Eduardo Garibay Miranda
Expediente 15/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 37 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 15/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eduardo Garibay Miranda
- Urbanizaciones Y Construcciones de la Cienega de C.V.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase al Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Zamora, acusando recibo del oficio 23125, mediante el cual se le notificó la determinación de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, emitida en el presente asunto. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia en la que se por una parte se sobreseyó en el presente asunto y por otra, se negó el amparo y protección de la justicia, sin que se haya recibido recurso alguno; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17,fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de conservación. Igualmente, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que por una parte se negó y por otra, se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años, remítanse el presente asunto y el incidente de suspensión a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo, del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase al Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Zamora, acusando recibo del oficio 20299, mediante el cual se le notificó la sentencia de treinta y uno de agosto del año en curso, emitida en el presente asunto. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 15/2023, promovido por ********************; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cinco de enero de dos mil veintitrés (fojas 2-8), en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de los Jueces de Control y Enjuiciamiento del Sistema Oral Penal de la región de Zamora, Michoacán y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 8°, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; órgano jurisdiccional que la registró con el número de expediente 15/2023 y en proveído de nueve de enero de dos mil veintitrés (foja 9), la admitió; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Separación de juicios. En proveído de trece marzo de dos mil veintitrés (foja 132), se precisó que la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Zamora [Alejandra Elenni Velázquez Espino], al rendir su informe justificado, adujo que dentro de la causa penal 610/2021, dictó orden de aprehensión en contra del quejoso, por su probable participación en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Ana Lucía Morales Arroyo, la cual se cumplimentó el cuatro de mayo de dos mil veintidós y en audiencia de nueve de ese mes y año se vinculó a proceso al imputado. Por lo que, se acordó que dichos actos no eran susceptibles de tomarse en cuenta, ya que el quejoso en su demanda de amparo manifestó que se encuentra privado de su libertad derivado de la citada causa penal, por ende, se entiende que no los reclama. Por otra parte, se determinó que los Jueces de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, manifestaron que era cierto el acto reclamado, al haberse emitido las órdenes de aprehensión siguientes: Orden de aprehensión emitida contra el quejoso, dentro de la causa penal 87/2022, por su probable participación en la comisión del delito de secuestro agravado en agravio de Samuel Andrade Ceballos; Orden de aprehensión emitida contra el quejoso, dentro de la causa penal 321/2022, por su probable participación en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Cristian Jesús Nares Rendón y homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Víctor Enrique Nares Rendón. Orden de aprehensión emitida contra el quejoso, dentro de la causa penal 1169/2020, por su probable participación en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Julio Gonzalo Sánchez García. Orden de aprehensión emitida contra el quejoso, dentro de la causa penal 404/2022, por su probable participación en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo Plascencia González. Orden de aprehensión emitida contra el quejoso, dentro de la causa penal 217/2022, por su probable participación en la comisión del delito de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de José Eduardo García Godínez y otros. Orden de aprehensión emitida contra el quejoso, dentro de la causa penal 17/2022, por su probable participación en la comisión del delito de secuestro agravado en agravio de Karina Guadalupe Sevilla Jiménez. Por lo que, en atención al principio de economía procesal establecido en el artículo 17 constitucional, de oficio, se decretó la separación de autos respecto del juicio de amparo 15/2023, toda vez que de los mencionados actos reclamados se advertía que las resoluciones reclamadas en el referido asunto, derivaban de diversas causas penales. También se estableció que en el juicio de amparo 15/2023 se resolvería respecto del acto reclamado al Juez de Ejecución de Sanciones Penales, con residencia en Zamora Michoacán, así como del diverso