Doroteo Perez Ramirez
Expediente 1788/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1788/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Doroteo Perez Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra la sentencia dictada el siete de febrero de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de febrero de dos mil diecisiete. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Doroteo Pérez Ramírez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- ORDENADORA: Señalo al LIC. GERARDO REYES MEZA, AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA MESA TRES DE LA UNIDAD NORTE DEL SISTEMA TRADICIONAL ANTES DENOMINADA MESA VESPERTINA DE LA DELEGACIÓN NORTE, dentro de la Averiguación Previa 3837/2008NORTE, con domicilio oficial bien conocido en esta Ciudad Capital, Puebla, lo anterior, por tratarse de autoridades. b).- EJECUTORA: Las autoridad (sic) antes citada tienen el doble carácter." "IV.- ACTO RECLAMADO: a).- Reclamo de la autoridad responsable (REPRESENTANTE SOCIAL), la omisión de dictar el respectivo ACUERDO que en derecho proceda dentro de la Averiguación Previa 3837/2008/NORTE, escrito presentado con fecha VEINTE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, sin ninguna justificación de carácter legal, violando flagrantemente mis garantías constitucionales específicamente lo establecido por los artículos 1, 8, 17 y 21 de Nuestra Carta Magna, arábigos que se refieren al derecho de petición, impartición de justicia e investigación de los delitos, así como también el artículo 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA RELATIVA (PACTO DE SAN JOSÉ COSTA RICA), ES CONCORDANTE CON LAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES b).- Reclamo de la autoridad responsable (FISCAL), la omisión de realizar la investigación de los delitos denunciados por el suscrito, dentro de la Averiguación Previa Averiguación Previa (sic) 3837/2008/NORTE, dejando de observar lo establecido por el artículo 21 y 83, violando flagrantemente mis garantías constitucionales específicamente lo establecido por el artículo 1, 8, 17 y 21, de Nuestra Carta Magna, arábigo que se refiere a la impartición de justicia e investigación de los delitos, así como también el artículo 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA RELATIVA (PACTO DE SAN JOSÉ COSTA RICA), ES CONCORDANTE CON LAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17, CONSTITUCIONALES. c).- Reclamo de la autoridad responsable (FISCAL), la omisión de acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los hechos denunciados, dentro de la Averiguación Previa Averiguación Previa (sic) 3837/2008/NORTE, dejando de observar lo establecido por el artículo 21 y 83, del Código de Procedimientos Penales, violando flagrantemente mis garantías constitucionales específicamente lo establecido por el artículo 1, 8, 17 y 21, así como también el artículo 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA RELATIVA (PACTO DE SAN JOSÉ COSTA RICA), ES CONCORDANTE CON LAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17, CONSTITUCIONALES." La parte quejosa narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, 8, 16, 17 y 21 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de garantías con incidente de suspensión, la cual se registró bajo el número 1788/2016-III-C; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama del Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Tres de la Unidad Norte del Sistema Tradicional (antes denominada Mesa Vespertina de la Delegación Norte): La omisión de acordar su escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil dieciséis, en la indagatoria 3837/2008/NORTE de su índice, en el cual exhibió diversas documentales, y solicitó se procediera a consignar la averiguación. La omisión de investigar los delitos denunciados por la parte quejosa y de acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los mismos, dentro de la averiguación previa 3827/2008/NORTE, en la cual es parte ofendida TERCERO. Certeza e Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Inexistencia de un acto reclamado y sobreseimiento. El Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Trámite Mesa Tres de la Unidad Norte del Sistema Tradicional de la ciudad de Puebla, negó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de investigar los delitos denunciados por la parte quejosa y de acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los mismos, dentro de la averiguación previa 3837/2008/NORTE. En efecto, el acto reclamado citado, no existe, tal como se explica: La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables. Así, de un análisis sistemático de los artículos 8o., 16, 17, 21 y 102, inciso a), de la Constitución, se desprende que la representación social debe proveer en breve término a la integración de la averiguación previa. Por su parte, los artículos 83, 108, 30, 30 bis y 30 ter del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla disponen lo siguiente: "SECCION CUARTA.- COMPROBACION DEL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE RESPONSABILIDAD (REFORMADO, P.O. 24 DE MARZO DE 2000) (F. DE E., P.O. 7 DE ABRIL DE 2002) Artículo 83.- El Ministerio Público deberá durante la averiguación previa, acreditar el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado, como base del ejercicio de la acción penal, respetando en todo momento los ordenamientos Constitucionales; a la Autoridad Judicial, por su parte, le corresponderá analizar si ambos requisitos se acreditan en autos. (REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 24 DE MARZO DE 2000) SECCION CUARTA.- COMPROBACION DEL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE RESPONSABILIDAD (REFORMADO, P.O. 24 DE MARZO DE 2000) Artículo 108.- Para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, el Ministerio Público y los Tribunales gozarán de la acción más amplia para emplear los medios de investigación que estimen conducentes según su criterio, aunque no sean de los que menciona la Ley, siempre que estos medios no sean contrarios a derecho. SECCION CUARTA.- FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO Artículo 30.- En las averiguaciones en que no se hubiese logrado reunir pruebas bastantes, conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para decretar la aprehensión del acusado, no obstante haberse practicado todas las diligencias solicitadas por los interesados o decretadas por el Juez, éste, a petición del Ministerio Público, del mismo acusado, y aun sin previa solicitud, decretará la cesación del procedimiento y mandará archivar lo actuado. (ADICIONADO, P.O. 2 DE SEPTIEMBRE DE 1998) Artículo 30 bis.- El Agente del Ministerio Público podrá determinar el no ejercicio de la acción penal y el consecuente archivo de la Averiguación Previa en los siguientes casos: I.- Cuando los hechos de que tengan conocimiento no sean constitutivos de delito, conforme a la descripción típica contenida en la Ley; II.- Cuando se hubiese extinguido la acción persecutoria, en términos de lo dispuesto por este Código; III.- Cuando de las diligencias practicadas, se deduzca plenamente que el inculpado actuó con alguna de las causas excluyentes del delito, y IV.- Cuando aún siendo presuntamente delictivos los hechos de que trate, resulte imposible la prueba de su existencia por obstáculo material insuperable. (ADICIONADO, P.O. 2 DE SEPTIEMBRE DE 1998) Artículo 30 ter.- En los casos en que se acuerde el archivo de la Averiguación Previa, el Agente del Ministerio Público, deberá informar el contenido de la determinación adoptada al denunciante o querellante a través de cédula de notificación personal, otorgándole al denunciante quince días naturales para que exprese por escrito o por comparecencia, lo que a su derecho convenga, luego de lo cual se acordará lo que proceda. Sólo en casos de que exista oposición a la determinación del no ejercicio de la acción penal, el Agente del Ministerio Público deberá enviar el original de la Averiguación Previa al Ciudadano Procurador, a efecto de que se realice el estudio y análisis de la misma y se determine la procedencia o improcedencia de la determinación, confirmándola o en su caso señalando las diligencias necesarias para la integración de la misma." De la normativa en estudio (transcrita en orden de prelación lógico), se desprende que el Ministerio Público, durante la averiguación previa, deberá acreditar el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado, como base del ejercicio de la acción penal, con todos los medios de prueba permitidos por la ley y que, por otro lado, podrá determinar el no ejercicio de la acción penal y el archivo de la investigación, cuando a) los hechos no sean constitutivos del delito, b) se haya extinguido la acción penal persecutoria, c) se llegue a la convicción de que el inculpado actuó con alguna de las causas excluyentes del delito o d) exista obstáculo material insuperable, contra lo cual procede medio de defensa ordinario. Ahora bien, de la documental consistente en el acuerdo de dos de enero de dos mil diecisiete (fojas 22 y 23), emitido en la indagatoria 3837/2008/NORTE, remitida por la responsable, la cual goza de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°; se aprecia que en dicha data el fiscal responsable, hizo del conocimiento del quejoso que mediante el diverso proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, se determinó el no ejercicio de la acción penal dentro de dicha indagatoria, en virtud de lo arrojado por las diligencias que la conforman -lo cual ocurrió con anterioridad a la promoción de la demanda de amparo-, se tiene que, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, el Ministerio Público, cumplió con el mandato constitucional e investigó los hechos y determinó lo conducente, máxime que es una institución de buena fe. Por lo manifestado, es inexistente el acto reclamado identificado en el inciso b) del considerando segundo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. II. Existencia del acto reclamado. Atinente al acto consistente en la omisión de acordar el escrito presentado por la parte quejosa, el veinte de diciembre de dos mil dieciséis, en la indagatoria 3837/2008/NORTE, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Trámite Mesa Tres de la Unidad Norte del Sistema Tradicional de la ciudad de Puebla, al rendir su informe justificado, negó el acto que se le reclama, como se aprecia a foja veinte de autos. Sin embargo, en el propio informe realiza manifestaciones que evidencian su certeza (que el escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil dieciséis, fue acordado y notificado hasta el dos de enero de dos mil diecisiete); en virtud de lo cual, la negativa se desvirtúa y se tiene plenamente probada la existencia de éste. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza que se corrobora, con la copia certificada del acuerdo de dos de enero de dos mil diecisiete, así como de su constancia de notificación que la autoridad acompañó a su informe justificado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. En el caso, al ser el acto reclamado de naturaleza omisiva, se traduce en la abstención de actuar por parte de la autoridad, lo que produce el perjuicio en la esfera jurídica del quejoso; de ahí que no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, pues sus efectos son de tracto sucesivo por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez producido, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata; razón por la cual en esta clase de actos no corre el término genérico de quince días para promover el sumario constitucional, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, al tratarse aquel de un acto omisivo que crean una situación permanente mientras se subsanan, pueden reclamarse en cualquier tiempo. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." QUINTO. Procedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así pues, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así las cosas, esta juzgadora advierte que en el presente asunto, respecto del acto reclamado consistente en la omisión del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Trámite Mesa Tres de la Unidad Norte del Sistema Tradicional de la ciudad de Puebla, de acordar el escrito presentado por la parte quejosa, el veinte de diciembre de dos mil dieciséis, en la indagatoria 3837/2008/NORTE, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el quejoso reclama del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Trámite Mesa Tres de la Unidad Norte del Sistema Tradicional de la ciudad de Puebla, la omisión de acordar su escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de la averiguación previa 3837/2008/NORTE, en el cual exhibió diversas documentales, y solicitó se procediera a consignar la averiguación. Ahora bien, de las copias certificadas que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado (valoradas anteriormente en términos de ley), se advierte que el dos de enero de dos mil diecisiete, acordó la promoción citada; en el sentido de que no era posible recibir las probanzas ofrecidas por el quejoso, atento a que la investigación de mérito se encontraba determinada desde el dieciocho de abril de dos mil dieciséis. Determinación que fue notificada -de manera personal en el domicilio que señaló para tal efecto- el dieciséis de enero de dos mil diecisiete (fojas 21 a 25). Por tanto, al haberse acordado la solicitud objeto de la controversia y al haber sido notificada dicha determinación, se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del quejoso, o habiéndola irrumpido, no se haya dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 del citado ordenamiento legal procede decretar el sobreseimiento en la presente contienda constitucional. Atento a lo anterior, la suscrita Juzgadora Federal se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide que el juzgador se pronuncie sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Apoya lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." Cabe indicar que con el mencionado acuerdo de dos de enero de dos mil diecisiete dictado en la averiguación previa 3837/2008/NORTE del índice del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Trámite Mesa Tres de la Unidad Norte del Sistema Tradicional de la ciudad de Puebla, no se dio vista a la parte quejosa para ampliar su demanda de garantías, en virtud de que es un hecho notorio para la suscrita Jueza (el cual se invoca con fundamento en el artículo 88 de del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo), ya es materia de un diverso sumario constitucional del índice de este juzgado (56/2017, promovido por Doroteo Pérez Ramírez, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres de la Unidad Norte del Sistema Tradicional (antes denominada Mesa Vespertina de la Delegación Norte), consistentes en los acuerdos emitidos el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis y dos de enero de dos mil diecisiete, dentro de la averiguación previa 3837/2008/NORTE), tal como se advierte de las copias certificadas agregadas en autos. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1788/2016-III-C, promovido por Doroteo Pérez Ramírez, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta resolución y respecto a los actos precisados en el considerando segundo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Incidental
En San Andrés Cholula, Puebla, a las diez horas con cinco minutos del dos de enero de dos mil diecisiete, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1788/2016-III-C (foja 9), María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistida de Rafael Torres Campos, secretario con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo vigente, sin asistencia de las partes A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por Doroteo Pérez Ramírez (fojas 1 a 6), auto de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis (suspensión provisional [fojas 8 a 11]), constancias de notificación a las autoridades responsables, informes previos rendidos por ellas, y acuerdos que los tuvieron por recibidos; asimismo, da cuenta con el informe previo rendido por la 1. Agente del Ministerio Público de la Mesa Tres de la Unidad Norte del Sistema Tradicional A lo anterior, la jueza acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias, así como la certificación secretarial que antecede, para los efectos legales conducentes Por otra parte, agréguese a los autos el informe previo rendido por la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público de la Mesa Tres de la Unidad Norte del Sistema Tradicional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el referido informe, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia incidental Ahora bien, no obstante que en esta fecha se puso a la vista el informe ante aludido, no ha lugar a reservar la celebración de la presente audiencia, ya que el artículo 138 de la Ley de Amparo vigente exige que la audiencia se realice dentro del plazo de cinco días, con informe o sin él. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia que a la letra dice "SUSPENSIÓN EN AMPARO. NO PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA INCIDENTAL SI EN ELLA SE DA CUENTA CON EL INFORME PREVIO Si se toma en consideración que el incidente de suspensión se rige por el principio de celeridad y que el artículo 131 de la Ley de Amparo exige que la audiencia incidental se celebre dentro del plazo de setenta y dos horas con informe o sin él, es inconcuso que no procede diferir aquélla, si el Juez de Distrito da cuenta con dicho informe durante la celebración de la audiencia, tanto más si las autoridades responsables al rendir su informe niegan la existencia del acto reclamado, en virtud de que en la propia audiencia, la parte quejosa están en aptitud de ofrecer las pruebas documental y de inspección ocular tendentes a desvirtuar dicha negativa, lo que no produce la indefensión de aquéllos, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, último párrafo, de la ley de la materia, las partes pueden objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo. " Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que el secretario da cuenta con la documental que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda; y la jueza acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo se admite la prueba documental de la parte quejosa. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no exhibió pedimento. A lo anterior, la Jueza de Distrito acuerda: se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente:...ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Doroteo Pérez Ramírez, en términos de los considerandos tercero y cuarto de esta interlocutoria y por la autoridad responsable indicada.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. Resulta necesario establecer que para la tramitación del presente incidente de suspensión se aplicará la Ley de Amparo abrogada, pues si bien es cierto que en el Distrito Judicial de Puebla, lugar de residencia de la autoridad señalada como responsable ordenadora, a la fecha en que se actúa ya se encuentra en vigor el sistema penal acusatorio, lo cierto es que dicha autoridad, continúa conociendo del sistema penal tradicional; además, es el propio quejoso quien manifiesta que la averiguación previa (materia del acto reclamado) inició en el año dos mil ocho. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha y con fundamento en el artículo 122 de la Ley de Amparo abrogada, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1788/2016-III-C promovido por Doroteo Pérez Ramírez, por su propio derecho, contra actos de las autoridades denominadas 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Tres de la Unidad Norte del Sistema Tradicional (antes denominada Mesa Vespertina de la Delegación Norte). Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 130, 131, 132, 133, 136 y 138 de la Ley de Amparo abrogada, pídase a la autoridad responsable su informe previo, quien deberá rendirlo dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de su notificación, ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, enviándole para tal efecto copia simple de la demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el precepto 55, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en relación con el 132 de la Ley de Amparo abrogada se le impondrá una corrección disciplinaria por la cantidad equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Así mismo, con fundamento en el artículo 134 de la Ley de Amparo abrogada, requiérase a la autoridad responsable para que, en el término de veinticuatro horas contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto (al momento de rendir su informe previo), informe a este juzgado si ya se resolvió sobre la suspensión de los actos reclamados en otro juicio de amparo por lo que hace a la aquí parte quejosa o por otra persona, en su nombre y representación, y, de ser así, remita copia certificada de la resolución correspondiente. Apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en relación con el 132 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir sus informes respectivos a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx y, a efecto de confirmar su envío, se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, para que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia incidental correspondiente. De la lectura íntegra de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: 1) la omisión de dictar el acuerdo correspondiente al escrito que presentó el veinte de diciembre de dos mil dieciséis, 2) la omisión de investigador los delitos denunciados, y 3) la omisión de acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad dentro de la averiguación previa 3837/2008/NORTE del índice de la autoridad responsable. Entonces, respecto de los actos reclamados precisados, resulta improcedente conceder la suspensión provisional solicitada, pues para efectos de la suspensión dentro del juicio de garantías se encuentran, entre otros: los actos positivos y los negativos; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; y los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos. Ahora bien, si tomamos en consideración que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, es evidente que la procedencia de la suspensión no se actualiza ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, o abstención de acordar las peticiones de la parte quejosa o de actuar dentro de la averiguación previa, pues si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada dispone que para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad deben concurrir los siguientes requisitos, que a saber, son: 1. Que se solicite la suspensión y 2. Que no contravenga disposiciones de orden público ni se ocasione perjuicio al interés social; también lo es que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, no existiría, como en el presente asunto, materia que suspender; de ahí que, como se dijo, lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en la demanda de amparo, y por autorizados con las facultades restringidas previstas en el artículo 27 de la Ley de Amparo abrogada, a las personas que indica, ya que ésta autoridad carece de los elementos necesarios para corroborar que los profesionistas que indica cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho, registradas ante la Secretaría de Educación Pública, pues el solo hecho de indicar sus nombres, no es suficiente, en virtud de los homónimos que pudieran existir respecto de éstos. De conformidad con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo abrogada, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."
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