Edgar Javier Soto Camacho

Expediente 727/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
727/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
18/01/2019

Partes del expediente

  • Edgar Javier Soto Camacho

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el acuerdo de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho emitido en el juicio de amparo número 727/2018-7A,con el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente acuerdo sin necesidad de nuevo acuerdo y previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción I del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se precisa que este asunto es susceptible de destrucción dado que por auto de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho se desechó la demanda de garantías; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Del análisis del presente asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido el quejoso, y no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este Juzgado Federal el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente expediente con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE A LA LETRA DICE: Visto el ocurso de cuenta, firmado por Edgar Javier Soto Camacho, mediante el cual promueve demanda de amparo contra actos del licenciado Enrique Inzunza Cázarez, en su carácter de Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en la ciudad de Culiacán, y el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en la ciudad de Culiacán; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 727/2018-7A. Ahora bien, la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. Robustece lo anterior, por las razones que le rigen la Jurisprudencia P./J. 128/2001, sustentada por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de dos mil uno, visible en la página ochocientos tres, registro 188643, cuyo rubro expresamente impone: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES: A.- El licenciado Enrique Inzunza Cázarez, en su carácter de Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en la ciudad de Culiacán. II. Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en la ciudad de Culiacán. ACTOS RECLAMADOS. A la autoridad responsable identificada en el inciso a), le reclama; a). "La orden que según se me ha comentado, fue emitida por esta persona durante la sesión plenaria del día viernes 14 catorce de Diciembre de 2018 dos mil dieciocho, en la que sin que mediara convocatoria previa para ello, dio a conocer de manera por demás unipersonal el cambio de adscripción del LIC. CLAUDIO RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado integrante y Presidente de la Cuarta Sala Especializada en Materia Familiar y de Justicia para Adolescentes, a la Tercera Sala especializada en materia Penal, para ser sustituido por la LIC. GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO, a partir del día 2 de enero de 2019, quien es actualmente Presidenta de la Primera Sala, especializada en Materia Penal." A la autoridad responsable identificada en el inciso b), le reclama; b). "El acuerdo emitido el día viernes 14 catorce de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, sin que hubiera mediado en la convocatoria previa a dicha sesión, en el sentido del cambio de adscripción de Magistrados entre las Salas que integran el Tribunal, para decidir que a partir del día 2 dos de Enero de 2019 dos mil diecinueve, la Cuarta Sala Especializada en Materia Familiar y de Justicia para adolescentes, quede integrada y presidida por la Magistrada hoy Tercero Interesada, en tanto que al LIC. CLAUDIO RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, se le asigna la integración de la Tercera Sala especializada en Materia Penal, que actualmente conoce principalmente de asuntos del NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, y para el cual no considero se encuentre capacitado, por no ser su área de especialización, en los términos requeridos por la Reforma Constitucional a nivel federal de los años 2008, 2011 y 2016 sobre ese tema, y sin que ese evento de reacomodos, sea congruente con las Constituciones Políticas tanto de la Federación como del Estado de Sinaloa, mucho menos con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y su Reglamento Interior, que buscan con las readscripciones de los Magistrados de una Sala a otra, el mejoramiento de la impartición de justicia en la entidad y el desarrollo pleno del nuevo sistema acusatorio.". c). "De ambas autoridades reclamo los actos que pretenderán realizar a partir del día 2 dos de enero de 2019 dos mil diecinueve, para que el LIC. CLAUDIO RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, sea removido de la Cuarta Sala Especializada en Materia Familiar y de Justicia para adolescentes, para que dicha Unitaria sea presidida por la Magistrada GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO, así como para que el primero de ellos pase a formar parte de la Tercera Sala especializada en Materia Penal, que se ocupa de manera preponderante, como ya lo dije, de apelaciones en materia del Nuevo Sistema de Justicia Penal, de corte acusatorio y oral, de la cual la segunda ha formado parte desde hace varios años y en las cuales se ha venido especializando, atendiendo a lo ordenado en las reformas constitucionales.". En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, párrafo primero, y el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, los artículos 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, párrafo primero, de la ley de la Amparo, en lo que aquí interesa, señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses (.) legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. Respecto del tema a dilucidar, resulta necesario desarrollar diversas precisiones en torno al interés legítimo, a efecto de estar en posibilidad de dotar de contenido a la fracción I del artículo 107 constitucional, mismo que señala lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". De la interpretación literal de los preceptos transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, cuando los actos que reclama no afecten su interés jurídico o legítimo, en forma real y actual en su esfera jurídica directamente o bien con motivo de una situación especial frente al orden jurídico. Por su parte, el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad -situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"-, mientras que el interés jurídico es aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer, o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma. En otras palabras, el interés simple, es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo. Es por ello que tal interés constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo, y asimismo, contrario al interés legítimo que se requiere de una afectación a la esfera jurídica del quejoso por su especial situación frente al orden jurídico. Es ilustrativa al caso, la Jurisprudencia 1ª./J 38/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ". Así, el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. Para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Orienta lo expuesto, la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella .". Ahora bien, en el caso particular debe señalarse que el quejoso acude a esta instancia constitucional ostentándose como titular de un interés legítimo individual reclama con precisión: Del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado: La orden que emitió durante la sesión plenaria del catorce de diciembre de dos mil dieciocho, en la que sin que mediara convocatoria previa para ello, dio a conocer el cambio de adscripción del licenciado Claudio Raymundo Gámez Perea, Magistrado integrante y Presidente de la Cuarta Sala Especializada en Materia Familiar y de Justicia para Adolescentes, a la Tercera Sala especializada en materia Penal, para ser sustituido a partir del día dos de enero de dos mil diecinueve, por la licenciada Gloria María Zazueta Tirado, quien es actualmente Presidenta de la Primera Sala, especializada en Materia Penal. Del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado reclama: El acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en el que sin mediar convocatoria previa a dicha sesión, del cambio de adscripción de Magistrados de las Salas que integran el Tribunal, decidió que a partir del día dos de enero de dos mil diecinueve, la Cuarta Sala Especializada en Materia Familiar y de Justicia para adolescentes, quede integrada y presidida por la Magistrada hoy Tercero Interesada, Gloria María Zazueta Tirado, en tanto que al licenciado Claudio Raymundo Gámez Perea, se le asignó la integración de la Tercera Sala especializada en Materia Penal, especializada en asuntos del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, para el cual el quejoso no considera que se encuentre capacitado este último, por no ser su área de especialización, en los términos requeridos por la Reforma Constitucional a nivel federal de los años 2008, 2011 y 2016 sobre ese tema. De ambas autoridades reclama los actos que pretenderán realizar a partir del dos de enero de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la remoción mencionada. Asimismo, el quejoso señala que es abogado postulante, con cédula profesional número 9804728, expedida por la Dirección general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, por lo que ha venido desarrollando esa carrera atendiendo preponderantemente las materias de Amparo y de Derecho Penal, que considera que tiene interés legítimo para promover su demanda de amparo, debido a que acude día a día ante los Tribunales tanto en materia familiar como penal, en representación de los intereses de sus representados. Como se observa, el peticionario de amparo aduce contar con un interés legítimo para reclamar el acto de autoridad tildado de inconstitucional, y argumenta que a él en lo personal y a la sociedad en general les afecta el cambio de adscripción de los mencionados magistrados del Supremo Tribunal de Justicia lo que pone en riesgo la debida administración de justicia. Al respecto, la parte quejosa carece del interés legítimo, con el que se ostenta, pues respecto del acto que reclama en esta instancia, sólo se advierte un interés simple, por lo que no se constituye el interés legítimo sobre el cual basa su demanda; pues en el caso no resiente lesión alguna y tampoco existe algún beneficio en su esfera de derechos en caso de concedérsele la protección constitucional (impedir que se realice el cambio de adscripción de los magistrados Claudio Raymundo Gámez Perea, y Gloria María Zazueta Tirado). Esto es así, porque con independencia de que sea o no usuario del servicio público de justicia, de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, el quejoso, al igual que la sociedad, está interesada en que la designación de los magistrados que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional se realice de manera correcta, a fin de garantizar una impartición de justicia pronta, completa, imparcial e independiente; sin embargo, ello no le confiere un interés legítimo para reclamar a través del juicio de amparo el acuerdo de cambio de adscripción de magistrados; ya que si bien es una