Doroteo Perez Ramirez

Expediente 874/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
874/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
23/04/2021

Partes del expediente

  • Doroteo Perez Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. I. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión; y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que haya lugar a devolver documentos originales, dado que las partes no los ofrecieron. II.INCIDENTE DE SUSPENSION. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. III. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las documentales que remitió la autoridad responsable: 4. Jueza Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, relativas al duplicado del proceso penal 84/2008 de su índice, se ordena su devolución; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los documentos descritos. Notifíquese por lista al quejoso; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 874/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Doroteo Pérez Ramírez, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veinte (fojas 2 a 6), ante buzón judicial y remitido en la misma fecha a este órgano de control constitucional por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla -en archivo digital-, Doroteo Pérez Ramírez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra una omisión que atribuyó al Secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, Puebla. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Radicación, prevención y admisión de la demanda. Por acuerdo dictado el once de noviembre de dos mil veinte (fojas 11 a 18), este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 874/2020; asimismo, se previno al quejoso para que, bajo protesta de decir verdad, manifestara si era su voluntad o no señala como autoridad responsable al Encargado de Depósito de Grúas Doama, con residencia en Xonacatepec, Puebla, y en caso afirmativo, el acto que le reclamaba y los conceptos de violación que estimara pertinentes. Mediante escrito aclaratorio presentado el dieciocho de noviembre del año próximo anterior, en la Oficialía de Partes Comunes del Poder Judicial de la Federación, con sede en San Andrés Cholula, Puebla (fojas 19 a 23), el peticionario de amparo desahogó el requerimiento preventivo, señalando como nueva autoridad responsable a la mencionada en el párrafo precedente, de quien reclamó el acto omisivo precisado en el propio ocurso; y, previa ratificación de la firma (foja 31), el uno de diciembre de dos mil veinte (fojas 32 a 39) se admitió a trámite la demanda -con incidente de suspensión-, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 48). Tercero. Regularización del procedimiento. En proveído de quince de enero de dos mil veintiuno, el suscrito juzgador ordenó la regularización del procedimiento, pues de un nuevo análisis integral de la demanda que dio inicio al juicio, se advirtieron diversas irregularidades, lo que motivó una nueva prevención al quejoso en los términos que del propio acuerdo se desprenden (fojas 60 a 65). Por lo que, en cumplimiento a la citada prevención, mediante escrito aclaratorio presentado el dieciséis de febrero del presente año, en la Oficialía de Partes Comunes del Poder Judicial de la Federación, con sede en San Andrés Cholula, Puebla (fojas 19 a 23), el demandante constitucional señaló como nueva autoridad responsable al Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, especificó el acto que de dicha autoridad reclama y manifestó, bajo protesta de decir verdad, que resulta ser tercero extraño en la causa penal que da origen a los actos combatidos -84/2008 del índice del citado juez municipal-. Cuarto. Cita para audiencia. En acuerdo de once de marzo del actual (fojas 93 a 95), se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos omisivos, atribuidos a autoridades que tienen su residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda y de los escritos aclaratorios, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo, de los escritos aclaratorios y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso Doroteo Pérez Ramírez reclama: a) De la 4. Jueza Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, dentro del proceso penal 84/2008 de su índice: - La omisión de realizar las gestiones necesarias para que se dé cumplimiento al auto de cinco de diciembre de dos mil ocho, en el que ordenó la devolución del vehículo de su propiedad identificado como marca Volkswagen, tipo Pointer City, color Beige Júpiter Metálico, modelo 2005, con placas de circulación TVR-1220 del Estado de Puebla. b) Del 1. Secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, 2. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla y del 3. Encargado de Depósito de la persona moral denominada Grúas Doama, sociedad anónima de capital variable: - La omisión de cumplir con lo ordenado por la 4. Jueza Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, en el referido auto de cinco de diciembre de dos mil ocho, dictado dentro del proceso penal 84/2008 de su índice. Tercero. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el quejoso atribuye las omisiones reclamadas- que quedaron precisadas en el considerando que antecede - a las autoridades responsables siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 1. Secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. Niega. 49 2 2. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Niega. 55 3 3. Encargado de Depósito de la persona moral denominada Grúas Doama, sociedad anónima de capital variable. Omisa. Acuse 47 4 4. Jueza Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla. Niega. 91 y 92 Como se advierte de la tabla que antecede, las autoridades responsables identificadas con los numerales 1, 2 y 4, al rendir sus correspondientes informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuarlo; por el contrario, de las constancias que obran en autos, se corroboran las negativas de dichas autoridades, como más adelante se evidenciará. Por su parte, la diversa autoridad responsable 3. Encargado de Depósito de la persona moral denominada Grúas Doama, sociedad anónima de capital variable, fue omisa en rendir su informe justificado, a pesar de habérsele requerido oportunamente, pues quedó debidamente notificada del requerimiento en cuestión el dos de diciembre de dos mil veinte (foja 47), por lo que, a la fecha ha transcurrido en exceso el plazo de quince días que se le concedió para rendir su informe de ley. No obstante lo anterior, no ha lugar a presumir la certeza de la omisión que se le reclama, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, pues existe prueba en contrario, que evidencia la inexistencia de la omisión que le fue atribuida, como se explicará enseguida. En efecto, de las constancias que remitió la autoridad responsable Jueza Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, consistentes en el duplicado del proceso penal 84/2008, de su índice (anexo I), a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, destacan, en lo que aquí importa, los siguientes antecedentes: 1. La causa penal de origen fue instruida en contra de Griselda Cruz Salvador, como probable responsable en la comisión de los delitos de lesiones y daño en propiedad ajena previstos y sancionados por los artículos 305, 306, fracción 11, 414 fracción IV, en relación con los diversos 83 y 87 fracción I, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, el primero en agravio de Leopoldo Guerra Yunes y el segundo de Luciano Fernando Ruiz Hernández [con lo que se constata que el aquí quejoso es tercero extraño a dicho procedimiento]. 2. El veintinueve de octubre de dos mil ocho, el juez natural tuvo a los agraviados otorgando su más amplio y cumplido perdón en favor de la procesada; por lo que declaró extinguida la acción penal ejercida por el Ministerio Público en contra de Griselda Cruz Salvador, y ordenó el archivo de la causa como totalmente concluido (fojas 360 y 361 folio irregular del anexo I). 3. Mediante escrito presentado por conducto del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable, el veinticinco de noviembre de dos mil ocho, el aquí quejoso solicitó la devolución del vehículo identificado como marca Volkswagen, tipo Pointer City, color Beige Júpiter Metálico, modelo 2005, con placas de circulación TVR-1220 del Estado de Puebla (fojas 525 y 526 folio irregular del anexo I). 4. A dicha petición, recayó el acuerdo de cinco de diciembre de dos mil ocho, en el que el juez de la causa autorizó a Doroteo Pérez Ramírez la devolución del vehículo en cita, por haber acreditado su propiedad; y, ordenó girar oficio al Encargado de Depósito de Grúas Doama en Xonacatepec, Puebla, para que realizara la entrega material del mismo (foja 524 folio irregular del anexo I). 