Eder Crescencio Domínguez Torres
Expediente 629/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 38 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 629/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Eder Crescencio Domínguez Torres
- Eder Crescencio Domínguez Torres y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de junio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio *******, que remite el Director de Garantías de la Tesorería de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio *******, de veinticinco de marzo de dos mil veintidós y de los billetes de depósitos ******* y *******, valiosos por la cantidad de $*******(*******) cada uno, dentro del juicio de amparo 629/2018, del índice de este juzgado, promovido por *******. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, como de los mismos se advierte que mediante proveídos de diecinueve de octubre y veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, emitidos dentro del incidente de suspensión del que deriva el juicio de amparo en que se actúa, se tuvo a la parte quejosa exhibiendo los billetes de depósito ******* y *******, respectivamente, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, cada uno por la cantidad de *******, para que siguiera surtiendo efectos la suspensión de los actos reclamados decretada. En ese contexto, tomando en consideración que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento respecto a los actos reclamados, mismos que consistieron en las órdenes de aprehensión y extradición, así como su respectiva ejecución, hágase la devolución de los referidos títulos de crédito. Por tanto, requiérase al quejoso *******, para que se presente ante este juzgado federal a recogerlos, debidamente identificado con credencial de validez oficial que contenga su fotografía, dentro del plazo de tres días, siguiente al en que le surta efectos legales la notificación de este auto, previa razón de su recibo que se recabe en autos para constancia legal y anotaciones correspondientes que se realicen en el libro de control de certificados de depósitos, que se lleva en este órgano jurisdiccional; en la inteligencia que de no comparecer en el lapso indicado, se declarará dicha garantía prescrita a favor del erario federal, dentro del término de dos años, contados de igual forma, a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este acuerdo, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados en el presente asunto, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, por lo que deberán conservarse. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, en relación con los billetes depósito ******* y *******, una vez que transcurran los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación del presente auto, de conformidad con el artículo 156 de la Ley de Amparo, se acordará lo conducente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 629/2018-III, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el diez de octubre de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno el siguiente día *******, promovió juicio de amparo contra el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, con residencia la ciudad de Chihuahua, capital del mismo nombre y otras autoridades, de quienes reclamó la solicitud de extradición y la orden de aprehensión, así como su ejecución . SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite al escrito inicial. Mediante auto once de octubre de dos mil dieciocho, se ordenó formar expediente y registrar el asunto como juicio de amparo indirecto 629/2018-III; se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia penal en el que se reclaman actos de autoridad judicial que tienen ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción VI, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esa forma se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad y del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en la ciudad de Chihuahua, capital del mismo nombre: La orden de extradición. La orden de aprehensión. Del Fiscal de Distrito en la Zona Norte; y Coordinador Especializado "B" adscrito a la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte; ambas con residencia en esta ciudad; Agente del Ministerio Público Encargado del Departamento Jurídico de la Agencia Estatal de Investigación; Fiscal de Distrito Zona Centro; y Fiscal General del Estado, con residencia en la ciudad de Chihuahua, capital del mismo nombre: La ejecución de las órdenes de extradición y de aprehensión. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes de los que se procederá a su estudio. De igual forma es aplicable el diverso criterio emitido por la instancia antes citada, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registrada bajo el número 181810, que dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos que se le atribuyeron, consistentes en las órdenes de extradición y de aprehensión. Por su parte, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, con sede en la ciudad de Chihuahua, capital, al rendir su informe con justificación, negó que haya efectuado la solicitud de extradición. La autoridad responsable Fiscal de Distrito, Zona Norte, con sede en esta ciudad, en su informe justificado afirmó que no había recibido órdenes de extradición ni de aprehensión. Por su parte, el Fiscal General del Estado en su informe con justificación negó de manera genérica el acto que se le reclamó. El Coordinador Especializado "B" adscrito a la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó categóricamente el acto reclamado consistente en la ejecución de la orden de aprehensión que le atribuyó el quejoso. Ante tales negativas, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo respecto a los actos que se les atribuyeron a las referidas autoridades, consistentes en las órdenes de extradición, aprehensión y su ejecución, respectivamente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria, que textualmente establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.] Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por lo que hace al Coordinador Especializado "B" adscrito a la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte con residencia en esta ciudad, el Fiscal de Distrito Zona Centro y el Agente del Ministerio Público Encargado del Departamento Jurídico de la Agencia Estatal de Investigación, estos dos últimos con sede en la ciudad de Chihuahua, al rendir su informe justificado fueron omisos en referirse al acto reclamado que se les atribuyó consistente en la ejecución de la orden de extradición, lo cual daría lugar a tenerlo por cierto; sin embargo, como las autoridades ordenadoras, negaron haber dado tal orden de extradición, es evidente que el acto que se les reclama es inexistente y, por ende, también es procedente decretar el sobreseimiento respecto de tal acto atribuido a dichas autoridades. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, con residencia en la ciudad de Chihuahua, capital del mismo nombre, manifestó al rendir su informe justificado, que es cierta la orden de aprehensión reclamada por el quejoso. Por su parte, el Fiscal de Distrito Zona Centro y el Agente del Ministerio Público Encargado del Departamento Jurídico de la Agencia Estatal de Investigación, ambos con sede en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, al rendir su informe con justificación aceptaron la existencia de la ejecución de la orden de aprehensión. Además, la certeza de los actos queda acreditada con los elementos de prueba que exhibió el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, consistentes en las copias certificadas de las constancias que conforman la causa penal ******* de su índice, probanzas a las cuales se les reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La valoración asignada a las documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. De modo que, se tiene como cierta la orden de aprehensión que se endilga a la referida autoridad responsable. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, el que suscribe estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.] De la lectura de la porción normativa transcrita, se tiene que el amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, precisando que cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en ese precepto. En ese sentido es oportuno precisar que la libertad personal puede restringirse por cuatro motivos diferentes, a saber: 1. La aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; 2. La detención en flagrancia o urgencia; 3. La medida cautelar consistente en la prisión preventiva o cualquier otra que restrinja la libertad; 4. La sentencia. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente. Corrobora lo antes expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia II.3o. J/59, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 70, Octubre de 1993, página: 57, cuyo tenor literal es el siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR. La aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, son los motivos a través de los cuales se pueden restringir la libertad personal; teniendo cada una de estas modalidades características peculiares. Al conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos a que se ha hecho mención, se le denomina situación jurídica; de tal manera que cuando ésta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, desapareciendo así los efectos del acto reclamado, lo que hace improcedente el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior. En el caso, como se señaló, la parte quejosa reclama al Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, con residencia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, la orden de aprehensión. Ahora, en el oficio JC 2391/2018 signado por el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, informa a este juzgado que en audiencia de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se decretó auto de vinculación a proceso en contra del imputado *******, por el delito de robo con penalidad agravada previsto y sancionado en los artículos 208, fracción III y 211, fracciones III y X, en relación con el 214, todos el Código Penal, cometido en perjuicio de *******, dentro de la causa penal ******* de su índice. Por tanto, resulta inconcuso que el que suscribe se encuentra impedido para pronunciarse respecto a la orden de aprehensión reclamada, sin afectar la nueva situación a la que se sujetó al quejoso con la emisión del auto de vinculación a proceso, lo que motiva que quede consumada irreparablemente la violación reclamada. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de amparo, respecto al acto reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Asimismo, apoya lo anterior, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 10 de agosto de 2018 10:18 h, del contenido siguiente: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada). El sobreseimiento en el juicio de amparo, se hace extensivo al acto de ejecución que se reclamó a las autoridades responsables Fiscal de Distrito Zona Centro y Agente del Ministerio Público Encargado del Departamento Jurídico de la Agencia Estatal de Investigación, ambos con sede en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, toda vez que no se impugna por vicios propios, sino con motivo de la orden de aprehensión que dictó el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos. En este contexto, dado que en el presente asunto se actualizó la invocada causa de improcedencia y se decretó el sobreseimiento, no es posible analizar los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, pues ello constituye el problema de fondo y aquella es de estudio preferente. Resulta aplicable a lo anterior la tesis la jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable a página cincuenta y siete, del Tomo setenta, octubre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente.". En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, 63, 73, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 629/2018-III, promovido por *******, respecto de los actos reclamados a las autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de la misma. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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