cuestión de interés general, lo cierto es que únicamente confiere al quejoso un interés simple porque cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Norma este criterio, la tesis 1a. CLXXXIV/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población .". Así, el hecho de tener el carácter de parte en algún proceso jurisdiccional (en su caso), no confiere interés legítimo para reclamar en el juicio de amparo, el Acuerdo del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en el cual se ordenó el cambio de adscripción de los magistrados Claudio Raymundo Gámez Perea, y Gloria María Zazueta Tirado, en virtud de que esa calidad no hace al quejoso titular del derecho que cuestiona, ni cuenta con una especial situación frente a éste, pues no tiene el interés cualificado actual, real y jurídicamente relevante que se requiere para que la anulación del acto que se reclama produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto, ya que el interés en que los poderes públicos actúen de conformidad con el orden jurídico en cuanto a la impartición de justicia, no es suficiente para considerar que cuenta con una situación especial frente al derecho que controvierte, a la luz de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues para tener por configurado un interés de esa naturaleza, se requiere de una afectación por lo menos indirecta dentro de un parámetro de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad en la esfera jurídica del particular, derivada del acto reclamado, como lo exige la propia Norma Constitucional y, en la especie, no existe una afectación en específico, ni aun indirecta en la esfera jurídica del quejoso, ante la cual una eventual sentencia de protección constitucional implique la obtención de un beneficio determinado, mediante el cual se le restituya en el goce de algún derecho concreto, pues lo que se advierte es un interés simple igual al de cualquier gobernado. En efecto, la determinación del Presidente y el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, se emitió con base en sus atribuciones, pues es facultad del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, nombrar, resolver sobre renuncias, remover, suspender y cambiar de adscripción a los Magistrados de Circuito, Jueces, Secretarios, Actuarios, Visitadores de Juzgados y demás servidores públicos integrantes del Poder Judicial; además también lo es adscribir a los Magistrados de una Sala a otra cuando las necesidades del servicio judicial así lo requieran (fracciones IX y XIV del artículo 19, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación). Además, las personas que obtienen el cargo de Magistrados de Circuito del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, deben contar con el conocimiento jurídico especializado altamente calificado y estar preparado académicamente en todas las ramas del derecho, aptos para desempeñar sus funciones conforme a los principios de legalidad, independencia, autonomía, honorabilidad, eficiencia y excelencia profesional que requiere el servicio de administración de justicia, conforme a los requisitos que para tal efecto establece el artículo 38 la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, el cual a la letra dice: "ARTICULO 38.- Los Magistrados de Circuito serán nombrados por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, preferentemente entre quienes hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que así lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, debiendo reunir los siguientes requisitos: I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; II.- No tener más de cincuenta y cinco años de edad, ni menos de treinta al día de su nombramiento; III.- Poseer, con una antigüedad mínima de cinco años, título profesional de Licenciado en Derecho expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello y cuatro años cuando menos, de práctica profesional; IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de libertad por más de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y V.- Haber residido en el Estado de Sinaloa durante los últimos cinco años, salvo en caso de ausencia en servicio de la República o del Gobierno del Estado, por un tiempo menor de seis meses.". De ahí que, si en el caso concreto, el cambio de adscripción de esos magistrados se realizó por razón de necesidades del servicio, y el quejoso como abogado postulante, no cuenta con el interés legítimo, a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues no se advierte el primer aspecto destacado, esto es, la afectación real a su esfera jurídica. Se invoca como ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de título y contenido siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARECE DE ÉSTE QUIEN ADUCE SER PARTE EN ALGÚN PROCESO JURISDICCIONAL PARA RECLAMAR EL ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, POR EL CUAL SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL Y CONVOCATORIAS PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN RELATIVOS. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), precisó los rasgos definitorios del interés legítimo y determinó que éste se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Consecuentemente, el hecho de tener el carácter de parte en algún proceso jurisdiccional, no confiere interés legítimo para reclamar en el juicio de amparo el Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, por el cual se emiten los Lineamientos generales para la selección de Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial, ni las convocatorias para participar en los concursos de oposición relativos, en virtud de que esa calidad no hace al quejoso titular del derecho que cuestiona, ni cuenta con una especial situación frente a éste, pues no tiene el interés cualificado actual, real y jurídicamente relevante que se requiere para que la anulación del acto que se reclama produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto, ya que el interés en que los poderes públicos actúen de conformidad con el orden jurídico en cuanto a la impartición de justicia, no es suficiente para considerar que cuenta con una situación especial frente al derecho que controvierte, a la luz de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, pues para tener por configurado un interés de esa naturaleza, se requiere de una afectación por lo menos indirecta -dentro de un parámetro de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad- en la esfera jurídica del particular, derivada del acto reclamado, como lo exige la propia Norma Constitucional y, en la especie, no se advierte la existencia de una afectación en específico, ni aun indirecta en la esfera jurídica del quejoso, ante la cual una eventual sentencia de protección constitucional implique la obtención de un beneficio determinado, mediante el cual se le restituya en el goce de algún derecho concreto, pues lo que se advierte es un interés simple igual al de cualquier gobernado." De igual forma resulta ilustrativo el criterio contenido en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que a la letra señala: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ÉL QUIEN MANIFIESTA QUE UN ACTO VIOLA EN SU PERJUICIO EL DERECHO HUMANO DE LA SOCIEDAD DE CONTAR CON SERVIDORES IDÓNEOS PARA DESEMPEÑARSE COMO JUZGADORES, LOS CUALES ASEGUREN UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA IMPARCIAL, SIN PRETENDER UN BENEFICIO DIRECTO O INDIRECTO EN SU ESFERA JURÍDICA INDIVIDUAL. De la exposición de motivos de la reforma en materia de amparo realizada al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, en vigor a partir del 4 de octubre siguiente, se advierte un énfasis especial en resaltar como requisito indispensable del interés legítimo la existencia de una afectación indirecta en la esfera jurídica del individuo, por lo cual, el legislador empleó la frase "especial situación frente al orden jurídico" con un sentido de racionalidad, esto es, refiriéndose a situaciones concretas o excepcionales que guarden características diferentes a las generales en que pueden encontrarse los gobernados frente al orden jurídico, por lo cual es esa circunstancia la que debe apreciarse en cada caso concreto para determinar si existe o no un interés legítimo, el cual exige, como requisito mínimo, que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando la norma no le dé un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente. Así, cuando el particular busca únicamente lograr un control de legalidad abstracto sobre un acto que, según manifiesta, viola en su perjuicio el derecho humano de la sociedad de contar con servidores idóneos para desempeñarse como juzgadores, los cuales aseguren una impartición de justicia imparcial, de acuerdo con el artículo 17 constitucional, sin pretender un beneficio directo o indirecto en su esfera jurídica individual, pues no refiere el modo en que esa impugnación le beneficiará ni demuestra cómo la concesión de amparo lo restituirá en el goce de un derecho violado, carece de interés legítimo, dado que tal afirmación no puede considerarse como una afectación real y actual en su esfera jurídica, sino que se traduce en una aseveración hipotética en cuanto al posible desempeño del funcionario judicial, pues a pesar de que a todos los individuos les interesa la legalidad de los actos realizados por el poder público, ese objetivo o intención es insuficiente, por sí mismo, para acudir al juicio de garantías. Es decir, el derecho en el que se sustenta dicha demanda se traduce en un interés simple que la ley reconoce a todo ciudadano, pero no puede asimilarse al interés legítimo previsto en el precepto constitucional inicialmente citado. Aunado a lo anterior, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que puede llevar a una declaratoria de inconstitucionalidad pues, de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto y se llegaría al absurdo de permitir que por cada uno se admitiera el amparo cuando se reclamaran derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos." De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, 5°, fracción, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que se desecha la presente demanda de amparo, respecto de los actos reclamados, por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que el quejoso acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Es aplicable al caso, la tesis 2a./J. 57/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. ". Es aplicable al presente asunto, por identidad de razón, la tesis I.13o.A.4 K del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, publicada en la página 1318, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea por que se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio , ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyos rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Alejandrina y Zafiro 1987, en el Fraccionamiento Real Diamante en esta ciudad, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados José Antonio Rubio Cervantes, Edgar Javier Soto Camacho y Edgar Alberto Rojo Barrios. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que se realice la notificación de este auto.

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