Edmundo Ramírez Martínez
Expediente 969/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 969/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 28/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Edmundo Ramírez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia autorizada el trece de julio de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 2o, de la invocada ley, en relación con el diverso numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, incisos a), del citado Acuerdo General, se establece que el juicio principal es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que una vez transcurridos seis meses deberá ser destruido, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando la copia certificada del expediente 1686/2022, que remitió el Juez Sexto de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, con sede en Nogales, Veracruz; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia autorizada el trece de julio de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 2o, de la invocada ley, en relación con el diverso numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, incisos a), del citado Acuerdo General, se establece que el juicio principal es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que una vez transcurridos seis meses deberá ser destruido, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando la copia certificada del expediente 1686/2022, que remitió el Juez Sexto de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, con sede en Nogales, Veracruz; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.
- Principal
SÉPTIMO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son jurídicamente ineficaces los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente qué suplir de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo. En el concepto de violación marcado como primero, el impetrante señala que la autoridad responsable viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional, porque la resolución reclamada no está fundada y motivada. No asiste razón al quejoso, y para justificar lo anterior es menester traer a contexto lo previsto en el párrafo primero, del numeral 16, de la Carta Magna, que textualmente dispone: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]" Así, por fundamentación se debe entender la cita del precepto o preceptos legales que soportan la emisión de un acto; y la motivación implica adecuar lo establecido en los artículos invocados, al sentido del acto que se emite, lo que debe realizarse a través de la exposición de los razonamientos que conducen a la autoridad a tomar su decisión y respaldarla en la ley. Se corroboran estos conceptos con lo dispuesto en la jurisprudencia 204, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 166, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En el caso, la responsable sí fundó su actuar, pues de la resolución reclamada se advierte que sustentó su actuación en los numerales 210, 261 y 265 del Código de Procedimientos Civiles, así como los diversos 239, 242, 324, 343, 380, 577, 578, 653, 671 y 674 del Código Civil, ambos del Estado de Veracruz, cumpliendo así con la primera de las hipótesis mencionadas, esto es, con la cita de los preceptos legales aplicables al caso. Máxime que esos preceptos sí son aplicables a la litis, ya que hacen referencia a la tramitación del recurso de reclamación, a la proporcionalidad de los alimentos, así como al derecho de las personas que deben otorgarse los mismos. Por cuanto hace a la motivación, la juez responsable expuso que la reclamación de la pensión alimenticia provisional debía declararse improcedente, al tomar en cuenta que la madre aun cuando trabaja, al tener a cargo al menor tiene la presunción de necesitar los alimentos, además de que se demostró que el menor necesita los alimentos y el demandado, de su fuente de trabajo, tiene la capacidad de proporcionarlos. De ahí que sí se encuentre fundada y motivada la resolución en estudio, en contravención a lo alegado por el quejoso, por lo que, en ese aspecto, no se transgreden las garantías de legalidad y seguridad jurídicas previstas en el precepto 16 de la Constitución Federal. Por otro lado, en los conceptos de violación marcados como primero y segundo, el peticionario del amparo alega que la autoridad responsable viola en su perjuicio el artículo 17 constitucional, en relación con el diverso 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, porque la resolución reclamada no es exhaustiva y congruente, ya que en el resolutivo segundo determinó dejar subsistente la medida provisional de alimentos del treinta y cinco por ciento del salario que percibe de su fuente de trabajo; sin embargo, con letra insertó que se dejaba subsistente el CINCUENTA POR CIENTO, lo que le afecta al no ser claro y preciso con la pensión alimenticia provisional que fijó en el auto de inicio. Lo expuesto a ese respecto resulta ineficaz, pues si la pensión alimenticia inicial se fijó en un treinta y cinco por ciento a favor de las acreedoras, y en el resolutivo segundo, la juez determinó dejarla subsistente, aun cuando señaló de manera errónea lo siguiente: "SEGUNDO.