Eduardo Espinoza Arriaga

Expediente 382/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
382/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
06/11/2018

Partes del expediente

  • Eduardo Espinoza Arriaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de diez de octubre de dos mil dieciocho, por la que por una parte se sobreseyó, y por otra se negó el amparo en el presente expediente, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se negó la protección de la Justicia Federal solicitada. Por otra parte, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del mencionado acuerdo, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado. Finalmente, se ordena la devolución de un tomo de prueba, a Jorge Feregrino Taboada, en cuanto agente del Ministerio Público Litigante, el cual envió como complemento a su informe justificado. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 382/2018, promovido por Eduardo Espinoza Arriaga, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Eduardo Espinoza Arriaga, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Titular de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, y de otras autoridades. Actos que estimó violatorios de los artículos 1º, 8º, 14, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. En auto de tres de mayo de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda de amparo, por lo que se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. Luego, en atención a que el Agente del Ministerio Público de Litigación de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante oficio 228 recibido el uno de junio de dos mil dieciocho, aceptó la existencia del acto reclamado y señaló que ya se había dado respuesta a la petición del quejoso, en auto de cuatro del propio mes y año se dio vista al quejoso para que dentro del plazo de quince días contado a partir de su notificación, manifestara si deseaba señalar como acto reclamado el acuerdo de quince de marzo de dos mil dieciocho, emitido dentro de la carpeta de investigación MOR/053/20883/2018. Atento lo anterior, el trece de junio de dos mil dieciocho, se tuvo al quejoso señalando como acto reclamado el citado auto de quince de marzo de dos mil dieciocho en cita, por lo que se pidió a la autoridad responsable su informe con justificación. Finalmente el diez de julio de dos mil dieciocho, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, misma que se verificó en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a resolver bajo las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda y su ampliación, se advierte que Eduardo Espinoza Arriaga, reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: La omisión de dar respuesta a su petición realizada mediante escrito de doce de marzo de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación 1003201801655; y, El auto de quince de marzo de dos mil dieciocho, dictado dentro de la carpeta de investigación MOR/053/20883/2018, NUC1003201801655, mediante el cual el fiscal investigador dio respuesta a la petición del quejoso en el sentido de negar la devolución del vehículo solicitado. Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Titular de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al momento de rendir su informe justificado manifestó que no son ciertos los actos que se le reclaman, (foja 14), lo cual se corrobora con el propio escrito del quejoso que acompañó a su demanda, pues se advierte que su petición fue dirigida a la maestra Sandra Aguirre López, en su carácter de agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Por su parte, Sandra Aguirre López, Directora de la Coordinación de Ministerios Públicos adscrita a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, negó la existencia de los actos reclamados (foja 16), pues señaló que si bien ostenta el cargo mencionado, no es encargada de llevar el trámite de las carpetas de investigación, y en específico la señalada por el aquí quejoso fue asignada al licenciado Jorge Feregrino Taboada, agente del Ministerio Público de Litigación de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de esa Procuraduría, autoridad a quien le fue realizada la solicitud reclamada. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues el acto reclamado es positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las citadas autoridades responsables, lo cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara medio de convicción alguno para desvirtuar tal negativa. Finalmente, el licenciado Jorge Feregrino Taboada, Agente del Ministerio Público de Litigación de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al rendir su informe (foja 22) manifestó que no es cierta la omisión reclamada por el quejoso, relativa a la petición que realizó mediante escrito de doce de marzo de dos mil dieciocho, en virtud de que con fecha quince del propio mes y año, proveyó en sentido negativo dicha solicitud. Lo anterior, se corrobora con las constancias que acompañó la autoridad en cita, relativas a la carpeta de investigación MOR/053/20883/2018, NUC1003201801655, entre las que obra el proveído de quince de marzo de dos mil dieciocho, en el que se dio respuesta a la petición del quejoso. Luego, si bien es cierto que el derecho de petición se integra con los elementos petición-respuesta, lo cierto es que el promovente en su escrito no señaló domicilio para recibir notificaciones, motivo por el cual la autoridad ministerial ordenó que la notificación respectiva se practicara en los estrados de la oficina que ocupa esa representación social. De suerte que, la omisión reclamada por el quejoso no existía al momento de la presentación de la demanda (dos de mayo de dos mil dieciocho). En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades de que se trata, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; y por tanto, con apoyo en dicho precepto, debe sobreseerse en el juicio de garantías. Es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/20, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2 Julio-Diciembre de 1989, página 627, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Cuarta. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Jorge Feregrino Taboada, Agente del Ministerio Público de Litigación de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, no obstante que al rendir su informe con justificación lo haya negado, pues sí aceptó la emisión del auto de quince de marzo de dos mil dieciocho, por medio del cual negó la devolución del vehículo solicitado por el quejoso (foja 52). Es aplicable al caso la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, Registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Certeza que se corrobora con las pruebas documentales que acompañó la responsable a su informe con justificación, consistentes en copia certificada de la carpeta de investigación MOR/053/20883/2018 (constantes de un tomo). Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierten el auto de siete de agosto de dos mil diecisiete; de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, toda vez que las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Sexta. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, previo a realizar el análisis de los conceptos de violación, es conveniente destacar los siguientes antecedentes: Mediante informe policial homologado de trece de enero de dos mil dieciocho, suscrito por elementos de la Policía Michoacán Unidad Pátzcuaro, hicieron del conocimiento del agente del Ministerio Público de Litigación de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, sobre los hechos acontecidos en esa data y pusieron a su disposición a los imputados Christian Eduardo Espinoza Arriaga, Francisco Manuel Torres Flores y Christian Pineda Saucedo, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de Extorsión. Con motivo de lo anterior, en esa propia fecha el Representante Social dio inicio a la carpeta de investigación MOR/053/20883/2018, instruida contra los imputados de que se trata; asimismo, ordenó el inicio de la investigación, la práctica de las diligencias respectivas y con fundamento en los artículos 229 y 230, fracción I, II y III del Código Nacional de Procedimientos Penales, la fiscalía responsable decretó el aseguramiento del vehículo marca Dodge color blanco, línea Dakota, Pick Up, placas JU-03-575, del Estado de Jalisco, serie 1D7HE48K975110969. Luego, mediante escrito presentado el doce de marzo de dos mil dieciocho, Eduardo Espinoza Arriaga solicitó al agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la devolución del automotor descrito líneas arriba, a lo cual, el quince del propio mes y año el fiscal responsable acordó negativamente la devolución solicitada, en los términos que se transcriben a continuación para una mejor comprensión: "ACUERDO.- En la ciudad de Morelia, Michoacán, a 15 quince de marzo del año 2018 dos mil dieciocho. VISTO.- El contenido del escrito presentado por el ciudadano Eduardo Espinoza Arriaga, con fecha 12 doce de marzo del año 2018, dos mil dieciocho dentro de la Carpeta de Investigación MOR/053/20883/2018, con Número Único de Caso 1003201801655, que se integra en contra de Christian Eduardo Espinoza Ramírez, Francisco Manuel Flores Torres y Christian Pineda Castañeda, en la cual solicita la devolución del vehículo de la marca Dodge Dakota SLT año 2007, motor hecho en México, con número de serie 1D7HE48K97S110969, con placas de circulación JU03575 del Estado de Jalisco, autorizando la entrega de dicho vehículo a Salvador Patiño García y/o Ricardo Martorell Caballero y/o Jessica Itzchel Fabela Arias y/o Jorge Luis Guzmán Zotelo y/o Esteban Zizumbo Rangel y/o Héctor Pérez Reyes y/o Salvador Cuitláhuac Patiño Suárez y/o Eduardo Yeshusuani Patiño Suárez y/o Valeria Flores Zárate y/o Brenda Cortés Hurtado; es improcedente acordar de conformidad al peticionario, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales que a la letra dice: ".Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación." Además de que si bien es cierto, el peticionario en su solicitud autoriza la entrega del vehículo a las personas citadas en líneas anteriores, no exhibe documento alguno que faculte a estas personas para recibir el vehículo en su nombre. En virtud de lo anterior y en razón de que el vehículo motivo de la solicitud de devolución guarda estrecha relación con el hecho delictivo que se investiga y toda vez que fue utilizado por los activos del delito para su comisión, es de acordarse y se: A C U E R D A: PRIMERO.- Dígasele al ciudadano Eduardo Espinoza Arriaga, que NO HA LUGAR a la devolución del vehículo de la marca Dodge Dakota SLT año 2007, motor hecho en México, con número de serie 1D7HE48K97S110969, con placas de circulación JU03575 del Estado de Jalisco, toda vez que este vehículo guarda estrecha relación con el hecho delictivo que se investiga, ya que fue utilizado por los activos del delito para su comisión, SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo al peticionario en los estrados de las oficinas que ocupa esta Representación Social, ubicada en Periférico Independencia número 5000 de la colonia Sentimientos de la Nación de Morelia, Michoacán, ello por no haber señalado ningún dato de notificación para hacerle del conocimiento los efectos del presente acuerdo. Así lo acordó y firma el suscrito Licenciado en Derecho Jorge Feregrino Taboada, Agente del Ministerio Público de Litigación de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán." La anterior determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Precisado lo anterior, el quejoso en una porción de su único concepto de violación, contenido en su ampliación de demanda, aduce esencialmente lo siguiente: Que es falso que el agente del Ministerio Público responsable haya dado respuesta a su petición y se lo haya informado, la cual además no cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad exige conforme a los artículos 14 y 16 Constitucionales, puesto que si formuló su petición por escrito, dicha autoridad debió contestar de manera escrita fundando y motivando la respuesta respectiva, sin que lo haya hecho. Dicho motivo de disenso es inoperante. Es así, porque el argumento toral del quejoso consiste en atacar la omisión del agente del Ministerio Público responsable de dar respuesta a su solicitud realizada en su escrito presentado el doce de marzo de dos mil dieciocho, dado que -señala- ese acuerdo no le fue notificado; sin embargo, como se advierte de párrafos precedentes, el fiscal responsable sí dio respuesta a la petición del quejoso mediante acuerdo de fecha quince del propio mes y año; el cual ordenó notificar al peticionario en los estrados de esas oficinas que ocupa esa Representación Social, toda vez que no señaló domicilio para recibir notificaciones. Por otra parte, también sostiene el quejoso que es padre de uno de los imputados dentro de la carpeta de investigación MOR/053/20883/2018, y por ello tiene conocimiento del estado que guarda la misma y que corresponde a la causa penal 17/2018, dentro de la cual el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el juez de control determinó que transcurrió el plazo para el cierre de investigación complementaria, y en ese sentido, no es verdad que el fiscal se encuentre investigando pues ya formuló la respectiva acusación y no ofreció prueba alguna en relación con el citado vehículo, por tanto, -señala el quejoso- es evidente que no asiste razón al representante social para negarle la devolución del vehículo de su propiedad. El anterior argumento es infundado, al menos por tres aspectos: El primero, porque si bien es cierto que el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral, región Morelia, con fundamento en el artículo 323, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, tuvo por cerrada la investigación dentro de la causa penal 17/2018, NUC 1003-3018-01655, a partir del veinte de marzo del mismo año, y determinó que el plazo para que el agente del Ministerio Público procediera como lo prevé el numeral 324 del ordenamiento legal invocado, inició en esa propia fecha, no menos cierto es que la respuesta a la petición del quejoso respecto de la improcedencia de devolverle el vehículo solicitado, recayó el acuerdo de quince de marzo de dos mil dieciocho; es decir, antes de declarar cerrado el período de investigación complementaria, (foja 417 del tomo de prueba). El segundo, porque es incorrecto que en la fecha en la que el fiscal responsable dio respuesta a la solicitud del quejoso (quince de marzo de dos mil dieciocho), dicha autoridad no se encontrara investigando, pues como se precisó en líneas anteriores, el juez de control declaró cerrada la investigación