Edgar Adrián Sánchez Sánchez

Expediente 652/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
652/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
23/12/2022

Partes del expediente

  • Edgar Adrián Sánchez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable una vez que se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, de conformidad con lo establecido en el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DEL ACTUARIO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LAS PARTES TERCERO INTERESADAS, LA SENTENCIA DE FECHA DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de noviembre de dos mil veintidós. VISTOS, para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 652/2022-I, promovido por *******, contra actos del Juez de Primera Instancia, en funciones de Juez de Control del Sistema Penal del Distrito Judicial Bravos, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, recibido en este órgano jurisdiccional el mismo día, ******* promovió el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el Juez de Control del Sistema Penal del Distrito Judicial Bravos y Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, a quienes reclamó: -V. Acto Reclamado: De la autoridad señalada como responsable ordenadora, se reclama el auto de vinculación a proceso, dictado en fecha 2 de julio de 2022, en contra del suscrito, por la probable comisión, de hechos que la ley señala como delitos -violación- y -de privación de la libertad agravado-, perpetrado el primero en perjuicio de *******, y el segundo en perjuicio de esta persona y de *******, los cuales se encuentran previstos en los artículos 171 y 158 párrafo tercero, respectivamente del Código Penal del Estado de Chihuahua, atribuyéndoseme un grado de participación como autor material. De la Autoridad Ejecutora: Se reclama el cumplimiento que se dio a la resolución emitida por la responsable ordenadora.- SEGUNDO. Derechos que se estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua; en acuerdo de veinte de julio de dos mil veintidós, se ordenó formar el expediente tanto físico como electrónico, al que se asignó el número estadístico 652/2022-I; se pidió a las autoridades responsables el informe justificado; se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado agente del Ministerio Público que actúa en la causa penal *******, así como a las víctimas dentro de la citada causa penal; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, modificado por el 8/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar el acto reclamado, el cual se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso, consiste en el siguiente: El auto de vinculación a proceso de dos de julio de dos mil veintidós, dictado por el Juez de Primera Instancia en funciones de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en la causa *******, por hechos que la ley señala como delito de violación y privación de la libertad agravado, así como el cumplimiento a dicha resolución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control del Sistema Penal del Distrito Judicial Bravos, ya que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Lo que además, se corrobora con el índice cronológico de la audiencia y la copia autorizada del registro de audio y video de la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso de dos de julio de dos mil veintidós, celebradas en la causa penal *******. Medios de convicción que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su arábigo 2º. Sirve de apoyo la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y siete-dos mil, cuyo rubro y texto son: -INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.- Igualmente, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: -DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena-. De igual forma, el disco óptico de referencia tiene valor probatorio pleno, por ser idóneo para acreditar lo acontecido en la audiencia respectiva, dada la naturaleza de los procesos orales, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación en materia. Lo precedente tiene sustento en el criterio jurisprudencial de la Décima Época, con número de registro 2004362, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.), Página: 703, con el rubro y contenido siguiente: -VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del -expediente electrónico-, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.- Misma consideración debe hacerse respecto al Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con sede en esta ciudad, en virtud de que el Juez responsable conviene en la emisión del auto de vinculación emitido el dos de julio de dos mil veintidós, del cual se desprende que se impuso al garante la medida cautelar de prisión preventiva, con lo anterior se desvirtúa la negativa del Titular de dicho centro penitenciario. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto procede analizar de oficio las causas de improcedencia por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgado de Distrito no advierte de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia, así como tampoco que la hicieran valer las partes; en consecuencia, procede entrar al estudio de la cuestión planteada. QUINTO. Conceptos de violación. En primer lugar, cabe precisar que no es necesario trascribirlos, ya que, al constar en la demanda, se tienen por reproducidos en esta parte, además, no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a ello. