Edgar Martín Regalado y Otros.

Expediente 498/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
498/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
15/03/2018

Partes del expediente

  • Edgar Martín Regalado y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA; QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos el oficio 215-C, signado por el Secretario del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual remite copia de la resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, del que se advierte que al resolver el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional con el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa, residencia en esa ciudad, resultó competente para conocer del juicio de amparo este último; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. II-A-Penal

  2. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA, DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos el oficio 56497/2017, signado por la Secretaria del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del diverso 1680, de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, al que le fue anexado el juicio de amparo 1513/2017, al no aceptar este órgano jurisdiccional la competencia que le fue planteada, asimismo, insiste en no conocer de la misma y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado a fin de que determine que Juzgado de Distrito es competente para conocer del aludido juicio, tómese nota para los efectos legales consiguientes. Notifíquese. II-A

  3. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA; CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el oficio 53448/2017, signado por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México, al que anexa el juicio de amparo 1513/2017, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Édgar Martín Regalado, Flor de María Fuentes Ordaz y Elva Carrasco Cruz, quienes se ostentan como representantes de los menores Natalia Martín Belmont, Christian Jared Altamirano Fuentes e Irving López Carrasco, contra actos del Presidente de la República y otras autoridades, así como un cuaderno de pruebas; ello en cumplimiento al auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en el referido juicio de amparo 1513/2017, en el que se declaró que ese órgano jurisdiccional carecía de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver del citado asunto, y declinó competencia a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca en turno, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, fórmese expediente y regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno con el número que le corresponda. Analizadas las razones que sustenta el Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México para declinar la competencia respectiva, debe decirse que no se comparte su criterio, por lo que este Juzgado no acepta la competencia declinada por las consideraciones que enseguida se exponen. Previamente es de establecerse que la jurisdicción es la función del Estado, aplicada por conducto del órgano especial, para administrar justicia, para la realización o garantía del derecho, y secundariamente, para la composición de los litigios o para dar certeza jurídica a los derechos subjetivos, mediante la aplicación de la ley a casos concretos, de acuerdo con determinados procedimientos, en forma obligatoria y definitiva. Si bien la jurisdicción, como facultad de administrar justicia, incumbe a todos los jueces y magistrados, su ejercicio está circunscrito a ciertos límites y alcance que son determinados por la competencia. Por su parte, la competencia es la medida como se distribuye la jurisdicción entre las diferentes autoridades judiciales. En el caso del amparo, las reglas de competencia se sitúan en cuatro ámbitos a saber: La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto y directo). En el caso del amparo indirecto, conforme a lo que establece el artículo 33, fracción IV, el órgano competente es un juzgado de Distrito. La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo indirecto, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación. El territorio. Regulado en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Impedimento por vinculación con el acto reclamado. Establecido únicamente para los Juzgados de Distrito en los artículos 38 y 39 de la ley en cita. En ese contexto, siendo la competencia un presupuesto procesal de orden público y estudio oficioso, como también lo consideró el juez oficiante, deben tomarse en cuenta las reglas establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha empezado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto citado prevé una condición indispensable para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, consistente en determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material. En el primer caso, se fijan dos reglas: Será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Cuando el acto puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención. Esta parte del artículo en estudio hace referencia a los actos que traen aparejada una ejecución material. En un segundo supuesto, que el acto