Edelyra Ahumada Zamora
Expediente 501/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 29 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 501/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Edelyra Ahumada Zamora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veinte de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En esa virtud, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se precisa que este asunto es susceptible de conservación, dado que en resolución constitucional de trece de septiembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. Original incidente de suspensión Por otra parte, en razón de que se concedió la suspensión definitiva y en resolución interlocutoria se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el numeral 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el incidente de suspensión es susceptible de conservación; por ende, se ordena agregar al expediente. En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, firmado por el licenciado Luis Javier Jiménez González, autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista que se le dio en proveído de catorce de junio del presente año, y manifiesta su conformidad con el cumplimiento realizado por la autoridad responsable; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Ahora bien, es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el trece de septiembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos de que las autoridades responsables, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: 1.- Se lleve a cabo en la persona de la quejosa Edelyra Ahumada Zamora, los estudios por parte de la especialidad de Traumatología y Ortopedia, en el que se analice de manera real y basada en estudios adecuados y especializados del estado de salud que presenta, por haberle diagnosticado "Lumbalgia mecánica no sistematizada", "lumbalgia Hemorragia uterina disfuncional", "lumbago con ciática Escoliosis" y "fibromialgia", y proporcione el suministro de medicamentos necesarios para el tratamiento de su salud, aportando los recursos humanos y materiales para ello. 2.- Asimismo, determine, el plan de tratamiento que corresponda al padecimiento que resulte de los estudios realizados, para que de manera inmediata se realice, aportando los recursos humanos y materiales para ello. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, en proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, causo ejecutoria el presente juicio de amparo, y se requirió a la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, por el cumplimiento de ejecutoria (foja 186 y 187). Ahora bien, mediante oficio, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el trece de junio del año en curso, suscrito por el Director del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que en fecha once de junio del presente año, se llevó a cabo la cirugía requerida, informando que no se presentaron incidentes ni complicaciones. Asimismo, informo: (PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA). Alta del servicio de ortopedia en ambulancia a su domicilio. Cambiar de gasas solo por razón necesaria. Retiro de puntos en 3 semanas Movilización libre a tolerancia. Ciprofloxacino 500 Mgrs tabletas. Tomar vía oral cada 12 horas por 10 días Celecoxib tabletas. Tomar vía oral cada 12 horas en caso de dolor. Cita a la consulta externa de ortopedia en cuatro semanas con su médico tratante. 10. Cita abierta a urgencia ante cualquier complicación. Visto lo anterior se observa que la quejosa contó con: Atención preoperatoria. Análisis clínicos. Atención con el especialista TY0. Atención operatoria. Atención post operatoria. Plan médico. Entrega de medicamentos. (fojas 351 a la 354) Luego, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona Número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad ". Se lleve a cabo en la persona de la quejosa Edelyra Ahumada Zamora, los estudios por parte de la especialidad de Traumatología y Ortopedia, en el que se analice de manera real y basada en estudios adecuados y especializados del estado de salud que presenta, por haberle diagnosticado "Lumbalgia mecánica no sistematizada", "lumbalgia Hemorragia uterina disfuncional", "lumbago con ciática Escoliosis" y "fibromialgia", y proporcione el suministro de medicamentos necesarios para el tratamiento de su salud, aportando los recursos humanos y materiales para ello. 2.- Asimismo, determine, el plan de tratamiento que corresponda al padecimiento que resulte de los estudios realizados, para que de manera inmediata se realice, aportando los recursos humanos y materiales para ello.". Lo cual ya aconteció, toda vez que la autoridad responsable realizó los estudios indicados y llevó a cabo la cirugía requerida, informando que no se presentaron incidentes ni complicaciones. De igual manera, el autorizado de la parte quejosa mediante el ocurso de cuenta manifestó: ".me puse en contacto vía telefónica con la quejosa para verificar que en efecto se le hubiera dado la atención médica a que hace referencia la responsable, siendo que me indicó que es verdad lo expresado por la autoridad, por lo que indica que se encuentra satisfecha con el cumplimiento de la sentencia y con el envío del expediente en que se actúa al archivo en el momento procesal oportuno". Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, catorce de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta suscrito por el Director del Hospital General de Zona Número 49 de Los Mochis, Sinaloa, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y exhibe documentales que lo acredita; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Finalmente, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista con el mismo a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.