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, mayo de dos mil diez, con registro 164618, del rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X -De las sentencias-, del título primero -Reglas generales-, del libro primero -Del amparo en general-, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado auto de vinculación a proceso. Previo al estudio del acto reclamado, debe precisarse que al quejoso le resulta el carácter de imputado; y, por ende, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se debe aplicar en su favor el principio de suplencia de la queja, en la deficiencia de la formulación de los conceptos de violación; incluso ante la ausencia de los mismos. Sin embargo, en el caso, se estima que no procede aplicar la institución mencionada en beneficio del quejoso, en atención a que, del análisis de las constancias y videograbaciones remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado, y que sirvieron de base para emitir el acto reclamado, se advierte que no existe materia para su aplicación. Sin que ello signifique una violación de las normas que rigen el procedimiento, ya que la aplicación de esa figura, no es absoluta, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador lo considere útil para favorecer al beneficiado; y, para que resulte procedente el amparo. Además, esto se corrobora, ya que, si se aplica la referida figura jurídica, sin haber materia para ello, tal situación implica que se incluya dicho estudio en la motivación del fallo, a pesar de que, ese análisis, lejos de beneficiar a los impetrantes, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna, dado que su estudio mejora la motivación que ya contiene el acto reclamado. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 263, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro -SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).- Una vez establecido lo anterior, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación reclamado, se realizará conforme al artículo 19 Constitucional, que en su parte conducente dispone: -Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión (.)- De dicho precepto se desprenden los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de los hechos que la ley señala como delito; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. En relación con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisan: -Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señalada como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente.- -Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: Los datos personales del imputado; Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa.- De estos dispositivos se advierten, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado oportunidad al imputado para declarar, c) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación, y d) Que se mencionen los datos personales del imputado. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la tesis de jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/26 (9ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1940, del Libro V, Febrero 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Décima Época y número de registro 160331, del rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden vulnerarse derechos diversos a los previstos en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en el mismo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo dispone: -Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.- Es decir, que: a) Debe constar por escrito; b) Provenir de autoridad competente; y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues el Juez responsable remitió copia certificada, ya valorada, del registro escrito del mismo; fue dictado por autoridad competente, conforme a los artículos 15, fracción I, inciso b), 77, 78, 81, fracción I y 95, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pues fue dictado por un Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción. Lo anterior, previa formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público; además, el quejoso estuvo asistido en todo momento de su defensor particular; asimismo, se le dio la oportunidad de declarar respecto del hecho ilícito que se le imputó, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, quien optó por ejercerlo. Luego, se tiene que el Juez responsable, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, son constitutivos del delito de violación y privación de la libertad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, por los artículos 171, 158, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Chihuahua; asimismo, estimó que de los datos que, hasta este momento procesal arrojó la carpeta de investigación, se desprende la probabilidad de que el aquí quejoso haya participado, de forma dolosa y en calidad de autor, en la comisión de los ilícitos mencionados. Previo tal análisis, del auto de vinculación a proceso reclamado, conforme a los términos propuestos por el Juez responsable, es menester analizar los conceptos de violación que el quejoso hizo valer, los cuales se precisaran y contestar uno por uno. El quejoso en su demanda refiere que el agente del Ministerio Público Estatal dio lectura incompleta al momento de reseñar los datos de prueba, omitiendo mencionar datos que obran en el dictamen pericial, respecto a la información que la víctima de iniciales *******, proporciono a la perito médico legista, en cuanto a que es -*******-, y admitió haber tenido relaciones sexuales, con el aquí quejoso de manera voluntaria, que después quería otras cosas, la amenazó con una pistola, sin lograr hacer nada más con ella, refirió que consumió piedra fumada, alcohol y cigarrillo voluntariamente; asimismo, manifestó que examen segmentario que se le practicó a la víctima -no se le apreciaron lesiones en su cara, cráneo y cuello-, que en el -tórax y mamas- no hubo datos de interés médico legal; sin que el Juez responsable tomará en consideración dichas circunstancias pese a que el Defensor Público hizo valer tales omisiones. Ahora bien, es infundado el concepto de violación reseñado pues dicha información ya había sido mencionada por el Ministerio Público, en los hechos que constituyen parte de la denuncia de la víctima, por lo que es innecesario que los mismos se esté repitiendo. En cuanto a lo determinado por la médico legista en su dictamen respecto a que la víctima no presentó lesiones en la cara, cráneo, cuello, así como en el tórax y mamas, sin que hubiere datos de interés médico legal, se precisa que para acreditar el delito de violación no es necesario que la víctima presente lesiones o marcas de hecho con apariencia de alguna agresión visible, aunado a que la perito