Edgar Daniel Castro Gaxiola
Expediente 131/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 131/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 03/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Edgar Daniel Castro Gaxiola
- Juez de Primera Instancia de Control Y de Enjuiciamiento Penal, Región Norte de Sinaloa, Ejido Goros Ii, Ahome
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en treinta de marzo de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la parte quejosa, a la fecha, hubiere interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el precepto 214 de la ley de la materia, archívese el presente como asunto concluido. Ahora bien, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Por tanto, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que el original del cuaderno de suspensión es susceptible de depuración, motivo por el cual deberá conservarse el proveído mediante el cual se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; en la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó atención médica; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29, del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EDGAR DANIEL CASTRO GAXIOLA, EL ACUERDO DICTADO EL TRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en treinta de marzo de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la parte quejosa, a la fecha, hubiere interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el precepto 214 de la ley de la materia, archívese el presente como asunto concluido. Ahora bien, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Por tanto, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que el original del cuaderno de suspensión es susceptible de depuración, motivo por el cual deberá conservarse el proveído mediante el cual se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; en la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó atención médica; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29, del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que este órgano jurisdiccional está en condiciones para pronunciarse sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y datos aportados por la autoridad responsable. Lo anterior, atendiendo al criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 26/2000, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En ese sentido, por resolución constitucional de treinta de septiembre de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional, para el efecto siguiente: "1. Subsistiendo incólume lo que no es materia de concesión del amparo, reponga el procedimiento penal y desahogue nueva audiencia inicial, corrobore si el imputado conoce sus derechos constitucionales y legales, en su caso, se los puntualice, corrobore si es voluntad del imputado que el defensor que lo asiste lo represente, y durante la audiencia le explique el derecho a declarar o guardar silencio en términos dela artículo 20, apartado B, fracciones II y VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a que su situación jurídica -vinculación a proceso- sea resuelta en la audiencia, dentro de las setenta y dos horas o dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas. 2. Hecha la imputación respectiva, el Juez de control debe dirigirse al imputado y preguntarle si entendió el hecho atribuido por la fiscalía; asimismo, con asesoría de su defensor, si requiere que la fiscalía haga alguna aclaración sobre los hechos imputados, si es o no su deseo de contestar el cargo, rendir declaración o guardar silencio al respecto, haciéndole en ese momento de su conocimiento que tiene derecho a abstenerse de declarar, a no incriminarse a sí mismo y que si elige guardar silencio este no podrá ser valorado en su contra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria. 3. En su caso, llegado el momento procesal en que el Ministerio Público solicite se vincule a proceso al imputado, el Juez de Control deberá explicarle en qué consiste tal solicitud y que tiene derecho a decidir que su situación jurídica se resuelva en el mismo momento de la audiencia, en el término de setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro horas, previa consulta y asesoramiento de su defensor al respecto. 