Édgar Alberto Guillén Aguilera

Expediente 166/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
166/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
17/04/2017

Partes del expediente

  • Édgar Alberto Guillén Aguilera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis, en el cual se negó la protección de la justicia federal solicitada en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el primer párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA. Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. Vistos los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 166/2017-II, promovido por **, contra actos del Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el veinte de febrero de dos mil diecisiete y turnado a este juzgado el mismo día, ** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez que hizo consistir en: IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- De la autoridad responsable, el C. Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en ciudad Juárez, se reclama la resolución de 26 de enero de 2017 en que resolvió que el recurso de revocación interpuesto mediante promoción de 10 de enero de 2017, es infundado. Resolución notificada a la suscrita el 27 del mismo mes y año. Dicho recurso de revocación se interpuso toda vez que el Juez de la causa desechó de plano el trámite del INCIDENTE NO ESPECIFICADO para la aplicación de la Ley más favorable a *** y se le conceda cualquiera de las medidas cautelares contempladas en las fracciones I y 11 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante proveído de 02 de enero de 2017. SEGUNDO. Derechos humanos que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los previstos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo con el número de juicio **/2017-II; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; y, por último, se fijaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 36 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgador. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se deduce que el quejoso reclama: La resolución de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo que desechó de plano el incidente no especificado para la aplicación de la ley más favorable al procesado, emitida por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en la causa penal **/2015-IV, instruida contra el impetrante por su probable responsabilidad en la comisión del delito en materia migratoria, previsto y sancionado por los artículos 159, fracción I y 160, fracción III, de la Ley de Migración. Para la fijación del acto se atiende a la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, del siguiente rubro y texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo anterior se corrobora con la copia certificada de la causa penal **/2015-IV, de la que se advierte que el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, dictó una resolución en la que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo que desechó de plano el incidente no especificado para la aplicación de la ley más favorable al procesado, en la causa penal **/2015-IV, que se instruye en contra del impetrante por su probable responsabilidad en la comisión del delito en materia migratoria, previsto y sancionado por los artículos 159, fracción I y 160, fracción III, de la Ley de Migración. A tales constancias se les reconoce valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y, por tanto, son aptas para demostrar fehacientemente la existencia del acto reclamado. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causas de improcedencia que deban ser analizadas, ni este juzgador advierte que se actualicen; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, de mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia común, del rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados. Como cuestión previa, conviene relatar los antecedentes que dieron origen al presente juicio: Mediante oficio **/15, recibido el 27 de noviembre de 2015, el Ministerio Público consignó la averiguación previa **/2015 y solicitó el libramiento de una orden de aprehensión en contra del ahora quejoso y otro, por su probable responsabilidad en la comisión del delito en materia migratoria, previsto y sancionado por los artículos 159, fracción I y 160, fracción III, de la Ley de Migración. El 28 del mismo mes, el Juez responsable libró la orden de aprehensión solicitada. El 1 de diciembre inmediato siguiente, se cumplimentó la orden y se puso al quejoso a disposición del Juez, interno en el Centro de Reinserción Social Estatal Tres, por tratarse de un delito considerado grave de conformidad con el numeral 194, fracción V, del Código Federal de Procedimientos Penales aplicable. En la misma data, se desahogó la declaración preparatoria de la parte inculpada y se resolvió su situación jurídica, en el sentido de decretar auto de formal prisión por el delito en cita, en contra de la que se promovió juicio de amparo indirecto. Previos los trámites de ley, el 21 de octubre de 2016, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se dictó un nuevo auto de formal prisión en contra de la parte procesada. Mediante escrito de dos de enero de dos mil dieciséis, la defensa del ahora quejoso promovió incidente no especificado, con el propósito de que se aplicara la ley más favorable al procesado y se le fijara una medida cautelar, en sustitución de la prisión preventiva que se le había decretado. En