derivado de la causa penal 87/2022, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, licenciado Juan Román Mendoza Sánchez. Para cumplir con lo anterior, con copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo 15/2023, se ordenó formar cinco expedientes diversos y adjuntarse a cada uno el disco compacto correspondiente al acto reclamado, para remitirlos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a efecto de que se les diera turno como nuevos asuntos. Cuarto. Reconocimiento de carácter de terceros. En proveído de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de terceros interesados a Josué Andrade Ceballos -en cuanto víctima indirecta-; a los agentes del Ministerio Público Erick de Jesús Ruiz Moreno, Miguel Ángel Lira Santillán y Sofía Suárez Martínez; así como al asesor jurídico victimal Christian López Ávila y se ordenó su emplazamiento. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional (foja 209); por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, toda vez que el acto reclamado se pretende ejecutar en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, cuyo texto es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, con el criterio transcrito y en atención a la lectura integral de la demanda los actos reclamados por el quejoso son: Al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y al Juez de Ejecución de Sanciones Penales ambos de Zamora, Michoacán: La orden de aprehensión, emitida en audiencia privada de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 87/2022, por su probable intervención en la comisión del hecho con apariencia de delito de secuestro agravado en detrimento de Samuel Andrade Ceballos. A la Fiscalía General del Estado, al Fiscal Regional de Zamora y al Director de Carpetas de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora (en su carácter de ejecutoras): La ejecución de la orden de aprehensión emitida en audiencia privada de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 87/2022. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. El Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región de Zamora, Michoacán, al rendir su informe justificado (foja 64) adujo que no era cierto el acto reclamado, toda vez que de la revisión efectuada en el libro electrónico de control del juzgado a su cargo y sistema JESweb con que cuenta el tribunal no se encontró registro de expediente de vigilancia o controversia a nombre del quejoso del que pudiera emanar la orden en comento. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión del acto reclamado, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por la autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado atribuido al Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región de Zamora, Michoacán, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro digital 227634, la cual es del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Zamora, Michoacán (foja 74), la Fiscalía General del Estado (foja 29) y el Fiscal Regional de Zamora (foja 20), al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron la existencia del acto reclamado. Asimismo, debe presumirse cierto el acto reclamado al Director de Carpetas de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora, toda vez que dicha autoridad fue omisa en rendir su informe justificado, a pesar de que fue debidamente notificada de su requerimiento -como se advierte del acuse de recibo que obra a fojas 138 del presente juicio de amparo-; en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 106, volumen 193-198, Primera Parte, registro 232226, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: "INFORME JUSTIFICADO. DEBEN PRESUMIRSE CIERTOS LOS ACTOS SI NO SE EXPRESA SI SON O NO CIERTOS. De acuerdo con lo establecido por el artículo 149 de la Ley de Amparo, deben presumirse ciertos los actos reclamados cuando la autoridad responsable no rinde informe justificado, lo que no sólo se presenta cuando materialmente no se rinde dicho informe, sino también cuando, habiéndose presentado, en él simplemente se transcriben los actos reclamados en la demanda, sin manifestarse si los mismos fueron o no ciertos." Certeza que se corrobora con los discos compactos de audio y video y la carpeta electrónica de la resolución impugnada; las que dado su carácter de documentales públicas tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, por lo que así deberán tenerse para todos los efectos legales procedentes. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012 [Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito], registro digital 2004362, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Quinto. