consecuencias de la presentación de un sinnúmero de demandas a nivel nacional es la tramitación de exhortos, los cuales corresponden diligenciar a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, motivo por el cual de manera cotidiana -diaria- tienen contacto directo con el aquí quejoso. Además que, sin pasar por alto la situación que atraviesa nuestro país a raíz de la pandemia ocasionada por el virus SARSCOV2 (COVID-19), lo cierto es que de la lectura integral de la demanda no se advierte dato objetivo, cierto o si quiera probable, que presuma que efectivamente se estén ejecutando actualmente en contra de los quejosos los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues éstos los hace depender del acto reclamado que en esencia constituye condiciones de internamiento conforme a la información sesgada que se proporciona en la demanda. Por lo que, en el caso no se da el supuesto de excepción respecto de la falta de firma, que prevé el artículo 3°, último párrafo, en relación con el 15, ambos de la Ley de Amparo, así como del numeral 173, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. De ahí que, del escrito de demanda no se desprende imposibilidad alguna para que los directos agraviados instaran la presente instancia constitucional; ello, considerando que fueron ellos por propio derecho quienes instaron la presente vía, de manera electrónica. Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6º de la ley de la materia, a contrario sensu. Por lo que con apoyo en el ordinal 113 de la propia normatividad legal procede desechar de plano la demanda de garantías que intentan promover los directos quejosos --------------------------------------------------------------------. En ese sentido, se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa para que inste la acción de amparo con las formalidades y precisiones descritas en los párrafos que anteceden. -DOMICILIO DE LOS QUEJOSOS- Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en la Penitenciaria de la Ciudad de México, donde se encuentran internos los quejosos. -REPRESENTANTE COMÚN- De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a -----------------------, sin embargo, como se indicó, ese escrito no contiene firma de alguno de los promoventes por lo que no hay certeza de que todos o algunos hayan expresado tal voluntad. Sin que se soslaye que en la demanda que se atiende, se plasmó a -------------------------------------- como representante; sin embargo, como se indicó, ese escrito no contiene firma de alguno de los promoventes por lo que no hay certeza de que todos o algunos hayan expresado tal voluntad Además, resulta ser un hecho notorio para este órgano de control constitucional que ---------------------------------, ha promovido múltiples juicios de amparo radicados en esta circunscripción territorial, así como en diversos circuitos judiciales, en los que figura, en términos del citado ordinal 13 de la Ley de Amparo con dicha calidad -como se certificó a un inicio-. En ese tenor de ideas, existe la obligación de velar por la tutela y resguardo efectivo de las garantías, principios y valores fundamentales que rigen la impartición de justicia consagrados en el numeral 17 de la Constitución General de la República, razón por la que se considera oportuno señalar a una persona diversa con el carácter de representante común, ello con la finalidad de evitar que la carga procesal derivada de la promoción de dichos expedientes se concentre en una sola persona privada de la libertad, en detrimento de su derecho de defensa. -INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO- Se precisa que se deberá asegurar la integridad del expediente electrónico, para lo cual se deberá procurar el contenido de las promociones, acuerdos, resoluciones o sentencias se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales -AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL PERSONAL DEL JUZGADO- Se habilita a los actuarios judiciales de este órgano jurisdiccional para realizar inmediatamente las notificaciones que se ordenen de carácter personal en el presente asunto en días y horas inhábiles, lo anterior de conformidad en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se precisa que los Actuarios Judiciales se encuentran facultados para remitir las notificaciones que deriven del presente asunto haciendo uso de la vía interconexión, así como los medios digitales que señalen las autoridades. -SE EXHORTA AL TRÁMITE ELECTRÓNICO- De conformidad con lo establecido en la fracción IV del artículo 263 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo" se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica; para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico; así como se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten; y, presentar promociones por ese medio. -TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES- Conforme a los lineamientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo se publique esta información Notifíquese...

  2. Principal

    Mesa "8" Ciudad de México, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa en su numeral 2°, téngase por recibido el oficio ***** mediante el cual el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito emitió la sentencia del conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, en la cual resolvió que era legalmente competente el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Aspectos Generales  Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio de amparo *****.  Genérese el expediente electrónico e impreso. De acuerdo con la certificación de cuenta, se advierte que: 1. Mediante resolución de ocho de junio de dos mil veintidós dictada en el conflicto competencial *****, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, emitió la sentencia del conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, en la cual resolvió que era legalmente competente el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Sin embargo, únicamente se cuenta con la determinación del Tribunal Colegiado, no así con los autos del juicio de amparo de origen. En ese tenor, a efecto de que este órgano de control constitucional se encuentre en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda, en relación a la Litis que prevalece entre las partes en el presente asunto, solicítese al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva a enviar las constancias que integran el juicio de amparo ***** de su índice, a este órgano jurisdiccional. Asimismo, tal y como lo solicita la autoridad, acúsese de recibo la solicitud correspondiente. Notifíquese.

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