Eduardo Pineda Rios
Expediente 3/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 3/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 10/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Eduardo Pineda Rios
- Julian Leopoldo Diaz Rivas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Cuernavaca, Morelos, diez de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por el promovente, a través del cual desahoga la vista otorgada en auto de dos de agosto de dos mil veintidós, asimismo, solicita se expida el original del oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-10097, de veintisiete de julio de dos mil veintidós. Asimismo, visto el estado procesal de los autos y la certificación que antecede, este Juzgado procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente, las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, y las documentales aportadas por la autoridad responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio cumplimiento. Consecuentemente, en la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito el diecinueve de julio de dos mil veintidós, en su segundo punto resolutivo se declaró fundada la Denuncia por Incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, en relación a la emisión del oficio 223301EL352044, para que la Directora Ejecutiva de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, cumplieran con lo siguiente: "Dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la presente determinación, deje sin efectos el acto reclamado y, en su lugar, otorgue autorización sanitaria para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos a denunciante Eduardo Pineda Ríos, quien acredita ser mayor de edad con copia simple de la credencial para votar con clave de elector PNRSED97081317H600". Mediante auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, se concedió una prórroga para el efecto de dar cumplimiento al fallo. En acatamiento a lo anterior, la responsable realizó lo siguiente: - Mediante oficio recibido el uno de agosto de dos mil veintidós, en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, remitió copia certificada del oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-10097, de veintisiete de julio de dos mil veintidós. El documento mencionado tiene valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se declara cumplida ejecutoria de la Denuncia por Incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad Bajo esa tesitura, si la Denuncia por Incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad se declaró fundada para que se dejara sin efectos el acto reclamado y, en su lugar, otorgara la autorización sanitaria para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos al denunciante Eduardo Pineda Ríos. De manera que, si en el oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-10097, de veintisiete de julio de dos mil veintidós, emitió la autorización respectiva a favor del aquí quejoso, asimismo, señaló las limitaciones de la referida autorización y, finalmente, precisó que dejó insubsistente el oficio 223301EL352044 de diecinueve de mayo de dos mil veintidós (acto reclamado). En consecuencia, en las narradas condiciones, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en la Denuncia por Incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Estudio de exceso y defecto Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución siempre que la autoridad denunciada se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que el fallo emitido resulte íntegramente cumplido; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la declaratoria de inconstitucionalidad, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga el fallo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la declaratoria general de inconstitucionalidad. Solicitud de documentación original Al respecto, dígase a la parte promovente que si bien solicita la expedición del original del oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-10097, de veintisiete de julio de dos mil veintidós, lo cierto es que la autoridad responsable remitió ante este Juzgado copia certificada del referido oficio; no obstante a lo anterior, al haber sido certificada por la autoridad responsable, es suficiente para considerarse que su emisión hace las veces del documento original. En ese sentido, como lo solicita el promovente, de conformidad con el artículo 3°, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, expídase a su costa a la parte quejosa la copia certificada que solicita, en un solo tanto y por única vez, previa constancia de recibo que obre en autos. En tal virtud, a continuación se explica de manera detallada las instrucciones que debe seguir para que se lleve a la entrega de la copia que solicita. ... Notifíquese; y personalmente al promovente.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Cuernavaca, Morelos, dos de agosto de dos mil veintidós. Autoridad responsable informa cumplimiento a ejecutoria de amparo. Intégrese a los autos el oficio firmado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, a través del cual remite el oficio de veintisiete de julio de dos mil veintidós, a fin de dar cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo. Vista a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que en caso de no hacerlo, este juzgado federal se pronunciará respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias que obran en autos. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XI, marzo de 2000, página 243, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Autoridad solicita prórroga para cumplir con el fallo Glósese a los autos el oficio firmado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, mediante el cual, en atención a los oficios 16207/2022, 16208/2022 y 16209/2022 dirigidos a las autoridades denunciadas Comisionado, Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas y Comisionado de Autorización Sanitaria, todos, de la dependencia antes mencionada, solicita prórroga para cumplir con la ejecutoria dictada en el presente asunto, en representación de las mismas. Cuestión preliminar Al respecto, previo a proveer sobre la solicitud de la prórroga, se precisa a la autoridad oficiante que la única autoridad respecto de la que se declaró procedente y fundada la denuncia es la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por lo que es la directa responsable de dar cumplimiento cabal al fallo dictado en autos. Se concede prórroga Una vez acotado lo anterior, en atención a las manifestaciones vertidas por la autoridad oficiante en términos de lo dispuesto en el artículo 210, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo y en el diverso del numeral 192, cuarto párrafo, de la legislación en cita, se concede a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con residencia en la Ciudad de México, una prórroga de diez días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente auto, para que cumpla con la ejecutoria de mérito y lo acredite de manera fehaciente ante este órgano. Apercibimiento Con el apercibimiento para el caso de desacato a dicho requerimiento, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Lo anterior, en razón de que las sentencias son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendientes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que, con exactitud, deberán cumplir la ejecutoria dictada en el presente asunto, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida. Notifíquese.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
V I S T O S para resolver la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad que se registró en el índice de este juzgado bajo el número 3/2022, promovida por *** en contra del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y otras autoridades. R E S U L T A N D O S: Primero. Presentación de la denuncia. Por escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el treinta de junio de dos mil veintidós, turnado a este órgano en cuatro de julio del actual, ***, denunció el incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, mediante la cual se eliminó la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo de cannabis y THC (en conjunto conocidos como marihuana) que establecía la Ley General de Salud, en contra del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y otras autoridades. Segundo. Radicación de la denuncia. El cinco de julio de dos mil veintidós, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, tuvo por recibida la denuncia referida, la cual se registró con el número 3/2022, se admitió a trámite, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Tercero. Turno del asunto para su resolución. Por acuerdo de catorce de julio del actual, se tuvieron por recibidos las manifestaciones efectuadas por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en representación de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de dicha dependencia. En relación con lo anterior, por auto de dieciocho de julio del actual, se certificó que había fenecido el plazo del resto de las partes para formular manifestaciones en relación a la denuncia presentada y, por ende, se ordenó turnar los autos para el dictado de la sentencia correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, legalmente competente para conocer y resolver la presente Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, ello con fundamento en los artículos 47 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210 de la Ley de Amparo; 48 y 57, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en virtud de que en el presente asunto una persona denuncia un acto de aplicación de la norma invalidada, el cual fue ejecutado en un lugar en el que este Juzgado de Distrito tiene jurisdicción. Segundo. Existencia de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. La declaratoria general de inconstitucionalidad, se debe entender como la determinación del alto tribunal del país en la que se establece que una norma no superó un test de regularidad a la luz de los preceptos constitucionales, por lo que se declara su invalidez; ejercicio que se realiza a través de tres herramientas, a saber: 1) Declaratoria General de Inconstitucionalidad en sentido estricto, contemplada en los artículos 231 a 235 de la Ley de Amparo; 2) Controversia Constitucional, consagrada en la fracción I del artículo 105 Constitucional y numerales 10 a 45 de la respectiva ley reglamentaria; y, 3) Acción de Inconstitucionalidad, establecida en la fracción II del Artículo 105 del Pacto Federal, así como los preceptos legales 59 a 73 de su respectiva ley reglamentaria. La primera de ellas fue producto de la reforma de dos mil once al artículo 107 Constitucional, introduciendo su regulación en la Ley de Amparo en dos mil trece, específicamente en sus artículos 231 a 235; procediendo solamente en casos de jurisprudencia por reiteración derivada de amparos indirectos en revisión, que declare la inconstitucionalidad de una norma general, con la restricción de que no aplica en materia tributaria ni tiene efectos retroactivos salvo en materia penal; por lo demás es obligatoria, tiene efectos generales y debe contener a) fecha de inicio de efectos, b) alcances y c) condiciones. En segundo término, como se explicó en líneas que anteceden, la inconstitucionalidad de una norma también puede ser decretada mediante la controversia constitucional. Por lo que hace a esta figura, la fracción I, penúltimo párrafo del artículo 105 de la Carta Magna establece que siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la Federación; de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por las entidades federativas, o en los casos a que se refieren los incisos c) y h) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos, en todos los demás casos solamente tendrán efectos entre las partes. En cuanto a la Acción de Inconstitucionalidad, ésta procede contra normas generales siempre que puedan ser contrarios a la Carta Magna; y las sentencias