Doroteo Perez Ramirez
Expediente 914/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 914/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 13/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Doroteo Perez Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete que por una parte sobreseyó en el presente juicio y por otra negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. En otro orden, devuélvase a la 1. Agente del Ministerio Público, Titular de la Segunda Mesa Investigadora, adscrito a la Dirección General de Investigación de Hechos de Corrupción "B" de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Puebla (en su denominación correcta), las constancias que como justificación de su informe remitió a esta potestad federal y con las que se ordenó formar tomo de pruebas uno; requiriéndole para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibida que de no cumplir, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá a cada uno y por separado, una multa de cincuenta días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que aún no obra la constancia que acredite que se ha emplazado a la tercera interesada Minerva Gonzala Rivera García al presente sumario constitucional o la razón que exponga la imposibilidad para lograrlo, esto es, a la diligencia ordenada en acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. En tales condiciones, la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy se difiere, y se señala como nueva fecha para su celebración las nueve horas con cuarenta minutos del dieciocho de octubre de dos mil diecisiete.
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA RESOLUCION DE OCHO DE AGOSTO Y DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICEN: San Andrés Cholula, Puebla, ocho de agosto de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, misma que se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de acuerdo al artículo primero transitorio; por tanto, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 914/2017-C. Ahora bien, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII, X y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 37, 107, 112, 115, 117 y 127 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de garantías promovida por Doroteo Pérez Ramírez, contra actos de la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Segunda Mesa de Trámite de la Dirección General para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos. Por separado y duplicado fórmese y tramítese el incidente de suspensión de los actos reclamados. Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este juzgado de Distrito ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla. Con el apercibimiento que de no hacerlo o no anexar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Esto es así, ya que la no rendición del informe justificado implica que se presuma cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Amparo vigente; y, por lo que respecta a los informes rendidos fuera de los plazos establecidos, podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos, con fundamento en la primera parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx y, a efecto de confirmar su envío, se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Por otra parte, se requiere a la autoridad que, en su caso, convenga en la existencia el acto reclamado, precise si las constancias que remita como justificación a su informe, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 26/2015 siguiente sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo. No ha lugar a remitirle copia de la demanda de amparo, pues la misma se remitirá al momento de requerir el informe previo, de conformidad con el artículo 116 del multicitado ordenamiento legal. En otro sentido, se solicita a la autoridad señalada como responsable informe a este juzgado de Distrito si este juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional o por tratarse de actos derivados del propio procedimiento, o bien, porque se refiera a los mismos hechos. En la inteligencia de que, deberá de rendir su respectivo informe justificado en forma separada del previo, haciendo referencia al número de oficio que contesta, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo. Así mismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, hágase saber a la autoridad responsable que si tiene conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberá comunicarlo inmediatamente a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que así lo acrediten. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione el nombre y domicilio de las personas que en su caso pudieran tener el carácter de terceros interesados, así como remita las constancias necesarias relativas de donde se advierta tal información. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a treinta días veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 251 del citado cuerpo de leyes. Se señalan las trece horas con diez minutos del treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental que en original acompaña a su escrito de demanda, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. En aplicación de las jurisprudencias emitidas por el Tribunal Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos datos de localización, rubros y textos son: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver. CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENARLA DE OFICIO, RESPECTO DE LOS EXHIBIDOS CON LA DEMANDA DE AMPARO, PARA QUE OBREN EN EL CUADERNO INCIDENTAL, AL DICTAR LA RESOLUCIÓN ATINENTE A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA (REQUISITO CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA P./J. 71/2010). La jurisprudencia citada establece como requisito que el Juez de Distrito, de oficio, ordene la compulsa o certificación de los documentos originales presentados con la demanda de amparo, con las copias simples que se anexen a ésta, a fin de que se tomen en consideración al emitir la resolución relativa a la suspensión definitiva de los actos reclamados. Incluso prevé que respecto a las pruebas documentales aportadas en el expediente principal del juicio de amparo durante el procedimiento, también debe actuar en los términos referidos, con el propósito de que en ambos cuadernos, principal e incidental, obren los mismos elementos probatorios. Ahora bien, dicha actuación corresponde al secretario del Juzgado de Distrito, según los artículos 61, 64, 217 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de acuerdo con el 2o. de la Ley de Amparo, que en general establecen que el secretario del órgano jurisdiccional es