Eduardo Hernández Rivas

Expediente 1280/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1280/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
09/10/2020

Partes del expediente

  • Eduardo Hernández Rivas

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho; por tanto, se tiene por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas del treinta de diciembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1280/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta al juez con la documental remitida por la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Al respecto, el Juez de Distrito acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la probanza referida. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Se tiene por precluído el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Mediante escrito remitido el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, del que por razón de turno tocó conocer a este juzgado, Eduardo Hernández Rivas, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto reclamado y la autoridad responsable siguientes: Autoridad responsable: 1. Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: La omisión de dictar el laudo correspondiente al juicio ordinario laboral 26/2016. Segundo. Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la presente demanda de amparo, se registró en el libro de gobierno con el número 1280/2019, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado a la autoridad responsable, se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes: CONSIDERACIONES: Primera. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 28/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues la parte quejosa reclama un acto de naturaleza omisiva y la demanda fue presentada ante este Distrito Judicial. Segunda. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, el acto reclamado consiste en: La omisión de dictar el laudo correspondiente al juicio ordinario laboral 26/2016. Tercera. El Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se le reclama. Lo que se corrobora con la copia certificada que remitió del auto por el que se declara cerrada la etapa de instrucción turnando los autos a proyecto de resolución, documental que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. Cuarta. Determinada la certeza del acto reclamado, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación; ello, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Quinta. La parte quejosa invoca como derechos violados el consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó su concepto de violación que estimó conducente el cual se tiene por reproducido en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El concepto de violación formulado resulta fundado suplido en su queja deficiente de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, como a continuación se expondrá: En el análisis de los conceptos de violación, este Juzgado de Distrito atiende al principio de mayor beneficio implícito en el artículo 77 de la Ley de Amparo, conforme al cual deben abordarse aquellas cuestiones que trasciendan a la plena restitución en el goce de la garantía individual violada, a fin de garantizar a la parte quejosa, con la mayor amplitud posible, el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia tutelada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A efecto de examinar la violación de los derechos conviene señalar que de la documental que acompañó a su informe la autoridad responsable consistente en copia certificada del juicio ordinario laboral 26/2016, que ya fue valorada con antelación, se advierte que el veinte de abril de dos mil dieciocho, declaró cerrada la instrucción, turnando los autos a proyecto de resolución. Al respecto, se vulnera en perjuicio de la parte quejosa el contenido del artículo 17 Constitucional, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. La violación a ese derecho se manifiesta a través de un acto negativo u omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: La primera, que es la que en el caso nos interesa, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio a la tramitación del procedimiento respectivo. La Ley Federal del Trabajo, aplicable al caso prevé lo siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. (.)." De la anterior transcripción se advierte que el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, instituye que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo. Sin que se soslaye que mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de la presente anualidad, se derogaron entre otros el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, del artículo séptimo transitorio de la aludida reforma se advierte que los juicios que se encuentren en trámite serán sustanciados y resueltos con las normas que se hayan encontrado vigentes al momento en que hayan iniciado. Ahora bien, de las constancias del juicio laboral de origen referidas anteriormente se advierte que la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ha omitido formular por escrito el proyecto de laudo, por un plazo mayor a los diez días que establece el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, faltando así al derecho de administración de justicia pronta al no tramitar el juicio de origen en los plazos y términos previstos en la ley en cita, para encontrarse en condiciones dentro de los diez días siguientes formular por escrito el proyecto de laudo, conforme al artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. Todo lo anterior, trae como consecuencia la dilación del trámite del juicio de origen. En tal virtud, la autoridad responsable ha dilatado el procedimiento sometido a su tramitación, lo que vulnera en perjuicio de la parte quejosa el artículo 17 Constitucional, por lo que está demostrado que la junta responsable originó retardo en el mismo. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que la omisión o el retardo de la autoridad en la tramitación y resolución del juicio actualiza la violación al derecho a la impartición de justicia pronta, lo cual afecta a todo el procedimiento, pues éste se configura por una serie de actos y etapas concatenadas o unidas entre sí, que se van desarrollando una tras otra en forma lógica y sistematizada para la consecución de un resultado que consiste en la emisión del laudo que dirima la controversia planteada. Asimismo, el máximo tribunal determinó que aun cuando el retraso o la omisión se concreten respecto de actos o etapas previas y específicas, ello trasciende a todo el procedimiento o juicio, porque una vez salido de sus cauces legales, ya no podrá desarrollarse dentro de los plazos y términos originalmente previstos, pues dada la necesaria conexión de los actos procesales, el que éstos se efectúen tardíamente o no se realicen, desfasa el ámbito temporal en que los subsecuentes actos deben desplegarse y, por tanto, los tiempos en que la controversia debe quedar resuelta. En consecuencia, está demostrada la violación de los derechos reclamados, por tanto, procede conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal para que la junta responsable una vez que cause ejecutoria la presente resolución realice lo siguiente: "a) Atentos al artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo; proceda a la elaboración del proyecto de laudo dentro del expediente ordinario laboral 26/2016, el cual deberá formularse dentro del plazo de diez días; en su momento, entregar copia del proyecto de laudo a los miembros de la junta responsable; b) De no solicitar la práctica de otras diligencias dentro del plazo de cinco días, citar a los miembros de la junta para la discusión y votación del proyecto de laudo dentro de los diez días siguientes; y, c) Una vez aprobado el proyecto, elevarlo a la categoría de laudo y firmarlo de inmediato, mandando notificar a las partes." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. Por las razones expresadas en la quinta consideración de esta resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a Eduardo Hernández Rivas, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para los efectos indicados en la parte final de dicha consideración. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Asimismo, téngase a la autoridad referida ofreciendo prueba documental, misma que se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, en términos de los artículos 119 y 123 de la ley de Amparo. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, del estado de autos se advierte que aún no obran los acuses de recibo requeridos a la Jefa de Administración Centro Histórico de Correos de México, con residencia en esta ciudad, en proveído de siete de noviembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, toda vez que dichos acuses son necesarios para la remisión del presente expediente al tribunal de alzada correspondiente, a efecto de que resuelva el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a dicha autoridad, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, computado legalmente, remita los acuses requeridos. Asimismo, dígase a la autoridad de referencia que únicamente se requieren los acuses de las siguientes piezas postales: Determinación y fecha Autoridad Responsable Oficio Auto de diez de octubre de dos mil diecinueve Secretario de Gobernación 21998 Auto de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve Cámara de Senadores del Congreso de la Unión 23370 Auto de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve Secretario de Gobernación 23372 Auto de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve Director General del Diario Oficial de la Federación 23373 Asimismo, dígase a la Jefa de Administración de Correos de México, con residencia en esta ciudad que subsiste el apercibimiento formulado el siete de noviembre de dos mil diecinueve. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad referida. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de noviembre de dos mil diecinueve, según oficio CCJ/ST/5901/2019, quien actúa asistida del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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