emitidas en estos procedimientos surten efectos generales cuando al menos ocho ministros hayan votado por declarar la invalidez de la norma general o tratado impugnado, en los demás acasos se desestima la acción y se archiva. Del análisis de estas figuras se puede concluir que aunque difieren en cuanto a supuestos de procedencia, órganos legitimados para denunciarlas y las mecánicas de sustanciación, tienen un común denominador, que es el análisis abstracto de una norma y expulsarla del sistema jurídico mexicano al contravenir los principios y valores consagrados en la Carta Suprema, lo cual amplía el margen de protección que debe permear sobre todas las personas en el territorio Mexicano, ya que los efectos de invalidez que tiene no solamente protegen a una persona o a su promovente, sino a todos los gobernados a los que les es aplicado el precepto legal invalidado. En el caso en particular, efectivamente, se emitió la declaratoria general de inconstitucionalidad bajo el número 1/2018 el veintiocho de junio de dos mil veintiuno. En ella, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", así como 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud, para los alcances establecidos en esta ejecutoria, la cual surtirá efectos generales a partir de la notificación de estos puntos resolutivos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con los apartados II y III de esta decisión. Determinación en la que, entre otras cosas, se enfatizó que los alcances de la misma se limitaban a remover los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana". Se estableció que esa declaratoria general de inconstitucionalidad no tenía como efectos permitir que se autorizara el consumo lúdico o recreativo de estupefacientes o psicotrópicos distintos a los que en conjunto se conocen como marihuana, sino que, con la declaratoria general de inconstitucionalidad de esas porciones normativas, se removiera el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorizara en lo sucesivo las actividades relacionadas con el autoconsumo de, exclusivamente, cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, respetando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Precisándose que, en lo sucesivo, y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. Así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la invalidez de esas disposiciones - declaratoria general de inconstitucionalidad- decretando que la sentencia surtiría sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y no podrá tener efectos retroactivos. De ese modo, se advierte como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, que de la consulta a la página electrónica de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo anterior ocurrió el veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Por tanto, a partir de esa fecha, la declaratoria entró en vigor e impuso a todas las autoridades del país la obligación de abstenerse a aplicar los preceptos declarados inválidos, así como otorgó la posibilidad a las personas afectadas por su aplicación la facultad de reclamarla, a través del presente procedimiento. Tercero. Problema jurídico a dilucidar. Determinar si las autoridades denunciadas incurrieron en incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018. Bajo ese contexto, se destaca que el procedimiento de denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad se encuentra contemplado en el artículo 210 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "Artículo 210. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto: La denuncia se hará ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto denunciado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el trámite se llevará ante el juez de distrito que primero admita la denuncia; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre ella o, en su caso, el que primero la haya recibido. Cuando el acto denunciado no requiera ejecución material se tramitará ante el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el denunciante. El juez de distrito dará vista a las partes para que en un plazo de tres días expongan lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo, dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si fuere en el sentido de que se aplicó la norma general inconstitucional, ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado y de no hacerlo en tres días se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de esta Ley en lo conducente. Si fuere en el sentido de que no se aplicó, la resolución podrá impugnarse mediante el recurso de inconformidad; I. Si con posterioridad la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta incurrieran de nueva cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto a través del procedimiento de denuncia de repetición del acto reclamado previsto por el Capítulo II del Título Tercero de esta Ley. El procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable a los casos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". El precepto en estudio prevé el trámite que debe dar el juez de Distrito cuando se presente una denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad, el cual culminará con la sentencia en la que se determine: a) Que se aplicó la norma general inconstitucional, en cuyo caso ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado; o b) Que no se aplicó la norma señalada; quedando al alcance del promovente el recurso de inconformidad, para impugnarse dicha resolución. Bajo ese orden de ideas, para resolver lo anterior es menester verificar si en el oficio 223301EL352044, de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se aplicó la norma declarada inconstitucional, esto es, los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud. Cuarto. Improcedencia de la denuncia. Una vez precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que la presente denuncia es improcedente por lo que hace al Titular y al Comisionado de Autorización