Dora Luz Jiménez Cruz
Expediente 820/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 820/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Dora Luz Jiménez Cruz
- Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio de cuenta, por medio del cual, la Secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta municipalidad, transcribe el contenido del auto de veintidós de noviembre del año en curso, del cual se advierte que radicó bajo el número ***/***el recurso de revisión interpuesto por la tercera interesada Servicios de Salud de Oaxaca, en contra de la sentencia dictada en autos; asimismo, que desechó el referido medio de impugnación por los motivos que ahí se exponen. Al respecto, tómese nota de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el presente asunto se encuentra integrado para la remisión del recurso de revisión hecho valer por la parte tercera interesada en contra de la sentencia dictada en autos, remítase el presente expediente, el tomo de pruebas que obra por separado, original y copia del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito en turno, para la substanciación del referido medio de impugnación. Hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado que las actuaciones practicadas en el presente cuadernillo electrónico se encuentran a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) para su consulta y descarga si así lo estima conveniente. Por ende, se autoriza la vinculación de forma permanente del expediente para su relación y posterior consulta. Se comisiona a la Oficial Judicial "A" encargada del referido sistema, para que proceda a realizar la autorización respectiva. Este actuar es atendiendo a la utilización preferente de medios tecnológicos y soluciones digitales en el trabajo de conformidad con el numeral 254 del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Cúmplase.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, por medio del cual el apoderado de la tercera interesada Servicios de Salud de Oaxaca, interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito por el cual se interpone dicho medio de impugnación y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase copias del escrito electrónico de expresión de agravios, así como el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito en turno. Asimismo, deberá hacerse del conocimiento del Tribunal Colegiado competente que las actuaciones practicadas en el presente cuadernillo electrónico se encuentran a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) para su consulta y descarga si así lo estima conveniente. Por ende, se autoriza la vinculación de forma permanente del expediente para su relación y posterior consulta. Se comisiona a la analista jurídica encargada del referido sistema, para que proceda a realizar la autorización respectiva una vez que se cuente con la certeza del órgano superior a quien le corresponda el conocimiento del recurso de revisón indicado. Este actuar es atendiendo a la utilización preferente de medios tecnológicos y soluciones digitales en el trabajo de conformidad con el numeral 254 del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias más relevantes del trámite de este asunto, sin que sea necesario deducir más, puesto que este juicio se encuentra integrado para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como lo dispone el artículo 3º de la Ley de Amparo; por lo que de ser necesario, su consulta se hará por ese medio. Notifíquese personalmente.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 820/2023, promovido por ****. ANTECEDENTES. La parte quejosa indica que ante la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, promovió demanda laboral en contra de Servicios de Salud de Oaxaca, asunto que fue radicado bajo el número de expediente ***/*** (*) Bis. Mediante laudo de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, la Junta resolvió el asunto, en el cual condenó a la demandada al pago de diversas prestaciones que le fueron reclamadas. Por medio de escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, la quejosa solicitó al Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dictara auto de requerimiento de pago y embargo con efectos de mandamiento en forma. Sin embargo, a la fecha la autoridad responsable ha sido omisa en atender el mencionado ocurso petitorio de la solicitante del amparo circunstancia que estima violatoria de su esfera jurídica y es por ello que acude a esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. ****, presentó un escrito el quince de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado al Presidente ejecutor de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día de su presentación y por auto de dieciséis de agosto siguiente, se admitió a trámite, registrándose bajo el número de expediente 820/2023, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, se apersonó la parte tercera interesada Servicios de Salud de Oaxaca -demandada en el expediente-. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en contra un acto en materia laboral y la autoridad responsable reside dentro de la demarcación territorial en la que este Juzgado ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, en virtud que la demanda de amparo debe analizarse de manera íntegra, asumiendo como un todo los capítulos de actos reclamados y de antecedentes, a fin de advertir de manera plena lo realmente expuesto, en relación a la causa de pedir y con ello el órgano jurisdiccional se encuentre en calidad de resolver la litis realmente planteada, se tiene como autoridad responsable y acto reclamado: Autoridad responsable. Presidente ejecutor de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Acto reclamado. La omisión de atender el escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, relativo a la solicitud de requerimiento de pago y embargo en el expediente laboral ***/*** (*) Bis. La falta de notificación al acuerdo que recaiga a su escrito. De manera que a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza del citado acto reclamado, en relación con la autoridad responsable. V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Al momento de rendir su informe justificado el Presidente de la Junta Especial Cuatro Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje, aceptó la existencia del acto reclamado, en virtud que manifiesta que ha sido omiso en dar atención al escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés por la disidente mediante el cual le solicita dicte auto de requerimiento de pago y embargo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página doscientos treinta y uno, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además, se corrobora con las constancias derivadas del expediente laboral ***/*** (*) Bis que en copias certificadas remitió la responsable, documentales que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, y de las que se advierte la existencia de los actos combatidos. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En consecuencia, se procede a efectuar el análisis respecto de la procedencia del juicio. VI.-LEGITIMACIÓN En el presente asunto la quejosa **** reclama la omisión de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en atender su escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, y dirigido al expediente laboral ****/*** (*) Bis, en el cual figura como parte actora, de ahí que la disconforme está legitimada para promover este juicio constitucional, en términos de lo dispuesto por el numeral 6° de la Ley de Amparo, al ser la parte quien instó el conflicto laboral en donde se ha omitido dictar el acuerdo, respecto a la solicitud sobre la ejecución del laudo que presentó, lo que sin duda afecta sus derechos. VII. OPORTUNIDAD La demanda de garantías se presentó oportunamente, toda vez que, al reclamarse actos omisivos no corren los términos a que se refieren los artículos 17 y 20 de la Ley de Amparo, en razón de lo cual, la demanda puede presentarse en cualquier tiempo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 43/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, agosto de 2003, página 1296, novena época, con registro digital 183581, de rubro y texto siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista." VIII. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En atención a que las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el dispositivo 61 de la Ley de Amparo resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada. IX. ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO. Los conceptos de violación si bien no se transcriben se tienen por insertos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante lo anterior, para su análisis se sintetizarán más adelante. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". De la lectura del escrito inicial de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa sustancialmente indica que la autoridad responsable viola en su perjuicio la prerrogativa constitucional que establece el artículo 17 de la constitución federal, misma que prevé una impartición de justicia pronta y expedita. Esto en virtud que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, la Junta responsable ha omitido realizar las gestiones necesarias a efecto de que la parte demandada, dentro del juicio laboral ***/*** (*) Bis, cumpla con el laudo de once de noviembre de dos mil catorce, en el que se le condenó entre otras cosas al pago de salarios caídos y al reconocimiento de antigüedad de la quejosa, haciendo uso de los medios que establece la legislación ordinaria para tal efecto. Concepto de violación que es sustancialmente fundado. En el caso a estudio, la autoridad responsable vulnera en perjuicio de la peticionaria del amparo su derecho fundamental consagrado en el precepto 17 constitucional, que ordena que la administración de justicia se imparta dentro de los plazos que fijen las leyes, como de su literalidad se advierte: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". El referido artículo 17, de la Constitución Federal, alberga diversos principios que regulan la administración de justicia a favor de los gobernados, entre los que se encuentran los consistentes en que la justicia debe impartirse de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; y, ha de garantizarse la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales. En otras palabras, en este numeral, se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos de la ley de la materia, permita obtener una decisión en la que resuelva la pretensión deducida. En ese orden, el derecho humano de acceso a la impartición de justicia, consagra en favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no