quien debe realizar la certificación correspondiente, la cual constituye una actuación fundamental e imprescindible para que el Juez de Distrito esté en aptitud legal y material de conocer si se aportaron elementos probatorios con la demanda de amparo o durante el procedimiento del juicio de garantías, con el objeto de que en ambos cuadernos, principal e incidental, obren las mismas pruebas documentales y al dictar la resolución atinente a la suspensión definitiva de los actos reclamados, atienda a todas las pruebas exhibidas por la quejosa, con base en lo cual emita una decisión apegada a la realidad jurídica de ese asunto. En consecuencia, se ordena efectuar la compulsa y certificación de la documental que la parte quejosa anexó en original a su escrito de demanda, para que obre en el incidente de suspensión y surta los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, conforme a lo establecido en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que le corresponde. Se reserva el emplazamiento de la parte tercero interesada, hasta en tanto obren en autos los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en su demanda de amparo y por autorizados en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, pues no obstante que la parte quejosa manifiesta que es su deseo autorizarlas en los términos amplios del citado precepto, esta autoridad carece de los elementos necesarios para corroborar que cuentan con cédulas de licenciados en derecho inscritas ante la Secretaría de Educación Pública y, el solo hecho de indicar sus nombres, no es suficiente, en virtud de los homónimos que pudieran existir respecto de éstos. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." También, hágase saber a la autoridad responsable que de negarse a recibir la notificación, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá por hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Aunado a ello, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, como lo ordena el artículo 245 de la citada legislación, en los términos siguientes: "(.) a la autoridad responsable que se niegue a recibir la notificación se le impondrá multa de cien a mil días. (.)". Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. AUTO DE DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE: Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla (autoridad no responsable) y, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento que se le formuló por acuerdo dictado el seis de septiembre de dos mil diecisiete, pues para tal efecto, proporciona dos domicilios en donde se podría emplazar a la tercera interesada Minerva Gonzala Rivera García, los ubicados en: a) Fraccionamiento Campestre, Rancho Colorado, Código Postal 72040, en la ciudad de Puebla; y, b) Anillo Periférico Ecológico, Kilometro 4.5, (C5) en Cuautlancingo, Puebla (domicilio que ocupan las oficinas de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla). En consecuencia, en términos del artículo 27, fracción I de la Ley de la materia, se ordena al Actuario adscrito realice lo siguiente: 1) Notifique a la tercera interesada Minerva Gonzala Rivera García este acuerdo y el auto admisorio. 2) Emplace a dicha parte tercera interesada en cualquiera de los domicilios indicados. 3) Corra traslado a dicha parte con copia autorizada de la demanda de amparo y de las determinaciones citadas, por si a su interés conviene apersonarse, ofrecer pruebas y alegar de sus derechos. 4) Le requiera para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días, computado legalmente, señale domicilio en la ciudad de Puebla o San Andrés Cholula, Puebla, donde reciba sus notificaciones; apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes que surjan, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista de acuerdos; tal como lo dispone el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. 5) Se haga de su conocimiento la fecha de celebración de la audiencia constitucional. 6) De igual forma, a efecto de no dejar en estado de indefensión a dicha parte procesal, dese vista con las constancias de autos, por el plazo de ocho días, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autorizan horas y días inhábiles para el desahogo de la diligencia de mérito, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse el emplazamiento, el Actuario podrá constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberá indagar con los vecinos del lugar.
- Principal
Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla (autoridad no responsable) y, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento que se le formuló por acuerdo dictado el seis de septiembre de dos mil diecisiete, pues para tal efecto, proporciona dos domicilios en donde se podría emplazar a la tercera interesada Minerva Gonzala Rivera García, los ubicados en: a) Fraccionamiento Campestre, Rancho Colorado, Código Postal 72040, en la ciudad de Puebla; y, b) Anillo Periférico Ecológico, Kilometro 4.5, (C5) en Cuautlancingo, Puebla (domicilio que ocupan las oficinas de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla). En consecuencia, en términos del artículo 27, fracción I de la Ley de la materia, se ordena al Actuario adscrito realice lo siguiente: 1) Notifique a la tercera interesada Minerva Gonzala Rivera García este acuerdo y el auto admisorio. 2) Emplace a dicha parte tercera interesada en cualquiera de los domicilios indicados. 3) Corra traslado a dicha parte con copia autorizada de la demanda de amparo y de las determinaciones citadas, por si a su interés conviene apersonarse, ofrecer pruebas y alegar de sus derechos. 4) Le requiera para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días, computado legalmente, señale domicilio en la ciudad de Puebla o San Andrés Cholula, Puebla, donde reciba sus notificaciones; apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes que surjan, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista de acuerdos; tal como lo dispone el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. 5) Se haga de su conocimiento la fecha de celebración de la audiencia constitucional. 6) De igual forma, a efecto de no dejar en estado de indefensión a dicha parte procesal, dese vista con las constancias de autos, por el plazo de ocho días, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autorizan horas y días inhábiles para el desahogo de la diligencia de mérito, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse el emplazamiento, el Actuario podrá constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberá indagar con los vecinos del lugar.
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