la misma fecha, se desechó de plano la incidencia, al tenor de las siguientes consideraciones: Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de enero de dos mil diecisiete. Pretensión. Visto lo de cuenta, se advierte que ante esta autoridad judicial encargada de la fase de instrucción, la defensa solicitó la revisión y sustitución de la prisión preventiva decretada en contra del procesado en la causa penal 119/2015, por considerar que es aplicable el procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del decreto de reformas del Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos legales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, de ahí que en esas condiciones, queda claro que la pretensión perseguida por la defensa es que se examine si, en tal proceso penal, procede sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por otra diversa. Decisión. Por el momento, resulta improcedente la apertura del procedimiento de revisión de la prisión preventiva decretada en contra del hoy procesado, no sólo porque a nivel Federal no ha iniciado funciones la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, no se han emitido los acuerdos y lineamientos que la regulen, sino también porque el elemento relativo a la evaluación del riesgo a cargo de la autoridad, es un dato imprescindible para resolver sobre la sustitución de la prisión preventiva decretada en la causa penal ***/2015. No conforme con el sentido de esa determinación, la defensa del procesado interpuso recurso de revocación. Mediante resolución de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, declaró infundado el recurso de revocación interpuesto, al considerar lo siguiente: Cuarto. Este recurso de revocación es infundado. Para el suscrito es evidente que existe una imposibilidad fáctica y jurídica para ordenar la apertura del procedimiento de revisión de la prisión preventiva decretada en la presente causa penal. Si bien es cierto que el quinto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, prevé la revisión y sustitución de las medidas privativas de la libertad personal y de prisión preventiva, no menos cierto es que, al momento de emitir la presente resolución, no existen las condiciones jurídicas y fácticas para ello. Cierto. En ese transitorio se establece la posibilidad de que si la parte inculpada se encuentra privada de su libertad bajo la figura de la prisión preventiva, en un procedimiento iniciado bajo la vigencia del Código Federal de Procedimientos Penales, está en aptitud de solicitar ante el juez de la causa la revisión de dicha medida, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. En tal evento, el juez de la causa en la vía incidental resolverá sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de tales medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva, en términos de las reglas de prisión preventiva contempladas en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la secuela incidental el juez natural dará vista a las partes con esa solicitud, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, una vez desahogado lo anterior, se debe señalar fecha para la celebración de una audiencia, en la que, tomándose en consideración la evaluación del riesgo, se resolverá sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de las medidas relativas. En esas condiciones resulta evidente que, por el momento, es improcedente la apertura del procedimiento de revisión de la prisión preventiva, al existir diversos aspectos que la imposibilitan jurídicamente, a saber: i) A nivel Federal no ha iniciado funciones la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. ii) No se han emitido los acuerdos y lineamientos que la regulen. iii) El elemento relativo a la evaluación del riesgo a cargo de tal autoridad, es un dato imprescindible para resolver sobre la sustitución de la prisión preventiva decretada en la causa penal. En suma, en este momento este tribunal no contaría con uno de los elementos sine qua non para tramitar y resolver sobre tal planteamiento, como lo es, sin duda, el dictamen de evaluación del riesgo a cargo de la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Es por estos que, se itera, este Tribunal está imposibilitado para iniciar el trámite solicitado, pues la autoridad administrativa a la que le corresponde emitir el dictamen de evaluación del riesgo aún no ha iniciado funciones, de ahí que hasta que esto ocurra este Tribunal estará en condiciones de tramitar y resolver sobre tal planteamiento, pero no antes. Por lo anterior, no tiene razón jurídica la parte recurrente, precisamente, porque por el momento no es viable dar trámite al procedimiento de revisión de la prisión preventiva decretada, porque este Tribunal no cuenta con los elementos necesarios para iniciar y resolver sobre tal planteamiento, y ante ello lo conducente es confirmar el auto materia de este recurso. No conforme con el sentido de esa determinación, la defensora pública del procesado promovió la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, en la que aduce, entre otras cosas, lo siguiente: Con la entrada en vigor de la nueva miscelánea penal, se materializó la posibilidad de que la tramitación de los asuntos que se hubieran iniciado con el anterior sistema, las personas que se encontraran en los supuestos de estar en prisión preventiva tuvieran la posibilidad de que se les aplicaran las normas relativas a la revisión y aplicación de