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Sexto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 50/2010 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito], registro digital 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso -por las razones que se precisarán más adelante- sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso lo perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, además que el acto reclamado, no transgrede los derechos fundamentales del quejoso previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2014703, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna". Antes de abordar el estudio de los conceptos de violación se estima necesario referir que en audiencia privada de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, la agente del ministerio público, solicitó al juez responsable librara orden de aprehensión en contra de ********************, por el hecho que la ley establece como delito de secuestro agravado cometido en detrimento de Samuel Andrade Ceballos por el siguiente hecho: [Minuto 01:06] "Que siendo alrededor de las veintiún horas del día seis de septiembre del año dos mil veintiuno, la víctima Samuel Andrade Ceballos, se encontraba tomando cerveza con los investigados Juan Carlos Cázares Nápoles alias "el Hulk" y ******************** alias "el rambo" así como con ******************** alias "Casandra", esto en una tienda de abarrotes en la calle Michoacán, número cuatrocientos noventa y tres esquina con calle Agustín Melgar, de la colonia el Porvenir de Zamora, Michoacán, cuando Juan Carlos comenzó a reclamarle a Samuel diciéndole que se dejara de mamadas y que le pagara lo que le debía de las cosas que se robaba, además de que tenía que darle un porcentaje o cuota o que de lo contrario le iba dar un levantón respondiéndole en un primer momento Samuel que sí le pagaría lo de la cuota solo que le diera chance porque había pagado unas cosas personales y no tenía. Reclamo al cual se sumó ******************** ya que también le dijo a Samuel que le tenía que pagar porque de ellos no se iba a estar burlando, por lo que Samuel se molestó y le dijo a Juan Carlos que le hiciera como quisiera ya que de momento no le iba a pagar la cuota, comenzando a forcejear Juan Carlos y Samuel, interviniendo en ese momento el dueño de la tienda de abarrotes de nombre ********************, quien les dijo que si se iban a estar peleando mejor se fueran de la tienda, por lo que Mireya les dijo que mejor ya se tranquilizaran y que los invitaba a su bar a seguir tomando, retirándose los cuatro del lugar a bordo de un taxi y se dirigieron al bar de Mireya Vélez García el cual se ubica sobre la avenida Juárez sin número de la colonia ejidal norte de Zamora, Michoacán, llegando poco antes de la veintiuno cuarenta horas y ya en dicho sitio minutos después Samuel Andrade Ceballos dijo que se sentía muy mal y que mejor ya se iba. Por lo que en ese momento Juan Carlos y Eduardo dijeron que ellos se iban con él, acompañándolos Mireya hasta la salida y les pidió un taxi siendo para esto como las veintiuna cuarenta horas, pero al estar esperando el taxi nuevamente comenzaron a discutir Samuel, Juan Carlos y Eduardo preguntándoles Mireya que a dónde los iban a llevar y Juan Carlos le respondió a "Los encinos" y este pendejo también se va con nosotros, refiriéndose a Samuel, abriendo Eduardo la puerta del taxi mientras que Juan Carlos subió a empujones en la parte trasera a Samuel y posteriormente le dijo Juan Carlos a Mireya "ya nos vamos chiquita no te preocupes por este pendejo, ahora vamos a platicar sobre las cuentas pendientes" y se retiraron del lugar, siendo localizado el cuerpo sin vida y desmembrado de Samuel Andrade Ceballos el día siete de abril del año dos mil veintiuno, perdón señoría el siete de septiembre, a las diez horas con trece minutos sobre la calle Paseo de las Galeanas frente al número cincuenta y cinco, esquina con calle nogales de la colonia la nueva luneta de Zamora, Michoacán. Víctima que falleciera a causa de sección de paquete vascular derecho e izquierdo del cuello por decapitación, el cual cursaba con un intervalo post mortem de diez a doce horas posteriores a su fallecimiento". Delito de secuestro que se encuentra contenido en el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es del tenor siguiente: Capítulo II De los Delitos en Materia de Secuestro "Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: [.] c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros; o [.]". Una vez precisado lo anterior, este juzgador determina que los conceptos de violación hechos valer por el quejoso son infundados. Para evidenciar lo infundado de los motivos de inconformidad, se estima necesario traer a glosa el contenido del artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su orden disponen. "De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 16. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." De los artículos transcritos se advierte que una orden de aprehensión es constitucional cuando reúne los requisitos siguientes: Que sea dictada por autoridad judicial competente; Que le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c) Que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión; d) La necesidad de cautela; y, e) Asimismo, que deberá señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se atribuye al imputado. Así, analizados los antecedentes y datos proporcionados por el Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión materia del presente sumario constitucional y lo resuelto por el juez penal, se llega a la conclusión de que el mandamiento de captura reclamado, reúne los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución General de la República; a saber: El requisito identificado con el inciso a), relativo a que la orden sea dictada por autoridad competente se cumple en el caso, ya que la orden de aprehensión reclamada fue emitida por una autoridad judicial competente, esto es, el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán. Ello además, tomando en consideración que el hecho delictivo aconteció en Zamora, Michoacán, lugar donde legalmente ejerce jurisdicción la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 133, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; entonces, es claro que el Juez de Control de la Región Zamora, Michoacán, es competente para emitir el acto reclamado. El requisito identificado con el inciso b), relativo a que al acto reclamado le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, se cumplió en el caso, toda vez que como lo refirió el juez y de lo expuesto por la agente del ministerio público en la audiencia respectiva, existe noticia criminal en la que informan del hallazgo del cuerpo desmembrado de la víctima. Asimismo, porque la carpeta de investigación integrada contra el quejoso ********************, fue por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso c; 10 fracción I, inciso b), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época en que sucedieron los hechos (dos mil veintiuno), con pena privativa de libertad de cuarenta a ochenta años de prisión. El requisito relativo a que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión, también se cumplen. En efecto, al respecto el juez responsable adujo lo siguiente: [Minuto 24:04 de la audiencia respectiva] "[.] El resto de los requisitos, es decir, que se acredite un hecho que ley señala como delito y la probabilidad de que los indiciados lo cometieron o participaron en su comisión, de los datos de prueba que usted dio a conocer se advierte este hecho y lo voy a sustentar ministerio público con los mismos datos que usted dio a conocer según lo prevé el numeral 261, 262 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales tengo por ciertas los datos de investigación que proporcionó usted en esta audiencia . Correctamente con esta información, aunque considero abundante la información que usted no tendría usted que utilizar porque va desde un inicio cuando estaban en la tienda que no tiene razón de ser con el momento de la privación de libertad, pues lo trae a colación y si hay un señor que ya lo están involucrando aquí [.] se discutirá sobre ese tema, puede ser concreta sobre ese punto. Pero en este caso sí se advierte que ellos por una parte estaban en esa tienda tomando, después que van al bar de la señora Casandra que su nombre correcto es Mireya Vélez García y una vez que están ahí después de que habían amedrentado previamente al señor Samuel Andrade Ceballos, se lo llevan a esta persona en un taxi y que incluso lo subieron a empujones a ese taxi y que dijo incluso uno de los acusados a la Mireya que ese cabrón se iba con ellos, es decir, una frase que no es amigable, sino que es una frase que se entiende forzada según el contexto de que empujan a esta persona y las discusiones que ya se habían dado en este momento.- Estos hechos los tengo por ciertos y sustentan esta imputación, porque además no solo son estos antecedentes que son estas entrevistas sino la localización de la víctima desmembrada, el certificado de necropsia, el reconocimiento de cadáver y del bar a donde llevaron a la víctima permiten sustentar este hecho, lo voy a tener por cierto, este hecho sí tiene una connotación de un delito, este delito es el de secuestro agravado según lo prevé el artículo 9 de la Ley General de Secuestro, éste lo comete quien priva de la libertad a una persona, con un propósito, causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o tercero. Se advierte esta circunstancia porque efectivamente se llevan a la víctima y era evidente que querían causarle un daño a esta persona, pero lo que no voy a tener por cierto son los actos de tortura que se indica porque puede inferirse que el daño que le causan son esos golpes que traía pero además no hay ninguna circunstancia que revele que efectivamente lo torturaron, lo que se advierte atroz es la forma que lo matan, es una forma cruel de privar la existencia de una persona porque aparte el médico legista dice que lo mataron vivo, digo que lo degollaron mientras estaba vivo, no fue post mortem, le cortaron el cuello y [inaudible] la forma y términos en que le cortaron la cabeza, el desmembramiento, estaba vivo durante el momento en que le cortan la cabeza, fue ante mortem, entonces es evidente que fue una situación atroz en la forma y términos en que le