solo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 124, del tomo XXV, abril de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos". Como ha quedado planteado, el artículo que se estima violado decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia a tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes, ello ligado a la necesidad de que la impartición de justicia sea expedita ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. En ese orden, respecto al principio de justicia pronta previsto en la garantía de acceso a la justicia, debe indicarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo identifica también como una garantía a la tutela jurisdiccional y la define como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Al respecto, se cita la jurisprudencia 1ª./J. 42/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, abril de 2007, página 124, novena época, con registro digital 172759, de rubro y texto siguiente: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." Expuestas las premisas que rigen la impartición de justicia, se debe analizar el caso en concreto, para lo cual se estima necesario citar lo que la ley secundaria refiere a efecto de dilucidar si la misma fija plazos y términos para el dictado de acuerdos en atención a promociones de cuya ausencia de su emisión se duele la parte peticionaria del amparo. Al respecto, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 838 indica respecto al término para acordar las promociones: "Artículo 838. [.] La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." Del precepto que antecede se aprecia que una vez que se reciban las promociones por escrito, la autoridad deberá proveer lo conducente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al día en que la reciban. Precisado lo anterior, debe tenerse en cuenta que la quejosa acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio laboral ***/*** (*) Bis. En el caso, a la temporalidad en que se resuelve este asunto ha transcurrido en exceso el término previsto en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, para proveer lo conducente respecto a la promoción presentada por la quejosa, al exceder el termino para ello, sin que se hubiere hecho del conocimiento de ésta la determinación que en su caso hubiera recaído. Resaltando que la responsable no acordó tal promoción de manera oportuna, en contravención al derecho fundamental de la promovente. No pasa inadvertido, la manifestación del Presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el sentido que no ha acordado el escrito promovido por la persona quejosa, debido a las excesivas cargas de trabajo, ni que en su informe justificado exponga los motivos de improcedencia para el dictado del auto de requerimiento de pago y embargo, a que hace alusión el escrito de dieciséis de febrero del año en curso; en virtud que dichas circunstancias no justifican la desatención dada a la quejosa lo cual irroga en su perjuicio su derecho de acceso a una justicia pronta, no obstante del razonamiento de fondo que pueda llegar a tener el pronunciamiento de la promoción, expresando de manera fundada y motivada, pero sobre todo, que lo haga del conocimiento del quejoso para que esté en oportunidad de, en su caso, inconformarse mediante los recursos que tenga a su alcance. Máxime que, la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado. Por analogía se observa la tesis I.4o.A.5 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XV, diciembre de 2012, tomo 2, página 1453, décima época, registro electrónico 2002351, de rubro y texto siguiente: "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO. A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos." X. DECISIÓN En consecuencia, dado que el concepto de violación analizado resultó fundado con apoyo en lo estatuido por el numeral 77, fracción I, de la ley de la materia lo procedente es otorgar a Dora Luz Jiménez Cruz, el amparo y la protección de la Justicia de la Unión para efectos de que el Presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, una vez que cause ejecutoria este fallo realice lo siguiente: Provea lo conducente a la promoción presentada el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en el expediente laboral ***/***(*) Bis. Notifique dicha determinación a la quejosa. Finalmente, debe decirse que en esta sentencia se citaron diversos criterios, los cuales, aunque fueron integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, siguen siendo aplicables, de acuerdo a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, en esas condiciones, lo que en ellos se interpreta no se opone a las disposiciones de la ley de la materia aplicable. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *****, por las razones expuestas en el apartado IX de esta sentencia federal, para los efectos precisados en el punto X. Notifíquese.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- Donato Gómez Maldonado299/2015
- Donato René Mejía López514/2018
- Doneshka Mitchel Díaz Naranjo685/2017
- Donovan Rito García333/2017
- Dora Luz Andrade Sol y Otros.511/2017
- Dora Luz Jiménez Cruz831/2020
- Dora Reyes Bravo2000/2015
- Dorian Roberto Mendoza Anguiano729/2015
- Dorian Roberto Mendoza Anguiano741/2015
- Doribel Santiago Cortez482/2020
- Doroteo Díaz Pérez1334/2022
- Doroteo León Arango1235/2022