reclamado no requiera ejecución, la norma indica que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo por territorio depende de la naturaleza del acto reclamado, para lo cual, resulta indispensable determinar si éste requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el preinvocado numeral 37 de la legislación de la materia. En el caso en particular, en el auto dictado por el referido Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la ciudad de México, el seis de diciembre del año en curso, determinó que carecía de competencia legal, bajo la premisa de que es competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción tendrá ejecución el acto reclamado, pues en esencia refiere que los actos reclamados tiene una naturaleza negativa con efectos positivos, ya que si bien esas omisiones, en apariencia son un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal no hacer tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna provoca que se siga ejecutando materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan, motivo por el cual considera que el acto reclamado conlleva un principio de ejecución. Lo anterior lo sostiene el juez oficiante ya que refiere literalmente: ".que de la lectura integral de la demanda de amparo se deduce que la parte quejosa señala como acto reclamado destacado de entre otras autoridades, del Gobernador, Director General del Instituto Estatal de Educación Pública, Director General de Instituto Oaxaqueño, Constructor de Infraestructura Física Educativa, Presidente Municipal y Regidor de Educación, ambos de Unión Hidalgo, Oaxaca lo siguiente: La omisión de tomar acciones inmediatas para que los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 33 "General Lázaro Cárdenas del Río" ubicada en el Municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca regresen a clases, así como la omisión de informar dichas acciones" Ahora bien, en consecuencia, para determinar bajo qué regla o reglas de competencia por razón de territorio se ubica el presente juicio de amparo, en razón de la naturaleza jurídica de los actos, es necesario precisar conforme al estudio integral de la demanda la totalidad de actos que reclama la parte quejosa que a saber son: A) La omisión de tomar acciones inmediatas, reales y eficaces, dentro del ámbito de sus facultades y obligaciones, para que los alumnos de la Escuela Secundaria técnica 33 General Lázaro Cárdenas del Río" ubicada en el municipio de Unión Hidalgo ("Ranchu Gubiña"), Oaxaca, regresen inmediatamente a tomar clases y al normal funcionamiento del inmueble de la referida Secundaria con las medidas de seguridad correspondientes, incluyendo de manera enunciativa más no limitativamente, B) La realización inmediata de dictámenes estructurales, reparaciones y reconstrucción del inmueble que ocupa la citada Escuela, construcción de aulas provisionales con las medidas de higiene necesarias para la impartición de clases, incluyendo la habilitación de sanitarios, entre otras. Lo anterior por el terremoto sucedido el día siete de septiembre de 2017 el cual dañó la Escuela mencionada, de manera que desde ese momento y hasta ahora se les ha privado a los alumnos de dicha institución de su educación básica sin que existan hasta la fecha acciones reales y efectivas, por parte de la autoridad responsable para la protección del interés superior de los menores estudiantes y su derecho humano a la educación, y C) La omisión de informar tanto a los padres de familia como a los alumnos de la Escuela Secundaria técnica 33" "General Lázaro Cárdenas del Río" ubicado en el municipio de Unión Hidalgo ("Ranchu Gubiña"), Oaxaca, (i) cuándo iniciarán acciones inmediatas, reales y eficaces para la reconstrucción de las referida Escuela, (ii) en qué plazo terminarán la reconstrucción de la referida Escuela, (iii) cuándo se reanudarán las clases en la referida Escuela, (iv) en qué condiciones materiales de infraestructura de la seguridad y educativas se reanudarán las clases en la referida Escuela, (v) cuál es el presupuesto específico designado por esta autoridad para la reconstrucción de la referida Escuela, (vi), quiénes son las autoridades involucrados en la reconstrucción de la referida Escuela, y (vii) cómo se coordinarán las autoridades involucradas en la reconstrucción de la referida Escuela, detallando las acciones y responsabilidades concretas correspondientes a cada una y los plazos para su cumplimiento. Ahora bien, es cierto que el acto reclamado consistente en la realización inmediata de dictámenes estructurales, reparaciones y reconstrucción del inmueble que ocupa la citada Escuela Secundaría, constituye un dato que sirve para fijar la competencia del Juez de Distrito que debe conocer del juicio de amparo promovido en su contra, sin embargo, resulta claro que dicho acto no es el único acto que se reclaman en la demanda de amparo. Así es, como se destacó con antelación, en la especie, y como la misma autoridad declinante lo refiere la peticionaria del amparo señaló también como actos reclamados: La omisión de tomar acciones inmediatas, reales y eficaces, para que los alumnos de la Escuela Secundaria técnica 33 General