Eduardo Garibay Miranda
Expediente 431/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 431/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eduardo Garibay Miranda
- Coordinador General de Prevensión y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en México Distrito Federal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la cual por una parte sobreseyó y por otro lado se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, conservación, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es 26/09/23 14:29:33 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.78.1d JAVIER MORALES GUZMAN susceptible de conservación dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de conservable, ya que por una parte se negó y otra se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establece el artículo 17 fracción III inciso a) del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio suscrito por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, con residencia en Zamora, Michoacán, mediante el cual acusa de recibo del oficio por el cual se le notificó la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 431/2023, promovido por Eduardo Garibay Miranda; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cinco de enero de dos mil veintitrés (fojas 8-14), en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, Eduardo Garibay Miranda, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de los Jueces de Control y Enjuiciamiento del Sistema Oral Penal de la región de Zamora, Michoacán y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 8°, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; órgano jurisdiccional que la registró con el número de expediente 15/2023 y en proveído de nueve de enero de dos mil veintitrés (foja 15), la admitió; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Separación de juicios. En proveído de trece marzo de dos mil veintitrés (foja 132), se precisó que la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Zamora [Alejandra Elenni Velázquez Espino], al rendir su informe justificado, adujo que dentro de la causa penal 610/2021, dictó orden de aprehensión en contra del quejoso, por su probable participación en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Ana Lucía Morales Arroyo, la cual se cumplimentó el cuatro de mayo de dos mil veintidós y en audiencia de nueve de ese mes y año se vinculó a proceso al imputado. Por lo que, se acordó que dichos actos no eran susceptibles de tomarse en cuenta, ya que el quejoso en su demanda de amparo manifestó que se encuentra privado de su libertad derivado de la citada causa penal, por ende, se entiende que no los reclama. Por otra parte, se determinó que los Jueces de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, manifestaron que era cierto el acto reclamado, al haberse emitido las órdenes de aprehensión siguientes: Orden de aprehensión emitida contra el quejoso, dentro de la causa penal 87/2022, por su probable participación en la comisión del delito de secuestro agravado en agravio de Samuel Andrade Ceballos; Orden de aprehensión emitida contra el quejoso, dentro de la causa penal 321/2022, por su probable participación en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Cristian Jesús Nares Rendón y homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Víctor Enrique Nares Rendón. Orden de aprehensión emitida contra el quejoso, dentro de la causa penal 1169/2020, por su probable participación en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Julio Gonzalo Sánchez García. Orden de aprehensión emitida contra el quejoso, dentro de la causa penal 404/2022, por su probable participación en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo Plascencia González. Orden de aprehensión emitida contra el quejoso, dentro de la causa penal 217/2022, por su probable participación en la comisión del delito de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de José Eduardo García Godínez y otros. Orden de aprehensión emitida contra el quejoso, dentro de la causa penal 17/2022, por su probable participación en la comisión del delito de secuestro agravado en agravio de Karina Guadalupe Sevilla Jiménez. Por lo que, en atención al principio de economía procesal establecido en el artículo 17 constitucional, de oficio, se decretó la separación de autos respecto del juicio de amparo 15/2023, toda vez que de los mencionados actos reclamados se advertía que las resoluciones reclamadas en el referido asunto, derivaban de diversas causas penales. También se estableció que en el juicio de amparo 15/2023 se resolvería respecto del acto reclamado al Juez de Ejecución de Sanciones Penales, con residencia en Zamora Michoacán, así como del diverso derivado de la causa penal 87/2022, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, licenciado Juan Román Mendoza Sánchez. Para cumplir con lo anterior, con copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo 15/2023, se