Edgar Castro Valdez

Expediente 445/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
445/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
28/07/2021

Partes del expediente

  • Edgar Castro Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno (notificado personalmente el diecinueve de julio de dos mil veintiuno), en el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Édgar Castro Álvarez; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 21, 22, 23 y 24 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.

  2. Principal

    Vista la demanda de cuenta, promovida por Édgar Castro Álvarez, contra actos del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro-Norte, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 445/2021-5. Análisis de la demanda de amparo. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la promovente y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible a páginas 648, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Acto reclamado y sus antecedentes. En el caso puesta a debate, la promovente de amparo reclama la resolución que declaró improcedente el incidente de preclusión promovido por el imputado (ahora quejoso), del veintiocho de junio de dos mil veintiuno (dictada durante la sustanciación de la audiencia intermedia), dentro de la causa penal 235/2018. Ahora, para estar en contexto, conviene transcribir los siguientes antecedentes: ". 3. En el desahogo de la audiencia intermedia de fecha 28 de junio de 2021, después de haber escuchado al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ADSCRITO A LA UNIDAD INTEGRAL DE LO PENAL EN GUASAVE, SINALOA, la defensa solicita a la autoridad responsable que abra un capítulo para que las partes promuevan incidencias si las hubiera, por lo cual la defensa pública solicitó se decretara el sobreseimiento, pues consideró que había transcurrido en exceso el plazo para que el Tribunal de Enjuiciamiento dictara una sentencia y en consecuencia había precluido esa facultad de la autoridad, solicitando el sobreseimiento de la causa. 4. Después de haber hecho valer el incidente la defensa, la autoridad responsable decreta un receso para que el Ministerio Público y Asesora Jurídica Pública Victimal, se hicieran cargo para que contestaran sobre dicha incidencia, por lo cual al regresar al receso el Representante Social, en su intervención se opone a dicho sobreseimiento, pero además manifestó que si bien es cierto el proceso no ha sido llevado a cabo con la constancia que menciona la defensa pública, pero que ello ha sido principalmente por causa imputables a la propia defensa, y a la asesora jurídica pública victimal, ya que se había solicitado diferimientos de ellos, y a uno propio solicitado por el Ministerio Público y por último refirió que se debía a la propia pandamia covid-19. 5. Por lo que al resolver la autoridad ordenadora resuelve (minuto 11:57:50) en el cual manifiesta que el artículo 211 su último párrafo no era aplicable, y que tenía apoyo en el artículo 113 fracción X (ambos numerales del Código Nacional de Procedimientos Penales), refirió la autoridad responsable ordenadora que este mismo numeral en su penúltimo párrafo, eran precisamente que en cuanto a los plazos a que se refiere la fracción X de este artículo, se contara a partir de la audiencia inicial hasta el momento en que sea dictada sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente. Y aún más explicaba que era este plazo solamente para dictar la sentencia en primera instancia, por lo que manifestaba la propia autoridad responsable que además la figura jurídica de preclusión no estaba contemplada en la materia penal, ni como consecuencia de que el no dictar sentencia en los términos establecidos, era como consecuencia al juzgador dictar un sobreseimiento, ya que no encontraba establecido en la Constitución ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que el término que manifestaba la defensa que se encuentra plasmado como un derecho del imputado, ya había excedido sin ser una cuestión de la defensa, en incluso si tenemos de allí para adelante un término establecido para dictar la sentencia, por lo que si la ley no dice, qué es lo que pasa, después del año y en aras de defensa deberá dictarse esta en dos años y si no se dicta, puede que se de esta causal que no está contemplada, no hay una causa que establezca que si se excede el término se dicte un auto de sobreseimiento por prescripción de la pretensión punitiva derivada precisamente de lo que señala mi defensor público, el de la facultad que tiene el Tribunal de dictar sentencia fuera del términos constitucional y por eso no resulta procedente. ." De lo expuesto se concluye la actualización, en el caso, respecto del acto reclamado a esta autoridad, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no haberse observado el principio de definitividad previo a la promoción del juicio de amparo. Este numeral dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ." El principio de definitividad exige que previa a la instauración del juicio de amparo, el agraviado debe agotar todos los recursos ordinarios o medios legales de defensa que en contra de ese acto procedan, como anteriormente quedó expuesto. Dicho de otra forma, el citado precepto legal dispone la improcedencia del amparo respecto de resoluciones provenientes de autoridades judiciales, tribunales administrativos o del trabajo, cuando la ley que los rija prevea algún medio de defensa legal susceptible de modificarlas, revocarlas o nulificarlas, siempre que no se trate de resoluciones que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro y, en general, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; incluyendo aquellos que afecten la libertad (en las distintas modalidades señaladas en la fracción en comento); de igual forma, no se tendrán que agotar esos medios ordinarios de defensa, cuando se trata de personas extrañas al procedimiento, autos de vinculación a proceso o, cuando para la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional, o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, en este último caso, el quejoso estará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Por tanto, para poder atender sobre la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, se deben de atender a los elementos de ésta, y de la forma en cómo se satisfacen para que la misma prospere. Así, de la simple lectura de la fracción en comento, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causa de improcedencia a que se ha hecho referencia, que: El acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; Que ese medio de defensa tenga por objeto modificar, revocar o nulificar la recurrida; Que no se surta en la especie alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto jurídico. Ahora bien, del contenido integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto que en esta vía constitucional se combate, y como se apuntó anteriormente, es la resolución dictada en lo que se denominó incidente de preclusión de la acción penal, promovido durante la audiencia intermedia de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal 235/2018; sin embargo, debe decirse que, dicho acto de autoridad es susceptible de ser combatido por los medios legales que establecen las leyes ordinarias, previo