el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, y según las constancias que obran en la citada carpeta, el trece de abril siguiente el fiscal investigador en cita formuló acusación ante el Juez de Control respectivo, esto es, casi un mes después de haber emitido la respuesta reclamada en la que negó la devolución del vehículo relacionado con la causa. Sin que al efecto sea obstáculo, como lo señala el peticionario del amparo, que no se advierta si el fiscal investigador ofreció pruebas relacionadas con el vehículo de que se trata, pues al margen de que en la etapa correspondiente se hayan o no ofrecido medios de convicción en torno al citado automotor, el Código Nacional de Procedimientos Penales no exige tal requisito y en su caso, corresponde al Juez competente pronunciarse sobre la procedencia o no del aseguramiento respectivo. Y en tercer lugar, porque el precepto 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales que el agente del Ministerio Público responsable citó en su acuerdo de quince de marzo, dispone: "Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito. Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación." -Lo resaltado es propio.- Luego, si el agente del Ministerio Público responsable, en el acuerdo combatido determinó que no procedía realizar la devolución del vehículo marca Dodge Dakota SLT, año 2007, serie 1D7HE48K97S110969, placas de circulación JU03575 del Estado de Jalisco, "toda vez que dicho automotor guarda estrecha relación con el hecho delictivo que se investiga." Tal determinación se encuentra ajustada a derecho, pues así lo establece el artículo 229 antes transcrito, al disponer ".Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan..." De modo que, si en esa fecha, quince de marzo de dos mil dieciocho, aún no se declaraba cerrado el período de investigación dentro de la carpeta de investigación MOR/053/20883/2018, el agente del Ministerio Público responsable sí se encontraba en condiciones de continuar investigando los hechos en relación con el citado automotor pues, se reitera, el término para hacerlo concluyó el veintiuno del mes y año citados. Lo cual se estima correcto porque el propio Código Nacional de Procedimientos Penales en su diverso artículo 245 impide a la responsable acordar favorablemente la petición de la promovente del amparo, al establecer que la devolución de los bienes asegurados procede en dos supuestos: 1. Cuando el Ministerio Público resuelva el no ejercicio de la acción penal, la aplicación de un criterio de oportunidad, la reserva o archivo temporal, se abstenga de acusar, o levante el aseguramiento de conformidad con las disposiciones aplicables; o 2. Cuando la autoridad judicial levante el aseguramiento o no decrete el decomiso, de conformidad con las disposiciones aplicables. Supuestos que no se actualizan en el caso, pues en la fecha en que dio respuesta a la petición del quejoso aún no se resolvía el no ejercicio de la acción penal, la aplicación de un criterio de oportunidad, la reserva o archivo temporal, o la abstención de la acusación, ni se había levantado el aseguramiento del citado automotor. De ahí que, la determinación que constituye el acto reclamado, no transgreda el derecho fundamental consagrado en los artículos 14 y 16 Constitucionales ni el de la tutela judicial efectiva, en tanto que, se encuentra debidamente fundado y motivado en la legislación aplicable al caso, así como las razones, motivos y circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que no era procedente lo solicitado. Séptima. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eduardo Espinoza Arriaga, por el acto, autoridades responsables y motivos que quedaron precisados en la consideración tercera de la presente resolución. Segundo. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a Eduardo Espinoza Arriaga, respecto del acto y autoridad señalados en la consideración cuarta, y por los motivos expuestos en la diversa sexta de esta sentencia. Tercero. Publíquese este fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy diez de octubre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte QUEJOSA EDUARDO ESPINOZA ARRIAGA por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de diez de octubre de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el licenciado ********************, en cuanto Agente del Ministerio Público de Litigación de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en auto de diez de julio de dos mil dieciocho, al remitir la totalidad de constancias que integran la carpeta de investigación ********************, con número único de caso ********************, de su índice. Con lo anterior, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales ofertadas por la autoridad responsable, con las cuales se ordena formar un tomo de pruebas. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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