ordenó formar cinco expedientes diversos y adjuntarse a cada uno el disco compacto correspondiente al acto reclamado, para remitirlos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a efecto de que se les diera turno como nuevos asuntos. Cuarto. Admisión de la demanda. En proveído de catorce de abril de dos mil veintitrés (foja 142), se tuvo por recibido el oficio de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, a través del cual remitió copias certificadas del juicio de amparo 15/2023, por lo que derivado del auto de trece marzo de dos mil veintitrés, emitido en dicho juicio, éste órgano de control constitucional, registró la demanda con el número 431/2023; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal; reconoció el carácter de tercera interesada a Alejandra González Ávila y se ordenó su emplazamiento; asimismo, se ordenó emplazar a Diana Luisa Córdova y María Guadalupe Castro Martínez, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora, Michoacán; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés (foja 166); por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, toda vez que el acto reclamado se pretende ejecutar en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, cuyo texto es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, con el criterio transcrito y en atención a la lectura integral de la demanda los actos reclamados por el quejoso son: Al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y al Juez de Ejecución de Sanciones Penales ambos de Zamora, Michoacán: La orden de aprehensión, emitida en audiencia privada de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 404/2022, por su probable intervención en la comisión del hecho con apariencia de delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo Plascencia González. A la Fiscalía General del Estado, al Fiscal Regional de Zamora y al Director de Carpetas de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora (en su carácter de ejecutoras): La ejecución de la orden de aprehensión emitida en audiencia privada de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 404/2022. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. El Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región de Zamora, Michoacán, al rendir su informe justificado (foja 71) adujo que no era cierto el acto reclamado, toda vez que de la revisión efectuada en el libro electrónico de control del juzgado a su cargo y sistema JESweb con que cuenta el tribunal no se encontró registro de expediente de vigilancia o controversia a nombre del quejoso del que pudiera emanar la orden en comento. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión del acto reclamado, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por la autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado atribuido al Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región de Zamora, Michoacán, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro digital 227634, la cual es del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Zamora, Michoacán, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (foja 75). Por su parte, la Fiscalía General del Estado (foja 35), al Fiscal Regional de Zamora y el Director de Carpetas de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora (foja 36), fueron coincidentes en precisar que se localizó una orden de aprehensión vigente, emitida por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Oral Penal de Zamora, Michoacán, en contra de Eduardo Garibay Miranda, decretada el veinticinco de enero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 87/2022, por el delito de secuestro agravado en agravio de Samuel Andrade Ceballos. De lo expuesto se advierte que están haciendo referencia a una orden de aprehensión diversa a la reclamada en el presente juicio de amparo, ya en éste se reclama la dictada en la causa penal 404/2022; sin embargo, debe tenerse por cierto, ya que el quejoso señaló a dichas autoridades en carácter de ejecutoras y la ordenadora aceptó su existencia al rendir su informe justificado; por lo que -en razón de jerarquía- se encuentran obligadas a darle cumplimiento. Es aplicable la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, registro 227890, del rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". Certeza que se corrobora con los discos compactos de audio y video y la carpeta electrónica de la resolución impugnada; las que dado su carácter de documentales públicas tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, por lo que así deberán tenerse para todos los efectos legales procedentes. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012 [Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito], registro digital 2004362, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Quinto. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Sexto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 50/2010 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito], registro digital 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso -por las razones que se precisarán más adelante- sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso lo perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, además que el acto reclamado, no transgrede los derechos fundamentales del quejoso previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2014703, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna". Antes de abordar el estudio de los conceptos de violación se estima necesario referir que en audiencia privada de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, las agentes del ministerio público, solicitaron al juez responsable librara orden de aprehensión en contra de Eduardo Garibay Miranda, por el hecho que la ley establece como delito de homicidio simple cometido en agravio de Eduardo Plascencia González por el siguiente hecho: "Que siendo aproximadamente las veintitrés horas con treinta minutos del día veinticinco de abril de dos mil veintidós, la víctima Eduardo Plascencia González, se encontraba dentro de la tienda denominada abarrotes Rodríguez Cervantes que se encuentra ubicada en la calle Michoacán esquina con Vicente Suarez número quinientos noventa y siete, de la colonia "El Porvenir" en Zamora, Michoacán cuando en determinado momento llegó el investigado Eduardo Garibay Miranda dirigiéndose directamente hasta donde se encontraba la víctima, sacando de entre su cintura un arma de fuego diciéndole ya valiste verga perro, al instante la víctima Eduardo Plascencia González sacó un arma de fuego, misma que se le cayó de las manos, posteriormente el investigado accionó en diversas ocasiones el arma de fuego que portaba en contra de la víctima privándolo de la vida en ese momento a causa de lesión cerebral por fractura de bóveda craneal debido a herida por proyectil único de arma de fuego penetrante al cráneo huyendo rápidamente del lugar el investigado". Delito de homicidio que se encuentra contenido en el artículo 117 del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 117. Homicidio simple. A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de quince a treinta años de prisión. Siempre que una mujer sea víctima de homicidio se aplicaraì (sic) la perspectiva de género en la conducción de investigaciones e integración de carpetas de investigación, servicios periciales y procesos judiciales, a fin de determinar el tipo penal aplicable al caso y, en su caso, el concurso de delitos; las omisiones o acciones de los servidores públicos que resulten contrarias a lo dispuesto en el presente párrafo constituirán un delito contra la administración de justicia y se sancionarán conforme a ese tipo penal contenido en este Código. Para aplicar la perspectiva de género se estará a lo dispuesto en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como a las normas oficiales mexicanas en materia de violencia y protección a las mujeres". Una vez precisado lo anterior, este juzgador determina que los conceptos de violación hechos valer por el quejoso son infundados. Para evidenciar lo infundado de los motivos de inconformidad, se estima necesario traer a glosa el contenido del artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su orden disponen. "De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 16. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." De los artículos transcritos se advierte que una orden de aprehensión es constitucional cuando reúne los requisitos siguientes: Que sea dictada por autoridad judicial competente; Que le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c) Que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión; d) La necesidad de cautela; y, e) Asimismo, que deberá señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se atribuye al imputado. Así, analizados los antecedentes y datos proporcionados por el Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión materia del presente sumario constitucional y lo resuelto por el juez penal, se llega a la conclusión de que el mandamiento de captura reclamado, reúne los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución General de la República; a saber: El requisito identificado con el inciso a), relativo a que la orden sea dictada por autoridad competente se cumple en el caso, ya que la orden de aprehensión reclamada fue emitida por una autoridad judicial competente, esto es, el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán. Ello además, tomando en consideración que el hecho delictivo aconteció en Zamora, Michoacán, lugar donde legalmente ejerce jurisdicción la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 133, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; entonces, es claro que el Juez de Control de la Región Zamora, Michoacán, es competente para emitir el acto reclamado [minutos 28:17 al 28:39]. El requisito identificado con el inciso b), relativo a que al acto reclamado