Edwin Daniel Guerra Cordova y Otros.
Expediente 737/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 737/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Edwin Daniel Guerra Cordova y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA "7" Ciudad de México, uno de septiembre de dos mil veintitrés. -CAUSA ESTADO- Conforme a la certificación que antecede, de la que se observa ha transcurrido el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el auto a través del cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas. -ARCHIVO- De conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. -CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA- Conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en la fracción IV, del numeral 20 de dicho ordenamiento y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Se comunica al promovente que de conformidad con el artículo 9 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, después de ese lapso, se procederá a la destrucción, en términos con lo establecido en el precepto 20. Asimismo, se indica que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; además de que no se ubica dentro de los requisitos contenidos en el artículo 15 del Acuerdo antes mencionado. Se hace la precisión que no existen documentos originales exhibidos, a que se refiere el arábigo 3, fracción XVIII, del Acuerdo de referencia. Notifíquese.
- Principal
mesa "7" Ciudad de México, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. -RADICACIÓN -Visto el oficio signado por la Secretaria Proyectista adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 737/2023-7 y fórmese el expediente correspondiente. Ahora bien, téngase por recibido el oficio de cuenta, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo ----------- de la estadística del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, así como el testimonio del conflicto competencial ----------2 del índice de la oficiante, por el que resolvió: "PRIMERO. Sí existe el conflicto competencial entre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala y el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero. SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para conocer de la demanda promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón,-------------------------------------------------, contra los actos y autoridades señaladas en esta ejecutoria." En su atención, acúsese recibo electrónicamente. -NO SE CONVALIDA SUSPENSIÓN DE PLANO -Asimismo, toda vez que el conflicto competencial derivo del juicio de amparo ------------ del homólogo federal, de conformidad con el numeral 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles (en sentido contrario), de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2°, determina no convalidar las actuaciones practicadas por la potestad federal por los siguientes razonamientos: De la revisión integral del proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, por el cual el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala declinó competencia para conocer de la demanda promovida, se advierte que concedió a los quejosos la suspensión de plano respecto de los actos reclamados; de la que este órgano jurisdiccional estima improcedente su concesión. Ello, obedece a que, con base en los argumentos contenidos en el escrito génesis de esta controversia y las circunstancias que expresan los promoventes, se arriba a la conclusión que los actos aquí reclamados, no son de aquellos que, de forma limitativa, contempla el artículo 126 de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Por su parte, el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reza lo siguiente: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." Por tanto, del análisis de los citados preceptos, se advierte que la suspensión de oficio y de plano procede cuando los actos descritos en los referidos artículos se estén llevando a cabo, lo que no se advierte que acontezca en el presente asunto; es decir, no se aprecia que en este momento se estén ejecutando actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o previstos en el 126 de la Ley de Amparo. Establecido lo anterior, se determina no convalidar lo acordado con relación a la medida cautela concedida. -IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO- Una vez analizadas las actuaciones que integran el presente sumario, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 61, fracción XX, todos del ordenamiento legal en cita, se DESECHA DE PLANO la demanda de origen por las siguientes consideraciones: En ese tenor, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, y en función de la naturaleza de los actos citados en el escrito inicial de demanda, resulta notoriamente improcedente el juicio de amparo en que se actúa por actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto legal citado en la fracción invocada dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Esta porción normativa alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que, por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún juicio, recurso o medio de defensa legal; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la omisión del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado. Es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de allí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Esto, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracciones XIV, XVIII y XIX, y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. -------------------------------------------------------------------------------- Por tanto, si el propósito del legislador fue, sin duda, el establecer la exigencia de que los gobernados, antes de promover la vía constitucional en contra de un acto de autoridad, hagan valer el medio de impugnación o medio de defensa a su alcance, mediante el cual pueda ser modificado, revocado o anulado dicho acto, conforme a las leyes que lo rijan; para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que la ley rectora del acto prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. En efecto, la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión. De tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. De dicho criterio jurisprudencial, al interpretar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la indicada Sala del Máximo Tribunal del País estableció que en el caso del procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Así, se tiene que, tratándose de actos inherentes a la vida en internamiento, ya sea por prisión preventiva o ejecución de una pena, será aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal, que tiene por objeto: a) Establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas, y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; y b) Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de esa ejecución penal; cuyas disposiciones, son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, de ahí que esta ley resulte operable para las autoridades penitenciarias y jurisdiccionales de la Ciudad de México, en cualquier etapa del procedimiento penal. En efecto, los artículos 1, fracciones I y II, ya transcrito con anterioridad, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 5, 9, fracción IV y IX, 25, fracción I, 30, 107 al 116 y 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen un procedimiento administrativo y una controversia judicial para atender y combatir las inconformidades de las personas privadas de la libertad relacionadas con aspectos que incidan en las condiciones de su reclusión y sus derechos, entre ellas, la confinación y/o el aislamiento. Preceptos que en lo conducente establecen lo siguiente: "Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales". -------------------------------------------------------------------------------- (Lo resaltado es de quien provee). ----------------------------------------------------------------------------- De las disposiciones transcritas, se advierte que la citada legislación prevé un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, siendo entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos del trabajo y artículos para el deporte y recreación. Peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual manera, se establece, de manera específica, que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad alguna, ante el director del centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar la información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Incluso, las autoridades penitenciarias deben auxiliar a la persona privada de su libertad para formular el escrito correspondiente, cuando así le sea solicitado; asimismo, en dicho procedimiento el interesado podrá ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Por otra parte, el artículo 114 de la citada ley especial penal, señala que el director del centro de reclusión está obligado a resolver sobre las peticiones en el plazo de cinco días y notificar su determinación en uno no mayor a veinticuatro horas. Asimismo, si dicha resolución es adversa a los intereses de la persona privada de su libertad que haya solicitado la petición administrativa, éste podrá formular controversia judicial ante el Juez de Ejecución dentro del término de los diez días siguientes a la fecha de la notificación; pero si los actos que se reclaman son continuos o permanentes, podrán plantearse en cualquier momento. Además, el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece el derecho del interno para acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, tratándose de aquellas que de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia, constituyendo un caso urgente, juzgador que de oficio suspenderá de inmediato la ejecución del acto materia de la inconformidad y que de acuerdo con el artículo 25, fracción I, de la indicada Ley, se erige como el protector inmediato de los derechos humanos de los internos. En ese tenor, del análisis de la demanda de derechos fundamentales promovida por los quejosos se colige que no se advierte dato objetivo, cierto o si quiera probable, que presuma que efectivamente se estén ejecutando actualmente en contra de los quejosos los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues éstos los hace depender del acto reclamado que en esencia constituye condiciones de internamiento conforme a la información sesgada que se proporciona en la demanda; pues como quedará evidenciado en párrafos subsecuentes, la totalidad de actos jurídicos que reclama el impetrante los hace depender del traslado, del cambio de dormitorio y en consecuencia de las condiciones generales de internamiento en el centro penitenciario donde se encuentran privados de la libertad. Por ello, los actos que señalaron los promoventes del amparo no pueden ser sujetos al análisis inmediato en este juicio bi-instancial, sin antes haber agotado el multicitado procedimiento administrativo de peticiones, relativo a las solicitudes de las personas privadas de su libertad que consideren vulneradas sus condiciones de internamiento y, en caso de no obtener respuesta favorable, la propia Ley especial en comento, lo faculta para acudir ante el Juez de Ejecución en controversia judicial y tratándose de caso urgente, acudir de forma directa ante el Juez de Ejecución para la solución jurisdiccional de las peticiones que en su caso le formulen las personas privadas de su libertad. Asimismo, es importante destacar que los actos que atribuyó a las autoridades que señaló como responsables en su escrito inicial de demanda, de cuyo análisis se colige que no se advierte dato objetivo, cierto o si quiera probable, que presuma que efectivamente se estén ejecutando actualmente en contra de los quejosos los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues éstos los hace depender del acto reclamado que en esencia constituye condiciones de internamiento conforme a la información sesgada que se proporciona en la demanda; pues como quedará evidenciado en párrafos subsecuentes, la totalidad de actos jurídicos que reclama el impetrante los hace depender del traslado, del cambio de dormitorio y en consecuencia de las condiciones generales de internamiento en el centro penitenciario donde se encuentran privados de la libertad. Pues a través de los citados procedimientos el o los actos reclamados son susceptibles de ser modificados, revocados o nulificados, conforme dicha ley especial, aunado a que ésta prevé la suspensión de los efectos de los actos que en esta vía constitucional se reclaman, teniendo los mismos efectos que regula la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que ésta considera para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional; por lo cual no se trata de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo de la Ley de Amparo, para acudir directamente al juicio bi-instancial. Además cabe traer a colación, -como hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 23-, que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte que al día de la data, se localizaron más de veinte mil juicios de amparo indirecto promovidos por los quejosos en cuya mayoría se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados en la demanda que ahora nos ocupa; lo que lleva a considerar que los actos a que hacen referencia no se ejecutan ipso facto y tampoco se considera que haya alguna