Edwin Antonio Arzate Rosas

Expediente 87/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
87/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Edwin Antonio Arzate Rosas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado remite ejecutoria Glósese a los autos el oficio signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria correspondiente a la sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, relativo al recurso de queja **, en la que se determinó: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja." Notificación a las partes y anotaciones relativas a la ejecutoria de mérito. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, y efectúense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 15, fracción X, del acuerdo general citado; por tanto, es susceptible de conservación. Transferencia del original del cuaderno principal y del incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, solicítese la transferencia del expediente principal, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asunto de relevancia documental, jurídica e histórica. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, fracción X, del citado acuerdo general, tiene relevancia documental, ya que versa sobre materia agraria, por lo que es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales presentados ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Finalmente, se ordena guardar la presente determinación con nombre "V- COLEGIADO DECLARA INFUNDADA QUEJA CONTRA DESECHAMIENTO", para su mejor consulta en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Admisión de recurso. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado electrónicamente por el Actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos; mediante el cual informa el contenido del proveído de trece de febrero actual, que admitió el recurso de queja interpuesto en contra del auto que desechó la demanda de amparo, registrándolo con el número de expediente 54/2023. Al respecto, se tiene por hecho del conocimiento lo anterior, para los efectos legales a que hay lugar. Finalmente, se ordena guardar la presente determinación con nombre "V- COLEGIADO ADMITE RECURSO", para su mejor consulta en el expediente electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Se regulariza procedimiento Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo intentada; sin embargo, por un error mecanográfico se asentaron dos fechas en el citado acuerdo, en el caso, veintisiete de enero de dos mil veintitrés y veintiséis de enero de dos mil veintitrés, cuando lo correcto es la primera data citada, como se advierte de la fecha que contiene la evidencia criptográfica del proveído que nos ocupa. En tal virtud, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se regulariza el procedimiento en este juicio de amparo únicamente para el efecto de precisar que la fecha correcta del auto en el que se desechó la demanda es "veintisiete de enero de dos mil veintitrés". Escrito de interposición del recurso de queja. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual, interpone recurso de queja en términos del numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en contra del proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado por este órgano jurisdiccional por el que se desechó la demanda de amparo intentada, lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Trámite y remisión del medio de impugnación. Atento a lo anterior, téngase por interpuesto el recurso de mérito por el promovente y, así, una vez que se encuentre debidamente integrado y en el plazo legal, ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja y, además, remítase el escrito original de expresión de agravios de que se trata, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, residente en esta ciudad, para la substanciación del aludido medio de impugnación. Informe materia de la queja. En ese tenor, se hace del conocimiento de la superioridad que es cierto el acto que se atribuye, toda vez que este juzgado de distrito desechó la demanda de que se trata, mediante auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Instrucción especial a la Oficial Judicial "A". En ese sentido, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de los Expedientes para que, ponga a su disposición el expediente electrónico formado con motivo del sumario en que se actúa, en el que obran la totalidad de constancias que lo integran, a fin de que se pronuncie respecto de la admisión o desechamiento del aludido medio de impugnación. Finalmente, se ordena guardar la presente determinación con nombre "V- QUEJA CONTRA DESECHAMIENTO", para su mejor consulta en el expediente electrónico. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Desahogo de prevención Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de veinte de enero de dos mil veintitrés. Atento a su contenido, se tiene al promovente desahogando la prevención formulada en los términos requeridos, por tanto, este juzgado provee lo siguiente: Análisis de la demanda. Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que los actos que se pretenden controvertir no deben sujetarse al análisis constitucional en la vía indirecta de manera inmediata: Autoridad responsable. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 18. Precisión del acto reclamado. La resolución interlocutoria de uno de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio agrario 174/2022, la cual declara procedente la excepción de incompetencia por razón de materia, hecha valer por la parte demandada. Desechamiento. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Lo anterior es así, porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En la especie, el suscrito estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la ley de la materia establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En ese contexto, debe decirse que, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo biinstancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los actos son de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio. Sobre el particular tiene aplicación, la jurisprudencia J. 43 29/89 sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, página 291, cuyo rubro es: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." Asimismo, tenemos que, la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, tiene como hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto: "Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto", sin hacer mayores especificaciones al respecto; por tanto, tal como lo estableció el Pleno del más Alto Tribunal en la contradicción de tesis 239/2014, es necesario acudir a la aplicación del principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al