le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, se cumplió en el caso, toda vez que como lo refirió el juez y de lo expuesto por los agentes del ministerio público en la audiencia respectiva, existe noticia criminal en la que informan que en el interior de una tienda ubicada en la calle Michoacán esquina Vicente Suárez número quinientos noventa y siete, de la colonia Porvenir de Zamora, Michoacán se encontraba una persona fallecida [minuto 28:42]. Asimismo, porque la carpeta de investigación integrada contra el quejoso Eduardo Garibay Miranda, fue por el hecho que la ley señala como delito de homicidio simple, previsto y sancionado por el artículo 117 del Código Penal de Michoacán, vigente en la época en que sucedieron los hechos (dos mil veintidós), con pena privativa de libertad de quince a treinta años de prisión. El requisito relativo a que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión, también se cumplen. En efecto, al respecto el juez responsable adujo lo siguiente: [minuto 28:42 de la audiencia respectiva] "[.] Segundo noticia criminal por un hecho que tiene prevista penal privativa de la libertad, como lo es el de homicidio y de los datos expuestos por las agentes del ministerio público, sí se sustenta el cuadro fáctico, es decir, que aproximadamente a las veintitrés treinta horas del veinticinco de abril de dos mil veintidós, en esta tienda de abarrotes, la cual ahora sabemos es propiedad de Julio César Rodríguez Cervantes y su esposa Sandra Claudia García Hernández, éstos se encontraban laborando en su interior pero que además en esta tienda también se encontraba como una de las personas que fue a hacer compras a la misma, el ahora testigo Daniel García Gallardo. Es congruente esta información con Io referido por los propietarios de este inmueble, de que al estar atendiendo a una persona la señora Sandra, arribó una persona del sexo masculino dio las buenas noches y pasó al área donde se encontraban los refrigeradores, que posterior a que esta persona arribó otro sujeto también del sexo masculino, el cual no fue identificado por las personas de la tienda pero sí por la persona que estaba comprando que es Daniel García Gallardo, quien establece que conocía previamente a esta persona y que corresponde al nombre de Eduardo Garibay Miranda, el cual conocía anteriormente porque estuvieron trabajando en una bodega, el realizó trabajos de albañil y que ya con anterioridad lo tenía localizado, ya sabía cómo se llamaba y obviamente que esta persona arribó y se dirigió directamente sobre la otra persona del sexo masculino que fue privado de la vida en este sitio y que ahora se sabe es Eduardo Plascencia González. Esto guarda correspondencia con la diligencia de acta de reconocimiento que se pudo establecer de esta persona. Y que ya en el interior el ahora imputado Eduardo Garibay Miranda, además, antes de dispararle le profirió una advertencia de daño y obviamente sacó un arma de fuego, la cual accionó en contra de la víctima, que incluso la víctima también portaba un arma de fuego la cual sacó pero que se le cayó, no pudo accionarla. Y se establecen varios momentos en que esta persona le dispara. Esta información también se corrobora con el levantamiento del cadáver en el cual se estableció que ese es el lugar original, las posiciones originales de ese lugar de los hechos así como que localizaron dos indicios balísticos. No obstante que se refiere que fueron diversas detonaciones solo se localizaron estos, uno de calibre 440 milímetros y otro calibre nueve milímetros. Posteriormente, hay una detención diversa en la cual está involucrado el imputado Eduardo Garibay Miranda, en el cual se localizan dos armas que después se determinó que corresponden a la marca Browning 9 milímetros como una Pietro Berettta 40 milímetros y establece que son las que percutieron los casquillos localizados en el lugar [31:32]. De ahí entonces que estos datos de prueba permiten establecer que efectivamente se privó de la vida a quien en vida respondiera al nombre de Eduardo Plascencia González; que esta privación de la vida fue a causa de una causa externa como fue que un sujeto activo accionó arma de fuego en contra de su integridad, provocando las heridas de proyectil de arma de fuego y que de acuerdo a la necropsia fue una laceración encefálica, por fractura de bóveda craneal, consecutiva o secundaria a la herida de penetración de proyectil de arma de fuego en cráneo, incluso el intervalo post mortem sí guarda más o menos correspondencia con la hora de los hechos igual la noticia criminal ya que se estableció si bien es cierto el veintiséis, eran las cero horas con veinticuatro minutos. De ahí entonces que toda esta información es congruente para poder establecer que ese fue el sitio donde se privó de la vida a la víctima que éste no se privó a sí mismo de la vida, no obstante que salió positivo al dictamen de plomo y bario de acuerdo al testigo presencial Daniel García Gallardo éste no pudo