refirió que no hubo datos de interés médico legal, esto es, que las lesiones no tienen el carácter de que sea necesario algún tratamiento, ya que si bien el Juez de la causa indicó que no cuenta con el estudio para determinar si las mismas son o no de interés médico, y si bien la víctima en su denuncia manifestó que la jaloneó del cabello y le mordió los pechos nunca señaló que le hubiere dejado alguna marca o lesión. El quejoso también refiere como concepto de violación que la diversa víctima *******, en su relato no indicó que el imputado hubiese sujetado a la diversa víctima *******, del cabello al momento de haberla penetrado con el pene vía vaginal y bucal, ni que le mordió los pezones de sus pechos, por lo que, a su manera de ver las cosas ellas se enojaron porque él no les pagó por sus servicios y quisieron vengarse de él. Respecto de este concepto de violación la diversa víctima tal y como fue precisado por el agente del Ministerio Público, así como por el Juez responsable, en su denuncia sí indicó que el imputado penetró sin su consentimiento a *******, vía vaginal y bucal, datos que son los que en el caso destacan el hecho que se le imputa, esto es, violación, sin que sea relevante si la diversa víctima *******, hubiere omitido que jaloneó y mordió a *******; en relación a que las víctimas se enojaron y pusieron de acuerdo para vengarse de él por haberse negado a pagarles, es un absurdo, ya que éstas no conseguirían ninguna retribución con haber emitido una denuncia en su contra, por lo que el mismo resulta infundado. En relación a la declaración de la víctima *******, ante los agentes policiacos, el quejoso manifestó que de la información no se advierte que la víctima hubiere dicho que sufrió una agresión sexual por parte de él, ya que no estaba bajo ninguna presión para omitir expresarlo. Es infundado el concepto de violación para ello se debe precisar que no únicamente se toma en cuenta lo relatado por los agentes policiacos, sino también la denuncia de la víctima; al momento en que ocurrieron los hechos las víctimas están en un estado emocional de vulnerabilidad, y el Juez responsable al emitir el auto de vinculación lo hace tomando en cuenta todas las pruebas que le son aportadas por las partes, para tomar una conclusión en esa etapa del procedimiento, por lo que este concepto de violación también es infundado. El garante refiere que se vulneró el artículo 1º Constitucional, ya que no se le respetaron sus derechos humanos, y que el juzgador no interpretó la ley como era debido. Contrariamente a lo alegado por el promovente, en el caso se respetaron sus derechos humanos, se siguió un procedimiento tal y como se hizo en la causa penal de origen, asimismo, el Juez responsable, le hizo saber en cada momento de la audiencia los derechos que tenía, le fue proporcionado un defensor, así como el derecho a decidir el momento en que quería que se resolviera su situación jurídica, en ningún momento se le omitió algo, por lo que no se le da razón a dicho argumento. El promovente aducea que de las diligencias que obran en la carpeta de investigación *******, que integró el agente del Ministerio Público Estatal, no existen datos de prueba suficientes que permitieran concluir de manera indiciaría hubiere cometidos los ilícitos de violación y privación de la libertad agravada, en perjuicio de las víctimas. No asiste razón al quejoso, ya que los datos proporcionados al Juez responsable por el agente del Ministerio Público Estatal, consisten en las denuncias, ratificación de las mismas, lo manifestado por los testigos en el caso los agentes policiales que estuvieron en la escena, el encargado del hotel, las víctimas, la perito legista, todos ellos valorados en conjunto, tal y como manifestó el Juez responsable cumplen con los requisitos para haber vinculado al quejoso, ello al menos indiciariamente, se establecieron las circunstancias de lugar, tiempo y la ejecución de un hecho que la ley señala como delito, y que el quejoso lo cometió, por lo que esta Juzgadora contrario a lo expuesto por el garante, los datos expuestos en la audiencia de vinculación son suficientes para acreditar como se dijo en líneas precedentes indiciariamente los ilícitos que le fueron imputados. El garante también considera que los hechos narrados por las víctimas no son congruentes entre sí, que no expusieron lo mismo al momento de su declaración. Para dar contestación a esto, si bien, las víctimas estaban juntas al momento en que ocurrieron los hechos, cada una tiene su forma de expresarse y de percibir lo ocurrido, no porque lo expresen con diferentes palabras, lenguaje, u óptica, es que no hayan ocurrido, y, si bien en un concepto ya analizado el quejoso refirió que las víctimas se pusieron de acuerdo para culparlo, de ser así, hubieran expresado exactamente lo cual no ocurrió, pues cada una vivió esa experiencia desde una perspectiva diferente, por lo que es infundado lo manifestado en este concepto por el garante. El quejoso también indica que el Juez pasó por alto que la reunión en la habitación 26 del Hotel México, fue con el propósito de ofrecer un servicio sexual remunerado por parte de las víctimas, ya que a eso se dedican. Si bien, lo manifestado por el quejoso no es incorrecto, lo cierto es que no se está cuestionando la profesión de las víctimas, ni lo que iban o hicieron en el Hotel y habitación precisados, sino que el ahora promovente las privo de su libertad y violó a una de ellas, hechos que están considerados como delitos, por lo que dicho argumento es infundado, además que no hace alusión a algo que no se hubiere mencionado, por el Juez responsable en la audiencia. Como diverso concepto de violación el quejoso manifiesta que el Juez omitió en el auto de vinculación, que los agentes policiacos aprehensores, al ingresar a la habitación 26 del -Hotel México-, y practicar una inspección, no encontraron la supuesta navaja color plateada que refirieron las víctimas en sus declaraciones y con las cual las amenazó. En contestación a lo anterior, el Juez no está cuestionando el arma con la que amenazó a las