las medidas cautelares contempladas en el nuevo sistema penal acusatorio, lo anterior con el propósito de obtener su libertad y de ese modo enfrentaran el proceso seguido en su contra fuera de prisión, en razón de que el nuevo sistema acusatorio tiende a ser más garantista. De conformidad con el cuarto transitorio de las reformas constitucionales publicadas el 18 de junio de 2008, los procesos penales iniciados conforme al Código Federal de Procedimientos Penales, así concluirán, es decir, no serán culminados con diverso ordenamiento procesal, sino únicamente en lo relativo a la prisión preventiva el juez que conoce del proceso aplicará como excepción las normas relativas al Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de tratarse de un derecho humano que merece tratamiento más amplio en términos de la nueva ley procesal. De conformidad con el principio pro persona o pro homine, viene a reafirmar el sentido más garantista del Quinto Transitorio de referencia, y por ende, su vigencia, al establecer que debe de dársele prioridad a la ley más favorable al reo. Las personas a las que se les sigue proceso con el sistema anterior al penal acusatorio, tienen la opción de solicitar al juez de su causa la revisión de la prisión preventiva a que actualmente se encuentran sujetos, toda vez que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un nuevo catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, diverso a los anteriormente llamados delitos graves contemplados en el artículo 194 del abrogado Código Federal de Procedimientos Penales; por ende, si el delito por el que se le sigue proceso a *** es el de tráfico de indocumentados, mismo que no se encuentra comprendido como aquellos en los que debe aplicarse prisión preventiva oficiosa, es decir, cabe la posibilidad legal de imponer diversa medida cautelar, lo que da pauta a que se abra el debate para la revisión de medidas cautelares. De lo anterior, sí es posible que siga su proceso en libertad, para lo cual deberá revisarse la posibilidad de concederle cualquiera de las medidas cautelares previstas en las fracciones I y II del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que al no haberse hecho de esa manera, se violaron en su perjuicio sus derechos humanos, puesto que el acto que se reclama de la autoridad responsable es inconstitucional ya que no se encuentran fundado ni motivado en lo relativo a las causas legales de su proceder, por lo que la negativa de admitir el incidente no especificado para la aplicación de la Ley más favorable fue ilegal y, por ende, se le debe otorgar cualquiera de las medidas cautelares contempladas en las fracciones I y II del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como se expuso al inicio del presente considerando, los conceptos de violación expresados son infundados, aun suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Ello es así, porque en la resolución tildada de inconstitucional, en esencia, se estableció que es improcedente la solicitud del aquí quejoso, respecto a que se modifique o cese la prisión preventiva, y se les conceda alguna de las medidas cautelares previstas en el artículo 155, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con independencia de los razonamientos que hizo valer para decretar la improcedencia de la solicitud formulada, el sentido de la resolución debe prevalecer, puesto que el procedimiento penal que se instauró al procesado, aquí quejoso, se debe un hecho delictivo por el que se solicitó el libramiento de la orden de aprehensión el veintisiete de noviembre de dos mil quince y por el cual se dictó auto de formal prisión al amparo de la legislación vigente con anterioridad a que se implementara el nuevo sistema de justicia penal a nivel federal (dieciocho de junio de dos mil dieciséis). En consecuencia, es inconcuso que el proceso penal de que se trata, se tramita bajo el sistema mixto, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho, porque se inició con anterioridad a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, y la implementación del nuevo sistema penal acusatorio a nivel federal; por tanto, contrario a lo que debate el quejoso, no es posible jurídicamente la aplicación del contenido de las disposiciones constitucionales y procesales, en que los implicados sustentan su petición de sustitución de medida cautelar de prisión preventiva, porque aunque esto implique la aplicación de una regla del nuevo sistema que se considera más benéfica a favor de los procesados, como lo manifiestan en el líbelo constitucional; está prohibido por el Constituyente mexicano, como se explicará a continuación; sin que ello implique que se le violenten los derechos humanos del quejoso, como lo alega en sus conceptos de violación. Al respecto, conviene destacar que el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, literalmente, dispone: 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra, o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Este precepto, interpretado en sentido contrario, permite la aplicación retroactiva de la ley penal, cuando ello sea en beneficio del indiciado, procesado o sentenciado, y esté involucrado su derecho humano a la libertad, ya que la excepción contenida en dicho precepto constitucional, faculta al juzgador a aplicar la ley más benéfica, ya sea la vigente en el momento en que se cometió el ilícito, si ésta prevé el otorgamiento de la libertad, o bien, la vigente