disparar. Sin embargo, sí fue accionada el arma de fuego en contra del víctima, si bien es cierto no se localizó en ese lugar el arma de fuego que se portaba también Daniel García Gallardo establece que pudo observar que el sujeto activo se salió del lugar portando dos armas. Bien, entonces cabe la posibilidad que el propio activo hubiese disparado el arma que traía la víctima en contra de él mismo y respecto al positivo pues que esta víctima momento u horas anteriores también pudo haber accionado un arma de fuego. De ahí entonces que esta información es suficiente para establecer esta causa externa y poder inferir bajo esta circunstancias que la causa de muerte es relativa a la lesión de disparos de arma de fuego que recibió la víctima y por ello sí sustenta el hecho que la ley señala como delito de homicidio previsto en el artículo 117 en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Eduardo Plascencia González. Por lo que ve a la probabilidad de que Eduardo Garibay Miranda cometió estos hechos, se tiene el señalamiento que realiza el señor Daniel García Gallardo, que lo identifica previamente a los hechos por conocerlo previamente quien establece que fue el sujeto que ingresó y se dirigió hacia el área en donde se encontraba la otra persona de sexo masculino en los refrigeradores, que le indicó, le profirió que hasta ahí había llegado y que le disparó, lo cual éste huyó, salió de la tienda para esconderse donde estaban los vehículos y que alcanza a observar cuando esta persona sale y aborda un vehículo camioneta tipo windstar color verde en la cual se retira del lugar. Sobre la corroboración de estos testigos, se tienen las testimoniales de las dos personas propietarias de este establecimiento esta tienda de abarrotes "Rodríguez Cervantes" quienes efectivamente refieren que además de que estaba una persona siendo atendida por la dueña del lugar cuando además arribó otro sujeto que dijo buenas noches y que posteriormente arribó otro sujeto y se escucharon los disparos. Si bien es cierto ellos no observaron, sí corroboran la existencia de que en ese lugar pudo estar Daniel García Gallardo tal y como éste lo refirió. También se corroboraría periféricamente por la posición en que éste se encontró el cadáver y que indicó como sucedieron los hechos así como los indicios balísticos localizados en el lugar. Y por lo que ve a la huida se tiene el dictamen de vaciado de video en el cual sí se refiere que se establece la circulación de un vehículo con las características que indicó el testigo Daniel García Gallardo y en el cual sí se advierte que sale una persona corriendo de la tienda y a bordo de del mismo se retira del lugar. De ahí entonces que corroboraría periféricamente esta versión y hasta este momento no existe algún indicio o motivo espurio respecto a que Daniel esté imputando este hecho al señor Eduardo Garibay Miranda por un motivo espurio o para únicamente perjudicar. De ahí entonces, que toda esta información sí sustenta esta probabilidad de que Eduardo Garibay Miranda lo cometió en cuanto autor material.". De lo transcrito se advierte que la juez tomó en consideración los actos de investigación expuestos por el ministerio público, tales como la noticia criminal, el testimonio de Julio César Rodríguez Cervantes y Sandra Claudia García Hernández, diligencia de acta de reconocimiento de Eduardo Plascencia González, levantamiento de cadáver de quien en vida respondiera al nombre de Eduardo Plascencia González, diligencia de detención de Eduardo Garibay Miranda, para determinar que se privó de la vida a Eduardo Plascencia González. Determinó que tal privación fue derivado de una causa externa, como fue que un sujeto actito accionó arma de fuego en contra de la integridad de Eduardo Plascencia González, produciendo heridas de proyectil de arma de fuego que le provocaron la muerte, para lo cual se sustentó, además de los datos de prueba precisados en el párrafo anterior, en la necropsia efectuada a Eduardo Plascencia González, el testimonio de Daniel García Gallardo. Para determinar que Eduardo Garibay Miranda cometió de manera probable el hecho que la ley establece como delito de homicidio simple en agravio de Eduardo Plascencia González, se apoyó en la declaración de Daniel García Gallardo, en el testimonio de Julio César Rodríguez Cervantes y Sandra Claudia García Hernández y en vaciado de video. Manifestó qué información obtuvo de cada uno de los datos de prueba para concluir que se había cometido el hecho atribuido al quejoso y que existe la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión. La necesidad de cautela. Con relación a dicho requisito la juez señalada como responsable determinó: [35:21] "Por lo que ve a la necesidad de cautela efectivamente se considera que sí se daba el riesgo en este caso a este testigo, no a los dueños del lugar porque ellos refirieron no observar no refieren sujetos sexo masculino no identifican identidad alguna, no refieren