víctimas, y si bien es algo que las mismas expresaron en su denuncia, no es el momento procesal para establecer si tenía o no una navaja, lo que se debía establecer en ese momento del procedimiento es sí cometió o no los hechos consistentes en la privación de la libertad y violación, aunado a que si bien no se hace alusión a que el quejoso tenía la navaja, sí se estableció que portaba un objeto metálico, con forma de arma de fuego, con cachas de plástico, con el cual pudo haber estado amenazando a las víctimas, por lo que el concepto es infundado. El quejoso refiere que se realizó una incorrecta aplicación del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no efectuarse una debida ponderación de los datos de prueba, ni dar una explicación, convincente y racional, del porque no las tomó en consideración, ni llevó a cabo un análisis y valoración de las mismas, de manera conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios, en los términos que prescribe el citado numeral. Para responder al quejoso expondremos el contenido del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales: Artículo 265. Valoración de los datos y prueba El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Del citado precepto se desprende que el juzgador (juez responsable), deberá libremente dar el valor correspondiente a los datos y pruebas, debiendo justificar el mismo y dar una explicación con base en una apreciación conjunta, integral y armónica, de todos los elementos probatorios, de lo anterior, se puede establecer que no es correcta la aseveración del quejoso, pues el citado numeral establece la libertad del juez responsable para valorar las pruebas, ello siempre y cuando justifique el por qué les otorgó dicho valor. De ahí que, es infundado el concepto de violación, ya que el Juez responsable estableció en que se basó y el valor que le dio a todos los datos y pruebas que le fueron aportados por las partes, tan es así que no otorgó valor probatorio a la pericial en materia psicológica, ello debido al argumento del defensor del imputado al indicar que la misma era una transcripción de la denuncia de las víctimas. Asimismo, el quejoso indica que respecto al delito consistente en privación de la libertad es cuestionable, ya que la víctima *******, pues los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público, los considera insuficientes para acreditar la existencia del mismo, ya que no se logra entender cómo es que la víctima no salió de la habitación del hotel, si tenía libertad de desplazamiento, tuvo el tiempo suficiente y nada le impedía abrir la puerta y salir. En este aspecto, cabe destacar que la víctima en su denuncia, manifestó que las amenazó con una navaja y posteriormente con una pistola, y que puso una silla en la puerta para que no salieran de la habitación, así como que tenía sometida a la diversa víctima, y que un momento de descuido del quejoso ella logró salir de la habitación, por lo que, sí hubo un lapso de privación de la libertad, no necesariamente hasta que arribaran los elementos aprehensores tenía que estar privada de su libertad la víctima a la que se refiere el garante, aunado a que tenía privada de la libertad a la víctima *******, por lo que dicho ilícito si se configura, y es infundado, el concepto del quejoso. Finalmente el quejoso, manifiesta que se violan sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, contempladas en los numerales 16 y 19 Constitucionales, así como que no se actualizaron los requisitos que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Son infundados los motivos de disenso, ya que como se expondrá más adelante, el Juez responsable fundó, motivó y respetó dichos numerales, para emitir su determinación, ello con los elementos que le fueron aportados. Para evidenciar lo anterior, conforme al artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, se realizará el control de legalidad, se formulará imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación; lo anterior, en el orden indicado. En efecto, el primer párrafo de dicho numeral establece lo siguiente: -Artículo 307. Audiencia inicial En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. (.)- Ahora bien, el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que: -Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. El Juez de control a petición del imputado o de su Defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público.- Esto es, que una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, ya sea por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención, así como después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado lo siguiente: El hecho que se le atribuye, La calificación jurídica preliminar, La fecha, lugar y modo de su comisión, La forma de intervención que haya tenido el mismo, Así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. Lo anterior, constituye la formulación de imputación, por parte del agente del Ministerio Público, al imputado, tal como lo dispone el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales: -Artículo 309. Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito.- Indicado lo anterior, se tiene que, en el caso, la formulación de imputación, se realizó de forma apegada a los citados preceptos, pues esa etapa de la audiencia inicial se desarrolló en los siguientes términos: En la audiencia inicial, que comenzó el dos de julio de dos mil veintidós, en lo que interesa, luego de identificar al defensor del aquí quejoso, ahí presente, quien se identificó con cédula profesional, expedida por la Secretaría de Educación Pública y lo acredita como licenciado en Derecho, el Juez responsable otorgó el uso de la voz al agente del Ministerio Público, quien formuló imputación en contra del aquí quejoso, haciéndole saber que los hechos que se le imputan son los siguientes: La denuncia de las víctimas realizadas ante el fiscal, en la cual le imputaron respectivamente la víctima con iniciales *******, el delito de violación y privación de la libertad agravada, y *******, la privación de la libertad agravada, dichos delitos