Edwin Daniel Guerra Cordova y Otros.

Expediente 393/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
393/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
18/05/2022

Partes del expediente

  • Edwin Daniel Guerra Cordova y Otros.
  • Eduardo Ampudia Fraustro

Actuaciones

  1. Principal

    MESA"3" Ciudad de México, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Causa estado desechamiento Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra el proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo ...una vez que transcurran tres años; será susceptible de DESTRUCCIÓN, por lo cual, se deberá remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese

  2. Principal

    MESA "3" En la Ciudad de México, tres de mayo de dos mil veintidós. Radicación Téngase por recibido el oficio 28025/2021 mediante el cual el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México remitió el juicio de amparo 805/2022 de su índice, promovido por ------------------------------------------------------- y otros, toda vez que con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, declina competencia en razón de materia. Se acepta competencia Atento a lo anterior, este Juzgado Federal asume el conocimiento del referido juicio promovido por ---------------------------------- y otros, por propio derecho, contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades. Lo anterior hágase del conocimiento al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Aspectos Generales ? Regístrese en el libro de gobierno con el número 393/2022-3. ? Genérese el expediente electrónico e impreso e impreso. ? Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le compete y hágase de su conocimiento que se le autoriza la consulta del expediente electrónico y notificaciones, con el usuario alinebecerril; por ello, instrúyase a la Oficial Judicial A, para que capture dicha autorización de manera correcta. Consideración Previa No se pasa por alto en el escrito inicial de demanda la parte quejosa señala como autoridad responsable a los Jueces de Distrito de amparo de materia penal de la ciudad de México del primero al décimo sexto (sic); sin embargo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, este órgano constitucional no puede tener el carácter de "autoridad responsable" para los efectos del juicio de amparo, ya que por autoridad responsable debe entenderse la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. En ese tenor de ideas, resulta relevante precisar que si bien es cierto, el Juez de Distrito que tenga el carácter de autoridad responsable carece de competencia para conocer del juicio de amparo sometido a su jurisdicción, también lo es que ello debe estar plenamente acreditado; porque si de la revisión de las constancias que integran el juicio de amparo se obtiene que en realidad el órgano jurisdiccional no intervino en la emisión del acto reclamado, debe conocer de la demanda precisando que al no existir el acto que se le reclama no puede considerarse como autoridad responsable. En ese contexto, resulta manifiesto que este órgano jurisdiccional carece de los requisitos y de las facultades legales a que se refiere el citado numeral 5º de la ley reglamentaria del juicio de amparo, ya que los órganos de control constitucional son los encargados de tutelar los derechos fundamentales y humanos de los ciudadanos mediante el juicio de amparo indirecto, dilucidando si el acto reclamado es o no inconstitucional. Improcedencia de la suspensión de plano Respecto a dicho tópico, este órgano jurisdiccional estima improcedente su concesión. Ello, obedece a que, con base en los argumentos contenidos en el escrito génesis de esta controversia y las circunstancias que expresa el promovente a nombre de los directos quejosos, se arriba a la conclusión que los actos aquí reclamados, no son de aquellos que, de forma limitativa, contempla el artículo 126 de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Por su parte, el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reza lo siguiente: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." Por tanto, del análisis de los citados preceptos, se advierte que la suspensión de oficio y de plano procede cuando los actos descritos en los referidos artículos se estén llevando a cabo, lo que no se advierte que acontezca en el presente asunto; es decir, no se aprecia que en este momento se estén ejecutando actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o previstos en el 126 de la Ley de Amparo. Razón por la cual no procede decretar la suspensión de plano en este sumario constitucional. Improcedencia del juicio de amparo Cabe destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de modo tal, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, del análisis de la demanda, se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para el desechamiento de una demanda de amparo; es decir, es manifiesto e indudable, por las siguientes razones: Previo a evidenciar las cuestiones destacadas, conviene puntualizar que la demanda de amparo fue recibida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y remitida a este Órgano Jurisdiccional de forma electrónica; asimismo, que carece de firma electrónica de los directos quejosos [1] ----------------------------------------------------------------------------------------En ese contexto, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 43, en relación con el 10 y 16, todos del Acuerdo General conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma. En el particular, del escrito de demanda, como se indicó, no se advierte la firma electrónica de los directos agraviados [1] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------???????????????????????????? Ahora, se debe señalar que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 y 6 de la Ley de Amparo, en su orden disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;" [.] "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". (Lo destacado no es de origen) De acuerdo con los preceptos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado y únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. En esa línea, el artículo 3° de la Ley de Amparo, establece como una opción para los promoventes, la de presentar las promociones en forma impresa o electrónicamente, y para el supuesto de presentarlas de manera electrónica, debe hacerlo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica (FIREL) conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal, conjuntamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante los Acuerdos Generales 1/2013 y 1/2015, sentaron las bases normativas para implementar y utilizar la firma electrónica, destacando la conveniencia de que la regulación que rija a la referida firma sea uniforme en ambos órganos, uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados para ese efecto, a fin de generar certeza a las partes dentro de los juicios regidos por la Ley de Amparo. Asimismo, el ocho de junio de dos mil veinte se aprobó el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, mediante el cual se reiteran las disposiciones relativas a la promoción y tramitación de los expedientes presentados a través del sistema electrónico. En esa tesitura, conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, juntamente con