Sanitaria, ambos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Lo anterior se estima así, en virtud de que en términos del artículo 210 de la Ley de Amparo, la denuncia se podrá promover si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria se aplica la norma general invalidada, circunstancia que respecto a las autoridades precisadas no se actualiza en la especie. En efecto, de la lectura del oficio materia de denuncia se advierte que aquél fue firmado únicamente por la Directora Ejecutiva de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, no así por el titular y el comisionado de autorización sanitaria, de dicha comisión. Bajo ese contexto, si el legislador se planteó como objetivo que la materia de análisis en este tipo de procedimientos fuera la aplicación de un precepto normativo que haya sido invalidado mediante cualquiera de las formas explicadas de declaratoria general de inconstitucionalidad y de ser así determinar su incumplimiento; o bien, de no actualizarse, declarar la legalidad del actuar de la autoridad denunciada, empero, dicho incumplimiento no acontece con las autoridades precitadas, pues aquellas no aplicaron los preceptos invalidados en la declaratoria general de inconstitucionalidad de mérito. De ahí que, en la especie, por cuanto hace al Titular y al Comisionado de Autorización Sanitaria, ambos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, devenga improcedente la presente denuncia, al no existir por parte de las autoridades responsables algún acto que derive en la aplicación de la norma declarada inconstitucional por nuestro Máximo Tribunal, esto en términos de lo previsto por el artículo 210 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada 2a. XLVI/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 391, con registro digital 2022509, de rubro siguiente: "DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL RECLAMO NO DERIVA DE LA APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INVÁLIDA." Quinto. Estudio de fondo. En diverso aspecto, en relación a la Directora Ejecutiva de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, este juzgado federal estima que en la especie a través del oficio 223301EL352044, dicha autoridad aplicó al denunciante los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud declarados inconstitucionales por nuestro Máximo Tribunal. Para poner de relieve la anterior aseveración resulta dable destacar que los referidos preceptos prohíben en forma genérica toda actividad relacionada con el consumo de la marihuana, lo que debe entenderse que incluye la prohibición de la emisión de autorizaciones sanitarias para el uso personal y privado de esta para los fines denominados "lúdicos o recreativos", de ahí que pueda considerarse que existió una aplicación implícita de los artículos de mérito. En efecto, para desechar o declarar improcedente la solicitud de autorización efectuada por el denunciante, la Directora Ejecutiva de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios aplicó la Ley General de Salud, ya que indicó en forma general que: "(...) al día de hoy, esta Unidad Administrativa no cuenta con los elementos normativos para brindar la atención a este tipo de peticiones. Cabe señalar, que mediante proveído del 28 de junio de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación exhortó al Congreso de la Unión a legislar respecto al autoconsumo recreativo de cannabis y THC, a fin de generar seguridad jurídica a los usuarios y a terceros, así como generar las condiciones necesarias para que este derecho pueda ser ejercido responsablemente. Derivado de lo anterior, se colige que esta Comisión Federal sólo se encuentra investida por una facultad de ejecución, es decir, se limita a acatar lo relativo a control, vigilancia y fomento sanitarios en materia de los productos señalados párrafos arriba, y que en el caso concreto se refiere a estupefacientes y substancias psicotrópicas, pero no se pronuncia respecto a la creación del marco que las regula, toda vez que la Autoridad Ordenadora es el Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 Constitucional, es el poder facultado para crear y promulgar leyes. En virtud de lo expuesto, esta autoridad se encuentra imposibilitada para evaluar su petición para obtener una autorización para realizar actividades relacionadas con autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como marihuana." De la anterior transcripción se advierte que la Directora Ejecutiva de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, en esencia, determinó que no procedía la solicitud efectuada por el denunciante dado que no contaba con "elementos normativos" que le otorgaran facultad alguna para que esa autoridad sanitaria pudiera otorgar la autorización requerida. Lo anterior, en virtud de que si bien el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la sentencia dictada dentro de los autos de la Declaratoria de General de Inconstitucionalidad 1/2018 había removido los obstáculos jurídicos (artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud), lo cierto es que la autoridad legislativa no había emitido ordenamiento alguno a fin de que se pudiera ejercer el derecho solicitado por el ahora denunciante. En ese tenor, se precisa que como lo señaló la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 237/2014, las normas de referencia comportan un "sistema de prohibiciones administrativas" que forma parte del marco regulatorio previsto en la Ley General de Salud sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos, el cual constituye un obstáculo jurídico para poder realizar lícitamente todas las acciones necesarias para poder estar en posibilidad de llevar a cabo el autoconsumo de marihuana, entre otros, siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión y transporte. Ahora, en el caso concreto, el denunciante solicitó una autorización para ejercer diversas actividades relacionadas con la planta cannabis sativa para los fines que denomina "lúdicos o