Eduardo Vicente Lujan Mendoza
Expediente 428/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 428/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Eduardo Vicente Lujan Mendoza
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio remitido por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual, remite el diverso ***, proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, sin dictar mayor pronunciamiento, en virtud de que mediante proveído de diez de abril del año en curso se recibió el mismo oficio y se acordó lo conducente. De la identificación de la determinación judicial Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "V. SOLO SE AGREGA, YA SE HABÍA RECIBIDO", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de abril de dos mil veintitrés. Juzgado acepta competencia Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual transcribe la literalidad del proveído de tres de abril de dos mil veintitrés, en el que acusa recibo de los autos originales del expediente ***, acepta el conocimiento derivado de la incompetencia por territorio planteada por este juzgado y continúa con el procedimiento del juicio de amparo. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se ordena archivo del cuaderno de antecedentes. Ahora bien, en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, el mismo es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el presente expediente dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, billete, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. De la identificación de la determinación judicial Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "V. JUZGADO HOMÓLOGO ACEPTA COMPETENCIA", para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de marzo de dos mil veintitrés. Recepción del escrito inicial Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho, contra actos del Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y otras autoridades. Registro de la demanda Fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que se automatice el libro electrónico respectivo y regístrese bajo el número 428/2023. En el entendido que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el catorce de octubre de dos mil veintidós, la integración del expediente físico se limitará a las constancias que el mismo dispone, a efecto de privilegiar el expediente electrónico, respecto del cual se ordena verificar su correcta integración. De la litis planteada De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que ******** reclama lo siguiente: Autoridades responsables Ordenadoras Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Titular de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México. Ejecutoras Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social (Torito) de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México. Actos reclamados Orden de arresto emitida y ejecutada en contra de la parte quejosa. Suspensión de plano Ahora bien, no ha lugar a decretar la suspensión de plano de los actos reclamados, toda vez en el artículo 126 de la ley de la materia dispone que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En estos casos, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. Además, ese tipo de suspensión también se concederá cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. La parte relevante del artículo 22 constitucional, a la que alude esa disposición de la Ley de Amparo, es el párrafo primero, que prohíbe las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. El supuesto en que se abre el incidente de suspensión de oficio previsto en el artículo 127 de la Ley de Amparo, opera únicamente tratándose de los actos de extradición o de aquellos en que, de llegar a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. Fuera de estos casos, la suspensión se decretará a instancia de parte, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece como requisitos la solicitud del quejoso y que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, entre otros. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que la existencia de esta regulación diferenciada de la suspensión de oficio y de plano, obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia como la vida, la libertad, o la integridad personal, de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del amparo (la privación de la vida, de la libertad fuera de procedimiento, etcétera). De ahí que, en los demás casos procede la apertura del incidente de suspensión de oficio (en extradición o casos en que, de llegar a consumarse, haría físicamente imposible restituir en el goce del derecho reclamado), o la suspensión a petición de parte, ante la ausencia del riesgo de consumación irreparable de la violación a derechos fundamentales de especial relevancia. En el caso, la parte quejosa reclama, en esencia, la arresto emitida por autoridades pertenecientes a la Ciudad de México, mismas que ya ejecutaron tal acto y lo internaron en un centro con sede en ese mismo lugar. Así, en el caso, realizando un juicio valorativo, este Juzgado de Distrito considera que no es viable proveer la suspensión de oficio y de plano y, por ende, los actos reclamados serán materia de análisis en el incidente de suspensión que, en su caso, ordene aperturar el juzgado que por turno le toque conocer del asunto, en atención a la determinación que a continuación se acota. Incompetencia Ahora bien, este juzgado considera que no es competente para conocer y resolver del presente asunto, en atención a las siguientes razones: Para demostrar esta premisa, es necesario transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la norma transcrita se puede concluir, en lo que aquí interesa, que el Juez de Distrito legalmente competente para conocer del juicio de amparo, es aquel en cuya jurisdicción se haya ejecutado, se ejecute o se trate de ejecutar el acto reclamado. Establecido ello, se precisa que para determinar la competencia en el conocimiento del juicio de amparo entre Jueces de Distrito, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado y, también, a su análisis íntegro; lo cual, trae como consecuencia la determinación referente a si el acto reclamado requiere o no ejecución material. Esto, desde luego, con el objeto de determinar si se está en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se haya ejecutado o se esté ejecutando el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo primero del ordinal 37 de la legislación en consulta. En ese mismo orden de ideas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo jurisprudencia por contradicción de tesis 14/2003-PS, que las tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito son: "La primera regla que se encuentra contenida en el señalado numeral, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de estas jurisdicciones. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado." Ahora bien, en la demanda de amparo se precisa que el quejoso reclama, entre otras cosas, la orden de arresto emitida en su contra por autoridades con sede en la Ciudad de México, acto que fue ejecutado por dichas autoridades. En ese sentido, al advertirse que el arresto, es un acto con efectos de ejecución, el que, invariablemente, tiene materialización en el lugar donde fue arrestado y se prolonga en el lugar en el que se encuentre alojado, es evidente que no surte competencia en favor de este recinto, sino de un diverso órgano con sede en la Ciudad de México, pues no existe duda que la ejecución se llevó a cabo por las autoridades responsables que tal como lo refiere el quejoso son elementos policiales que pertenecen a la Ciudad de México y que, incluso, fue internado en un centro que tiene sede en ese sitio, sin que en ningún momento refiera la intervención de alguna autoridad que tenga competencia en el Estado de Morelos. Resulta ilustrativa al respecto la tesis de la Sala Auxiliar de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que interpreta el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo derogada, visible en la página ochenta y ocho, Tomo 217-228, Séptima Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación de 1987, registro 245,025, la cual establece: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que si se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". Así las cosas, es evidente que el supuesto de competencia relativo se ubica en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Por otra parte, en el Acuerdo General 3/2013, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, proveyó lo relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; precisando en el párrafo segundo del punto noveno, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. Por tanto, quien resulta competente para conocer del presente asunto, es el Juez de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno. Dicha postura encuentra sustento, en lo que interesa, en la tesis IV.3o.A.69 A sustentada por la Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 175656, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 1963, que al rubro estatuye: "COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL ARRESTO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO A UN REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO, SE SURTE A FAVOR DE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y NO PENAL, AUN CUANDO EN SU CUMPLIMIENTO SE RECLAMEN ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." En consecuencia, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la presente demanda de amparo, debiéndose remitir vía electrónico a través Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el juicio al Juez de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. Puesta a disposición del expediente electrónico Bajo esa tesitura, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de los Expedientes para que ponga a disposición del juzgado que por turno le corresponda conocer el expediente electrónico formado con motivo del sumario en que se actúa, con el propósito de que se imponga de su contenido de manera íntegra. Transparencia y acceso a la información pública Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Medios electrónicos Ahora bien, se autoriza el uso de medios electrónicos exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio, en la inteligencia que el facsímil que se obtenga no tendrá validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009; lo anterior, a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Domicilio procesal En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Sin que en el caso, haya lugar a tener por autorizado el domicilio donde se encuentra recluido el quejoso, conforme a lo dispuesto en el numeral 26, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, habida cuenta que el citado precepto legal establece la conjunción disyuntiva "o" y el promovente designó domicilio procesal, mismo que se tuvo por autorizado en el párrafo que antecede. Autorizados con facultades restringidas En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizada con facultades restringidas a ***, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, en razón de que se trata de un asunto en materia administrativa y no acredita tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, en los mismos términos a los diversos profesionistas que designa por así haberlo solicitado expresamente. Medio especial de comunicación Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se tiene por señalado como forma especial de contacto para entablar comunicaciones no procesales el correo electrónico que indica y, excepcionalmente, procesales en caso de no contar con acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea, los cuales podrán ser utilizados por los actuarios de la adscripción para establecer contacto, en caso de que lo estimen necesario, siempre y cuando levanten razón de ello. Del usuario señalado Ahora bien, esta sede constitucional se encuentra imposibilitada para autorizar la consulta del expediente vía internet y/o recepción de notificaciones vía electrónica, en atención a que el promovente menciona que se cuenta con un usuario electrónico, pero no manifiesta su deseo para emplearlo como medio de consulta o notificación, por lo que deberá mediar solicitud expresa al respecto. Comunicación entre órganos jurisdiccionales federales e instituciones públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión En acatamiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se instruye a los actuarios de la adscripción para que, por regla general, remitan los oficios que se libren dentro del presente asunto a Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal e Instituciones Públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (en uso del canal de interconexión), esto es, se optará por la remisión física de los memoriales, únicamente y por excepción, en casos estrictamente necesarios, es decir, cuando se requiera forzosamente el envío de constancias originales, voluminosas o de expedientes. De la identificación de la determinación judicial Finalmente se ordena guarda la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo en nombre: "R. INCOMPETENCIA", para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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