4. Una vez subsanadas las omisiones de los requisitos de forma, anteriormente señalados, continúe la sustanciación de la audiencia y resuelva la situación jurídica del imputado como en derecho corresponda, dentro del plazo legal o dentro de la ampliación del mismo a que se refiere el artículo 19 Constitucional, según lo elija el imputado con asesoría de su defensor. Cabe precisar que el presente fallo no prejuzga sobre los datos que derivan de los antecedentes de la investigación para establecer que se han cometido hechos que la ley señala como delito ni sobre la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, ya que la reposición de las etapas del procedimiento implica un obstáculo para emprender su análisis de fondo, por lo que quedan expeditas las facultades del Juez de Control que presida la audiencia para decidir lo que en derecho corresponda. La concesión del amparo se hace extensiva respecto de la medida cautelar reclamada, consistente en prisión preventiva, pues ella queda insubsistente con motivo de la concesión de amparo y deberá ser materia de nuevo debate y determinación al dar cumplimiento a esta sentencia protectora, debiendo analizar al momento de resolver, si tal medida pudiera trastocar el principio de presunción de inocencia, considerando, entre otras cuestiones legales (proporcionalidad, idoneidad y lesividad), que los hechos a tratar en la audiencia inicial son referentes a un delito de naturaleza culposa (derivado del tránsito de vehículos) y otro omisivo de naturaleza dolosa, al que asistió por un citatorio que le giró el juez responsable al efecto." Dicha resolución causó ejecutoria mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte, y se requirió por el cumplimiento del fallo protector. Posteriormente, por oficios recibidos en tres y nueve de noviembre de dos mil veinte, informó sobre el cumplimiento dado. Ese sentido, del análisis del audio y video remitido por el Juez de Control, se advierte la audiencia inicial, en donde se determinó: 17:23:46. El juez preguntó al imputado si conoce sus derechos constitucionales; 17:23:51. Imputado contestó, que sí los conoce; 17:24:10. El Juez cuestionó al imputado si era su deseo que los defensores que se encuentran con él lo representaran; 17:24:14. El quejoso manifestó que sí era su deseo que los defensores que se encontraban con él lo asistieran; 17:24:18. El Juez le hizo saber que en el momento procesal oportuno tendrá derecho a manifestar sí desea declarar, o bien, guardan silencio. Posteriormente se procedió a formular la imputación; 17:29:57. El Juez preguntó al inculpado si entendió el hecho atribuido por la fiscalía; 17:30:07. Precisó al imputado que con ayuda o asesoría de sus defensores, manifieste si requiere la precisión o aclaración de algún punto de la imputación; 17:31:11. El quejoso con asistencia de sus asesores, expresó que no requiere ninguna aclaración, respecto de la imputación; 17:31:46. El juez cuestionó al imputado si era su deseo contestar el cargo en ese momento; 17:32:22. El quejoso manifestó que no deseaba contestar el cargo; 17:32:37. El Juez hizo del conocimiento de quejoso que tiene derecho a abstenerse de declarar, a no incriminarse a sí mismo y que si elige guardar silencio este no podrá ser valorado en su contra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria; 17:32:59. El quejoso manifestó que no desea rendir declaración; 17:35:28. El juez procedió a explicar en qué consiste la solicitud de vinculación; 17:36:35. El quejoso manifestó que entendió y le quedo claro en que consiste la vinculación a proceso; 17:37:06. El juez cuestionó al quejoso si deseaba que se resolviera su situación jurídica el mismo momento de la audiencia, en el término de setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro horas; 17:40:35. La defensa el imputado solicitó decidir sobre la ampliación del plazo, después de que el ministerio público se pronuncie sobre la vinculación a proceso; 17:41:00. Ministerio Público inicia pronunciamiento sobre vinculación a proceso; 18:00:06. El juez informó al quejoso si era su deseo declarar o guardar silencio a no incriminarse a sí mismo y que si elige guardar silencio este no podrá ser valorado en su contra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria; 18:00:46. Manifestó el quejoso que desea guardar silencio; 18:03:38. El quejoso manifestó que deseaba que su situación jurídica se resolviera dentro del plazo de setenta y dos horas; y, 18:08:00. El Agente del Ministerio Público solicitó se decrete media cautelar de prisión preventiva oficiosa. Luego, en la continuación de la audiencia inicial se deduce que se determinó vincular a proceso al inculpado; posteriormente, se solicitó la ratificación de la prisión preventiva; a lo cual, el juez responsable determinó que se surten los supuestos del artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo, dijo que la medida cautelar era procedente en virtud de haber quedado sin efectos la primera audiencia inicial, conforme al numeral 154, en lo relativo a la