Lázaro Cárdenas del Río" ubicada en el municipio de Unión Hidalgo ("Ranchu Gubiña"), Oaxaca, regresen inmediatamente a tomar clases. Así como la omisión de informar tanto a los padres de familia como a los alumnos de la Escuela Secundaria técnica 33" "General Lázaro Cárdenas del Río" ubicado en el municipio de Unión Hidalgo ("Ranchu Gubiña"), Oaxaca, lo relativo a la reconstrucción de las referida Escuela, el plazo para ésta, la fecha en que se reanudarán las clases, las condiciones materiales de infraestructura de la seguridad y educativas, cuando se reanudarán las clases en la misma, el presupuesto específico designado para la reconstrucción de la referida Escuela, las autoridades involucrados en la citada reconstrucción, la forma en que se coordinaran las autoridades involucradas en la referida reconstrucción detallando las acciones y responsabilidades concretas correspondientes a cada una y los plazos para su cumplimiento, actos que no tienen una ejecución material al tratarse de una omisión. Lo anterior no obstante, que el juez declinante manifieste que dichas omisiones llevan aparejadas actos positivos que tendrán ejecución en esta jurisdicción, pues contrario a ello este juzgador considera se trata de un acto puramente de carácter negativo que no tiene ejecución material, pues si bien alega que dichas omisiones se ejecutan materialmente en la esfera de derechos del quejoso, como lo es el acceso a la educación, dicho derecho sustantivo consagrado por nuestra Carta Suprema, es de carácter universal, cuyo ejercicio no está condicionado a un territorio o jurisdicción en específico, tan es así que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso atribuyó los actos reclamados no sólo a las autoridades del Estado de Oaxaca, si no inclusive a autoridades de la jurisdicción de la propia autoridad declinante. En esa tesitura, no puede perderse de vista que el señalamiento de tales actos reclamados (omisiones) constituye también un dato objetivo para fijar la competencia por territorio del juez que habrá de conocer de la demanda de amparo, ya que el supuesto en el que el acto reclamado no requiere de ejecución material, también se encuentra previsto por la Ley de Amparo como un dato que sirve para fijar la competencia del juez de Distrito. Ello, aunado al principio de continencia de la causa, por lo que, puede afirmarse válidamente que en el caso de que en la demanda de amparo se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que sí requiere ejecución material y que ya se ejecutó o se vaya ejecutar; entre tanto, otros actos también señalados como reclamados no requieren ejecución material; serán competentes para conocer del asunto en su integridad tanto el juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado que requiere ejecución o se vaya ejecutar, como el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda atendiendo a los actos reclamados que no requieren ejecución material. De ahí que ante la falta de regulación sobre el tema relativo a qué juez de Distrito resulta competente para conocer de una demanda de amparo en el que se reclaman tanto actos que no requieren ejecución material como otros que sí requieren de tal ejecución, no debe optarse sin mayor análisis por la regla de competencia establecida para los actos que requieren ejecución material, sino considerar las dos reglas, es decir que pueden coexistir tanto la fijada para los que no requieren tal ejecución, como la diversa establecida para los que sí requieren esa ejecución. Se considera así porque en el tema de la competencia, al encontrarse involucrado el alcance del derecho humano de acceso a la justicia, debe atenderse al mayor beneficio para las partes, lo cual sin duda privilegia el mencionado derecho humano de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En lo relativo al principio pro persona respecto de lo más benéfico para las partes, resulta oportuno citar la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 799 del Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, correspondiente a la Décima Época, con número de registro 2002000, la cual es del tenor siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano." En ese tenor es de destacarse el criterio de la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al tema relativo a qué juez de Distrito resulta competente para conocer de una demanda de amparo en el que se reclaman tanto actos que no requieren ejecución material como otros que sí requieren de tal ejecución, es el relativo a que es posible que en un mismo amparo coexistan las dos reglas de competencia, es decir la de los actos que sí requieren ejecución material y la diversa de los actos que no requieren ejecución material; pero que ante la falta de regulación expresa para definir a cuál de los dos jueces que resultan competentes por la concurrencia de dichas reglas, debe atenderse entre otras cosas a privilegiar la facilitación del acceso a la justicia del quejoso. El criterio en comento se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 293, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, correspondiente a la Décima Época, con número de registro 