quitan la vida a esta persona pero no se advierte que lo hubieran torturado, esas son dos lesiones que presentaba y no se advierte incluso que fueran motivo o que sean correspondientes a ese momento en que lo privan de la libertad y durante ese cautiverio hubiera pasado. Lo que sí se advierte es la privación de la vida durante su cautiverio porque fueron las últimas personas con que se le vio y entonces si ya nadie más lo volvió a ver y hay un contexto de agresión, se lo llevan por la fuerza, incluso le habían dicho que le iban a dar un levantón y se entiende que ese levantón es probablemente de esos que se utilizan por personas de la delincuencia organizada para lastimar gente, pues puede advertirse esa circunstancia de que sí se lo llevaron para lastimarlo, pero evidentemente ya había un contexto de agresión que la propia Mireya escucho que le decían que tenía que pagar una cuota, una discusión constante de los indiciados con la propia víctima. Lo que quiere decir entonces que se puede inferir esta circunstancia, además, si esta persona por desgracia se lo llevaron no hay indicios que permitan establecer que a él lo soltaron, que lo dejaron en libertad y después aparece muerto de manera espeluznante, degollado o desmembrado se infiere que estos fueron quienes lo llevaron a algún lugar, lo destazaron y después fueron y lo arrojaron en este sitio donde fue localizado. Por lo tanto, efectivamente se acredita esto que la ley señala como delito de secuestro, se priva de la libertad a esta persona, no se advierte que él que pudiera trasladarse de un lugar a otro sino que lo subieron a empujones a un taxi y por la verbalización que indico se advierte que ya había sometimiento de los sujetos a la víctima. Por otra parte, se acredita lo contemplado en el artículo 10 fracción I inciso b, que es que quien la llevan a cabo obren en grupo de dos o más personas y en este caso es lo que se advierte una superioridad numérica sobre el sujeto pasivo para llevarse entre los dos, subirlo a empujones a un vehículo y llevárselo. Por otra parte no se acredita lo que es la tortura, el acto de tortura es infringir a una persona una agresión de tal manera que inhiba cualquier circunstancia que pudiera efectuar a manera de defensa y en este caso la víctima murió, no podía acreditarse lo que es la tortura. 29:30] Y de la misma manera, según lo prevé el artículo 11, la víctima se advierte que fue privada de su vida durante su cautiverio, porque no se advierte que después de que se lo llevaran no existe algún contra indicio que indique de que a él lo pusieron en libertad y otras personas se lo llevaron, lo mataron y desmembraron [inaudible]. Por lo tanto, se acredita el hecho que la ley señala como delito de secuestro y también se acredita la probabilidad que estos sujetos cometieron este delito, tomando en consideración que efectivamente fueron las últimas personas con las que se vio a la víctima, ellos ya habían discutido con él, incluso lo habían amedrentado según la información de los testigos que ahí se dieron a conocer que son ******************** y la testigo Mireya Vélez García, en relación a que efectivamente ellos, con motivo de verbalizaciones que le hacían porque se robaba los objetos y le tenían que pagar cuota le exigían una cantidad y que éste generó incluso discusiones entre ellos en esos momentos y que por lo tanto, si ya había este contexto de agresiones verbales hacia esta persona, verbalizándose situaciones como de que lo iban a levantar y esa es una verbalización encaminada a llevarse a una persona, así se infiere según se escucha de las actividades realizadas por la delincuencia organizada, pues entonces se infiere que ellos lo estaban verbalizando, amedrentando de tal manera que, se advierte que ellos se lo llevaron y ellos lo privaron de su existencia, mutilándole en la forma y términos que lo hicieron. [31:01] Por lo tanto si ellos dos fueron los últimos pues se infiere que probablemente ellos privaron de la vida a la víctima, se acredita su responsabilidad de manera conjunta según lo establece el artículo 13 fracción III del Código Penal Federal.". De lo transcrito se advierte que el juez tomó en consideración los actos de investigación expuestos por el ministerio público, tales como la noticia criminal del hallazgo del cuerpo desmembrado de la víctima, las entrevistas de ******************** y ********************; informe pericial de criminalística de campo, sobre el levantamiento de cadáver de Samuel Andrade Ceballos; informe pericial sobre necropsia médico legal; acta de reconocimiento e identificación de cadáver y del bar donde privaron de la libertad a la víctima; para determinar que se acreditaba el delito de secuestro agravado así como lo contemplado en el artículo 10, fracción I, inciso b), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se advierte que hubo superioridad numérica sobre el sujeto pasivo, pues entre Juan Carlos y Eduardo subieron a la víctima a un vehículo y se lo llevaron. También determinó el juez que según el