recreativos", la cual fue denegada por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios de la Directora Ejecutiva de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, en los términos señalados con anterioridad. Por tanto, si bien la autoridad denunciada se abstuvo de citar específicamente los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos ", así como 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud, en el oficio materia de denuncia, lo cierto es que al rechazar la autorización para el consumo de dicha sustancia por considerar que no cuenta con facultad alguna para que pueda otorgar la autorización requerida por el denunciante, sí aplicó los citados artículos (sistema de prohibiciones administrativas) de manera implícita o tácita de conformidad con la jurisprudencia P./J. 30/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 58, Tomo III, Junio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCION SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS. Constituye acto de aplicación de un precepto legal la resolución que de manera indudable se funda en él, por darse con exactitud sus supuestos normativos, aunque el mismo no se invoque expresamente, debiendo concluirse que el quejoso tiene interés jurídico para reclamar la resolución y la ley aplicada." Por ende, como lo afirma el denunciante si le fue aplicado el contenido de los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", así como el diverso 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud, que le prohíbe el uso de la marihuana para los fines que denomina "lúdicos o recreativos". Lo anterior es así, debido a que en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció expulsar del sistema jurídico nacional los artículos mencionados; asimismo, ordenó vincular a la Secretaría de Salud para que, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a efecto de que mientras el Congreso de la Unión no legislara al respecto emitiera los lineamientos y autorizaciones para autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol con fines recreativos bajo las condiciones y supuestos previstos en la ejecutoria respectiva, tal como se advierte de los párrafos noventa y uno a noventa y tres los cuales a continuación se transcriben: "(...) 91. En la inteligencia de que en lo sucesivo, y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: (6a (10a), (6a (7), (7, (8, (9, (10, (9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. 92. Así mismo, la COFEPRIS deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas. 93. Además, al emitir las autorizaciones la COFEPRIS deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y precisará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. (...)" Atento a lo anterior, si como se ha expuesto, el denunciante solicitó a la Directora Ejecutiva de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios la autorización para consumo con fines recreativos y la misma le fue negada, debido a que dicho ente público consideró que carecía de facultades para tal efecto es factible considerar que el pronunciamiento de la autoridad denunciada contraviene los efectos dados por el Alto Tribunal en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018; además, de que constituye una aplicación de los artículos invalidados. No se soslaya el hecho de que la autoridad denunciada alega que se encuentra realizando las gestiones necesarias para cumplir con la declaratoria general mencionada; sin embargo, debe tenerse presente que a partir de que surtió efectos la notificación de los puntos resolutivos de dicha ejecutoria al Congreso de la Unión, todas las autoridades del país tienen la obligación de respetar lo ahí decidido, en especial las vinculadas directamente al fallo de mérito. Atento a lo anterior, con base en lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, con la pretensión de hacer efectiva sus efectos en la esfera jurídica del denunciante y dotarle de plena efectividad material, se estima fundada la presente denuncia y, por ende, se ordena a la Directora Ejecutiva de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios que: Dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la presente determinación, deje sin efectos el acto reclamado y, en su lugar, otorgue autorización sanitaria para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos a denunciante Eduardo Pineda Ríos, quien acredita ser mayor de edad con copia simple de la credencial para votar con clave de elector PNRSED97081317H600. Es importante precisar que el presente criterio no supone una autorización para que el denunciante: Siembre semillas de mariguana, cultive y coseche su producto en lugares públicos. Realice actos de comercio, suministro o transmisión de propiedad de forma gratuita o cualquier otro que se refiera a la enajenación o distribución de las sustancias mencionadas ni de las semillas que adquiera bajo las modalidades que establezcan las autoridades sanitarias. Ejerza ese derecho frente a personas menores de edad o terceros que no hayan otorgado su autorización de forma expresa. Con el apercibimiento de que de omitir lo anterior, se estará a lo dispuesto en los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 73, 74, 75, 119 y 124 de la Ley de Amparo, así como en los numerales 48 y 57, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: Primero. Es improcedente la presente denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad promovida por Eduardo Pineda Ríos, respecto del Titular y el Comisionado de Autorización Sanitaria, ambos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. Segundo. Es fundada la presente denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad promovida por Eduardo Pineda Ríos, en relación a la emisión del oficio 223301EL352044, emitido por la Directora Ejecutiva de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y a la representación, además por oficio a las autoridades responsables.
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