conocerlo previamente y que al momento de las detonaciones lo lógico es que se tiraran al suelo para protegerse y no observaron, que incluso ellos salen hasta que ya no escuchan ninguna detonación y piden auxilio ya estando en el exterior de la tienda. Sin embargo, la información que sí afectaría al imputado es precisamente, toda esta información que dio Daniel García Gallardo de ahí entonces que éste testigo, si es cierto que esta persona porta armas de fuego y que ya privó de la vida a alguien pues se eleva el riesgo de que efectivamente también pueda agredir al testigo una vez que se conozca que hay una imputación, un señalamiento directo en su contra. Además de que, efectivamente atendiendo al hecho que menciona como delito de homicidio en este caso ser doloso y al haberse empleado un medio violento pues obviamente la medida cautelar a imponer sería la de prisión preventiva oficiosa sin que este momento se advierta que de ser citado el señor Eduardo comparezca de manera voluntaria por ello se considera que sí existe la acreditación de necesidad de cautela". Asimismo, que deberá señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se atribuye al imputado. Con relación a ello, adujo el juez adujo que de los datos expuestos por las agentes del ministerio público se podía establecer lo siguiente: Que aproximadamente a las veintitrés horas con treinta minutos del veinticinco de abril de dos mil veintidós, la víctima Eduardo Plascencia González, en la tienda de abarrotes "Rodríguez Cervantes" ubicada en la calle Michoacán esquina con Vicente Suarez número quinientos noventa y siete, de la colonia "El Porvenir" en Zamora, Michoacán, llegó Eduardo Garibay Miranda dirigiéndose directamente hasta donde se encontraba la víctima, sacando de entre su cintura un arma de fuego diciéndole ya valiste verga perro, al instante la víctima Eduardo Plascencia González sacó un arma de fuego, misma que se le cayó de las manos, posteriormente el investigado accionó en diversas ocasiones el arma de fuego que portaba en contra de la víctima privándolo de la vida en ese momento a causa de lesión cerebral por fractura de bóveda craneal debida a herida por proyectil único de arma de fuego penetrante al cráneo, posterior a lo cual se retiró rápidamente del lugar de los hechos. Por lo antes expuesto, se estima que contrario a lo referido por el quejoso la orden de aprehensión reclamada cumple con los lineamientos establecidos en los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, contrario a lo aducido por el quejoso, la orden de aprehensión reclamada no es violatoria de los artículos 1, 8, 16 y 18 constitucionales, toda vez que no se advierte que se hayan violado los derechos humanos del quejoso, ni que se le hubiere discriminado [1°]; tampoco se advierte que se haya violado su derecho de petición, esto es, que haya formulado por escrito, de manera pacífica y respetuosa y que no se le haya dado respuesta [8°]; como se estableció en párrafos anteriores la orden de aprehensión fue emitida por autoridad competente, se encuentra debidamente fundada y motivada, se cumplieron los requisitos del artículo 16 constitucional para su dictado [16]; y, si bien se decretó prisión preventiva oficiosa, el hecho imputado al quejoso es por el delito de homicidio que el cual merece pena privativa de libertad; aunado a que el quejoso aún no tiene carácter de sentenciado, por lo que parte del artículo 18 constitucional no le es aplicables [18]. En esas condiciones, el acto reclamado no transgrede los derechos contenidos en los artículos 1°, 8°, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ende se debe negar el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamados a la Fiscalía General del Estado, al Fiscal Regional de Zamora y al Director de Carpetas de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora, al no haberse impugnado por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eduardo Garibay Miranda, por lo que respecta al acto, autoridad y motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eduardo Garibay Miranda, por lo que respecta al acto, autoridad y motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración de esta sentencia. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA. EN MORELIA, MICHOACÁN, A PRIMERA HORA HÁBIL DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRES, EL SUSCRITO LICENCIADO ALBERTO PONCE AVENDAÑO, ACTUARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, NOTIFIQUÉ POR LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL Y EN EL SISTEMA SISE, A LA PARTE TERCERA INTERESADA ALEJANDRO GONZALEZ AVILA POR CONDUCTO DE SU ASESOR JURIDICO FRANCISCO MIGUEL FLORES MANZO,LA SENTENCIA DE FECHA TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRES, LO ANTERIOR ES ASÍ, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A), EN RELACION CON EL 29, DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.-
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