artículo 11 de la Ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, se advertía que la víctima fue privada de la vida durante su cautiverio, porque no se advertía que después de que se lo llevaran existiera algún contra indicio de que lo pusieron en libertad y que otras personas se lo llevaron, lo mataron y desmembraron. Con los mismos datos de prueba ofrecidos por la fiscalía, el juez estimó que también se acredita la probabilidad de que ******************** y otro, cometieron los hechos que la ley señala como delito de secuestro agravado, tomando en consideración que fueron las últimas personas con las que se vio a la víctima, ellos ya habían discutido con él, incluso lo habían amedrentado según la información de los testigos ******************** y la testigo Mireya Vélez García, en relación a que efectivamente ellos, con motivo de verbalizaciones que le hacían porque se robaba los objetos y les tenía que pagar cuota, le exigían una cantidad, lo que generó incluso discusiones entre ellos en esos momentos; por lo tanto, si ya había este contexto de agresiones verbales hacia esta persona en el sentido de que lo iban a "levantar", locución que significaba llevarse a una persona, toda vez que es usada en las actividades realizadas por la delincuencia organizada; entonces se infiere que ellos se lo llevaron y privaron de su existencia. Determinaciones del juez responsable que en criterio del suscrito juez de distrito, con coincidentes con los datos de prueba desfilados por la Agente del Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión, y que el encuadre del hecho, efectivamente corresponde al delito de secuestro agravado, ubicado correctamente en los artículos 9, fracción I, inciso C y 10, fracción I, inciso b), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La necesidad de cautela. Con relación a dicho requisito la juez señalada como responsable determinó: [31:16] "[.] En este caso procede la necesidad de la cautela dado que efectivamente tal y como lo dijo usted, si se cita a estas personas debe de darse acceso a la carpeta de investigación, en la carpeta de investigación está la información tocante a quién los involucra en este delito y efectivamente como usted lo indicó si ya mataron a una persona con la que aparentemente tenían amistad pues no les bastaría hacerlo con las personas que declaran en contra de ellos, no les importaría, por lo tanto, según lo prevé el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se justifica la necesidad de la cautela esto por la seguridad de las víctimas, de los testigos". Asimismo, que deberá señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se atribuye al imputado. Con relación a ello, si bien el juez hizo la precisión en ese sentido, para emitir la orden de aprehensión se apoyó en lo expuesto por la agente del Ministerio Público, quien sí señaló las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del delito atribuido al aquí quejoso, lo cual se transcribió en párrafos anteriores, de las que el juez reiteró las que devienen necesarias. Por lo antes expuesto, se estima que no le asiste la razón al quejoso cuando aduce que la orden de aprehensión reclamada no cumple con los lineamientos establecidos en los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, contrario a lo aducido por el quejoso, la orden de aprehensión reclamada no es violatoria de los artículos 1, 8, 16 y 18 constitucionales, toda vez que no se advierte que se hayan violado los derechos humanos del quejoso, ni que se le hubiere discriminado [1°]; tampoco se advierte que se haya violado su derecho de petición, esto es, que haya formulado por escrito, de manera pacífica y respetuosa y que no se le haya dado respuesta [8°]; como se estableció en párrafos anteriores la orden de aprehensión fue emitida por autoridad competente, se encuentra debidamente fundada y motivada, se cumplieron los requisitos del artículo 16 constitucional para su dictado [16]; y, si bien se decretó prisión preventiva oficiosa, el hecho imputado al quejoso es por el delito de secuestro el cual merece pena privativa de libertad; aunado a que el quejoso aún no tiene carácter de sentenciado, por lo que parte del artículo 18 constitucional no le es aplicable [18]. En esas condiciones, el acto reclamado no transgrede los derechos contenidos en los artículos 1°, 8°, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ende se debe negar el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamados a la Fiscalía General del Estado, al Fiscal Regional de Zamora y al Director de Carpetas de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora, al no haberse impugnado por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por lo que respecta al acto, autoridad y motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por lo que respecta al acto, autoridad y motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración de esta sentencia. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
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