en la época de emisión del acuerdo respectivo, si esta última le es más favorable. Tiene aplicación a lo anterior, las tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 813039, publicada en el Informe número 1959, visible a página 60, de rubro y texto, siguientes: RETROACTIVIDAD DE LA LEY. Por disposición del artículo 14 constitucional a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Interpretando a contrario sensu dicho mandamiento constitucional es posible la aplicación retroactiva de la Ley Penal en beneficio del reo. Siguiendo tal criterio, el artículo 52 del código punitivo del Estado de Veracruz establece que cuando entre la perpetración del delito y la sentencia irrevocable que sobre él se pronuncie se promulguen una o más leyes que disminuyan la sanción establecida en la ley vigente al cometerse el delito o la sustituyan con otra menor, se aplicará nueva ley, por lo que si el caso concreto se encuentra dentro de la hipótesis legal no cabe más solución que la aplicación de oficio de la nueva ley. Ahora bien, como la reforma del artículo 288 del mencionado código, que beneficia al procesado por cuanto disminuye la pena del delito de abigeato que se le imputa, se dictó con posterioridad a las sentencias del primero y segundo grado que le impusieron dieciocho años de prisión, corresponde a esta Sala, de oficio, declarar la aplicación de la nueva ley, pues de otra manera se consumaría de modo irreparable, una violación constitucional. Asimismo, es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2001, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, con número de registro 189939, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable a Tomo XIII, de abril de 2001, visible a página 333, de rubro y texto, siguientes: LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. ES UN DERECHO SUSTANTIVO RESPECTO DEL CUAL RIGE LA EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY EN BENEFICIO DEL REO. La libertad provisional bajo caución establecida en el artículo 20, fracción I, de la Constitución Federal, es un derecho sustantivo o fundamental del gobernado, y no una cuestión meramente adjetiva o procesal, porque además de estar consagrada como tal en la Carta Magna, involucra uno de los derechos sustantivos más preciados del hombre, como es su libertad, y la afectación que produce su negativa, no es susceptible de ser reparada, aunque el interesado obtuviera una sentencia absolutoria; y, por ende, le es aplicable la excepción contenida en el artículo 14 constitucional, en cuanto a la aplicación retroactiva de la ley en beneficio del reo, en este caso, del indiciado, procesado o sentenciado; lo que significa que al resolver sobre el derecho de referencia se debe aplicar la ley más benéfica para aquél, ya sea la vigente al momento en que se cometió el ilícito, si ésta permitía que se otorgara dicho beneficio, o bien, la vigente en la época de emisión del acuerdo respectivo, si esta última le es más favorable. Ahora bien, contrario a lo que pretende el inconforme, no es procedente la aplicación retroactiva de los preceptos a que hace referencia, pues por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se modificó por completo el sistema de justicia penal previsto en la Constitución General de la República, para dar paso a un nuevo procedimiento penal, acusatorio y oral, inmerso en los artículos 16, párrafos segundo y décimo tercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De las características del nuevo sistema penal, destaca el contenido del artículo 19 constitucional, en el cual se estableció, una nueva regulación respecto de medidas cautelares, en que la prisión preventiva será excepcional, puesto que sólo se aplicará cuando otras no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad o cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente de la comisión de un delito doloso. Además, en dicho precepto constitucional los procesos penales que se instruyan por los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro y trata de personas, cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y contra la salud, la prisión preventiva será oficiosa. Por su parte, el cinco de marzo de dos mil catorce, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual los artículos 161, 165 y 171, establecen: 161. Revisión de la medida. Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código. La prisión preventiva no podrá exceder de un año, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha dictado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. Artículo 171. Pruebas para la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva. Las partes podrán invocar datos u ofrecer medios de prueba con el fin de solicitar la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva. En todos los casos se estará a lo dispuesto por este Código en lo relativo a la admisión y desahogo de medios de prueba. Los medios de convicción allegados tendrán eficacia únicamente para la resolución de las cuestiones que se hubieren planteado. Las disposiciones constitucionales y procesales en cita, se traducen, indudablemente, en circunstancias más favorables para quien está sujeto a un procedimiento penal, porque a diferencia del sistema tradicional o mixto, la regla es que se enfrente el juicio en libertad, y la prisión preventiva será la excepción. No obstante dicha situación, también debe puntualizarse que en general, las reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entran en vigor a partir del mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo, podrán empezar a regir en fecha posterior, cuando el propio Constituyente así lo determine, mediante disposiciones transitorias, o que por su contenido no deban ser exigibles desde ese preciso momento. Cuestión, que cobra relevancia, porque en el Decreto de reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, el legislador estableció un régimen de implementación del nuevo sistema, a través de varios artículos transitorios, entre los que se están, los siguientes: Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en los artículos transitorios siguientes. Segundo. El sistema procesal penal acusatorio, previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto. En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito. En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales. Tercero. No obstante lo previsto en el artículo transitorio segundo, el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, en las entidades federativas que ya lo hubieren incorporado en sus ordenamientos legales vigentes, siendo plenamente válidas las actuaciones procesales que se hubieren practicado con fundamento en tales ordenamientos, independientemente de la fecha en que éstos entraron en vigor. Para tal efecto, deberán hacer la declaratoria prevista en el artículo transitorio Segundo. Cuarto. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto. Esto es, de acuerdo con los numerales transcritos, las nuevas disposiciones constitucionales, entraron en vigor al día siguiente de su publicación, sólo en aquellos Estados de la República Mexicana, que para entonces, ya habían incorporado el nuevo sistema penal acusatorio en sus ordenamientos legales vigentes, es decir, en sus Códigos de Procedimientos Penales emitidos conforme a las normas de sistema penal acusatorio; sin embargo, en dichas entidades federativas, se condicionó la vigencia de la reforma a la emisión de una declaratoria en los órganos de difusión oficiales, en la que se señalaría, expresamente, que el sistema a que se alude se había incorporado a la legislación penal Estatal. En cuanto a la Federación y los Estados que aún no implementaban el nuevo sistema, se estableció que las nuevas disposiciones, entrarían en vigor hasta que la legislación secundaria correspondiente así lo estableciera, sin exceder de un plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente a la publicación de ese Decreto, es decir, hasta el dieciocho de junio de dos mil dieciséis. También, se especificó que en el momento en el cual, se expidieran y publicaran las modificaciones u ordenamientos legales necesarios para incorporar el sistema procesal penal acusatorio, los órganos legislativos competentes, emitirían una declaratoria que se publicaría en los órganos de difusión oficiales, con el señalamiento de que el sistema se incorpora a dichos ordenamientos y que las garantías consagradas por la Constitución, empezarían a regular la forma y términos de sustanciación de los procedimientos penales. En el caso, se enfatiza lo previsto en el artículo Cuarto Transitorio que se transcribió, puesto que dispone que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la vigencia del nuevo sistema, se tramitarán y concluirán, conforme a las disposiciones procesales y constitucionales anteriores, como acontece en el presente asunto. De la interpretación de este numeral, se advierte que el propio texto transitorio Constitucional, prevé que las modificaciones contenidas en el decreto reformatorio no se aplicarán en manera alguna, a los procedimientos penales del sistema mixto o tradicional, es decir, se trata de una excepción al principio de retroactividad en materia penal. Del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, del Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aprecia lo siguiente: Régimen de transitoriedad. La reforma en materia de justicia es sin duda una tarea de enorme envergadura, y que por tanto, demanda un enorme esfuerzo, pero también un cuidado extremo. Las fallas en su instrumentación pueden ocasionar problemas graves que incluso han llevado al fracaso a reformas similares en otras latitudes. Así, se establece en primer término la regla general que dispone que el Decreto de reforma que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. No obstante, se aclara enseguida que habrá una serie de excepciones que se explican de la manera siguiente: d) No escapa a esta Soberanía el hecho de que algunas entidades federativas del país han puesto en marcha reformas tendientes a establecer un sistema acusatorio en el ámbito territorial correspondiente. Para estos casos, se considera necesario que la Constitución prevea, en un artículo tercero transitorio, una fórmula que les permita mantener sus propias reformas y que, adicionalmente, tengan la garantía de que las actuaciones procesales y juicios que han llevado a cabo son plenamente válidos y no se afectan por la entrada en vigor de la reforma a la Constitución Federal. Con ello, se elimina cualquier riesgo de combatir tales procesos y juicios bajo el argumento de que no había sustento constitucional para celebrarlos. Por otra parte, algunas de estas entidades están a la espera de la reforma que ahora se aprueba, con el objeto de hacer ajustes a sus ordenamientos y completar o impulsar sus propias reformas. Esto lo podrán hacer dentro del plazo de