realizados en el inmueble ubicado en *******, en esta ciudad. Informe realizado por la agente policial homologada, *******; realizado el primero de julio de dos mil veintidós, consistente en entrevista al testigo de nombre *******, empleado del -*******-, lugar en que ocurrieron los hechos. Informe de agresiones sexuales realizado por la doctora *******, así como examen médico a la diversa víctima *******. Pericial en psicología realizado por *******, perito adscrita a la Fiscalía de la Mujer realizado el primero de julio de dos mil veintidós. Serie fotográfica de la escena donde ocurrieron los hechos respecto al arma, realizada por el perito *******. Actas remitidas por los agentes aprehensores ******* y *******, acta aviso de circunstancias de modo, tiempo y lugar de la comisión del hecho, así como la detención del imputado al ser un delito flagrante, dado el señalamiento realizado por las víctimas en contra del aquí quejoso. Al respecto, cuando se le dio el uso de la voz al defensor particular para que manifestara si requería de alguna precisión en cuanto a la formulación de imputación, contestó: -ninguna-; asimismo, al preguntarle al imputado si entendió la formulación de imputación, contestó que -sí-; por lo tanto, el Juez responsable, tuvo por formulada la imputación. Enseguida, el Juez cuestionó al imputado acerca de su deseo de emitir declaración preparatoria, o bien, de ejercer su derecho, en ese momento, a no emitir declaración, a lo cual, el imputado manifestó que no iba a declarar y el Juez responsable lo tuvo ejerciendo su derecho a no declarar. Como se puede advertir, el Representante Social hizo saber al imputado, aquí quejoso, el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido el mismo, así como el nombre de sus acusadoras; incluso cuestionó a la defensa si deseaba solicitar alguna aclaración o precisión, a lo cual indicó que no, mientras que el imputado manifestó expresamente que sí comprendió la formulación de imputación y que es su deseo ejercer su derecho a no emitir declaración. En efecto, luego de formulada la imputación, conforme al artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se cuestionará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo, mientras que, conforme al numeral 313 del mismo ordenamiento legal, hecho lo anterior, procede discutir lo relativo a las medidas cautelares y posteriormente el agente del Ministerio Público podrá solicitar la vinculación a proceso del imputado, pero antes, deberá cuestionar al imputado acerca del término en el cual desea que se resuelva su situación jurídica. En el caso, el aquí quejoso renunció a prorrogar al término de setenta y dos horas, por lo que el Juez el dos de julio del año que transcurre continuó con lo que sería la audiencia de vinculación a proceso. Ahora bien, conforme al artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de vinculación a proceso, comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o el desahogo de los medios de prueba que hubieren ofrecido, enseguida se concederá el uso de la palabra, en primer término, al Ministerio Público, luego al asesor de la víctima y finalmente al imputado; agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación a proceso, o no, del imputado. Así es, el citado artículo 315 establece lo siguiente: -Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado.- En el caso, se llevó a cabo en los siguientes términos: El agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso del imputado y para ello mencionó las diligencias llevadas a cabo en la carpeta de investigación hasta ese momento, así como los datos de prueba que de las mismas se desprenden. Tales diligencias son las siguientes: La denuncia de las víctimas realizadas ante el fiscal, en la cual le imputaron respectivamente la víctima con iniciales *******, el delito de violación y privación de la libertad agravada, y *******, la privación de la libertad agravada, dichos delitos realizados en el inmueble ubicado en *******, en esta ciudad. Informe realizado por la agente policial homologada, *******; realizado el primero de julio de dos mil veintidós, consistente en entrevista al testigo de nombre *******, empleado del -*******-, lugar en que ocurrieron los hechos. Informe de agresiones sexuales realizado por la doctora *******, así como examen médico a la diversa víctima *******. Pericial en psicología realizado por *******, perito adscrita a la Fiscalía de la Mujer realizado el primero de julio de dos mil veintidós. Serie fotográfica de la escena donde ocurrieron los hechos respecto al arma, realizada por el perito *******. Actas remitidas por los agentes aprehensores ******* y *******, acta aviso de circunstancias de modo, tiempo y lugar de la comisión del hecho, así como la detención del imputado al ser un delito flagrante, dado el señalamiento realizado por las víctimas en contra del aquí quejoso. Señalados los anteriores datos de prueba, el Juez responsable interrogó al imputado, acerca del término en el cual era su deseo que se resolviera su situación jurídica, quien previo a consultarlo con su defensor, manifestó que deseaba que se resolviera en ese momento. De igual forma, se llevó a cabo el debate correspondiente; y al cerrarse dicha etapa el Juez responsable otorgó el uso de la voz a la agente del Ministerio Público, quien manifestó que con fundamento en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó auto de vinculación a proceso en contra del imputado, a quien se le atribuyen hechos constitutivos del delito de violación con penalidad agravada, esto como autor material, de forma dolosa, delitos de consumación instantánea, realizando diversas manifestaciones. Antes de comenzar el análisis de la configuración de dichos delitos, conforme a los términos propuestos por el Juez responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, se precisa que el estudio será a nivel conceptual, esto es la acreditación de los elementos esenciales y comunes del concepto desde la lógica formal, y a partir de los datos que se desprendan de los medios de convicción que el agente del Ministerio Público haya hecho del conocimiento del Juez responsable, esto es así, con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Lo anterior implica que, la comprobación de la configuración de los delitos, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/2 (10ª.