el referido Acuerdo General 12/2020, se estableció y se desarrolló la posibilidad de que a través de las tecnologías de la información fuera posible promover la demanda de amparo, presentar promociones, recursos y cualquier escrito u oficio, utilizando la "firma electrónica (FIREL)", entendida ésta como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Esto es, la firma electrónica (FIREL) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata del documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta. Lo anterior, de conformidad con los artículos 3°, 10, 12, inciso f) y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. En ese sentido, tomando en consideración que si el ejercicio de la acción de amparo promovida por escrito exige que la demanda sea firmada de manera autógrafa por la persona que directamente aduce haber sufrido un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o quien legalmente lo represente, a excepción de los supuestos normativos establecidos en la propia Ley de Amparo. Entonces, la misma regla debe aplicarse por cuanto hace a las demandas de amparo presentadas vía electrónica, esto es, que también tienen que estar firmadas electrónicamente, a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, ya sea por el propio quejoso, por quien legalmente lo represente, o bien, su defensor (cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal), lo que en el presente caso no acontece. Bajo ese contexto, si los postulantes de derechos fundamentales pretendían instar la protección constitucional de manera electrónica, debieron cumplir con el requisito antes citado, esto es, que la demanda respectiva debía contener la correspondiente firma electrónica (FIREL), en concordancia con las normatividades antes precisadas. Por tanto, atendiendo a que la demanda de amparo no cuenta con tal requisito, debe considerarse que la parte quejosa no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. Por los razonamientos expuestos, se estima que la demanda de amparo es improcedente, ya que tal deficiencia (falta de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), no puede corregirse mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. Además que, sin pasar por alto la situación que atraviesa nuestro país a raíz de la pandemia ocasionada por el virus SARSCOV2 (COVID-19), lo cierto es que de la lectura integral de la demanda no se advierte dato objetivo, cierto o si quiera probable, que presuma que efectivamente se estén ejecutando actualmente en contra de los quejosos los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues éstos los hace depender del acto reclamado que en esencia constituye condiciones de internamiento conforme a la información sesgada que se proporciona en la demanda. Por lo que, en el caso no se da el supuesto de excepción respecto de la falta de firma, que prevé el artículo 3°, último párrafo, en relación con el 15, ambos de la Ley de Amparo, así como del numeral 172, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6º de la ley de la materia, a contrario sensu; por lo que con apoyo en el ordinal 113 de la propia normatividad legal procede desechar de plano la demanda de garantías que intentan promover los directos quejosos [1]----------------------------------------------------------------------------------------------------a. En ese sentido, se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa para que inste la acción de amparo con las formalidades y precisiones descritas en los párrafos que anteceden. Precisión para el Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México Toda vez que de la demanda de derechos fundamentales se advierte que los peticionarios de amparo se encuentran privados de la libertad en la Penitenciaría de la Ciudad de México, infórmese al Director de dicho Centro Penitenciario a cuya disposición se encuentran los directos [1] ---------------------------------------------------------------------------------, lo siguiente: ? Queda a cargo y bajo la más estricta responsabilidad de dicha autoridad, la integridad física de los quejosos, a fin de que no sufran ningún atentado contra su salud, tortura psicológica o de cualquier tipo, así como actos que pongan en peligro su vida ni cualquier otro de los establecidos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo. ? De igual forma, las medidas que adopte a fin de salvaguardar en todo momento la vida y salud de los solicitantes de amparo (en el sitio de internamiento). ? En la inteligencia que la seguridad y custodia de los agraviados, también queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a cuya disposición se encuentren, quien deberá tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. Lo anterior, de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Representante Común De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a EDWIN DANIEL GUERRA CÓRDOVA, sin perjuicio de que se substituya por otro en el transcurso de la tramitación del presente juicio. Sin que se soslaye que en la demanda que se atiende, se plasmó a Carlos Alberto Angelino Barrón como representante; sin embargo, como se indicó, ese escrito no contiene firma de alguno de los promoventes por lo que no hay certeza de que todos o algunos hayan expresado tal voluntad. A más de lo anterior, resulta ser un hecho notorio para este órgano de control constitucional que Carlos Alberto Angelino Barrón, ha promovido múltiples juicios de amparo radicados en esta circunscripción territorial, así como en diversos circuitos judiciales, en los que figura, en términos del citado ordinal 13 de la Ley de Amparo con dicha calidad -como se certificó a un inicio-. En ese tenor de ideas, la suscrita se encuentra obligada a velar por la tutela y resguardo efectivo de las garantías, principios y valores fundamentales que rigen la impartición de justicia consagrados en el numeral 17 de la Constitución General de la República, razón por la que se considera oportuno señalar a una persona diversa con el carácter de representante común, ello con la finalidad de evitar que la carga procesal derivada de la promoción de dichos expedientes se concentre en una sola persona privada de la libertad, en detrimento de su derecho de defensa. Domicilio Con apoyo en la fracción I, inciso a) del artículo 26 de la ley de la materia, realícense todas las notificaciones de manera personal al representante común de la parte quejosa en la Penitenciaría de la Ciudad de México. Se exhorta al trámite electrónico Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico 4jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx así como el teléfono (55)-53-22- 17-00, extensión 4301. Autorización de la Ministerio Público Se autoriza la consulta y notificación electrónica del presente asunto a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con el usuario "alinebecerril"; por ello, instrúyase a la Oficial Judicial A, para que capture dicha autorización de manera correcta. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Lo anterior de conformidad con el numeral 67, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos,publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; y, personalmente al representante común de los quejosos en el lugar en el que se encuentra privado de su libertad.

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