- Se deja subsistente la medida ordenada en auto de fecha siete de junio de dos mil veintidós, consistente en CINCUENTA POR CIENTO (35% para el menor de edad y 15 para la actora). Ello resulta ineficaz para otorgar el amparo solicitado, toda vez que del análisis integral de la resolución reclamada se advierte que se trata de un error que no trascendió al sentido de la resolución, pues la responsable se refirió a la pensión alimenticia que decretó en auto de siete de junio de dos mil veintidós, la cual fijó en el treinta y cinco por ciento de las prestaciones que percibe el demandado de su fuente de trabajo, sin que se advierta perjuicio alguno en su contra por ese error, por lo que a nada práctico conduciría otorgar el amparo solicitado para el efecto de corregirlo en su resolutivo, si de la resolución, que debe considerarse en su integridad y no por partes aisladas, deriva el monto por el cual se fijó la pensión en el auto de siete de junio de dos mil veintidós; y se expusieron las razones por las que se estimó debía quedar subsistente. Al respecto, se invoca como apoyo la tesis (...) También, resulta aplicable, por su sentido, la tesis (...) El quejoso en el antecedente marcado con el número 2, de su demanda, manifiesta que la autoridad responsable no tomó en cuenta la confesión de la actora, aquí tercero interesada, ****************, quien expresó que cuenta con ingresos para sostener sus propios alimentos, así como los de su hijo, porque trabaja. Lo expuesto a ese respecto también es ineficaz, porque el juez responsable analizó la necesidad de la acreedora, ************* quien manifestó en su demanda que trabaja y percibe ingresos; pero determinó que ello era insuficiente para regraduar la pensión alimenticia, porque el derecho de percibir alimentos de la actora que trabaja es una cuestión de fondo que se debe analizar hasta la sentencia, además de que no se justificó cuánto es el ingreso que percibe con lo cual pueda satisfacer sus necesidades; agregó que está justificada la necesidad de recibir alimentos por parte de la madre, porque tiene bajo su guarda y custodia al menor, y cumple con la carga de los alimentos al cuidarlo. Determinación que se estima ajustada a derecho, pues como sostuvo la responsable, la confesión de la acreedora, aquí tercero interesada, ************, de que trabaja y percibe ingresos, no es suficiente para regraduar la pensión alimenticia, porque la necesidad de percibir alimentos de la actora que trabaja constituye una cuestión de fondo que se debe analizar en la sentencia, ya que en el recurso de reclamación sólo se debe analizar la proporcionalidad entre las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor, en términos del artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz. Al respecto se invoca como apoyo, por similitud jurídica, la jurisprudencia (...) En consecuencia, al ser jurídicamente ineficaces los conceptos de violación hechos valer, y no advertirse queja deficiente que suplir que amerite la tutela constitucional, lo procedente es negar el amparo solicitado. Cobra aplicación la jurisprudencia (...) OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto de radicación se ordenó hacer del hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73 a 75, y 124, de la Ley de Amparo en vigor, es de resolverse y se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA a *********, contra el acto reclamado de la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Nogales, Veracruz, por las razones expuestas en el séptimo considerando de este fallo. Publíquese esta sentencia con los nombres y datos personales de las partes, en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, electrónicamente al agente del Ministerio Público Federal adscrito, por lista de acuerdos a la parte tercero interesada y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR LISTA DE ESTRADOS, ASÍ COMO EN UNA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LA SENTENCIA DE TRECE DE JULIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD. SÉPTIMO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son jurídicamente ineficaces los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente qué suplir de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo. En el concepto de violación marcado como primero, el impetrante señala que la autoridad responsable viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional, porque la resolución reclamada no está fundada y motivada. No asiste razón al quejoso, y para justificar lo anterior es menester traer a contexto lo previsto en el párrafo primero, del numeral 16, de la Carta Magna, que textualmente dispone: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]" Así, por fundamentación se debe entender la cita del precepto o preceptos legales que soportan la emisión de un acto; y la motivación implica adecuar lo establecido en los artículos invocados, al sentido del acto que se emite, lo que debe realizarse a través de la exposición de los razonamientos que conducen a la autoridad a tomar su decisión y respaldarla en la ley. Se corroboran estos conceptos con lo dispuesto en la jurisprudencia 204, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 166, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En el caso, la responsable sí fundó su actuar, pues de la resolución reclamada se advierte que sustentó su actuación en los numerales 210, 261 y 265 del Código de Procedimientos Civiles, así como los diversos 239, 242, 324, 343, 380, 577, 578, 653, 671 y 674 del Código Civil, ambos del Estado de Veracruz, cumpliendo así con la primera de las hipótesis mencionadas, esto es, con la cita de los preceptos legales aplicables al caso. Máxime que esos preceptos sí son aplicables a la litis, ya que hacen referencia a la tramitación del recurso de reclamación, a la proporcionalidad de los alimentos, así como al derecho de las personas que deben otorgarse los mismos. Por cuanto hace a la motivación, la juez responsable