proporcionalidad de la medida cautelar a imponer en términos del numeral 156, tomó en cuenta la naturaleza y actos mencionados por la fiscalía, por ello, arribó a la conclusión que no existe otra media cautelar suficiente que garantice el proceso y a la víctima la posible reparación del daño. Por tanto, estimó procedente la prisión preventiva justificada. Bajo ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que el fallo protector se encuentra cumplido, es así, pues el juez de control cumplió con los vicios formales denotados en la ejecutoria de amparo, dado que en primer lugar, repuso el procedimiento penal y se ordenó el desahogo de la audiencia inicial de nueva cuenta. Posteriormente, se cuestionó al imputado si conoce sus derechos constitucionales y legales, a lo cual contestó que sí; seguidamente, lo cuestionó si las personas que lo acompañan son sus representantes o asesores, a lo cual refirió que efectivamente así era. Asimismo, una vez que se le informó su derecho a declarar o guardar silencio en términos dela artículo 20, apartado B, fracciones II y VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el quejoso manifestó que no era su deseo declarar; de igual forma, una vez explicada que su situación jurídica - vinculación a proceso- puede ser resuelta en la audiencia, dentro de las setenta y dos horas o dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas, el quejoso expresó su deseo de ser resuelta en el plazo de setenta y dos hora. En ese sentido, hecha la imputación, el Juez de control se dirigió al imputado y le preguntó si entendió el hecho atribuido por la fiscalía, y una vez asesorado por la defensa, refirió que no requiere se clarifique ningún punto de la imputación; Luego, expresó que no es su deseo de contestar el cargo. Igualmente, una vez pronunciado el Ministerio Público el Juez de Control explicó al quejoso en qué consiste la solicitud de vinculación a proceso y que tiene derecho a decidir que su situación jurídica se resuelva en el mismo momento de la audiencia, en el término de setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro horas, previa consulta y asesoramiento de su defensor. Luego, en la continuación de la audiencia inicial y una vez desahogo la probanza ofrecida por el imputado, se resolvió la situación jurídica del imputado y se determinó vincular a proceso, lo cual sucedió dentro del plazo de setenta y dos horas elegido por el quejoso. Finalmente, se pronunció de nueva cuenta sobre la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y una vez que analizó los aspectos como naturaleza y los actos mencionados por el Ministerio Público, así como la proporcionalidad de ésta conforme al numeral 156 del Código Nacional de Procedimiento Penales, consideró que no existía otra media que garantizara que el imputado se presentara al proceso y que a su vez garantizara la reparación del daño; sin perjuicio, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa; sin embargo, la autoridad responsable cuenta con libertad de jurisdicción para resolver cuál media es la más idónea a su juicio, a su vez el quejoso tiene expediente su derecho para impugnar esa decisión por la vía que corresponda. En relatadas consideraciones, de conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO: EDGAR DANIEL CASTRO GAXIOLA, EL ACUERDO DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que este órgano jurisdiccional está en condiciones para pronunciarse sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y datos aportados por la autoridad responsable. Lo anterior, atendiendo al criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 26/2000, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En ese sentido, por resolución constitucional de treinta de septiembre de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional, para el efecto siguiente: "1. Subsistiendo incólume lo que no es materia de concesión del amparo, reponga el procedimiento penal y desahogue nueva audiencia inicial, corrobore si el imputado conoce sus derechos constitucionales y legales, en su caso, se los puntualice, corrobore si es voluntad del imputado que el defensor que lo asiste lo represente, y durante la audiencia le explique el derecho a declarar o guardar silencio en términos dela artículo 20, apartado B, fracciones II y VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a que su situación jurídica -vinculación a proceso- sea resuelta en la audiencia, dentro de las setenta y dos horas o dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas. 2. Hecha la imputación respectiva, el Juez de control debe dirigirse al imputado y preguntarle si entendió