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Los Mochis, Sinaloa, nueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en proveído de doce de mayo del presente año, se agregó el oficio suscrito por la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona Número 49 de Los Mochis, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informo los trámites que está realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, dado que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que por sentencia pronunciada el trece de septiembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos de que las autoridades responsables, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: 1.- Se lleve a cabo en la persona de la quejosa ********************, los estudios por parte de la especialidad de Traumatología y Ortopedia, en el que se analice de manera real y basada en estudios adecuados y especializados del estado de salud que presenta, por haberle diagnosticado "Lumbalgia mecánica no sistematizada", "lumbalgia Hemorragia uterina disfuncional", "lumbago con ciática Escoliosis" y "fibromialgia", y proporcione el suministro de medicamentos necesarios para el tratamiento de su salud, aportando los recursos humanos y materiales para ello. 2.- Asimismo, determine, el plan de tratamiento que corresponda al padecimiento que resulte de los estudios realizados, para que de manera inmediata se realice, aportando los recursos humanos y materiales para ello. En la especie, es pertinente destacar que la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona Número 49, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, mediante oficio número 4360/2023, recibido en este órgano jurisdiccional el nueve de mayo del presente años, comunicó los trámites realizados en vía de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al referir: ".A la paciente se le solicitó 1 donador y se envió la solicitud de cirugía al Doctor Manuel Félix Ponce,, siendo que ya cuenta con estudios, diagnóstico, plan de atención médica, envío con el Especialista en Traumatología y Ortopedia, dentro del diagnóstico está el recalibrare 14-15, y ya se envió programación a fecha quirúrgica, por lo tanto se considera adecuado la atención. Para poder otorgar la fecha de programación era necesario la quejosa pasara por lo anterior señalado de atención médico, por lo tanto estamos en vías de cumplimiento."; Sin que a la fecha la autoridad responsable haya comunicado el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En mérito de lo anterior, este juzgador considera que las autoridades responsables no han dado cabal cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio constitucional, al no atender a la totalidad de los efectos establecidos en la sentencia; pues, si bien informaron que a la quejosa ********************, le han estado proporcionando terapias físicas, pero no los estudios por parte de la especialidad de Traumatología y Ortopedia, en el que se analice de manera real y basada en estudios adecuados y especializados del estado de salud que presenta, por haberle diagnosticado "Lumbalgia mecánica no sistematizada", "lumbalgia Hemorragia uterina disfuncional", "lumbago con ciática Escoliosis" y "fibromialgia", y tampoco que le hayan proporcionado un tratamiento adecuado a seguir en relación al padecimiento de salud de la quejosa. Por tanto, el suscrito Juzgador ha advertido un retardo, omisión e incumplimiento a los autos emitidos por este Juzgado de Distrito en los que se requirió a la autoridad responsable, que cumplimentaran la ejecutoria de amparo; por ende, se le reiteró que, en caso de persistir en la omisión, retardo o evasivas se haría acreedora a una multa que en su momento se determinaría; sin que en la especie, fuera dable justificar su actuar dado que no han acreditado encontrarse realizando los actos tendentes y las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa. Cierto el Tribunal en Pleno fue preciso en establecer las hipótesis para imponer las multas, las cuales consisten en la omisión de dar cumplimiento y en el retardo injustificado, ambos aspectos que el suscrito juzgador considera se actualizan en el presente juicio de amparo. En ese sentido, mediante oficio, requiérase nuevamente a las autoridades responsables, a fin de que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la recepción del oficio respectivo, otorguen cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento de que, en caso de omitir dar cumplimiento, realizar evasivas o retardar aún más el cumplimiento a la sentencia constitucional, se harán acreedoras a una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, subsiste el diverso relativo a remitir el expediente al Tribunal Colegiado en turno de este Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, que podrían culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el mismo contexto, se fija el aludido plazo en razón del tiempo transcurrido entre la ejecutoria de cumplimiento y la fecha del presente auto, lo cual de por sí se considera un retraso en el cumplimiento de la sentencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 59/2014 sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Es aplicable la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2007918, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Tomo I, del Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2014, Materia Común, número de Tesis P./J. 54/2014 (10a.), cuyo contenido es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.
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