Edgar Adrian Rodríguez Valdez

Expediente 1037/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1037/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
20/08/2018

Partes del expediente

  • Edgar Adrian Rodríguez Valdez y Otros.
  • Edgar Adrian Rodríguez Valdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. Por ende, con fundamento en el arábigo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Así pues, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa y se sobreseyó, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción II, del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, no tiene valor jurídico, no constan documentos originales y no hubo oposición a la publicación de datos personales, así como que es susceptible de destrucción. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, el asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACUTARIA JUDICIAL, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: CAUSA ESTADO LA SENTENCIA, ORDENA ARCHIVO Y SE DECLARA SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION.

  3. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar al defensor público de la parte quejosa por medio de lista de la sentencia de veintisiete de julio de dos mil dieciocho que a la letra dice: Sentencia Visto para resolver el juicio de amparo 1037/2017-IV, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda inicial. Mediante escrito y anexos presentados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, turnados a este Juzgado el mismo día, *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto reclamado siguiente: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Juzgado Tercero de Ejecución de Penas, con residencia ampliamente conocida en Ciudad Juárez Chihuahua. IV.- ACTO RECLAMADO.- La negativa de la compurgación simultánea de las penas punitivas de la libertad impuestas en mi contra dentro de las causas penales, *******, ******* ambas por Robo agravado (SIMILARES) y la ******* por el delito de Homicidio y conexo de los robos agravados. Segundo. Derechos que el quejoso estimó vulnerados. El quejoso señaló como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16, 18 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo de referencia, se registró bajo el expediente 1037/2017-IV, se solicitaron informes justificados a las responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Ampliación de demanda. En auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho (foja 43), se dio vista a la parte quejosa para que manifestara, en el término de Ley, si era su deseo ampliar su demanda de amparo, señalando como acto reclamado, además del precisado en la demanda inicial, el diverso auto de quince de noviembre de dos mil diecisiete, en el cual el Juez responsable determinó la acumulación de las penas de prisión impuestas al aquí quejoso en las causa penales ******* y *******, así como los términos en que habrán de compurgarse, asimismo, determinó la forma sucesiva en que habrá de compurgarse la pena de prisión impuesta en la causa penal *******. Al respecto, en auto de nueve de marzo de dos mil dieciocho (foja 62), previo cumplimiento de una prevención, se tuvo al quejoso ampliando su demanda de amparo en los términos señalados y se requirió su informe justificado a la autoridad responsable. Quinto. Celebración de la audiencia constitucional. Una vez que este juicio de amparo estuvo debidamente integrado, se llevó a cabo la audiencia constitucional conforme al acta que antecede, la cual concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, toda vez que este asunto se refiere a actos cuyos efectos tienen lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la totalidad de constancias que integran el juicio, se desprende que el quejoso reclama del Titular del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional, del Distrito judicial Bravos, residente en esta ciudad: a) El auto de quince de noviembre de dos mil diecisiete, en el cual negó su solicitud de compurgar simultáneamente las penas de prisión que se le impusieron en las causas penales *******, ******* y *******, no obstante ordenó la acumulación de dichas penas de prisión, y b) El diverso auto de quince de noviembre de dos mil diecisiete, en el cual el Juez responsable determinó la acumulación de las penas de prisión impuestas al aquí quejoso en las causa penales ******* y *******, así como en la causa penal ******* y estableció los términos en que habrán de compurgarse, esto es, de forma sucesiva. Tercero. El Titular del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional, del Distrito judicial Bravos, residente en esta ciudad, en sus informes justificados relativos a la demanda inicial (foja 28) y a la ampliación de demanda (foja 71), manifestó que son ciertos los actos reclamados. Además, con su informe relativo a la demanda inicial, remitió copia certificada de las carpetas de ejecución *******, ******* y *******, de donde se advierte de fojas 105 a 110 del tomo de pruebas, la existencia de los actos reclamados. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un funcionario público en ejercicio de sus facultades, dotado de fe pública, como lo es el Juez responsable. Por lo tanto, se tiene probada fehacientemente la existencia de los actos reclamados. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el Titular del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional, del Distrito judicial Bravos, residente en esta ciudad, en su informe justificado relativo a la ampliación de demanda (foja 71), hizo valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Ahora bien, en relación con esta norma, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen que: 17. el pazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Conforme a dichos numerales, se tiene que el término genérico para promover juicio de amparo indirecto es de quince días, el cual tiene como excepciones las siguientes: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, en cuyo caso el término es de ocho años, c) Cuando se reclamen actos que tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, y d) Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el referido plazo empezará a contar: 1. Al día siguiente al en que surta efectos la notificación a la parte quejosa del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; o, 2. Al día siguiente al en que tuvo conocimiento la parte quejosa o se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. En relación con tales plazos, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, determina que el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los mismos, pues se entienden consentidos tácitamente los actos reclamados. Precisado lo anterior, de las constancias que remitió el Juez de Ejecución responsable, relativas a las carpetas de ejecución ******* (causa penal *******) y ******* (causa penal *******), a la ******* (causa penal *******), ya valoradas, se advierte que los autos reclamados de fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, tal como lo mencionó en su informe justificado, le fueron notificados al aquí quejoso, el día dieciséis de noviembre del mismo año y por lo tanto, en ese momento el aquí quejoso se hizo sabedor de tales determinaciones (al respecto el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, no prevé el momento en que las notificaciones surten efectos). Conforme a lo anterior, el término de quince días para promover este juicio de amparo, comenzó a computarse el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete y feneció el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, sin contar los días dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco y veintiséis de noviembre, ni dos y tres de diciembre, del mismo año, por ser inhábiles. Por lo tanto, si la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, su promoción resulta extemporánea y por lo tanto, se entiende que el quejoso consintió los acuerdos emitidos por el Juez de Ejecución responsable el quince de noviembre de dos mil diecisiete. No se pierde de vista que el quejoso se encuentra privado de su libertad, sin embargo, dicha circunstancia no constituye un supuesto de excepción para el término genérico de quince días en que debe promoverse el juicio de amparo indirecto, pues el citado artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, es claro en determinar que la excepción se actualiza cuando la privación de la libertad se presenta fuera de procedimiento, lo que no ocurre en el caso, pues el quejoso está sujeto a un procedimiento de ejecución de sentencias. Por lo tanto, conforme al artículo 63, fracción V, de la ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este asunto. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto, promovido por *******, contra las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado ******* Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, ante la Secretaria licenciada *******, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintisiete de julio de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en esta fecha se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional relativa al presente juicio de amparo. No obstante, en atención a que el informe justificado remitido por el Juez Interino Tercero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, no se agregó con los ocho días de antelación a la audiencia constitucional, tal como lo exige la Ley de Amparo, en su numeral 117, segundo párrafo, se determina que existe imposibilidad jurídica para celebrarla. Por ende, se difiere la audiencia determinada para el día de hoy, a fin de tener verificativo a las nueve horas con diez minutos del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, con la finalidad de que las partes tengan cabal conocimiento del informe de referencia y puedan ofrecer pruebas y formular alegatos conforme a sus intereses convenga. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia número P./J. 54/2000, sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia Tesis: 2a./J. 21/2008, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 253/2007-SS, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, y la cual es visible en la página 590 del Tomo XXVII, febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. - En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria en Funciones de Juez, adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, quien actúa ante el Secretario *******. Doy fe.

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