Doroteo Perez Ramirez
Expediente 1367/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 25 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1367/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 05/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Doroteo Perez Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en atención a su contenido, remítasele copia certificada de las constancias que refiere en su oficio de cuenta. Por otra parte, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante, que mediante proveído de catorce de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla a Horacio Óscar Rosete Mentado, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinticuatro de julio al trece de agosto de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en consecuencia de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años.. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A" del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora, consistente en copia certificada de la averiguación previa 027/2015/DGSP, de su índice, con la que se formó el anexo I; devuélvasele dicha documental y se le requiere para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de dos de julio de dos mil dieciocho (foja 235), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A" del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora a la sentencia de amparo; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna para desahogar dicha vista. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento. En principio, es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho (fojas 53 a 70), se negó el amparo a Doroteo Pérez Ramírez. Inconforme con tal resolución, el quejoso de mérito interpuso recurso de revisión (foja 87), del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, autoridad que lo radicó con el número de expediente 87/2018 de su índice (foja 144) y, en ejecutoria de diez de mayo de dos mil dieciocho (fojas 148 a 189), revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección a Doroteo Pérez Ramírez. Por lo anterior, en acuerdo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho (fojas 190 y 191), se requirió a la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A" del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora para que cumpliera con la sentencia de amparo emitida por el órgano colegiado aludido, cuyos efectos fueron los siguientes: ".Al resultar fundado el agravio del recurso de revisión, en suplencia de la queja deficiente, se concluye que la conducta del agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A" del Sistema Tradicional, Primera mesa Investigadora (en su denominación correcta), para integrar la carpeta de investigación ha sido deficiente, con lo cual ha violentado los derechos humanos reconocidos en la constitución a favor del ofendido y que se han mencionado en esta sentencia, por lo cual lo que procede es revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado para los efectos siguientes: Prescinda de volver a citar a los inculpados Manuel Alonso García, Luis Domínguez Balcázar, Francisco Javier Ramos y Manuel Cedeño Minero, ya que su declaración no es obligatoriamente necesaria para la integración de la averiguación previa y de tener alguna otra prueba más que desahogar, lo realice y dicte la resolución sobre el ejercicio o no de la acción penal, lo que deberá hacer dentro del plazo de treinta día naturales." Así, mediante oficio UIHCST-I/0602/2018 de veinticinco de junio de dos mil dieciocho (foja 205), la agente del Ministerio Público responsable remitió copia de la resolución emitida el veintiuno del mismo mes y año en la averiguación previa 27/2015/DGSP/UIHCST-I (fojas 206 a 227); en la que determinó el no ejercicio de la acción penal en la referida indagatoria. Sin embargo, como no remitió la constancia de notificación al quejoso de esa resolución, sino únicamente el citatorio respectivo (fojas 223 a 226), por auto de veintisiete de junio de dos mil dieciocho (foja 228) se requirió a la citada autoridad responsable para que enviara dicha constancia. En cumplimiento a tal requerimiento, mediante oficio UIHCST-I/0615/2018 (foja 231) la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A" del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora remitió copia certificada de la constancia de notificación aludida. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se aprecia que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la agente del Ministerio Público responsable realizó lo siguiente: 1. Estableció que en autos de la averiguación previa de origen, se recabaron todos los medios de prueba necesarios para su integración (foja 207). 2. Determinó el no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo de la averiguación previa 27/2015/DGSP/UIHCST-I de su índice, por considerar que los hechos denunciados no son constitutivos de delito de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad, daño en propiedad ajena, abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, delitos cometidos en la administración de justicia y otros en ramos del poder público (foja 222). 3. El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, notificó dicha determinación judicial al quejoso Doroteo Pérez Ramírez. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la protección constitucional concedida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 16 DE JULIO DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de dos de julio de dos mil dieciocho (foja 235), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A" del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora a la sentencia de amparo; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna para desahogar dicha vista. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento. En principio, es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho (fojas 53 a 70), se negó el amparo a Doroteo Pérez Ramírez. Inconforme con tal resolución, el quejoso de mérito interpuso recurso de revisión (foja 87), del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, autoridad que lo radicó con el número de expediente 87/2018 de su índice (foja 144) y, en ejecutoria de diez de mayo de dos mil dieciocho (fojas 148 a 189), revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección a Doroteo Pérez Ramírez. Por lo anterior, en acuerdo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho (fojas 190 y 191), se requirió a la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A" del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora para que cumpliera con la sentencia de amparo emitida por el órgano colegiado aludido, cuyos efectos fueron los siguientes: ".Al resultar fundado el agravio del recurso de revisión, en suplencia de la queja deficiente, se concluye que la conducta del agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A" del Sistema Tradicional, Primera mesa Investigadora (en su denominación correcta), para integrar la carpeta de investigación ha sido deficiente, con lo cual ha violentado los derechos humanos reconocidos en la constitución a favor del ofendido y que se han mencionado en esta sentencia, por lo cual lo que procede es revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado para los efectos siguientes: Prescinda de volver a citar a los inculpados Manuel Alonso García, Luis Domínguez Balcázar, Francisco Javier Ramos y Manuel Cedeño Minero, ya que su declaración no es obligatoriamente necesaria para la integración de la averiguación previa y de tener alguna otra prueba más que desahogar, lo realice y dicte la resolución sobre el ejercicio o no de la acción penal, lo que deberá hacer dentro del plazo de treinta día naturales." Así, mediante oficio UIHCST-I/0602/2018 de veinticinco de junio de dos mil dieciocho (foja 205), la agente del Ministerio Público responsable remitió copia de la resolución emitida el veintiuno del mismo mes y año en la averiguación previa 27/2015/DGSP/UIHCST-I (fojas 206 a 227); en la que determinó el no ejercicio de la acción penal en la referida indagatoria. Sin embargo, como no remitió la constancia de notificación al quejoso de esa resolución, sino únicamente el citatorio respectivo (fojas 223 a 226), por auto de veintisiete de junio de dos mil dieciocho (foja 228) se requirió a la citada autoridad responsable para que enviara dicha constancia. En cumplimiento a tal requerimiento, mediante oficio UIHCST-I/0615/2018 (foja 231) la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A" del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora remitió copia certificada de la constancia de notificación aludida. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se aprecia que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la agente del Ministerio Público responsable realizó lo siguiente: 1. Estableció que en autos de la averiguación previa de origen, se recabaron todos los medios de prueba necesarios para su integración (foja 207). 2. Determinó el no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo de la averiguación previa 27/2015/DGSP/UIHCST-I de su índice, por considerar que los hechos denunciados no son constitutivos de delito de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad, daño en propiedad ajena, abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, delitos cometidos en la administración de justicia y otros en ramos del poder público (foja 222). 3. El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, notificó dicha determinación judicial al quejoso Doroteo Pérez Ramírez. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la protección constitucional concedida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
Quedan 21 actuaciones en este expediente
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