2003502, la cual es del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO. Cuando el quejoso en el amparo indirecto señala como actos reclamados tanto el auto de exequendo ejecutado mediante exhorto en un Distrito distinto al en que se lleva el juicio ejecutivo mercantil de origen, como todo lo actuado en éste en el que ya existe sentencia ejecutoria de condena, resulta inconcuso que acorde con el artículo 36 de la Ley de Amparo, por un lado, la ejecución del citado auto constituye un dato que sirve para sostener que la competencia para conocer del juicio corresponde al juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecutó ese acto y, por otro, que las actuaciones que no requieren de ejecución material ocurridas durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de origen en el que ya hay sentencia ejecutoria de condena, también sirven para sostener que la competencia para conocer del amparo corresponde al diverso juez de distrito con jurisdicción en el lugar de tramitación del juicio de origen, esto es, donde reside la autoridad que dictó las resoluciones reclamadas que no requieren ejecución material; de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, sin embargo, ante la falta de regulación expresa para definir cuál debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo párrafo del citado artículo y, además, para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad." Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional, que la jurisprudencia en cita interpreta la Ley de Amparo abrogada, ni que el tema resuelto no se refiera a los actos reclamados en el presente juicio de amparo; sin embargo, se considera que en la especie sirve de referencia para dilucidar el tema relativo pues es posible que dos jueces de Distrito puedan resultar legalmente competentes por razón de territorio para conocer de una misma demanda de amparo por actualizarse una regla de competencia a favor de uno de ellos que obedece a la ejecución material de uno de los actos reclamados, y al mismo tiempo actualizarse otra regla de competencia a favor del otro juzgador que a su vez atiende a los actos que no requieren ejecución material; así como para conocer la tendencia actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de dicha temática y su solución. Por tanto, atendiendo al sentido y alcance del derecho de acceso a la justicia, la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado su demanda de amparo ante la autoridad de amparo declinante, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal resulta ser el de más fácil acceso material para dicha parte justiciable, dado que la promovente optó por acudir ante él y no ante esta jurisdicción, por tanto, en la especie debe prevalecer la regla de competencia aplicable para los actos que no requieren de ejecución material, es decir, la que establece que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada I.16o.A.9 K, del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1223, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, Materia Común, de registro 2010698, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA.- El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro". En ese sentido, el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo es específico en señalar cuando se trata de actos que carezcan de ejecución material (como acontece en el caso), será competente el Juzgado de Distrito ante quien se presente la demanda, sin que el domicilio de la autoridad responsable constituya dato relevante para establecer el Juzgado competente. Sustenta las consideraciones expuestas, la jurisprudencia 1ª./J.17/2014 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 500 del Libro VI, Mayo de 2014, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época, con número de registro 2006529 del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Por lo anterior, con apoyo en el ordinal 48 de la ley de la materia, no se acepta la competencia declinada para conocer de la demanda en cuestión; y, por ello se devuelve a la autoridad declinante para los efectos legales a que haya lugar; solicitándole informe la determinación que adopte respecto del presente asunto. Déjese en este expediente copia certificada de la demanda de amparo respectiva y de las demás constancias pertinentes. Se tiene como autorizados a EDWARD MARTÍN REGALADO, JOSÉ ANTONIO PELAYO GODÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL GALEANA CADEZA y VÍCTOR GONZÁLEZBAEZ Y GARRIDO, únicamente para oír y recibir notificaciones, en virtud de que en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, no aparecen registradas cédulas profesional alguna a su favor, que los faculte legalmente a ejercer la profesión de licenciados en derecho, sin perjuicio de que una vez que acrediten tal carácter con las documentales idóneas, se les tenga por autorizados en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo reformado, por tratarse de un asunto de naturaleza penal. Notifíquese por lista únicamente a la parte quejosa, toda vez que no señaló domicilio en esta ciudad para tal efecto. II-A

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