probabilidad en su ejecución, precisamente porque en diversos juicios de amparo promovidos de manera individual o colectiva en los diferentes circuitos de la república mexicana, han reclamado los mismos actos a las autoridades que igualmente precisan en el escrito que se atiende. También es dable mencionar que una de las consecuencias de la presentación de un sinnúmero de demandas a nivel nacional es la tramitación de exhortos, los cuales corresponden diligenciar a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, motivo por el cual de manera cotidiana -diaria- tienen contacto directo con los aquí quejosos. Además que, sin pasar por alto la situación que atraviesa nuestro país a raíz de la pandemia ocasionada por el virus SARSCOV2 (COVID-19), lo cierto es, de la lectura integral de la demanda no se advierte dato objetivo, cierto o si quiera probable, que presuma que efectivamente se ejecuten actualmente en contra de los quejosos los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues éstos los hacen depender del acto reclamado que en esencia constituye condiciones de internamiento conforme a la información sesgada que se proporciona en la demanda. Por lo que, en el caso no se da el supuesto de excepción respecto de la falta de firma, que prevé el artículo 3°, último párrafo, en relación con el 15, ambos de la Ley de Amparo, así como del numeral 174, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. De ahí que, del escrito de demanda no se desprende imposibilidad alguna para que los directos agraviados instaran la presente instancia constitucional; ello, considerando que fueron ellos por propio derecho quienes instaron la presente vía, de manera electrónica. ------------------------------------------------------------------------------ En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo, contra los actos reclamados; ello, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por haberse actualizado la causa deimprocedencia prevista en el diverso 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido para este juzgado, que la causal de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de amparo. Sin embargo, atendiendo al principio de expeditez en la administración de justicia, traería mayores perjuicios a la parte quejosa, el hecho de que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, mediante sentencia se alcanzara la misma conclusión ahora formulada; por tanto, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos resulta de mayor beneficio para el recurrente de amparo, que tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo, en virtud de que esto le permite acudir oportunamente a los tribunales ordinarios hacer valer sus derechos. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, así como el diverso precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. -Precisión para el Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México -Toda vez que de la demanda de derechos fundamentales se advierte que los peticionarios de amparo se encuentran privados de la libertad en la Penitenciaría de la Ciudad de México, infórmese al Director de dicho Centro Penitenciario a cuya disposición se encuentran los directos quejosos ---------------------------------, lo siguiente: - Queda a cargo y bajo la más estricta responsabilidad de dicha autoridad, la integridad física de los quejosos, a fin de que no sufran ningún atentado contra su salud, tortura psicológica o de cualquier tipo, así como actos que pongan en peligro su vida ni cualquier otro de los establecidos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo. - De igual forma, las medidas que adopte a fin de salvaguardar en todo momento la vida y salud de los solicitantes de amparo (en el sitio de internamiento). - En la inteligencia que la seguridad y custodia de los agraviados, también queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a cuya disposición se encuentren, quien deberá tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. Lo anterior, de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -REPRESENTANTE COMÚN -De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a -------------------------------------------------, sin perjuicio de que se sustituya por otro en el transcurso de la tramitación del presente juicio. Sin que se soslaye que en la demanda que se atiende, se plasmó a --------------------------------- como representante; sin embargo, como se indicó, ese escrito no contiene firma de alguno de los promoventes por lo que no hay certeza de que todos o algunos hayan expresado tal voluntad. Además, resulta ser un hecho notorio para este órgano de control constitucional que ------------------------, ha promovido múltiples juicios de amparo radicados en esta circunscripción territorial, así como en diversos circuitos judiciales, en los que figura, en términos del citado ordinal 13 de la Ley de Amparo con dicha calidad -como se certificó a un inicio-. En ese tenor de ideas, existe la obligación de velar por la tutela y resguardo efectivo de las garantías, principios y valores fundamentales que rigen la impartición de justicia consagrados en el numeral 17 de la Constitución General de la República, razón por la que se considera oportuno señalar a una persona diversa con el carácter de representante común, ello con la finalidad de evitar que la carga procesal derivada de la promoción de dichos expedientes se concentre en una sola persona privada de la libertad, en detrimento de su derecho de defensa. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, notifíquensele por medio de lista las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29, de la Ley de Amparo. -SE EXHORTA AL TRÁMITE ELECTRÓNICO -De conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica; para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del Acuerdo General 12/2020. -INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO- Se precisa que se deberá asegurar la integridad del expediente electrónico, para lo cual se deberá procurar el contenido de las promociones, acuerdos, resoluciones o sentencias se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales -AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL PERSONAL DEL JUZGADO -Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. -USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS -Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. -TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA YPROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES -Conforme a los lineamientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo se publique esta información. Notifíquese.
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