texto supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico. En ese orden de ideas, considerando que en la Constitución Federal se clasificaron las reglas establecidas para regular la procedencia del juicio bi-instancial en contra de actos dictados en un juicio o en un procedimiento, según su carácter sustantivo y material, en oposición a su carácter adjetivo y formal, que produzcan una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado y que dicho acto goce de definitividad, en congruencia con el principio de concentración de violaciones procesales previsto en la Ley de Amparo; entonces, es de colegirse que por más que en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, de la posibilidad de combatir actos de autoridad en los que se determine inhibir o declinar la competencia, ello no significa, de facto, que el juicio de amparo resulte procedente. Para ello, es dable señalar que la "competencia" se entiende como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido. Esto es, un presupuesto de validez de todo acto, procedimiento o juicio. Se trata de una condición necesaria para que se pueda desarrollar un procedimiento o un proceso judicial. En este último caso, la autoridad tiene la obligación de comprobar que está facultada para resolver un determinado conflicto de intereses y, de no ser así, debe declararse de oficio incompetente. Adicionalmente, las partes tienen la facultad para cuestionar la competencia de una autoridad administrativa o jurisdiccional a través de la declinatoria y la inhibitoria. Aunque esas dos formas de cuestionar la competencia en un proceso administrativo o jurisdiccional tienen la misma finalidad, esto es, precisar qué órgano es el facultado para conocer de un determinado asunto, siguen procedimientos distintos. La declinatoria se plantea ante la autoridad que está conociendo del asunto, solicitando que se abstenga de conocer de éste y envíe el expediente correspondiente a la que se considera competente. Por otro lado, la inhibitoria se plantea ante la autoridad que no está conociendo del asunto, pero que se estima competente, solicitándole que, mediante oficio, se dirija a la autoridad que está conociendo del asunto, pero que se estima incompetente, con el objeto de que se inhiba en su conocimiento y remita los autos correspondientes. En ambos supuestos se pueden dar diversos resultados, dependiendo de los cuales, se determinará la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. Los supuestos pueden ser los siguientes: 1. Si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó la declinatoria se declara incompetente, debe remitir los autos a la autoridad o tribunal que considere que lo es; sin embargo, esta última puede aceptar la competencia declinada o rechazarla. Si se da lo primero, se avocará al conocimiento del asunto. Si se da lo segundo, regresará el asunto a la autoridad declinante para que ella siga conociendo del mismo. 2. Por otro lado, en la cuestión de competencia por inhibitoria, si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó considera que es competente, dirigirá un oficio a la autoridad o tribunal que esté conociendo del asunto, solicitándole que se abstenga de ello y remita los expedientes del caso; sin embargo, esta autoridad o tribunal también puede aceptar o rechazar inhibirse en el conocimiento respectivo. Si acepta, remitirá los autos a la primera. Si rechaza la inhibitoria, entonces continuará conociendo del asunto. De lo anterior se desprende que ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, como las referidas, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria). Lo anterior pues aun cuando la disposición en examen no establezca expresamente que para la procedencia del Amparo indirecto juicio bi-instancial, el acto que se reclame debe ser aquél en el que la autoridad acepta o rechaza la competencia, debe considerarse que conforme al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser en la que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del quejoso. Pues, como se vio, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; y el hecho de que el numeral en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos ordinarios. En conclusión, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquéllos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes. Precisado lo anterior, en la resolución interlocutoria de uno de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio agrario 174/2022, la cual declara procedente la excepción de incompetencia por razón de materia, hecha valer por la parte demandada; no puede considerarse que sus efectos sean de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad que se estimó competente, y sería, en todo caso, la que ésta última emita, la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, con registro 2009721, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 5, cuyo rubro se lee: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Asimismo, tiene aplicación la tesis aislada VII.2o.T.38 K (10a.), registro 2016805, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, página 2414, que al rubro dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DETERMINACIÓN DE DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO CUANDO NO ES DEFINITIVA, AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 217, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, Y LA JURISPRUDENCIA P./J. 17/2015 (10a.)." Sin que obste, el criterio sustentado en la jurisprudencia del Primero Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con registro 2009491, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo II, al rubro estatuye: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN ESPERAR A QUE LA AUTORIDAD ANTE QUIEN SE DECLINÓ LA COMPETENCIA DEL ASUNTO SE PRONUNCIE SOBRE SI LA ACEPTA O NO." Lo anterior en razón de que, como se mencionó en párrafos que anteceden, el amparo indirecto procederá contra los actos que determinen declinar o inhibir competencia siempre que sean definitivos, es decir, hasta que se conozca la determinación dictada por el órgano jurisdiccional al cual se declinó la misma, cuestión que se robustece con la jurisprudencia con registro 2009721, que ha sido plasmada con antelación. Conclusión. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones V y VIII, de la Ley de Amparo, la primera aplicada en sentido contrario, por lo que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Finalmente se ordena guardar la presente determinación con nombre "V- DESECHAMIENTO- NO SON ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", para su mejor consulta en el expediente electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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