Dora Luz Jiménez Cruz

Expediente 831/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
831/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
18/03/2021

Partes del expediente

  • Dora Luz Jiménez Cruz
  • DORA LUZ JIMÉNEZ CRUZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 831/2020, promovido por Dora Luz Jiménez Cruz, contra un acto reprochado a la autoridad responsable que se menciona más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la quejosa ********************++, la autoridad responsable Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, ha sido omisa en emitir el proyecto de resolución de laudo en el expediente laboral 987/2017 (4) BIS de su índice. Por ello, considera que se violan en su perjuicio los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Dora Luz Jiménez Cruz presentó escrito el once de diciembre de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de quien reclama un acto que más adelante se precisará. La demanda fue turnada a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, donde fue registrada bajo el expediente 831/2020 y admitida el mismo once de diciembre de dos mil veinte. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y la autoridad de quien reclama una omisión tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. IV. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo al tratarse precisamente, de una omisión que crea una situación permanente en la esfera jurídica de Dora Luz Jiménez Cruz, que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable, por analogía, la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la aquí quejosa reclama de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, la omisión de emitir el proyecto de resolución de laudo en el expediente laboral 987/2017 (4) BIS de su índice. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado en los términos siguientes: "SE ACEPTA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, ya que el mismo existía al momento de presentarse la demanda de amparo de la parte quejosa en el presente juicio de garantías. No obstante ello, con fecha quince de enero de la presente anualidad, en audiencia de discusión y votación celebrada a las trece horas de esa mima data, los CC. Miembros que integran esta Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, aprobaron sin adiciones o modificaciones el proyecto de resolución formulado por la C. Auxiliar de esta Junta; elevándose en lo subsecuente a la categoría de laudo dentro del expediente laboral 987/2017 (4) Bis. Resolución que fue notificada a la aquí quejosa en esta misma data". Para acreditar su dicho, remitió copia certificada del laudo de quince de enero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 987/2017 (4) BIS, a cuyas constancias se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, acorde con el precepto 2° de la Ley de Amparo. Con dichas documentales se demuestra la omisión reprochada a la autoridad responsable, no obstante que fue el quince de enero de dos mil veintiuno, cuando se emitió la resolución del proyecto de laudo en el juicio laboral 987/2017 (4) BIS, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de derechos fundamentales (once de diciembre de dos mil veintiuno). PROCEDENCIA Como el juicio de amparo se distingue por ser un medio extraordinario de defensa, el cual sólo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, éstos deben ser analizados previamente al estudio de fondo, incluso hasta de oficio. En la especie, de oficio se advierte que en el acto consistente en la omisión de emitir el proyecto de resolución de laudo en el expediente laboral 987/2017 (4) BIS de su índice, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque han cesado en los efectos de dicho acto. A fin de evidenciar lo anterior, se considera oportuno precisar el normativo que contiene la hipótesis materia de estudio en el presente asunto, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Respecto a dicha inejercitabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de texto y rubro siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del precepto legal y criterio invocado se obtiene que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca; cuestión que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto impugnado; o, también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica con la cual destruye en forma definitiva la que dio motivo al amparo. En otras palabras, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación; lo cual implica no solo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éste, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; de ahí que, la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. Las anteriores consideraciones llevan a concluir que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, se requiere lo siguiente:  La existencia de un acto de autoridad, el cual el impetrante de amparo estime lesivo de sus garantías; y, en razón de ello, se motive la promoción de la demanda de amparo.  Un diverso acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo.  O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma terminante, al acto reclamado, retrotrayendo las cosas al estado que tenían hasta antes de la promoción de la demanda de garantías. Ahora bien, como se anticipó, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se aprecia que el quince de enero de dos mil veintiuno, se dictó el laudo en el expediente laboral 987/2017 (4) BIS, de cuya omisión se dolía la promovente del amparo. Lo anterior da pauta al suscrito para estimar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que la omisión que le fue reprochada a la autoridad responsable en la presente instancia constitucional, cesó en sus efectos. En el sumario, como se especificó, la quejosa reclama la omisión por parte de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 987/2017 (4) BIS, de su índice; sin embargo, al momento de rendir informe el presidente de dicha junta responsable, manifestó que el quince de enero de dos mil veintiuno, se emitió el laudo respectivo dentro del citado expediente, como lo acreditó con la copia certificada de dicha constancia. Por lo anterior, si en esta instancia se reclama la omisión dictar el laudo en el multicitado expediente laboral y la autoridad responsable, al momento de la emisión de la presente sentencia ya emitió el laudo respectivo, es evidente que en esta instancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que emitir dicho fallo, se destruyeron los efectos de la omisión reclamada en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si tales omisiones no hubieran invadido la esfera jurídica de la particular. Por tanto, lo pretendido por la promovente de la acción constitucional, en el sentido que se cesara la omisión que dictar el laudo respectivo dentro del juicio laboral 987/2017(4) BIS, de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, se satisfizo. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo vigente. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." DECISIÓN En consecuencia, como no existe prueba en contrario, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que procede en este asunto es el sobreseimiento. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Dora Luz Jiménez Cruz, contra el acto reclamado a la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, por los motivos que se precisan en el apartado VII de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el alegato señalado en la cuenta y téngase al agente del Ministerio Público d la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito formulando diversas manifestaciones, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo; asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, expídase, en su oportunidad, copia certificada de la resolución que se dicte en este asunto. Por otra parte, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, y ténganse por recibidas las documentales que en copia certificada exhibe como prueba; con su contenido dese vista a las partes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial número 4 Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje, fue notificada del auto de inicio dictado el once de diciembre de dos mil veinte, el catorce de ese mismo mes y año; sin embargo, con motivo de la suspensión de labores decretada a fin de evitar los contagios del virus COVID-19, el plazo de quince días con que cuenta para rendir su informe justificado se encuentra transcurriendo. Por lo tanto, a fin de que la autoridad responsable cuente con la oportunidad debida para cumplir con dicho requerimiento, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las catorce horas con cinco minutos del veintiséis de febrero del dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE.

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