el hecho atribuido por la fiscalía; asimismo, con asesoría de su defensor, si requiere que la fiscalía haga alguna aclaración sobre los hechos imputados, si es o no su deseo de contestar el cargo, rendir declaración o guardar silencio al respecto, haciéndole en ese momento de su conocimiento que tiene derecho a abstenerse de declarar, a no incriminarse a sí mismo y que si elige guardar silencio este no podrá ser valorado en su contra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria. 3. En su caso, llegado el momento procesal en que el Ministerio Público solicite se vincule a proceso al imputado, el Juez de Control deberá explicarle en qué consiste tal solicitud y que tiene derecho a decidir que su situación jurídica se resuelva en el mismo momento de la audiencia, en el término de setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro horas, previa consulta y asesoramiento de su defensor al respecto. 4. Una vez subsanadas las omisiones de los requisitos de forma, anteriormente señalados, continúe la sustanciación de la audiencia y resuelva la situación jurídica del imputado como en derecho corresponda, dentro del plazo legal o dentro de la ampliación del mismo a que se refiere el artículo 19 Constitucional, según lo elija el imputado con asesoría de su defensor. Cabe precisar que el presente fallo no prejuzga sobre los datos que derivan de los antecedentes de la investigación para establecer que se han cometido hechos que la ley señala como delito ni sobre la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, ya que la reposición de las etapas del procedimiento implica un obstáculo para emprender su análisis de fondo, por lo que quedan expeditas las facultades del Juez de Control que presida la audiencia para decidir lo que en derecho corresponda. La concesión del amparo se hace extensiva respecto de la medida cautelar reclamada, consistente en prisión preventiva, pues ella queda insubsistente con motivo de la concesión de amparo y deberá ser materia de nuevo debate y determinación al dar cumplimiento a esta sentencia protectora, debiendo analizar al momento de resolver, si tal medida pudiera trastocar el principio de presunción de inocencia, considerando, entre otras cuestiones legales (proporcionalidad, idoneidad y lesividad), que los hechos a tratar en la audiencia inicial son referentes a un delito de naturaleza culposa (derivado del tránsito de vehículos) y otro omisivo de naturaleza dolosa, al que asistió por un citatorio que le giró el juez responsable al efecto." Dicha resolución causó ejecutoria mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte, y se requirió por el cumplimiento del fallo protector. Posteriormente, por oficios recibidos en tres y nueve de noviembre de dos mil veinte, informó sobre el cumplimiento dado. Ese sentido, del análisis del audio y video remitido por el Juez de Control, se advierte la audiencia inicial, en donde se determinó: 17:23:46. El juez preguntó al imputado si conoce sus derechos constitucionales; 17:23:51. Imputado contestó, que sí los conoce; 17:24:10. El Juez cuestionó al imputado si era su deseo que los defensores que se encuentran con él lo representaran; 17:24:14. El quejoso manifestó que sí era su deseo que los defensores que se encontraban con él lo asistieran; 17:24:18. El Juez le hizo saber que en el momento procesal oportuno tendrá derecho a manifestar sí desea declarar, o bien, guardan silencio. Posteriormente se procedió a formular la imputación; 17:29:57. El Juez preguntó al inculpado si entendió el hecho atribuido por la fiscalía; 17:30:07. Precisó al imputado que con ayuda o asesoría de sus defensores, manifieste si requiere la precisión o aclaración de algún punto de la imputación; 17:31:11. El quejoso con asistencia de sus asesores, expresó que no requiere ninguna aclaración, respecto de la imputación; 17:31:46. El juez cuestionó al imputado si era su deseo contestar el cargo en ese momento; 17:32:22. El quejoso manifestó que no deseaba contestar el cargo; 17:32:37. El Juez hizo del conocimiento de quejoso que tiene derecho a abstenerse de declarar, a no incriminarse a sí mismo y que si elige guardar silencio este no podrá ser valorado en su contra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria; 17:32:59. El quejoso manifestó que no desea rendir declaración; 17:35:28. El juez procedió a explicar en qué consiste la solicitud de vinculación; 17:36:35. El quejoso manifestó que entendió y le quedo claro en que consiste la vinculación a proceso; 17:37:06. El juez cuestionó al quejoso si deseaba que se resolviera su situación jurídica el mismo momento de la audiencia, en el