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 757, del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Décima Época y número de registro 2004857, del rubro y texto siguientes: -AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO -HECHO ILÍCITO- DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: -AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).-, estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no -contaminar- o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos.- Indicado lo anterior, se precisa que el delito de violación y privación de la libertad agravada, son los previstos y sancionados, sin prejuzgar, por los artículos 171, y 158, párrafo tercero del Código Penal del Estado de Chihuahua, del mismo ordenamiento legal, que disponen lo siguiente: Artículo 171. A quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de cinco a quince años. -Párrafo reformado mediante Decreto No. 1307-2013 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 101 del 18 de diciembre de 2013- Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo, en estos casos el delito se perseguirá previa querella. Se sancionará con las mismas penas a quien introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, por medio de la violencia física o moral o sin el consentimiento de la víctima (.)- Artículo 158. (.) La pena de prisión se aumentará en una mitad, cuando la privación de la libertad se realice con violencia, la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta años o, por cualquier circunstancia, la víctima esté en situación de vulnerabilidad física o mental respecto del agente. (.) Pues bien, el análisis de la configuración de tales delitos el juez responsable lo realizó tomando en cuenta la denuncia de las víctimas formuladas ante la Representación Social el primero de julio de dos mil veintidós, de las cuales se desprende que el treinta de junio del año en curso, aproximadamente a las doce horas con diez minutos, se constituyeron en las instalaciones del *******, en la habitación número ******* (*******), ubicado en el cruce de las calles *******, que ******* conoce al aquí quejoso, que ella le dijo a *******, que se fuera con ella y fornicar con el quejoso, que ambas son *******, que ******* lo conoce porque estuvo casado con una sobrina, que pactaron irse a una habitación de hotel que llegan al hotel, el quejoso traía droga, le ofrece a *******, tienen relaciones sexuales con protección y con su consentimiento, que aproximadamente a la una de la mañana llega *******, con cigarros, que también la contrata a ella, que tienen relaciones sexuales los tres con consentimiento, que incluso consumen droga, que al momento de cobrarle al quejoso, esto es, como a las cinco de la mañana, se empieza a poner violento, *******, manifestó que tuvo relaciones sexuales sin su consentimiento, que le introduce el pene vía vaginal, que la toma del cabello contra su voluntad, le introduce el pene en la boca, que le mordió un pezón, que también le impidió que saliera del lugar cuando ******* quería salir, que las amedranto con una navaja, así como con un arma de fuego, que hay un momento en que se quita de la puerta y ******* puede salir y se esconde en el cuarto de lavandería hasta que llegan los agentes aprehensores. Ambas víctimas al narrar los hechos lo refieren desde distinta óptica, pero las dos coinciden en que el quejoso se pone agresivo, y contra la voluntad de *******, vía vaginal y oral le introduce el pene, amedrentándolas con una navaja y con una pistola *******. Al respecto, tal como lo estimó el Juez responsable, la declaración de las víctimas se corroboró con el acta de aviso elaborada por los agentes aprehensores ******* y *******, quienes manifestaron que reciben la noticia criminal y al constituirse en la escena de los hechos, a las seis dieciocho de la mañana, en la habitación ******* del *******, ******* (testigo), quien es el encargado del hotel, les dijo que escuchaba gritos que decían -déjame salir, ayuda-, al constituirse en la habitación escucharon voces que decían que -*******-, te voy a matar, que había un hombre que en la mano tenía un arma de fuego, logrando someterlo y detenerlo, indicando que incluso cuando lo detienen aseguran el arma del piso de la habitación. El informe en materia de psicología realizado por *******, donde el Juez advierte que la psicóloga basó su conclusión técnica, en una interacción con las dos víctimas, percibiendo una afectación emocional en ambas víctimas. El informe en materia de medicina de la doctora *******, quien también interactuó con las víctimas del delito. Con relación al arma de fuego el perito *******, recabó fotografías de escena, avalando lo anterior, los agentes aprehensores, así como el encargado del hotel (testigo) *******, que corroboran y complementan las circunstancias fácticas, temporal, territorial y de ejecución de los hechos. Asimismo, acertadamente el Juez responsable estimó que la declaración de la víctima se encuentra corroborada con el informe de *******, agente de la policía ministerial, quien entrevistó al testigo *******, encargado del hotel y quien acompañó a los agentes aprehensores hasta la habitación, donde escuchó gritos pidiendo ayuda. Datos los anteriores que, acertadamente estimó el Juez responsable, valorados conforme a los artículos 20, apartado A, fracción II, Constitucional y 259, 261, 262, 263, 265, 275, 271 y 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituyen indicios que son aptos para corroborar la denuncia de las víctimas, pues son contestes con lo narrado por ellas. Además, tal como apreció el Juez responsable, tratándose uno de ellos de un delito de índole sexual, los hechos constitutivos del mismo, basta con la declaración de la víctima para que adquiera especial relevancia. Así lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 436, publicada en el Apéndice de 2011, Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección - Adjetivo, página 400, materia Penal, Séptima Época, con registro digital 1005814, del rubro y texto siguientes: -DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE. Tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la persona ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa.- Máxime que, tal como lo indicó el Juez responsable, se reitera la declaración de la víctima no se encuentra aislada, ni resulta inverosímil, pues la corroboran la declaración de la diversa víctima *******, el informe realizado por la psicóloga *******, el informe de *******, agente de la policía municipal, de la doctora *******, quien también interactuó con las víctimas del delito, la serie de fotografías recabadas por el perito *******, lo manifestado en su informe por los agentes aprehensores, así como el encargado del hotel (testigo) *******. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: -DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE.-, estableció que, tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa. Lo que es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia condenatoria de treinta de agosto de dos mil diez, en el caso Fernández Ortega y otros vs. México, en el sentido de que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores y, por ende, la naturaleza de esta forma de violencia, no puede esperar a la existencia de pruebas testimoniales, gráficas o documentales, por ello la declaración de la víctima constituye una -prueba fundamental sobre el hecho-. De lo anterior se concluye que como los delitos de índole sexual, por su naturaleza, se consuman generalmente en ausencia de testigos, la declaración de la víctima del delito de violación debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y no existan otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada uno de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, objetiva y de la persistencia en la incriminación.- Además, debe decirse que como bien lo consideró el Juez responsable, de los datos de prueba referidos se obtiene un grado de razonabilidad suficiente, al menos para la etapa procesal que se estudia, en el sentido que los hechos hayan acontecido en la manera en que fueron narrados y la probabilidad de que el imputado lo cometió. Es así, ya que la manifestación de la víctima en los delitos de carácter sexual, tiene un valor preponderante ante los demás medios probatorios, siempre y cuando, se encuentre adminiculada con otros medios de convicción, lo cual aconteció dado que el juez de control responsable adminiculo dicha denuncia con los datos de pruebas anteriormente analizados. También, debe tenerse en cuenta que el estándar de prueba para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema penal acusatorio, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es: El esclarecimiento de los hechos; Proteger al inocente; Procurar que el culpable no quede impune; y, Asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito. Al respecto es aplicable la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones -comprobar- por -establecer- y -cuerpo del delito- por -hecho que la ley señala como delito-, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de -pruebas- ni se exige -comprobar- que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado -cuerpo del delito-, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Así pues, como lo concluyó el Juez responsable, en el caso se encuentra demostrado, en grado de probabilidad y en este momento procesal, que el treinta de junio de dos mil veintidós, en el interior de la habitación *******, del *******, ubicado en el cruce de las calles *******, *******, tuvo relaciones sexuales sin su consentimiento, con el aquí quejoso, quien le introduce el pene vía vaginal, que la toma del cabello contra su voluntad, le introduce el pene en la boca, que le mordió un pezón, que también le impidió que saliera del lugar cuando ******* quería salir, que las amedranto con una navaja, así como con un arma de fuego, que hay un momento en que se quita de la puerta y ******* puede salir y se esconde en el cuarto de lavandería hasta que llegan los agentes aprehensores, lo cual es constitutivo del delito de violación y privación de la libertad agravada, previsto y sancionado, sin pre juzgar, en los artículos 171, y 158, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Chihuahua. En otro orden, la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, haya participado en la comisión de tales delitos, también se encuentra demostrada en este momento procesal, pues las víctimas fueron contestes en señalarlo como la persona que ejecutó tales conductas en su persona. Por lo anterior, contrario a lo que argumenta el quejoso, sí se aportaron datos de prueba, de los que se desprende hasta este momento procesal la comisión de los hechos ilícitos que se le atribuyen y su probable participación en los mismos. Por lo anterior, se considera que el responsable valoró correctamente los datos de prueba aportados por las partes, pues, adverso a lo sostenido por la parte quejosa en el sentido de que la autoridad responsable omitió valorar correctamente los datos de prueba expuestos en el juicio, el tribunal responsable no sólo valoró los datos existentes en la causa penal, sino también lo hizo adecuadamente, según lo expuesto ya, en líneas superiores. Esto se debe a que el juez responsable, al valorar los datos y antecedentes de la causa penal no sólo se basó en la sana crítica y observó las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sino que también tomó en cuenta todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, le condujeron a determinar la eficacia y alcance probatorio de los antecedentes y datos de que se trata, para lo cual basta imponerse de la propia resolución reclamada en esta vía. Ahora bien, debe decirse que es verdad que la reforma al artículo 1o. de la carta magna de diez de junio de dos mil once, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el principio pro persona o pro homine, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, de ese principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por el propio gobernado deben resolverse favorablemente a sus pretensiones, ni siquiera con intención de establecer la interpretación más amplia o extensiva, a final de cuentas porque en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de los derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, pues es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias relativas. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia 1ª./J.104/2013 (10ª.) sustentada por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos, rubro y texto son: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro: XXV, octubre de 2013, Tomo 2, Página: 906, del tenor literal siguiente: -PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: -PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.-, reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de -derechos- alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.- En las relatadas condiciones, al no resultar violatorio el auto de vinculación a proceso, reclamado en esta vía de control constitucional al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, de que se ha dado noticia, infundados los conceptos de violación esgrimidos, como se puntualizó en los párrafos precedentes, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, procede negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, bajo el texto y rubro siguientes: -AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos.-. De ahí que se estima correcta la determinación reclamada e infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa en contra del auto de vinculación a proceso. Por otra parte, se procede al estudio de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, empero, se advierte que respecto a ello no expuso concepto de violación alguno, por lo que en suplencia de la deficiencia de la queja se procederá analizar su legalidad o no. Bien, del registro de audio y video de la audiencia llevada a cabo el dos de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal *******, se advierte que la Fiscalía solicitó la imposición de la medida cautelar prevista en la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en prisión preventiva, atento a que el numeral 157 de la codificación en mención y 19 de la Constitución señalan que el delito de violación y el diverso cometido con medios violentos, únicamente admiten como aplicable la prisión preventiva de manera oficiosa, por lo que impuso dicha medida cautelar por todo el tiempo que dure el proceso. De lo anterior, se obtiene que ciertamente el Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; sin embargo, no se advierte que dicha determinación vulnere derechos del imputado. Así, es preciso tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. De igual manera el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. Del primer numeral citado se desprende en lo que aquí interesa, que, tratándose de violación y aquellos cometidos con medios violentos, el juez ordenará prisión preventiva de manera oficiosa. Por su parte, diverso numeral 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que la prisión preventiva sólo tendrá lugar por delito que merezca pena privativa de la libertad, la cual no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare su imposición y la misma no podrá ser superior a dos años, salvo cuando su prolongación se deba a la defensa del imputado. Ahora bien, como de manera correcta lo estableció el Juez responsable, resulta procedente la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa ya que así lo exige el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, se considera ajustada a derecho la determinación del Juez de Control, sin que se advierta queja deficiente que suplir. Por lo tanto, al resultar debidamente y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, esto contrariamente a lo aducido en sus conceptos de violación por el quejoso, lo cual resulta infundado, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, así como la medida cautelar impuesta por el Juez de Primera Instancia en el Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en la causa penal *******, por los hechos considerados como delitos de violación y privación de la libertad agravada. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a *******, en relación a los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes, terceras interesadas y por oficio a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy treinta de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado que guardan los autos, se tiene que el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional, sin que a la fecha se haya pronunciado sentencia. Informa adscripción de titular En este sentido, es necesario acotar que a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional, se recibió el oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, que suscribe la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informa que se acordó la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior se hace del conocimiento de las partes, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Finalmente, notifíquese por lista a las partes, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado de autos y de la certificación que antecede, se advierte que existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, programada para las diez horas con cincuenta minutos de la fecha en que se actúa, en virtud de que, entre el emplazamiento de la tercera interesada y esta fecha, no han transcurrido los ocho días de anticipación referidos en el artículo 117, de la Ley de Amparo, a efecto de que esté en posibilidad de imponerse de las actuaciones del presente juicio. Diferimiento de audiencia Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las nueve horas con diez minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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