a la interposición del juicio de amparo, como lo es el recurso de revocación, previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que, se actualiza la hipótesis prevista en la parte inicial de la fracción XVIII de artículo 61 de la Ley de Amparo. El numeral 465 de la citada legislación procesal prevé lo siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." Como se observa, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé en su artículo 465 un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación, por lo que la sentencia dictada en lo que se denominó incidente de preclusión debe considerarse una determinación dentro del proceso penal de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación; por lo que esa determinación judicial, que se dictó en la audiencia intermedia del veintiocho de junio de dos mil veintiuno, que reclama el impetrante del amparo, puede ser revocado y, al no haberlo hecho así, procede desechar la presente demanda de amparo, por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se afirma lo anterior, porque en principio cabe señalar que el juicio de amparo está sustentado por diversos principios, entre ellos el de definitividad, como anteriormente se ha señalado, que tiene su regulación en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y del que se desprende que el juicio de garantías es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclama, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, pero de no respetar este principio, el juicio de amparo será improcedente. En efecto, y como se indicó, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia señalada ya que debe agotarse, previa a la presentación de la demanda de amparo, el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual, de forma expresa y sin mayor interpretación, es claro en señalar que, procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Es obvio que el acto aquí reclamado no es susceptible de apelarse, porque no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 459 de la citada legislación procesal. Por tanto, atendiendo al texto del citado precepto procesal, resulta inconcuso que el acto que en esta vía constitucional se reclama, no es de aquellos considerados como definitivos, en contra del cual procede de forma inmediata el juicio de amparo indirecto, puesto que el mismo al tratarse de una sentencia interlocutoria presentada para que la causa penal precluyera; se trata de un pronunciamiento sujeto a una diversa determinación que, en su caso, emita el mismo juzgador, al momento que se haga valer el recurso de revocación, ante la cual tiene la oportunidad la solicitante de amparo de hacer valer las manifestaciones que considere pertinentes, para que dicho acto de molestia pueda ser revocado, por tanto, ésta debió agotar el principio de definitividad para estar en posibilidades de acudir al juicio de amparo. Ahora bien, se afirma que los elementos antes señalados sí se satisfacen, toda vez que la resolución que se impugna la emitió un órgano judicial del Estado de Sinaloa, por su parte, el artículo en estudio prevé el recurso de revocación en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que intervenga la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite; este medio ordinario de defensa se establece dentro de un procedimiento penal que se hizo valer ante la responsable, procedimiento en el cual, el promovente de amparo no es ajeno, precisamente por ser el imputado. Aunado a lo anterior, el citado medio de defensa tiene por objeto, y atendiendo al nombre que utiliza, la de revocar las determinaciones impugnadas y, por último, de las constancias de autos no se advierte que el solicitante de amparo se encuentre en alguna de las excepciones al principio de definitividad, porque el acto por ellos reclamado no tiene relación alguna con aquellos que señala la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, además que el recurso de revocación señalado en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no está sujeto a interpretación adicional, y su texto no es insuficiente en su regulación. Es preciso señalar que, aun cuando la Ley de la Materia utiliza el término "resolución", éste debe entenderse como una resolución en sentido amplio, esto es, la doctrina ha establecido que las resoluciones son los pronunciamientos de los jueces y tribunales a través de los cuales acuerdan delimitaciones de trámite o resuelven cuestiones planteadas por las partes, incluyendo la resolución del fondo del conflicto. Dicho de otra forma, toda resolución dictada por un tribunal puede dividirse, a su vez, en acuerdos, decretos, autos definitivos, provisionales, preparatorios y sentencias, las que, a su vez, se dividen en interlocutorias y definitivas; por todo ello, es claro que nada varía la determinación aquí adoptada a pesar de que, lo que se reclama es un auto de trámite, toda vez que éste, como se indicó, es susceptible de modificarse o revocarse mediante el recurso ordinario de revocación. Por su parte, es preciso señalar que los quejosos tampoco se ubican en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, es decir, no operan a favor de éstos las causas que legal y jurisprudencialmente le faculten a no interponer el recurso de revocación para atacar el acto de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.35/2020, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 2760, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, correspondiente al mes de agosto de dos mil veinte, Tomo III, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico." De igual forma, cobra aplicación, en la parte que interesa, la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 283, Libro 73, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de diciembre de dos mil diecinueve, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468, del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos a su alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.". En esas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XVIII, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo formulada por Édgar Castro Álvarez, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Por otra parte, con apoyo en el precepto 305, el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, téngase como domicilio de la promovente de amparo para oír y recibir notificaciones el ubicado en Ignacio Zaragoza, esquina con Benito Juárez, número 223 sur, Colonia Centro, Interior Primer Piso en las Oficinas del Instituto dela Defensoría Pública, de esta ciudad y como sus autorizados en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia a los licenciados José Luis Telles Acosta, Mario Hilario Flores Grajeda, Erick López Montoya, Jesús Angel Contreras Jiménez y Jesús Edgar Gaxiola Sánchez y únicamente para que oigan, reciban notificaciones y se imponga de autos, a Benjamín Lugo Gámez, Rosario Javier Castro Rubio, Graciano Alberto Borboa Lugo, Laura Elena Ceceña Vega, Esthela Guadalupe Cristóbal Sánchez, María del Rosario Gastélum Escalante y Cristobal Leyva Castro en razón de que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el sistema computarizado para el registro único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito.

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