Dora Luz Andrade Sol y Otros.

Expediente 511/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
511/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
15/06/2017

Partes del expediente

  • Dora Luz Andrade Sol y Otros.
  • grupo RADL Educativo, sociedad civil

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa III-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil diecisiete. En atención a la cuenta que antecede, se determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintinueve de mayo del año en curso, por el que desechó la demanda de amparo origen de este expediente, ha causado estado. II. Con apoyo en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este expediente como asunto concluido. III. En cumplimiento a lo señalado en el artículo décimo primero, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, como en este juicio de amparo se desechó la demanda de amparo, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. IV. De igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del mencionado acuerdo. V. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. VI. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Datos de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Grupo RADL Educativo, sociedad civil, Centro de Educación Regino Andrade Morales, Dora Luz Andrade Sol y Karime Xaris Gijón Luna, en su carácter de representantes de la fuente de trabajo, por conducto de su apoderado legal Pedro Armando Vásquez Alcázar, quien acredita su personalidad en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, contra un acto de los integrantes de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, consistente en: "El acuerdo de 29 de marzo de 2017, que emiten los integrantes de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, que bajo protesta de decir verdad señalo fue notificado a mi representada el día 28 de abril de 2017, en autos del expediente número 050/2015(4), donde resuelve incidente de Falta de Personalidad planteado por mi representada, declarando improcedente el mismo por las razones que expone en su determinación que ahora se combate, auto que tiene correlación inmediata y directa con los diversos de 09 de septiembre de 2016, relativo a la resolución de incidente de Falsedad de Firma de 17 de enero de 2017, tocante a la calificación de pruebas del citado incidente de falta de personalidad; de 30 de enero de 2017, respecto a la ratificación de contenido y firma a cargo de la parte actora en el incidente de falta de personalidad; y todos los autos dictados posteriores al de 09 de septiembre de 2016, dentro del procedimiento incidental y ordinario en dicho juicio principal laboral". De conformidad con los artículos 13, 14 y 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impresos y electrónicos, el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional para formar cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, además conforme a los lineamientos para su integración, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce. Regístrese con el número 511/2017 que le correspondió. Ahora bien, a consideración de este juzgador, el juicio de amparo es improcedente, debido a las consideraciones siguientes: El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se advierte la actualización del motivo de inejercitabilidad previsto en el dispositivo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, porque la demanda se presentó en forma extemporánea. Los ordinales 61, fracción XIV, párrafo primero, 17 y 18 del propio cuerpo de leyes establecen. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] ." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Como puede observarse, la fracción XIV de artículo 61 de la Ley de Amparo, previene que el amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la misma ley; en tanto que el artículo 17 establece que el término genérico para presentar la demanda es de quince días. De acuerdo con lo expuesto, un acto se reputa consentido tácitamente cuando el gobernado tiene conocimiento de él, o bien, le ha sido notificado y no lo reclama en la vía constitucional con la debida oportunidad, pese a estar en aptitud legal de hacerlo. Y es que la circunstancia de que el particular tenga conocimiento del acto reclamado o éste le haya sido notificado le brinda la posibilidad de impugnarlo en la instancia constitucional, pues tiene los elementos necesarios para poder atacar los vicios que le afectan y defender sus derechos. Como apoyo de lo anterior, se cita la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en la página 3212, del Semanario Judicial de la Federación, tomo LXVIII, materia común, Quinta Época, con número de registro 328325, cuyo contenido no se opone a los postulados de la Ley de Amparo vigente, y establece: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS. La fracción XII de artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la misma ley; y el artículo 21 establece, que el término de quince días para la interposición de la demanda de garantías, se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismo. De acuerdo con lo expuesto, es evidentes que cuando no se reclaman los actos que afecten a determinada persona, dentro de aquel término legal, estamos frente a actos tácitamente consentidos, si es que como se dijo, no obstante que el quejoso tuvo conocimiento de ellos, no los reclamó con la debida oportunidad. Ahora bien, respecto a actos derivados de otros consentidos, también cabe decir que el juicio constitucional no procede, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte." Ahora bien, el plazo de quince días para que el juicio de amparo sea instaurado, se computa a partir del día siguiente al en que: a) Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame; b) El promovente tenga conocimiento del acto reclamado; o, c) Se ostente sabedor del acto reclamado o su ejecución. Para los efectos que ahora interesan, la primera regla para computar el plazo de quince días inicia el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la resolución o acto combatido en el juicio de derechos fundamentales. Ahora bien, es importante destacar que de la copia simple que anexa el promovente, relativa a la resolución de que se duele, se ordena realizar la notificación de la misma en forma personal, así mismo, cabe destacar que de conformidad con lo previsto por el artículo 747 de la Ley Federal del Trabajo, los plazos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que se hubiere hecho la notificación; de ahí, se concluye que la notificación surtió efectos el día en que se practicó, por lo que, si el impetrante del amparo manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada fue notificada el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, de la resolución reclamada de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, el término de quince días para la promoción del presente juicio biinstancial inició el dos de mayo de mayo de dos mil dieciséis. Desde esa perspectiva, si el escrito de demanda fue presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esa fecha en la ciudad de Oaxaca, hasta el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, según se desprende del sello de recibido impreso en el mismo, válidamente se concluye que su presentación resulta notoriamente extemporánea al haber fenecido el plazo que la ley concedía para tal efecto, pues entre ambas fechas transcurrieron dieciocho días hábiles; de modo que como consecuencia de ello, el acto que reclama la parte quejosa en esta instancia constitucional, se considera tácitamente consentido para los efectos del juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia VI.2o. J/21 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto 1995, del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo que no hubiesen sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". No es óbice a lo anterior, que en autos no exista constancia de la notificación personal del acto reclamado, a fin de efectuar el cómputo del término respectivo, ya que en el caso, la parte promovente bajo protesta de decir verdad, confesó la fecha en que su representada fue notificada de la resolución reclamada (veintiocho de abril de dos mil diecisiete), la cual es prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso en su artículo 2°. Tiene aplicación al caso la tesis aislada con número de registro 232213, visible en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 193-198, primera parte, materia Común, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". Por tanto, por notoriamente improcedente SE DESECHA de plano la demanda de que se trata, en términos del artículo 113, en relación con la fracción XIV, del artículo 61, y demás preceptos mencionados de la propia ley. Es importante destacar que por el hecho de desechar la demanda, no se impide el acceso a la justicia a Grupo RADL Educativo, sociedad civil, Centro de Educación Regino Andrade Morales, Dora Luz Andrade Sol y Karime Xaris Gijón Luna, en su carácter de representantes de la fuente de trabajo, por conducto de su apoderado legal Pedro Armando Vásquez Alcázar, pues el análisis de la causal de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.C.3 K (10a.), bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". Así como la tesis aislada bajo el rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, de conformidad con los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, ello no se traduce en violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo". Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizados en los términos que indica a las personas que refiere. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel Medina Rubio, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido del licenciado Juan Martínez Trujillo, secretario que autoriza y da fe. SE NOTIFICÓ EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

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