5. Ahora bien, de la documental que se analiza, se advierte que el quejoso Doroteo Pérez Ramírez promovió juicio de amparo 1389/2008, del índice del entonces Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, en el que se le concedió el amparo y protección de la justicia; sin embargo, no se advierten constancias de las que se aprecie el acto que combatió, ni los efectos de la sentencia amparadora; por tanto, a efecto de verificar tales datos, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se invoca como hecho notorio la versión electrónica de la sentencia almacenada y capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En ese sentido, de dicho documento electrónico, se advierte que los actos que el quejoso reclamó en esa instancia constitucional al Juez Penal Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, fueron: "a) La negativa a dar contestación al escrito de veinte de agosto de dos mil ocho (presentado ante dicha autoridad el veintisiete del mes y año citados), en la causa penal 84/2008; b) El acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil ocho, dictado en dicho proceso; y, c) La negativa a devolverle el vehículo marca Volkswagen, tipo Pointer City, color beige Júpiter metálico, modelo 2005, con placas de circulación TVR-1220 del Estado de Puebla, dentro de los autos del citado proceso (84/2008), sin ninguna justificación legal." En dicho juicio constitucional, por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia Federal, para los efectos siguientes: "(.) lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que el JUEZ PENAL MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA realice las gestiones necesarias a fin de que se devuelva al quejoso DOROTEO PÉREZ RAMÍREZ el vehículo de su propiedad, marca Volkswagen, tipo Pointer City, color beige Júpiter metálico, modelo 2005, con placas de circulación TVR-1220 del Estado de Puebla; lo que deberá acreditar ante este juzgado con las constancias correspondientes, en el término prudente de tres días hábiles, siguientes al en que este juzgado federal solicite el cumplimiento de esta sentencia. En el entendido de que esta concesión de amparo, no exime al quejoso de realizar el pago correspondiente al derecho de piso o de los gastos derivados de la estancia de su vehículo en el encierro de Grúas Doama en Xonacatepec, Puebla, para que le sea entregado su vehículo; pues tales pagos no constituyen un acto de autoridad en esta instancia constitucional." Sentencia que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del toca 59/2009. 6. El treinta y uno de marzo de dos mil nueve, el juez natural ordenó girar oficio recordatorio al Encargado de Depósito de Grúas Doama, para que en las veinticuatro horas siguientes, informara el motivo por el que no había devuelto el automotor a su propietario -aquí quejoso- (foja 549 folio irregular del anexo I). 7. El treinta y uno de marzo de dos mil nueve, ante el desacato del Encargado de Depósito de Grúas Doama, de informarle el motivo por el que no había devuelto el automotor a su propietario -aquí quejoso-, el juez responsable le impuso una multa y lo requirió nuevamente en los mismos términos (fojas 550 y 551 folio irregular del anexo I). 8. El quince de abril de dos mil nueve, el juez responsable tuvo a la administradora de la persona moral denominada Grúas Doama, sociedad anónima de capital variable, informando que para esa fecha no había sido posible realizar la devolución del vehículo materia de la litis, puesto que presentaba un adeudo de $8,570.00 (ocho mil quinientos setenta pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de piso y arrastre, aunado a la falta de trámite de liberación que, en su caso, debía otorgar la Dirección de Seguridad Vial Municipal de San Andrés Cholula, Puebla. De igual forma, en el referido auto, se tuvo al apoderado legal de la referida persona moral, informando que no se había negado la entrega del vehículo a su propietario, que por el contrario, se le habían indicado los gastos que debía cubrir por concepto de pago de piso, arrastre y custodia del automotor, y hecho ello, se procedería a su entrega física. Lo anterior, fue comunicado al entonces Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del juicio de amparo 1389/2008, agregando que el juzgador municipal no es competente para eximir del pago por los derechos de arrastre, piso y custodia del vehículo, por lo que no resultaba factible que ordenara la entrega material del vehículo sin previamente haber realizado el debido pago por los servicios prestados; además, con ello se dio vista al quejoso Doroteo Pérez Ramírez (fojas 552, 558 y 559 folio irregular del anexo I). 9. En auto de once de agosto de dos mil nueve, el juez de la causa tuvo al Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, informando que declaró cumplido el fallo protector dentro del juicio de amparo 1389/2009 y que resultó infundado el recurso de queja por defecto en el cumplimiento (foja 355 folio irregular del anexo I). 