término de setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro horas; La defensa el imputado solicitó decidir sobre la ampliación del plazo, después de que el ministerio público se pronuncie sobre la vinculación a proceso; 17:41:00. Ministerio Público inicia pronunciamiento sobre vinculación a proceso; 18:00:06. El juez informó al quejoso si era su deseo declarar o guardar silencio a no incriminarse a sí mismo y que si elige guardar silencio este no podrá ser valorado en su contra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria; 18:00:46. Manifestó el quejoso que desea guardar silencio; 18:03:38. El quejoso manifestó que deseaba que su situación jurídica se resolviera dentro del plazo de setenta y dos horas; y, 18:08:00. El Agente del Ministerio Público solicitó se decrete media cautelar de prisión preventiva oficiosa. Luego, en la continuación de la audiencia inicial se deduce que se determinó vincular a proceso al inculpado; posteriormente, se solicitó la ratificación de la prisión preventiva; a lo cual, el juez responsable determinó que se surten los supuestos del artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo, dijo que la medida cautelar era procedente en virtud de haber quedado sin efectos la primera audiencia inicial, conforme al numeral 154, en lo relativo a la proporcionalidad de la medida cautelar a imponer en términos del numeral 156, tomó en cuenta la naturaleza y actos mencionados por la fiscalía, por ello, arribó a la conclusión que no existe otra media cautelar suficiente que garantice el proceso y a la víctima la posible reparación del daño. Por tanto, estimó procedente la prisión preventiva justificada. Bajo ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que el fallo protector se encuentra cumplido, es así, pues el juez de control cumplió con los vicios formales denotados en la ejecutoria de amparo, dado que en primer lugar, repuso el procedimiento penal y se ordenó el desahogo de la audiencia inicial de nueva cuenta. Posteriormente, se cuestionó al imputado si conoce sus derechos constitucionales y legales, a lo cual contestó que sí; seguidamente, lo cuestionó si las personas que lo acompañan son sus representantes o asesores, a lo cual refirió que efectivamente así era. Asimismo, una vez que se le informó su derecho a declarar o guardar silencio en términos dela artículo 20, apartado B, fracciones II y VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el quejoso manifestó que no era su deseo declarar; de igual forma, una vez explicada que su situación jurídica - vinculación a proceso- puede ser resuelta en la audiencia, dentro de las setenta y dos horas o dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas, el quejoso expresó su deseo de ser resuelta en el plazo de setenta y dos hora. En ese sentido, hecha la imputación, el Juez de control se dirigió al imputado y le preguntó si entendió el hecho atribuido por la fiscalía, y una vez asesorado por la defensa, refirió que no requiere se clarifique ningún punto de la imputación; Luego, expresó que no es su deseo de contestar el cargo. Igualmente, una vez pronunciado el Ministerio Público el Juez de Control explicó al quejoso en qué consiste la solicitud de vinculación a proceso y que tiene derecho a decidir que su situación jurídica se resuelva en el mismo momento de la audiencia, en el término de setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro horas, previa consulta y asesoramiento de su defensor. Luego, en la continuación de la audiencia inicial y una vez desahogo la probanza ofrecida por el imputado, se resolvió la situación jurídica del imputado y se determinó vincular a proceso, lo cual sucedió dentro del plazo de setenta y dos horas elegido por el quejoso. Finalmente, se pronunció de nueva cuenta sobre la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y una vez que analizó los aspectos como naturaleza y los actos mencionados por el Ministerio Público, así como la proporcionalidad de ésta conforme al numeral 156 del Código Nacional de Procedimiento Penales, consideró que no existía otra media que garantizara que el imputado se presentara al proceso y que a su vez garantizara la reparación del daño; sin perjuicio, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa; sin embargo, la autoridad responsable cuenta con libertad de jurisdicción para resolver cuál media es la más idónea a su juicio, a su vez el quejoso tiene expediente su derecho para impugnar esa decisión por la vía que corresponda. En relatadas consideraciones, de conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo.
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