expuso que la reclamación de la pensión alimenticia provisional debía declararse improcedente, al tomar en cuenta que la madre aun cuando trabaja, al tener a cargo al menor tiene la presunción de necesitar los alimentos, además de que se demostró que el menor necesita los alimentos y el demandado, de su fuente de trabajo, tiene la capacidad de proporcionarlos. De ahí que sí se encuentre fundada y motivada la resolución en estudio, en contravención a lo alegado por el quejoso, por lo que, en ese aspecto, no se transgreden las garantías de legalidad y seguridad jurídicas previstas en el precepto 16 de la Constitución Federal. Por otro lado, en los conceptos de violación marcados como primero y segundo, el peticionario del amparo alega que la autoridad responsable viola en su perjuicio el artículo 17 constitucional, en relación con el diverso 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, porque la resolución reclamada no es exhaustiva y congruente, ya que en el resolutivo segundo determinó dejar subsistente la medida provisional de alimentos del treinta y cinco por ciento del salario que percibe de su fuente de trabajo; sin embargo, con letra insertó que se dejaba subsistente el CINCUENTA POR CIENTO, lo que le afecta al no ser claro y preciso con la pensión alimenticia provisional que fijó en el auto de inicio. Lo expuesto a ese respecto resulta ineficaz, pues si la pensión alimenticia inicial se fijó en un treinta y cinco por ciento a favor de las acreedoras, y en el resolutivo segundo, la juez determinó dejarla subsistente, aun cuando señaló de manera errónea lo siguiente: "SEGUNDO.- Se deja subsistente la medida ordenada en auto de fecha siete de junio de dos mil veintidós, consistente en CINCUENTA POR CIENTO (35% para el menor de edad y 15 para la actora). Ello resulta ineficaz para otorgar el amparo solicitado, toda vez que del análisis integral de la resolución reclamada se advierte que se trata de un error que no trascendió al sentido de la resolución, pues la responsable se refirió a la pensión alimenticia que decretó en auto de siete de junio de dos mil veintidós, la cual fijó en el treinta y cinco por ciento de las prestaciones que percibe el demandado de su fuente de trabajo, sin que se advierta perjuicio alguno en su contra por ese error, por lo que a nada práctico conduciría otorgar el amparo solicitado para el efecto de corregirlo en su resolutivo, si de la resolución, que debe considerarse en su integridad y no por partes aisladas, deriva el monto por el cual se fijó la pensión en el auto de siete de junio de dos mil veintidós; y se expusieron las razones por las que se estimó debía quedar subsistente. Al respecto, se invoca como apoyo la tesis (...) También, resulta aplicable, por su sentido, la tesis (...) El quejoso en el antecedente marcado con el número 2, de su demanda, manifiesta que la autoridad responsable no tomó en cuenta la confesión de la actora, aquí tercero interesada, ****************, quien expresó que cuenta con ingresos para sostener sus propios alimentos, así como los de su hijo, porque trabaja. Lo expuesto a ese respecto también es ineficaz, porque el juez responsable analizó la necesidad de la acreedora, ************* quien manifestó en su demanda que trabaja y percibe ingresos; pero determinó que ello era insuficiente para regraduar la pensión alimenticia, porque el derecho de percibir alimentos de la actora que trabaja es una cuestión de fondo que se debe analizar hasta la sentencia, además de que no se justificó cuánto es el ingreso que percibe con lo cual pueda satisfacer sus necesidades; agregó que está justificada la necesidad de recibir alimentos por parte de la madre, porque tiene bajo su guarda y custodia al menor, y cumple con la carga de los alimentos al cuidarlo. Determinación que se estima ajustada a derecho, pues como sostuvo la responsable, la confesión de la acreedora, aquí tercero interesada, ************, de que trabaja y percibe ingresos, no es suficiente para regraduar la pensión alimenticia, porque la necesidad de percibir alimentos de la actora que trabaja constituye una cuestión de fondo que se debe analizar en la sentencia, ya que en el recurso de reclamación sólo se debe analizar la proporcionalidad entre las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor, en términos del artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz. Al respecto se invoca como apoyo, por similitud jurídica, la jurisprudencia (...) En consecuencia, al ser jurídicamente ineficaces los conceptos de violación hechos valer, y no advertirse queja deficiente que suplir que amerite la tutela constitucional, lo procedente es negar el amparo solicitado. Cobra aplicación la jurisprudencia (...) OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto de radicación se ordenó hacer del hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73 a 75, y 124, de la Ley de Amparo en vigor, es de resolverse y se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA a *********, contra el acto reclamado de la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Nogales, Veracruz, por las razones expuestas en el séptimo considerando de este fallo. Publíquese esta sentencia con los nombres y datos personales de las partes, en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, electrónicamente al agente del Ministerio Público Federal adscrito, por lista de acuerdos a la parte tercero interesada y por oficio a la autoridad responsable.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
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