Efraim Contreras Bahena

Expediente 709/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 1 actuación registrada, la última del 24 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
709/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
24/05/2023

Partes del expediente

  • Efraim Contreras Bahena

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de demanda firmada por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Registro de la demanda Fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que se automatice el libro electrónico respectivo y regístrese bajo el número 709/2023. En el entendido que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el catorce de octubre de dos mil veintidós, la integración del expediente físico se limitará a las constancias que el mismo dispone, a efecto de privilegiar el expediente electrónico, respecto del cual se ordena verificar su correcta integración. Análisis de la demanda Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa promueve la presente instancia en contra de la autoridad y acto siguiente: Autoridad responsable Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados El auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, por el cual se determinó no admitir a trámite el incidente para decretar medidas provisionales dentro del expediente ***, del registro del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Desechamiento Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta. "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Precisado lo anterior, se destaca que el quejoso señala como acto reclamado, en esencia; el auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, por el cual se determinó no admitir a trámite el incidente para decretar medidas provisionales dentro del expediente ***, del registro del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Causal de improcedencia. Bajo ese contexto, en el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Conforme a esta disposición el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De igual manera, contiene excepciones al deber de interponer dichos recursos o medios de defensa, que no se actualizan en el caso concreto, pues no se está ante actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni actos que afecten la libertad personal de la parte quejosa, y el impetrante no se ostenta como tercero extraño al juicio de origen, al ser la parte demandada en el juicio de origen. Por lo expuesto, tenemos que la causa de improcedencia tiene como origen el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. En ese contexto; como quedó demostrado, el quejoso es la parte actora en el expediente ***, del índice del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, del que emana el acto reclamado. Ahora bien, el acuerdo mediante el cual el Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, no admite a trámite el incidente para decretar medidas cautelares, emitido en un procedimiento de orden familiar, puede ser reclamado previamente a la interposición del juicio de amparo a través del recurso de revocación que fija el artículo 565 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, que dispone: "CAPÍTULO II DE LA REVOCACIÓN Y REPOSICIÓN. ARTÍCULO 566.- PROCEDENCIA DE LA REVOCACIÓN. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso." Ahora, en el caso en concreto, tenemos que el quejoso reclama en esta vía el acuerdo dictado el de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, por el cual se determinó no admitir a trámite el incidente para decretar medidas provisionales dentro del expediente ***, del registro del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos; por ello, es válido concluir que el medio de impugnación idóneo para atacar la resolución reclamada, es la revocación, al no ser una determinación que expresamente sea apelable en términos del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos. En esas condiciones, es claro que antes de acudir al presente juicio de amparo, debió combatir el acto reclamado a través de dicho medio de defensa; y al no hacerlo así, se dejó de observar el principio de definitividad del juicio, lo que hace improcedente esta vía de amparo. Cobra aplicación la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, de rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." En consecuencia, dado que el recurso de revocación establecido en el referido artículo 566 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, constituye un medio de defensa respecto del cual el quejoso tiene obligación de agotar en su calidad de parte, ello en estricta observancia al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, y que dicho medio de defensa es idóneo al ser susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, lo que en el particular no se satisfizo, lo procedente es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa. No pasa desapercibido para este juzgado federal que el promovente de amparo refiere que en el caso se actualizan excepciones al principio de definitividad materia de estudio del presente acuerdo, las cuales consisten en que, por una parte, el recurso de revocación previsto en la legislación familiar no establece suspensión de la determinación materia de impugnación en el juicio de origen; y por otra parte, que la resolución reclamada afecta derechos al orden y estabilidad de la familia, por tanto se actualiza la excepción prevista en el artículo 107, fracción III inciso a) último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto debe destacarse que, como se adelantó, en el presente caso no se actualiza ninguna hipótesis que permita eximir al peticionario de amparo agotar los medios de impugnación de carácter ordinario previo a controvertir el acto reclamado que ahora nos ocupa a través de la presente instancia constitucional, pues como se dijo no es esta en ninguna de las hipótesis contenidas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se destaca que en dicha fracción como se dijo, se contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo sin que el legislador de manera explicita haya señalado que el medio ordinario de defensa deba prever, como requisito sine qua non, la suspensión de los efectos de la acto materia de impugnación como si lo estableció en la fracción XX del aludido numeral. De lo anterior se colige que el hecho de que el recurso de revocación previsto en el artículo 566 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, no prevea la posibilidad de suspender la resolución reclamada, no faculta al promovente del amparo para no acudir a la instancia ordinaria previo a la promoción de la presente instancia constitucional. Sirve de sustento a la anterior consideración la jurisprudencia VI.1o. J/85, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 51, tomo 67, Julio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO." En diverso aspecto en relación a la excepción al principio de definitividad que refiere el quejoso se encuentra contenida en el articulo 107, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe señalarse que la parte quejosa, parte de una premisa falsa; lo anterior es así, pues en dicha porción normativa de la carta magna se regula lo referente a la posibilidad que tienen los gobernados de reclamar en la vía directa a través del juicio de amparo, violaciones procesales que se susciten en un juicio, ccuando se reclamen sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, siempre y cuando aquellas se encuentren debidamente preparadas; esto es, que aquellas, hayan sido combatidas a través de los medios correspondientes durante la sustanciación del procedimiento de origen, precisando que este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado. Lo anterior revela que la regla de excepción contenida no guarda relación con la observancia o no del principio de definitividad que es materia de estudio de la presente determinación, razón por la cual, es dable concluir que no le asiste razón al peticionario del amparo respecto del planteamiento propuesto; por tanto, lo procedente en el caso sea desechar la demanda de amparo en los términos señalados den la presente determinación. Aunado a lo precisado con anterioridad, conviene apuntar que, la irreparabilidad del acto reclamado que aduce el promovente y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos que sean de posible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la ley de amparo, lo que en el particular no aconteció. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia de la décima época, con registro: 2017117, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 11/2018 (10a.), de rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Conclusión. Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, promovida por *** contra actos del Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación, elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando clic al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Domicilio electrónico. Se faculta a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que las notificaciones de esa naturaleza que se ordenen en el presente asunto, se practiquen vía electrónica a la parte quejosa a través del usuario "***", conforme a las reglas que establece la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo. Se instruye a la oficial judicial "A". En consecuencia, se instruye a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite la autorización del promovente en el referido sistema. Autorizados en términos amplios Además, en atención a lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 12 del cuerpo normativo en cita, no se autoriza en términos amplios; es decir, con todas las facultades que dicho precepto legal confiere, a los profesionistas que menciona en el ocurso de cuenta, toda vez que no acreditan tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo; por lo cual, se les autoriza en términos restringidos. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. De la identificación de la determinación judicial Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "R-DESECHA DEMANDA POR PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD", para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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