ocho años ya descrito. e) El punto de partida para la aplicación del nuevo sistema acusatorio es un aspecto crucial en la reforma que ahora nos ocupa, ya que consiste en definir a partir de qué momento se aplicará el nuevo régimen. Al respecto, las experiencias internacionales en esta misma materia dan cuenta de que no es aconsejable aplicar el nuevo sistema a procedimientos penales en curso. En efecto, lo óptimo en este tipo de medidas es empezar con un factor cero, es decir, que la reforma sólo sea aplicable a los procedimientos iniciados una vez que entró en vigor el mencionado sistema. Esta aclaración, prevista en el transitorio cuarto, es además sin duda necesaria, para evitar a toda costa que los inculpados sujetos a proceso obtengan la aplicación en su favor de reglas posteriores que consideren más benéficas, previstas en el nuevo sistema. Dicho de otra manera, el éxito de la reforma implica hacer una excepción al principio de retroactividad, en beneficio, en materia penal. De lo anterior se deduce que en el proceso legislativo de la reforma Constitucional a que se refiere, la Cámara de origen estableció una excepción al principio de retroactividad, en beneficio del reo en materia penal, adverso a lo que alegan el disconforme, ya que en cuanto al régimen transitorio, entre otras cosas, dispuso que "las modificaciones a la Constitución sólo se apliquen a los procedimientos iniciados una vez que entró en vigor el mencionado sistema de justicia, para evitar que los inculpados ya sujetos a proceso obtengan la aplicación a su favor de reglas posteriores que consideren más benéficas, previstas en el nuevo sistema; es decir, el legislador previó la hipótesis de que los procesados sujetos a un procedimiento anterior, intentaran obtener la aplicación a su favor de las reglas posteriores, por lo que reguló ese supuesto, lo dejó plasmado en el proceso legislativo y estatuyó claramente la prohibición de emplear disposiciones del modelo mixto, con aquellas de carácter acusatorio; lo que se justifica, si se toma en consideración que las reformas constitucionales deben aplicarse en el ámbito de validez que el Constituyente les fijó. Apoya lo anterior, la tesis aislada 2a. CVI/2001, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, con número de registro 189267, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable a Tomo XIV, de julio de 2001, visible a página 512, de rubro y texto, siguientes: REFORMAS CONSTITUCIONALES. CUANDO RESTRINGEN ALGÚN DERECHO DE LOS GOBERNADOS, LAS AUTORIDADES CONSTITUIDAS DEBEN APLICARLAS SUJETÁNDOSE AL ÁMBITO TEMPORAL DE VALIDEZ QUE EL PODER REVISOR LES FIJÓ. Como se reconoció por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial visible con el número 302 en la página 282 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: RETROACTIVIDAD DE LA LEY, PRECEPTOS CONSTITUCIONALES NO SON IMPUGNABLES POR. el Poder Revisor de la Constitución puede imprimir a una reforma constitucional el ámbito temporal de validez que estime conveniente e, incluso, puede darle efectos retroactivos. En tal virtud, si de la interpretación de la reforma a un precepto constitucional, mediante la cual se restringe algún derecho de los gobernados, se advierte que fue voluntad de la expresión soberana fijarle un específico ámbito temporal de validez, las autoridades constituidas deben someterse a esa voluntad, con independencia de que ello implique afectar derechos adquiridos o, en el extremo contrario, respetar meras expectativas de derecho, que a juicio del referido poder, deben preservarse; todo ello, en aras de respetar el principio de supremacía constitucional. Máxime, que dicha excepción, también está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado, el cinco de marzo de dos mil catorce, que en su artículo tercero transitorio, establece: ARTÍCULO TERCERO. Abrogación. El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, para efectos de su aplicación en los procedimientos penales iniciados por hechos que ocurran a partir de la entrada en vigor del presente Código, quedarán abrogados, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos. Toda mención en otras leyes u ordenamientos al Código Federal de Procedimientos Penales o a los códigos de procedimientos penales de las entidades federativas que por virtud del presente Decreto se abrogan, se entenderá referida al presente Código. Incluso, dicha disposición permanece en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, el cual entró en vigor al día siguiente, el que establece: ARTÍCULO TERCERO. Abrogación. El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán abrogados para efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente Código, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos. En consecuencia el presente Código será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de su entrada en vigor, con independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. De los artículos transitorios en cita, se concluye que todos aquellos procedimientos, los cuales estén en trámite a la entrada en vigor de las disposiciones reformadas, continuarán sustanciándose conforme a la legislación aplicable al inicio de los mismos; como ocurre en el presente asunto. Lo anterior, en virtud de que la intención del legislador implica no fusionar las reglas procesales que rigen ambos sistemas, puesto que expresamente establece, que cada uno de los sistemas penales, se regirán bajo su propia normatividad que para ello se expidió, en virtud de que su naturaleza y finalidad, son totalmente distintos. Y si bien, el artículo Quinto Transitorio del último de los Decretos a que se alude (en el cual sustentó su petición y ahora sus conceptos de violación el quejoso), establece que aquellas medidas privativas de la libertad o de prisión preventiva, decretadas en procedimientos iniciados conforme la legislación procesal que aplica antes de que entrara en vigor el sistema de justicia penal acusatorio adversarial, deben revisarse en términos de los artículos 153 a 171, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que textualmente, dispone: Quinto. Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para efecto de que, el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171, del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado Código. Cabe precisar, que conforme al principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que esa Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión, y que los Jueces deberán estarse a dicha Constitución, Leyes y Tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados; lo cual, faculta a este Juzgado a realizar un control de constitucionalidad en los siguientes términos. Por consiguiente, aun cuando se aceptara la interpretación del Quinto Transitorio que propone el incidentista, aquí quejoso, debe aclararse que está en una ley secundaria que dimana de la Constitución Federal; luego, mediante un control constitucional, debe prevalecer lo que dispone el artículo Cuarto Transitorio constitucional del Decreto de reformas de fecha dieciocho de junio de dos mil ocho, puesto que el respeto y observancia de ese postulado constitucional, no podrá considerarse sujeto a lo que el legislador ordinario emita en las disposiciones legales que lo reglamenten, ello en atención al principio de supremacía constitucional. Es así que, adverso a lo que pretende el disconforme, los artículos transitorios, tanto del Decreto de Reforma de la Constitución, como el previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no logran armonizar los derechos humanos que contemplan, por el contrario, se contraponen, ya que el artículo transitorio constitucional establece una restricción en tratándose de asuntos que se tramiten conforme al Código Federal de Procedimientos Penales, en el sentido de que no deben fusionarse el contenido de dichos códigos procedimentales. En tales condiciones, resulta claro que la intención del Constituyente es la de no permitir la fusión o mezcla de la normatividad que rige a ambos sistemas, por ser incompatibles entre sí, contrario a lo pretendido por el promovente del amparo. En ese orden de ideas, se advierte de manera clara, que entre tales preceptos, existe una discrepancia que no permite armonizar lo que consagran ambos ordenamientos, puesto que el precepto constitucional transitorio, señala una restricción en cuanto a lo que establece la legislación secundaria; de ahí que sea improcedente a nivel constitucional la pretensión sustancial del impetrante del amparo. Aunado a lo anterior, cuando se atiende el criterio que sustenta nuestro Máximo Tribunal, relativo a que lo dispuesto en la parte final del primer párrafo del artículo 1° Constitucional, que en lo que interesa, dice: cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece; debe entenderse que cuando en la Constitución se establezca una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, aun cuando colisione con el derecho humano contemplado en un tratado internacional (en el caso, una legislación secundaria), debe estarse a lo que indica la norma constitucional. Por ello, es que no se vislumbra que se hayan violentados los derechos humanos del quejoso, así como el principio pro persona, previstos en la Constitución y Tratados Internacionales, puesto que existe impedimento Constitucional para realizar la modificación de prisión preventiva que solicita el procesado, aquí quejoso; toda vez, que las reglas del nuevo sistema penal acusatorio no son compatibles, con el sistema mixto o inquisitivo, por el cual, se rige el procedimiento que se les instauró. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 2006224, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable a libro 5, de abril de 2014, Tomo I, visible a página 202, de rubro y texto, siguientes: DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio, de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano. Por otra parte, el hecho que el Juzgador responsable declarara infundado recurso de revocación bajo los argumentos que expuso en el acto reclamado, no trae como consecuencia, que se violente el principio pro persona o pro homine, que contempla el artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que de éste, no se advierte que las cuestiones que se plantean por los gobernados, necesariamente, deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer, la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que ese principio no es en sí mismo una fuente constitutiva de derechos o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no tienen sustento en las reglas de derecho aplicables, como así lo ha resuelto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), con número de registro 2004748, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable a Libro XXV, de octubre de 2013, Tomo 2, visible a página 906, de rubro y texto, siguientes: PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE., reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio, de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. También, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2006485, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable a libro 6, de mayo de 2014, Tomo II, visible a página 772, de rubro y texto, siguientes: PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio, de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Por último, es conveniente señalar, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, implica que los mecanismos o medios procesales, destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo cual, como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no, en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla; asimismo, consideró que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, en modo alguno significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, o en adhesión a ello, que la resolución que se dicte en ellos no sea congruente con la litis o exista indebida motivación y fundamentación, como lo asevera la parte quejosa; puesto que si bien es cierto, dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente, el asunto que se plantea y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es, que no siempre, y en cualesquiera de los casos, los Tribunales deban resolver el fondo del asunto que se somete a su jurisdicción, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones; por ese motivo, no se violentan en perjuicio de los quejosos, los derechos humanos a que se aluden. Tiene aplicación al caso, la tesis 1a. CXCVIII/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 2006472, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable a libro 6, de mayo de 2014, Tomo I, visible a página 541, de rubro y texto, siguientes: DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones. Por tales motivos, es que son inaplicables las tesis que cita el impetrante del amparo. Por consiguiente, como se anticipó, en el fondo de la cuestión planteada, la quejosa carece de razón, ya que su petición de concesión de libertad bajo la imposición de una medida cautelar en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, resulta improcedente al estar constitucionalmente prohibida la fusión de ambos sistemas penales. En las relacionadas condiciones al resultar infundados los conceptos de violación que vierte la parte quejosa y no existir deficiencia de la queja que suplir, tal como lo establece el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo anteriormente expuesto y fundado con apoyo en los artículos 76, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **, contra el acto del Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado **, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.

  3. Incidental

    INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo *******, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinte de febrero del año en curso, ******* solicitó la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, a quien reclamó la resolución de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en el que se declaró infundado el recurso de revocación, que se interpuso en contra del auto que desechó el incidente no especificado de aplicación de la ley más favorable. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Por proveído de veintiuno de febrero del año en curso, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitó su informe previo a la autoridad responsable y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Existencia de los actos reclamados. El Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, al rendir su informe previo, aceptó en la existencia del acto que se le reclamó, consistente en la resolución de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en el que se declaró infundado el recurso de revocación, que se interpuso en contra del auto que desechó el incidente no especificado de aplicación de la ley más favorable. TERCERO. Estudio de la improcedencia de la medida cautelar solicitada. Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva a la parte quejosa, respecto al acto reclamado consistente en la resolución de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en el que se declaró infundado el recurso de revocación, toda vez que se trata de un acto que tiene por efecto dejar firme un acto negativo, contra el cual resulta improcedente otorgar la medida cautelar solicitada, porque de decretarse tendría por efecto la constitución de un derecho, lo cual, en su caso, es materia de lo que se resuelva en el cuaderno principal. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1468, del tomo XV, correspondiente a la Materia Común del Semanario Judicial de la Federación, de marzo de 2002, del tenor literal siguiente: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE ÚNICO. Se niega a *******, la suspensión definitiva que solicitó en los términos precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe previo del Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con su contenido dese vista a las partes para que estén en posibilidad de objetar su contenido, tal como lo dispone el artículo 140 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con el numeral 144 de la legislación en cita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.*cnv

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