10. Con posterioridad a ello, el quejoso Doroteo Pérez Ramírez continuó presentando múltiples escritos ante la autoridad jurisdiccional responsable, en los que insistía con la solicitud de devolución del vehículo multicitado, verbigracia, el veinticuatro de septiembre de dos mil trece (foja 374 folio irregular del anexo I); el treinta y uno de marzo de dos mil quince (foja 363 folio irregular del anexo I); el dos de diciembre de dos mil quince (foja 376 folio irregular del anexo I); el diecisiete de diciembre de dos mil quince (foja 382 folio irregular del anexo I); el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis (foja 395 folio irregular del anexo I); el trece de octubre de dos mil dieciséis (foja 417 folio irregular del anexo I); el seis de enero de dos mil diecisiete (foja 435 folio irregular del anexo I); el veintidós de febrero de dos mil diecisiete (foja 445 folio irregular del anexo I); etcétera. 11. En respuesta a dichas peticiones, el juez de origen dictó diversos acuerdos en los que reiteradamente informó al quejoso que la devolución del vehículo ya había sido proveída de conformidad; no obstante ello, dicha autoridad judicial continuó llevando a cabo gestiones para lograr la devolución material del vehículo en favor del quejoso, por ejemplo, requerir a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla y al encargado del depósito de Grúas Doama para que informaran los motivos por los cuales no había sido devuelto materialmente el automotor supra descrito. 12. En atención a los anteriores requerimientos, el nueve de mayo de dos mil diecisiete, el juez de la causa tuvo al apoderado legal de Grúas Doama, sociedad anónima de capital variable, informando que el vehículo no había sido devuelto, porque su legítimo propietario no se había presentado en sus instalaciones para realizar el trámite de su devolución, y tampoco había cubierto los conceptos de gastos generados (arrastre, piso y resguardo); con lo cual, el juez dio vista al aquí quejoso para que estuviera en aptitud de comparecer al corralón de Grúas Doama, a realizar los trámites y pagos necesarios para la entrega material de su vehículo (foja 492 folio irregular del anexo I). 13. El veintiséis de junio de dos mil diecisiete, el juez de origen, tuvo al apoderado legal de Grúas Doama, sociedad anónima de capital variable, informando que los gastos generados hasta ese momento, por concepto de arrastre, piso y resguardo del vehículo materia de la litis, ascendía a $168,000.00 (ciento sesenta y ocho mil pesos, cero centavos, moneda nacional) y que el quejoso debía presentar una hoja de liberación en el que la autoridad correspondiente indicara que el vehículo podía ser entregado a su legítimo propietario; información con la cual, ordenó dar vista al peticionario de amparo, y le fue notificado el treinta de junio siguiente (foja 526 folio irregular del anexo I). 14. El catorce de julio de dos mil diecisiete, el juez natural, tuvo al Director de Tránsito Municipal de Puebla informando que para que el ciudadano Doroteo Pérez Ramírez obtuviera la liberación de su vehículo, debería acreditar la propiedad sobre el mismo, presentando: hoja de liberación del vehículo, factura, tarjeta de circulación, identificación del propietario y comprobante de domicilio; con lo cual ordenó dar vista al peticionario de amparo, y le fue notificado el veintiocho de julio siguiente (fojas 538 y 543 folio irregular del anexo I). 15. El ocho de agosto de dos mil diecisiete, el juez responsable tuvo al quejoso desahogando la vista que le fue otorgada en proveído de catorce de julio de ese mismo año; además, la autoridad judicial le hizo de su conocimiento que, para la devolución material del vehículo multicitado, debía realizar los trámites administrativos correspondientes ante la Dirección de Tránsito Municipal de Puebla, pues hasta esa data, no existía constancia que demostrara que el promovente hubiere realizado las gestiones administrativas para tal fin. En tales condiciones, de lo antes narrado, se evidencia que, a la fecha de la presentación de la demanda que dio origen a este juicio, no existía la omisión por parte de la autoridad responsable 4. Jueza Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, de realizar las gestiones necesarias para que se diera cumplimiento al auto de cinco de diciembre de dos mil ocho, dictado en la causa penal 84/2008, de su índice, en el que ordenó la devolución del vehículo del quejoso; y, tampoco existía la omisión por parte de las autoridades ejecutoras de dar cumplimiento a dicho mandato, pues al menos, desde el quince de abril de dos mil nueve, el quejoso tenía conocimiento que, para que fuera posible la entrega material del automotor, debía realizar los trámites administrativos correspondientes, entre ellos, el pago por concepto de piso, arrastre y custodia, pues el juzgador no se encontraba facultado para eximirlo de tales gestiones. De lo anterior, debe concluirse que si bien a la fecha, no se ha entregado materialmente el vehículo al peticionario de amparo, ello no ha sido por causas imputables a alguna de las autoridades señaladas como responsables, sino que ello obedece a que el interesado no ha realizado los trámites administrativos para lograr tal fin. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia cuyos rubro y texto, se citan a continuación: "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia." Por tanto, ante la evidencia de la inexistencia de los actos reclamados en esta vía constitucional; con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 63, fracción IV, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Doroteo Pérez Ramírez, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese por lista al quejoso; y, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de marzo de dos mil veintiuno. Visto, intégrese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable Juez Municipal Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, con el que da cuenta la secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. En ese sentido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la referida autoridad responsable, ofreciendo como pruebas las documentales que anexa al oficio de mérito, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, en razón al cuantioso número de fojas que conforman las constancias remitidas, que dificulta su manejo y consulta al glosarlo al juicio en que se actúa, se ordena integrarlo en un legajo por separado, y denominarlo anexo I, conservando el folio de origen. Ello encuentra sustento, en la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto, dicen: "JUICIO DE AMPARO. LAS DOCUMENTALES EXHIBIDAS POR LAS AUTORIDADES SE DEBEN CONSIDERAR FORMALMENTE AGREGADAS AL EXPEDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE INTEGRE UN LEGAJO POR SEPARADO". En el juicio de garantías se reputan actuaciones judiciales todas las promociones y documentos con que el secretario dé cuenta al juzgador y éste ordene agregar al sumario, según se colige de los artículos 57, 61, 62, 63 y 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por consiguiente, cuando alguna autoridad exhibe determinadas documentales y, para facilitar su manejo, el Juez ordene integrar un legajo por separado, se debe considerar que las mismas obran formalmente agregadas al expediente. Estimar lo contrario significaría que las constancias no forman parte del sumario y ello impediría realizar cualquier trámite relacionado con las mismas." En otra tesitura, del estado procesal de autos, así como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con diez minutos del diecisiete de marzo próximo, para la celebración de la audiencia constitucional; por lo que al ser evidente que no habrán transcurrido los ocho días que deben mediar entre la vista de los informes de cuenta y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente, y en su lugar se señala como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese por lista a las partes -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020-.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se aprecia que mediante proveído de quince de enero pasado, se requirió a la parte quejosa para que realizara lo siguiente: (.) PRIMERO. Manifieste si es su deseo o no señalar como autoridad responsable al Juez Municipal de San Andrés Cholula, Puebla; y, en caso afirmativo, cuál es el acto que le reclama; esto es, la resolución de cinco de diciembre de dos mil ocho, dictada en el proceso de ********************, o bien, la omisión de realizar las gestiones necesarias a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en dicha determinación; SEGUNDO. En caso de señalar como acto reclamado la resolución de cinco de diciembre de dos mil ocho, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, cuándo fue notificado o tuvo conocimiento de esa determinación; y, TERCERO. Bajo protesta de decir verdad, deberá precisar qué carácter le asiste dentro del referido proceso penal ********************, es decir, si es parte procesal o resulta extraño al procedimiento. (.) Sin embargo, de la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que se encuentra transcurriendo el plazo concedido al demandante constitucional en el auto de referencia -cinco días-, para que, en su caso, desahogue los requerimiento en cuestión. Finalmente, de la certificación que antecede, se advierte que se encuentran señaladas las catorce horas con diez minutos del día de hoy, para la celebración de la audiencia constitucional; por lo que al ser evidente que no se encuentra debidamente integrado el presente asunto para dictar sentencia y con la finalidad de respetar los plazos y términos procesales previstos en la ley de la materia, se difiere, y en su lugar se señala como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese por lista a las partes.

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